Alejandra Castro García
Expediente 85/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alejandra Castro García
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Alejandra Castro García; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero, para la devolución de la documental, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la devolución del documento, por lo que deberá agendar nueva cita Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 85/2022-8, promovido por Alejandra Castro García, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de enero de dos mil veintidós, se recibió la presente demanda a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionada el veinticuatro del mismo mes y año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Alejandra Castro García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La negativa y omisión de la autoridad responsable el H. Junta Especial Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en agotar todas las medidas necesarias para llevar a efectos el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada la cual ordenó ser desahogada en la Ciudad de México, bajos los lineamientos de su similar con residencia y ejercicio en aquel lugar, ya que desde el momento en que fue admitida la prueba testimonial es decir, en fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, y derivado de una revisión realizada a los autos el día 18 de enero de 2022 se desprende de autos que la junta responsable no ha hecho nada para el desahogo de dicha probanza, tan es así que ni los oficios ha enviado a su similar, con residencia y ejercicio en la Ciudad de México para el desahogo de esta prueba, cabe precisar que la misma es la única prueba que falta por desahogar en el procedimiento que nos ocupa en el expediente laboral 2046/2015 (.)". A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 85/2022-8; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, de enviar el exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para efectos de desahogar la prueba testimonial de OPERADORA DE PERSONAL INCORAXIS, S.A. DE C.V., a cargo de Fernando Ortega Galván, Francisco Jacier Almanza Ramírez y Juan Vega Ruiz, ofrecida por la parte demandada en el expediente 2046/2015, relativo al juicio laboral promovido por Alejandra Castro García, en contra de Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple y Otro. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, quien al rendir su informe justificado si bien no niega ni afirma el acto reclamado, lo cierto es que de sus manifestaciones y de las copias certificadas que agregó, se desprende que es cierto. Lo que se corrobora, con la copia certificada del oficio 104/2022-A e impresión del correo con el cual se remitió dicha misiva, a su homólogo en la Ciudad de México. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por lo tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esto una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En ese tenor, esta juzgadora estima que en relación al acto reclamado precisado en el considerando que antecede, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del ordinal 61 del aludido ordenamiento jurídico y, con ello, el sobreseimiento del juicio en que se actúa, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del mismo; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio es la omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, de enviar el exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para efectos de desahogar la prueba testimonial de OPERADORA DE PERSONAL INCORAXIS, S.A. DE C.V., a cargo de Fernando Ortega Galván, Francisco Jacier Almanza Ramírez y Juan Vega Ruiz, ofrecida por la parte demandada en el expediente 2046/2015, relativo al juicio laboral promovido por Alejandra Castro García, en contra de Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple y Otro. Por lo tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico fue enviado a su homólogo en la Ciudad de México el oficio 104/2022-A, para efectos de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el expediente 2046/2015, relativo al juicio laboral promovido por Alejandra Castro García, en contra de Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple y Otro. En esas condiciones, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiuno de enero de dos mil veintidós-, indudablemente existía el acto reclamado. Sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado porque el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, a través del correo electrónico fue enviado a su homólogo en la Ciudad de México el oficio 104/2022-A, para efectos de desahogar la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el expediente 2046/2015, relativo al juicio laboral promovido por Alejandra Castro García, en contra de Banco Santander S.A. Institución de Banca Múltiple y Otro. Por lo anterior, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Alejandra Castro García, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual remite el oficio 104/2022-A y correo electrónico de la misma data, que obra dentro de los autos del expediente laboral 2046/2015; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éstos a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto las documentales que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; en tal razón, con el contenido de éste, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, del informe justificado se advierte que la autoridad responsable fue omisa en remitir el oficio 104/2022-A de treinta y uno de enero del presente año y correo electrónico de dicha fecha, que emitió en el expediente laboral de origen; por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la ley de la materia, REQUIÉRASE al Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día al en que sea notificado del presente proveído, remita copia certificada de las referidas constancias y que refiere en el informe de cuenta, las cuales deberán estar debidamente legibles y foliadas, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado dentro del término señalado, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de ocho de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Notifíquese.
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