Alejandra Caballero Sánchez
Expediente 1036/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/01/2021
Partes del expediente
- Alejandra Caballero Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la referida suspensión, a partir del doce de enero del año en curso. En consecuencia, se reanuda el procedimiento en el estado que se encontraba, al respecto se provee: DECLARACIÓN DE ESTADO. Ha causado estado el auto por el que se tuvo por desechada la demanda de garantías en el presente juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Lo anterior, debido a que en el juicio de amparo en que se actúa, no se suspendieron los plazos y términos a que se refiere la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado deriva de un juicio de alimentos. Tema que conforme al artículo 1, en relación con el diverso 4 fracción V inciso b) del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se considera de tramitación urgente y en los cuales no opera la suspensión de plazos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se desechó la demanda y no obran documentos originales ofrecidos por las partes; con fundamento en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo general. Sin que haya lugar a ordenar notificar personalmente el presente acuerdo a las partes, toda vez que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales, por lo que no es necesario que se otorgue el termino de los noventa días a que se refiere el citado artículo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Juez de lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de tres de diciembre de dos mil veinte, informa que..., tiene reconocida la personalidad de abogado patrono de... y de los menores... y..., así como remite copia certificada de la constancia con la cual acredite su informe; en consecuencia, se provee: Vista la demanda de amparo promovida por... por su propio derecho y en representación de los menores... y..., por conducto de su abogado patrono..., contra actos del Juez de lo Familiar de Huejotzingo, Puebla, a quien le reclama el auto de veinte de octubre del presente año, dictado dentro del expediente 494/2020 de su índice, por el cual fija pensión provisional de alimentos, al efecto, se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Es menester indicar que por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente, se analiza la causa de improcedencia que se advierte de autos, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - . - - - XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37 visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así, los elementos que integran la causal de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Estableciendo como excepciones: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Precisado lo anterior y tomando en cuenta los antecedentes de la demanda, se advierte que se colman los supuestos previstos en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ello, pues el acto reclamado consistente en el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial de alimentos 494/2020 del índice de la responsable, en el que se fijó una pensión alimenticia provisional contra del demandado Sin embargo, tal acto es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de reclamación, tal y como se demostrará a continuación. Por su parte, los artículos 47, 376, 377, 408, y 409, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establecen: "Artículo 47. Las resoluciones judiciales son sentencias y autos. Son sentencias definitivas aquellas que resuelven el fondo del negocio. Son sentencias interlocutorias las que resuelven un incidente. Las resoluciones no comprendidas en el párrafo anterior, son autos." "Artículo 376. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la resolución impugnada." "Artículo 377. El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia. El recurso de apelación sólo procede en los juicios de cuantía específica, cuando su interés exceda de quinientos días de salario mínimo vigente en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento." "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." "Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó." De los citados numerales, se advierte que dentro de las resoluciones judiciales se comprenden las sentencias y los autos, entendiéndose por sentencias definitivas aquellas que resuelven el fondo del negocio y por sentencias interlocutorias las que resuelven un incidente, las demás resoluciones, son autos; además, en materia civil es procedente el recurso de apelación únicamente contra sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia; en tanto que los autos que no fueren apelables, pueden ser impugnados directamente ante el tribunal que los dictó mediante el recurso de reclamación, con el objeto de revocarlos o modificarlos. Ahora, resulta conveniente precisar que en términos de los artículos 679, 680, y 681, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, los procedimientos familiares son ordinarios, especiales y privilegiados, siendo los primeros aquellos que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos (especiales) aquellos que no siendo privilegiados se les confiere una tramitación particular; y, tercero (privilegiados) aquellos señalados de manera ejemplificativa y no limitativa en el citado numeral 683. Sin embargo, de conformidad con el precepto 688 del mencionado ordenamiento, el juicio de alimentos es un procedimiento familiar especial, no privilegiado, de ahí que no resulten aplicables las disposiciones relativas al juicio privilegiado, entre las que se destaca el numeral 687, del código adjetivo de referencia, que dispone que en contra de las resoluciones de trámite no procede recurso alguno; siendo aplicable en tales juicios la regla general contenida en el dispositivo 409, del señalado cuerpo normativo, que establece que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el órgano que los dictó. Establecido lo anterior, se tiene que en lo referente al acto reclamado, la quejosa debió combatirlo mediante el recurso ordinario que prevé la ley de la materia; es decir, mediante el recurso de reclamación, regulado por los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, en virtud que el acto reclamado es el auto por el cual se fijó el monto de la pensión provisional por concepto de alimentos contra del demandado y en favor de la aquí quejosa, es decir, el acto reclamado constituye un proveído que no pone fin al procedimiento, respecto del cual procede dicho recurso; sin embargo, no se aprecia que la parte promovente acudiera al citado medio de defensa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.113/2013(10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 265/2013, visible en la página 350, del Libro I, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." También, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, tesis número VI.1°.C.33C (10ª), consultable en la página 1517, del Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V que establece: "cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto previamente al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite". En esas condiciones, la quejosa debió interponer primeramente el recurso de reclamación, por virtud del cual pudiera obtener la modificación o revocación del acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo, y al no haber agotado ese recurso ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Aunado a que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aún de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. En ese contexto, la aquí quejosa, no tiene el carácter de tercero extraño, en virtud que de autos se desprende que es parte actora en el juicio. Consecuentemente, no procede estimar que la quejosa se encuentre en un caso de excepción al principio de definitividad, al haber estado en aptitud de interponer el recurso ordinario correspondiente, antes de acudir al juicio de garantías, a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado. Finalmente, como se evidenció, la procedencia del recurso de reclamación previsto en el artículo 408. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de la materia. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia de mérito, lo procedente es desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguense los oficios de cuenta y visto su contenido se provee: Se tiene a las autoridades oficiantes pretendiendo rendir informe de ampliación de demanda; lo anterior, sin mayor proveído, toda vez que en acuerdo de uno de diciembre del presente año, se les tuvo rindiendo dicho informe. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes que por acuerdo de sesión ordinaria celebrada el once de noviembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez... a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en sustitución de la anterior Juez..., a partir del uno de diciembre de dos mil veinte, lo anterior para los efectos legales conducentes. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo, informa que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo envió el exhorto vía correo electrónico el once de noviembre del año en curso, a su similar de Guadalajara, Jalisco, el cual le correspondió conocer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número diecisiete, al respecto se provee: REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD VINCULADA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, gírese oficio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número diecisiete del Estado de Guadalajara, Jalisco, a quien se le tiene como autoridad vinculada con el cumplimiento del presente juicio de amparo, para que dentro del término de tres días legalmente computados, informe el estado procesal que guarda el exhorto que se le envió vía correo electrónico el once de noviembre del año en curso, por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en el que solicitó en auxilio de labores practique el emplazamiento de..., o en su caso las gestiones realizadas para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo haciéndolo saber de inmediato a este Juzgado Federal, ello a fin de que la responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos precisados en la resolución dictada. Apercibida la autoridad vinculada que de no realizar manifestación alguna al respecto, en el plazo indicado, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a la autoridad vinculada al cumplimiento, que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma requiérase a la Junta responsable para que en el término de tres días legalmente computado informe a que si ya recibió el exhorto referido y de ser así, remita copia certificada del auto que le haya recaído al mismo; a fin de que este Juzgador acuerde lo conducente al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Dese cuenta en breve lapso para acordar lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.
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