Alejandra Caballero Carmona
Expediente 366/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Caballero Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del acuerdo de tres de septiembre de dos mil dieciocho...Como de la certificación que antecede se advierte que ha concluido el término otorgado a la parte quejosa -, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la Tesis de jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; para el efecto de que la responsable, realizara lo siguiente: ".procede conceder la protección de la Justicia Federal a - para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en acatamiento a los términos establecidos en la ley aplicada de forma supletoria, de resultar procedente, ordene el cierre de instrucción y en consecuencia, proceda a dictar, con plenitud de jurisdicción el laudo que corresponda al juicio laboral número 396/2013; lo anterior a efecto de respetar y cumplir lo que en derecho fundamental exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de garantías en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiséis de julio pasado, por lo que se le requirió a la responsable para que dentro del término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria en mención. Mediante oficio número TCA/PRES/AMP/1760/2018, el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, al que anexó copia del laudo emitido el siete de agosto del presente año, dentro del juicio laboral número 396/2013 de su índice, con lo que se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación, manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la anterior determinación, apercibiéndola en el sentido que de no hacerlo, de oficio se resolvería lo conducente sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata, con base en las constancias existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Es el caso que, del examen de las constancias remitidas por la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, se advierte que con data siete de agosto del presente año, dentro del juicio laboral número 396/2013, emitió el laudo correspondiente. Con lo anterior se pone de manifiesto, que el Tribunal responsable ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución...
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se advierte que ha concluido el término otorgado a la parte quejosa -, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la Tesis de jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; para el efecto de que la responsable, realizara lo siguiente: ".procede conceder la protección de la Justicia Federal a - para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en acatamiento a los términos establecidos en la ley aplicada de forma supletoria, de resultar procedente, ordene el cierre de instrucción y en consecuencia, proceda a dictar, con plenitud de jurisdicción el laudo que corresponda al juicio laboral número 396/2013; lo anterior a efecto de respetar y cumplir lo que en derecho fundamental exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de garantías en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiséis de julio pasado, por lo que se le requirió a la responsable para que dentro del término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria en mención. Mediante oficio número TCA/PRES/AMP/1760/2018, el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, al que anexó copia del laudo emitido el siete de agosto del presente año, dentro del juicio laboral número 396/2013 de su índice, con lo que se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación, manifestara lo que a su interés legal conviniera en torno a la anterior determinación, apercibiéndola en el sentido que de no hacerlo, de oficio se resolvería lo conducente sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de que se trata, con base en las constancias existentes en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Es el caso que, del examen de las constancias remitidas por la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, se advierte que con data siete de agosto del presente año, dentro del juicio laboral número 396/2013, emitió el laudo correspondiente. Con lo anterior se pone de manifiesto, que el Tribunal responsable ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria en esta instancia Constitucional, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Como de la certificación que antecede se aprecia que ha transcurrido el término de diez días, que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el once de junio pasado, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Silvia Cortés Caballero, sin que lo hayan hecho valer o manifestado a este juzgado haberlo interpuesto ante la superioridad, por tanto y con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como de autos se advierte, se concedió a la peticionaria de amparo Silvia Cortés Caballero, la protección de la Justicia Federal, en términos del artículo 192 y del diverso numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase por única ocasión a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil y Director de Seguridad Pública, ambos con sede en Pátzcuaro, Michoacán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con el fallo que concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con el apercibimiento que de no informar el cumplimiento al fallo protector, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable al caso la Tesis Jurisprudencial de la Novena Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, número IX.1o.6 K, visible en la página 883, que a la letra dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Devuélvase a la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CIUDAD, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, a través del cual acusa recibo de los oficios a que alude, con los cuales le fue notificada la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 366/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
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