Alejandra Bobadilla Toledo

Expediente 559/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
559/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Alejandra Bobadilla Toledo y Otros.
  • Alejandra Bobadilla Toledo
  • Delfino Nicolás Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, según su arábigo 2°, se declara que dicha sentencia que niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los disconformes ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Parte quejosa se le notifica por medio de lista publicada en estrados del juzgado el auto de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, que se da por reproducida, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de junio de dos mil dieciocho, por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y remitido en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, Alejandra Bobadilla Toledo y Delfino Nicolás Rojas, Síndica Procuradora Municipal y Secretario General del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec, Guerrero, por su propio derecho y en su carácter de demandados, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades que se expondrán a continuación: "III.- Autoridades responsables: señalamos como autoridades responsables las siguientes: A).- Autoridad ordenadora: 1.- La Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, Región Costa Chica... B).- Autoridad Ejecutora 1.- El Secretario de Finanzas y Administración del Estado. IV.- Acto Reclamado: señalamos como actos reclamados los siguientes. A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA: 1.- El acuerdo de fecha Cuatro de Junio de dos mil dieciocho, dictado por la autoridad responsable señalada como ordenadora, en el cual nos impone una multa de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.), dictada dentro del expediente TCA/SRO/007/2017, del índice de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO EJECUTORA, LO SIGUIENTE: La ejecución que del acto de autoridad emitido por la autoridad responsable señalada como ordenadora, pretende realizar, consistente en la multa impuesta por la cantidad de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.), por virtud que como se desprende del acto reclamado, consistente en el auto de fecha cuatro de junio del dos mil dieciocho se ordenó girar oficio a ésta última autoridad responsable, señalada como ejecutora, con lo cual es evidente la pretensión de ésta última de hacer efectiva la citada multa impuesta a los suscritos funcionarios públicos, en nuestro carácter de personas físicas." SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE. Previo requerimiento, por auto de once de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar al tercero interesado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción I, incisos c) y d), de la Ley de Amparo. Aspecto que se complementa con el contenido del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su aprobación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el Acuerdo General 36/2016, del aludido Pleno, porque el acto que se reclama a la autoridad ordenadora, tiene residencia dentro del territorio en el cual este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia son: - El acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en el expediente TCA/SRO/007/2017, les impone a los quejosos una multa de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.); así como su ejecución, reclamada al Secretario de Finanzas y Administración del Estado. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos ahí contenidos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, así como el Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de esta entidad federativa, aceptaron la existencia del acto reclamado. Al respecto es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se encuentra plenamente corroborado con las constancias que remitieron las aludidas autoridades responsables, consistentes en copias certificadas del expediente TCA/SRO/007/2017, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, por lo que se tiene por probado plenamente el acto reclamado a dichas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Por ser una cuestión de estudio preferente, este órgano jurisdiccional advierte que no existen en el presente asunto causas de improcedencia que de oficio deban examinarse, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes, sin que sea necesario transcribirlos, en virtud de que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, con número de registro 164618, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Son infundados los conceptos de violación que realiza el quejoso, por las siguientes consideraciones. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causal legal del procedimiento.". Dicho precepto constitucional contiene la garantía de seguridad jurídica que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que originen, como se dejó asentado, una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios al precepto constitucional. Asimismo, la garantía de legalidad, que consiste en que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, es decir, que se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamento, debiendo establecerse la adecuación existente entre uno y otro, pues la motivación exigida para todo acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que se debe justificar la aplicación de las normas jurídicas respectivas, precisamente en el mandamiento escrito, con el objeto de que la parte afectada con el acto de molestia o privativo pueda conocerlo y estar en condiciones de preparar su defensa. Debe decirse que la fundamentación y motivación es requisito indispensable para la existencia del acto de autoridad, pues con la sola mención del derecho resulta imposible resolver un caso concreto, y sin ella, tampoco es posible adecuar un asunto específico a aquellas disposiciones abstractas; la motivación comprende pues el derecho, los hechos, la exposición o argumentación lógica, mediante la cual se demuestra la adecuación de los hechos al derecho y, finalmente, la conclusión; por lo tanto, la omisión de la exposición de hechos, de pruebas, del derecho, la omisión de la argumentación, o la existencia de un argumento ilógico, se traduce en una resolución infundada e inmotivada. Precisado lo anterior, es importante establecer que de las constancias de autos del expediente TCA/SRO/007/2017, a las que se les concedió valor probatorio en párrafos precedentes, se advierte lo siguiente: - Que mediante acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete, se requirió al Síndico Procurador Municipal y al Secretario General, ambos del ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, para que dentro del término de tres días proporcionaran el domicilio de Juan Manuel Salinas Bautista, a quien le resulta el carácter de tercero perjudicado y se les apercibió que de no hacerlo se les impondría una medida de apremio, consistente en una multa en forma individual de diez unidades de medida y actualización (foja 90). - En contra de dicho acuerdo el Síndico Procurador Municipal y al Secretario General, ambos del ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, interpusieron recurso de reclamación y mediante resolución de nueve de junio del dos mil diecisiete, se confirmó el aludido auto impugnado (fojas 95, 96, 102 y 103). - En contra de dicha determinación se interpuso recurso de revisión del cual conoció la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, quien mediante resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, confirmó la resolución interlocutoria de mérito (fojas 122 a 127). - En auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, nuevamente se requirió al Síndico Procurador Municipal y al Secretario General, ambos del ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación, proporcionaran el domicilio de Juan Manuel Salinas Bautista, el cual se encontraba señalado como tercero perjudicado y se les apercibió que de no hacerlo se les impondría una medida de apremio, consistente en una multa en forma individual de veinte unidades de medida y actualización (foja 144); lo cual les fue notificado el doce de abril del año en curso (fojas 146 y 147); proporcionando diversa información. - Por acuerdo de veintitrés de abril del año en curso, de nueva cuenta se requirió al Síndico Procurador Municipal y al Secretario General, ambos del ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación, proporcionaran el domicilio de Juan Manuel Salinas Bautista, el cual se encontraba señalado como tercero perjudicado y se les apercibió que de no hacerlo se les impondría una medida de apremio, consistente en una multa en forma individual de cuarenta unidades de medida y actualización (foja 157); lo cual les fue notificado el doce de abril del año en curso (fojas 162 a 165). - Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, al no dar cumplimiento al auto citado en el párrafo que antecede se les hizo efectiva la medida de apremio con que se les apercibió el veintitrés de abril de esta anualidad y se les impuso una multa de $3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, nuevamente se requirió al Síndico Procurador Municipal y al Secretario General, ambos del ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación, proporcionaran el domicilio de Juan Manuel Salinas Bautista, el cual se encontraba señalado como tercero perjudicado y se les apercibió que de no hacerlo se les impondría una medida de apremio, consistente en una multa en forma individual de sesenta unidades de medida y actualización (foja 166); lo cual les fue notificado el veintiocho de mayo de este año (fojas 171 y 172). - En acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, al no dar cumplimiento al auto citado en el párrafo que antecede se les hizo efectiva la medida de apremio con que se les apercibió a los hoy quejosos, precisamente el diecisiete de mayo pasado y se les impuso una multa de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional); acuerdo que constituye el acto reclamado (foja 173). Luego, como se advierte no le asiste razón a los quejosos al señalar que la resolución reclamada no se encuentra fundada y motivada, pues contrariamente a ello, el acto reclamado satisface las exigencias del artículo 16 constitucional, puesto que consta por escrito, se emitió por una autoridad competente como lo es la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa en Estado de Guerrero, quien expuso las razones que tomó en consideración para hacer efectiva la multa de que se quejan los promoventes y que les sirvieron de apoyo para sustentar su determinación; asimismo, citó diversos preceptos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que resultaban aplicables para el caso, como de la propia Constitución Federal, aunado a que existe adecuación entre los razonamientos efectuados y las hipótesis normativas invocadas, lo que conduce a afirmar que la decisión impugnada sí está fundada y motivada, por lo que satisface cabalmente la garantía de legalidad. Tiene aplicación la jurisprudencia 204, publicada en la página 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Volumen 151-156, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/63-2, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 372, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido se lee: "MOTIVACIÓN. Cuando en una resolución de la autoridad administrativa se expresan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al afectado para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y defenderse en contra de lo considerado por la autoridad." Aunado a lo anterior la obligación de la autoridad de fundar y motivar un acto, se satisface cuando se expresan los numerales legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativa, lo cual como se ha dicho en el caso se encuentra satisfecho, y sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia superflua, ya que es suficiente que se exprese lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, exponiendo los hechos relevantes para decidir e invocar la norma legal en que se sustente y que exista adecuación entre lo aducido y los fundamentos legales invocados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.1o.T. J/40, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1051, del tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los numerales legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá conducir a la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación, lo que no acontece cuando la autoridad responsable señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para absolver de lo reclamado." También es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/43, sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1531 del Tomo XXIII, mayo de dos mil dieciséis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Además, la Magistrada responsable precisó a detalle la forma en que tuvo por acreditada la renuencia de las autoridades para cumplir con el requerimiento que se les realizaba, señalando que no obstante los requerimientos de trece de febrero de dos mil diecisiete, veinte de marzo, veintisiete de abril y diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, había sido omisas en dar cumplimiento al requerimiento y que con ello se había retardado el procedimiento por más de quince meses en perjuicio de la parte actora y de la administración de justicia, contraviniendo la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal y los principios de celeridad y eficacia previsto en el ordinal 4, fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; lo cual en efecto en el caso no acataran las autoridades demandadas; además, que dada la calidad de autoridades y el cargo que ostentan, cuenta con la capacidad económica para solventar el pago de la sanción que se les impuso. Bajo esa perspectiva, dado que el requerimiento y apercibimiento fueron debidamente notificados y no existen datos que demuestren lo contrario ni en ningún momento fueron controvertidas, por lo que es evidente los ahora quejosos estuvieron debidamente enterados de su contenido y ante la omisión de dar cumplimiento a lo solicitado, en forma correcta y apegada a derecho, la citada Magistrada de la Sala Regional responsable, impuso la multa de que se quejan los impetrantes en auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho. Sin que sea obstáculo lo manifestado por los promoventes en el sentido de que desconocen el domicilio de la persona que se les ha requerido (Juan Manuel Salinas Bautista), dado que al momento en que éste acudió al Ayuntamiento Municipal de Ometepec, Guerrero, a manifestar una posible controversia entre él y Aracely García Ramírez, lo hizo de manera verbal, sin que hubiese proporcionado información por escrito; y que tampoco se substanció algún procedimiento ante dicho ayuntamiento, como lo aseveró la Sala responsable, para que se cuente con el domicilio de la persona mencionada y que todo lo referido al respecto por dicha ordenadora, son meras conjeturas, suposiciones y presunciones infundadas que realiza, sin que exista alguna constancia que acredite su aseveración. Al respecto cabe señalar que dichas manifestaciones debieron realizarlas ante la Sala responsable al momento en que por auto de diecisiete de mayo del año en curso, se les requirió para que proporcionaran el domicilio de Juan Manuel Salinas Bautista, sin que hubiesen realizado manifestación alguna al respecto, tal como se advierte de los autos, por lo que evidentemente la aludida autoridad, no estaba en condiciones de apreciar y analizar dichos argumentos y en su caso tomarlos en consideración para justificar el impedimento que dicen tener los quejosos en proporcionar el domicilio de la persona que se les requiere. Con independencia de lo anterior, el hecho de que los demandados hoy quejosos, no proporcionen el domicilio de la persona que se les requiere, ello no exime a la propia Sala responsable de la obligación de investigar y obtener por otros medios la ubicación de la residencia del tercero perjudicado en el juicio natural Juan Manuel Salinas Bautista, pues conforme al artículo 4, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el procedimiento se rige entre otros por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad y eficacia, por lo que la autoridad se encuentra obligada a impulsar de oficio el procedimiento en todos sus sentidos, sin perjuicio de la intervención de las partes interesadas y con apego a la garantía establecida en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal. En las relatadas condiciones, al no resultar violatoria de derechos fundamentales la resolución reclamada ni encontrarnos en alguno de los supuestos que para suplir la queja deficiente enumera el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Alejandra Bobadilla Toledo y Delfino Nicolás Rojas. Dicha negativa se hace extensiva al acto reclamado a la autoridad ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por no reclamarse por vicios propios, tal como lo establece la jurisprudencia II.1o. J/12, publicada en la página 41, del tomo 82, Octubre de 1994, octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandra Bobadilla Toledo y Delfino Nicolás Rojas, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Parte quejosa se le notifica por medio de lista publicada en estrados del juzgado la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, que se da por reproducida, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,067 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano