Alejandra Barragan Ordaz
Expediente 258/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandra Barragan Ordaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó este juicio de amparo (fojas 52 a 62 vuelta); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-A P
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por ALEJANDRA BARRAGÁN ORDAZ, respecto de los actos reclamados a las autoridades y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Por lo expuesto en el considerando sexto al hacerse pública la sentencia dictada en este asunto, realícese con supresión de los datos sensibles de las partes en términos de dicho considerando y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la versión pública correspondiente. NOTIFÍQUESE. I-B PENAL
- Incidental
R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ALEJANDRA BARRAGÁN ORDAZ, por las razones expuestas en los considerandos primero y tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se ordena en su oportunidad dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista. IA-P
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado del Oficial del Registro Civil de Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca, en virtud de que ya fue rendido vía correo electrónico (fojas 30 a 33). De conformidad a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las documentales que remite la citada autoridad responsable, consistentes en: a). Copia certificada de la anotación marginal de divorcio, de ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, realizada en el registro número 216, relativo al acta de matrimonio celebrado entre Saturnino Galván Mendoza y Alejandra Barragán Mendoza, de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno; y, b). Copia certificada del registro número 216, relativo al acta de matrimonio celebrado entre Saturnino Galván Mendoza y Alejandra Barragán Mendoza, de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y uno. Sin perjuicio de que se haga relación de las mismas el día de la celebración de la audiencia constitucional, aunque no exista petición expresa de parte interesada. Con el contenido de las documentales relacionadas con anterioridad, dése vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora, del informe de cuenta se advierte que la aludida responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, toda vez que señaló que con fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, se realizó una anotación marginal en el acta de matrimonio número 216, ordenada en el expediente 104/990, mediante resolución de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, emitida por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, lo que se corrobora con la copia certificada de la anotación marginal de divorcio, en la referida acta de matrimonio número 216. En consecuencia, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional, aclare o amplíe su demanda de amparo, respecto del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca; apercibida que de no hacer manifestación alguna se resolverá este juicio de amparo únicamente respecto de los actos y autoridades señaladas como responsables en su escrito de demanda. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, visible a fojas 93, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 182617, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 86/2003-SS, entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número P./J. 15/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII (Julio de 2003), visible a fojas 12, Novena Época, con número de registro 183932, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver contradicción de tesis 2/99-PL, entre las sustentadas por las Salas Primera, Segunda y Auxiliar, por una parte, y por la otra, la Cuarta Sala, todas de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Prevéngase a la quejosa que si opta por ampliar su demanda de amparo, la misma deberá de cubrir todos y cada uno de los requisitos señalados en el artículo 108 de la Ley de Amparo, en virtud de que la ampliación de la demanda de amparo, al ser parte integrante de la demanda que originariamente se promovió, debe entenderse que la misma debe cubrir los requisitos señalados en el precepto legal en comento; en el entendido, de que si la parte quejosa opta por ampliar su demanda, porque considera que es la vía adecuada, este órgano de control constitucional, previamente analizará la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a su admisión. En lo conducente, resulta aplicable la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 22, Sexta Parte, visible a fojas 20, Séptima Época, con número de registro 257073, sustentada por el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACION DE LA. EN ELLA DEBEN PRECISARSE TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTICULO 116 DE LA LEY DE LA MATERIA. La demanda de amparo no tiene más efecto que el de sujetar al Juez de Distrito a resolver la contienda con vista de ella y de los informes que rindan las responsables; y si con posterioridad se formula ampliación de la demanda, en ésta deben precisarse los requisitos que la ley exige para la demanda inicial, en lo que toca a la materia de la ampliación, y si no se hace así, hay que sobreseer el juicio en cuanto a la parte ampliada, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, y 74 fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 116 del mismo ordenamiento." Los criterios jurisprudenciales citados en la presente resolución, son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Notifíquese personalmente a la quejosa y por lista a las demás partes. IA-P
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