Alejandra Arrellano Rodríguez

Expediente 1087/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1087/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Arrellano Rodríguez
  • Alejandra Arrellano Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. RECURSO DE REVISIÓN Intégrese el escrito enviado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Con copia del escrito de expresión de agravios, distribúyanse entre las partes del presente juicio constitucional, con excepción de la recurrente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copia del escrito de expresión de agravios, así como del presente proveído, sin que sea necesario agregar más actuaciones en razón de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario. Se instruye a la Secretaria para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta; asimismo, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo), proceda a la remisión del recurso al Tribunal de Alzada. Una vez integrado este expediente, remítase sin previo acuerdo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, en conjunto de las constancias necesarias para la tramitación del referido recurso, solicitando atentamente al Tribunal Colegiado del conocimiento, acuse recibo de no tener inconveniente. De igual manera, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTRESADO EL AUTO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE DICE: Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. RECURSO DE REVISIÓN Intégrese el escrito enviado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Con copia del escrito de expresión de agravios, distribúyanse entre las partes del presente juicio constitucional, con excepción de la recurrente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copia del escrito de expresión de agravios, así como del presente proveído, sin que sea necesario agregar más actuaciones en razón de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario. Se instruye a la Secretaria para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta; asimismo, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo), proceda a la remisión del recurso al Tribunal de Alzada. Una vez integrado este expediente, remítase sin previo acuerdo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, en conjunto de las constancias necesarias para la tramitación del referido recurso, solicitando atentamente al Tribunal Colegiado del conocimiento, acuse recibo de no tener inconveniente. De igual manera, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Toluca, Estado de México, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1087/2023-II-B; promovido por ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el once de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, señalando como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: C. JUEZ CUARTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El proveído en fecha (4) de julio de dos mil veintitrés (2023) en relación al procedimiento controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar en el sumario ******************** del índice del Juzgado Cuarto del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México respecto a la determinación de modificar el régimen de convivencias entre el señor ********************, y mis menores hijos +++++ emitido en fecha (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)". Considerando vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano de control constitucional, que lo radicó bajo el número 1087/2023-II-B, previa aclaración por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite, requirió el informe de ley, se ordenó la designación de un representante especial y con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 1°, fracción I; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un acto emitido dentro de un juicio del orden familiar cuya ejecución se realizara dentro del territorito donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que lo que se reclama de la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México es: La determinación de cuatro de julio de dos mil veintitrés en la cual indicó que el régimen de visitas y convivencias entre los menores de edad de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** y Salvador Pedraza Jiménez, debía continuar en términos del convenio celebrado el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado". Certeza que, además, se corrobora con el disco certificado que la responsable remitió en apoyo a su informe, de cuyo contenido se advierte la existencia la determinación de cuatro de julio de dos mil veintitrés emitida en el expediente ********************; documentales con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la autoridad responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente, habida cuenta que dentro del diverso sumario ******************** se realizó un pronunciamiento por parte de este juzgador en el sentido de que contaba con la facultad de resolver lo conducente respecto del régimen de visitas y convivencias. Sin embargo, dicha situación en concepto del suscrito no se trata de una causa de improcedencia, sino de alegaciones relativas a sostener la constitucionalidad del acto reclamado, así como de la justificación de su actuar con base en lo acontecido durante el juicio, por ende, deben desestimarse dichas manifestaciones. En el caso particular, no se desprende que las partes hayan invocado alguna causa de improcedencia, ni quien ahora resuelve, advierte la actualización de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del fondo del asunto, se hará una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del expediente ******************** que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado; así como del juicio de amparo 1673/2022 y del diverso ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, los cuales se encuentra visible en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.); en el cual se citaron los antecedentes del diverso juicio ******************** (relativo a la guarda y custodia y otras prestaciones), que constituye un hecho notorio para este Juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017123, que establece: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así de las referidas actuaciones, se desprende que: Antecedentes del juicio ******************** relativo a la guarda y custodia y otras prestaciones. 1. ********************, demando´ de ********************, entre otras prestaciones, la guarda y custodia provisional y en su momento procesal definitiva de los menores de edad identidad reservada de iniciales ******************** y ********************; de dicho asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de Me´xico, que lo radicó con el número ******************** y ordenó el emplazamiento del demandado y fijó diversas medidas provisionales. 2. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, se exhibió convenio judicial signado por ambos contendientes, quienes acordaron sobre las prestaciones que se reclamaban, entre ellas, la guarda y custodia de los menores, asi´ como su convivencia entre ellos y sus progenitores. De donde se aprecia que las partes, entre otras, convinieron: EN CUANTO AL REGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE SEMANA, LOS PROGENITORES PACTAMOS QUE EL SEN~OR ********************, CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ******************** EN TE´RMINOS, LOS DI´AS MARTES DE CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS QUINCE (15:00) HORAS, DEBIENDO RECOGER A LOS MENORES HIJOS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS CUALES SE ENCUENTREN INSCRITOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE, TENIENDO COMO PRO´RROGA DE TIEMPO VEINTE MINUTOS Y REINTEGRÁNDOLOS A LAS OCHO (8:00 AM) HORAS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS CUALES SE ENCUENTREN INCRITOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. ASIMISMO, LOS DI´AS JUEVES DE CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS QUINCE (15:00) HORAS, DEBIENDO RECOGER A LOS MENORES HIJOS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS, O EN EL DOMIICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE, TENIENDO COMO PRO´RROGA DE TIEMPO VEINTE MINUTOS Y REINTEGRÁNDOLOS A LAS VEINTE 20:00) HORAS EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. PRECISANDO QUE EL SUSCRITO ********************, ENTREGARÉ A MIS MENORES HIJOS CON LAS ACTIVIDADES ESCOLARES (TAREAS) FINALIZADAS Y DEBIDAMENTE REVISADAS Y DE IGUAL FORMA ACOMPAN~ARLOS A SUS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. EN CUANTO HACE A LOS FINES DE SEMANA DE CADA QUINCE (15) DI´AS, LOS SUSCRITOS ACORDAMOS QUE EL SEN~OR ********************, DISFRUTA DE LAS CONVIVENCIAS CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ********************, INICIANDO EL DI´A VIERNES A LAS QUINCE (15:00) HORAS, DEBIENDO RECOGER A LOS MENORES HIJOS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS, TENIENDO COMO PRO´RROGA DE TIEMPO VEINTE MINUTOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. POR CUANTO HACE A SU REINTEGRACIO´N CON LA MADRE CUSTODIA ********************, EL SEN~OR ********************, ENTREGARA´ A LOS MENORES ******************** Y ******************** EL DI´A LUNES A LAS OCHO (08:00) HORAS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SENORA MADRE. PERIODOS VACACIONALES LOS SUSCRITOS, PACTAMOS QUE POR CUANTO RESPECTA A LOS PERIODOS VACACIONALES Y DIAS FESTIVOS QUE TENGAN NUESTROS MENORES HIJOS ******************** Y ********************, LAS SIGUIENTES CONVIVENCIAS: POR CUANTO HACE A LOS PERIODOS VACACIONALES SERA´ DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS DE LA SECRETARI´A DE EDUCACIO´N PU´BLICA, LOS CUALES SERA´N AL CINCUENTA POR CIENTO (50) PARA CADA PROGENITOR... EL DI´A DE LA MADRE LA SENORA ******************** CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ********************. EL DI´A DE LA PADRE EL SENOR ******************** CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ********************. EL DI´A DEL CUMPLEANOS DE LOS MENORES ******************** Y ********************, LOS SENORES ******************** Y ********************, CONVIVIRÁN DE FORMA COMPARTIDA EL CUMPLEANOS DE LOS MENORES, PREVIO ACUERDO DE VOLUNTADES PARA PRECISAR EL TEMA DE HORARIOS.". 3. El diecise´is de julio de dos mil veintiuno, se celebro´ la audiencia de ratificacio´n de convenio del expediente ********************, en el que las partes ratificaron su contenido, por lo que se aprobo´ y elevo´ a categori´a de cosa juzgada. Antecedentes del expediente ******************** (relativo a la modificación de convenio). a. ********************, en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar demando´ de ********************, la modificación de convenio elevado a cosa juzgada en el diverso juicio ********************, especi´ficamente, respecto de la pensio´n alimenticia y la guarda y custodia de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** b. El siete de octubre de dos mil veintido´s, se radico´ el expediente ********************, ante el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de Me´xico, donde como medidas para la proteccio´n para los infantes involucrados, se ordeno´ suspender temporalmente al progenitor el re´gimen de visitas y convivencias con sus hijos, en los te´rminos que se veni´an desarrollando, decisio´n que sería motivo de revisio´n y estudio al desahogo de la audiencia inicial. c. Dicha determinacio´n le fue notificada a ********************, de manera personal el quince de noviembre de dos mil veintidós. d. Acto seguido, ********************, interpuso recurso de revocación contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós; por lo que previo tra´mite de ley, se turnaron los autos para su resolucio´n. e. El dos de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable resolvio´ el citado recurso, en la que esencialmente consideró que previo a decretar las medidas de protección se debía escuchar a los menores de edad involucrados a efecto de poder resolver lo que en derecho correspondiera, cuyos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Fueron fundados y operantes los agravios expresados por el recurrente, en consecuencia. SEGUNDO. Se modifica parcialmente el auto de fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintido´s (2022) en los relativo a la suspensio´n del re´gimen de convivencias entre ********************, con sus hijos de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, en el apartado de medidas proteccio´n solicitadas por la parte actora ********************, para quedar en los te´rminos de lo vertido en la presente resolucio´n." Inconforme con lo anterior, ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer a éste órgano de control constitucional bajo el número ********************, y en sentencia firmada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se negó la protección constitucional solicitada, determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. f. Por otro lado, dentro del procedimiento de origen ******************** el doce de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable fijó un régimen de visitas y convivencias entre ******************** y los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, de manera supervisada el segundo y cuarto sábado de cada mes, en un horario de las doce a catorce horas, en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, Estado de México. g. El siete de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la escucha de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, en la que estuvieron asistidos de una psicóloga, y una trabajadora social y la abogada coadyuvante adscritas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; asimismo, se contó con la presencia de la representación social y se les cuestinó a los infantes si era su deseo que estuviera presente alguna persona de su confianza, quienes indicaron que no era su deseo. h. Mediante escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, ******************** solicitó se fijara de manera urgente un régimen de visitas y convivencias con los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************; por auto de cuatro de julio siguiente, la Juez responsable determinó: No pasa inadvertido para esta autoridad la existencia del acuerdo de voluntades de los contendientes respecto a la convivencia paterno filial, derivada de los autos del expediente ********************. La diligencia de escucha de la niña y niño implicados de identidad reservada ******************** y ********************, en la que los niños implicados expresaron su deseo de ver a su progenitor. Así como la existencia de la determinación de suspensión del régimen de convivencia en los autos del presente expediente, como la fijación de un régimen ordenado de manera urgente el cual no se ha materializado. También es sabido de las partes la interposición de un juicio de garantías de los infantes involucrados identidad reservada ******************** y ********************, en donde la progenitora figura como quejosa, en el cual la autoridad decidió no otorgarle la protección que solicitaba; no obstante ello, realiza un análisis de constitucionalidad del interés superior de los infantes involucrados a fin de que este Tribunal garantice el derecho de convivencia el cual se desarrolle en un lugar seguro e integral, con la finalidad de cumplir con dicho régimen de visitas. DECISIÓN DE LA CONVIVENCIAS PATERNO-FILIAL Por ello, esta juzgadora atiende a lo solicitado por el progenitor y antecedentes procesales, de ahí que, tendiendo como base normativa el interés supremo de la niñez y la suplencia la deficiencia de la queja, y lejos de atender formalismos procesales, se debe procurar y garantizar la esfera jurídica de los infantes implicados, dado que a la fecha su derecho de visita se ha visto vulnerado, al no poder tener contacto físico con su padre, en la forma que lo habían pactado las partes en el convenio formalizado en diferentes ámbitos familiar, social, escolar, etc). Bajo esta tesitura, esta juzgadora pondera prudente fijar un régimen de convivencia, dado que es importante los infantes involucrados expresaron al ser escuchados por esta juzgadora, el sentimiento de amor y cariño hacia su padre y el sentimiento de extrañarlo, por lo que se puede inferir que lejos de la problemática entre los padres, hasta el momento no se evidencia que el hecho de que los infantes tengan contacto con su padre pueda implicar algún riesgo o alguna alienación parental, ya que contrario a ello las posturas y alegaciones de los colitigantes han impactado de manera directa a los infantes. Se hace la acotación que las posturas que sostienen las partes son motivo de la resolución definitiva; por tanto, se autoriza que la convivencia se siga desarrollando en los términos pactados en el convenio consensuado en los autos del sumario ******************** tramitado en este juzgado (véase a foja 107 a 145) aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, tomando en consideración que dicho régimen acordado por los progenitores se consideró benéfico para los referidos infantes, pues les permite una interacción continua con su padre en diferentes ambientes, familiar, social, escolar, de recreación etc. Ya que contrario a ello, el prejuzgar al progenitor por presunciones y alegaciones que son motivo de resolución definitiva se estaría en presencia de una carga sospechosa derivada de su género que implica una violación a sus derechos humanos frente a sus hijos, razón por la que no se considere necesario que las convivencias el niño y la niña indicados deban efectuarse supervisadas en un Centro de convivencia, toda vez que de la escucha realizada se advierte que la relación paterno filial se encuentra totalmente establecida, por ende, el estar sujetos a un régimen de convivencia supervisada sería perjudicial para los infantes a limitarlos de la interacción con su padre y la familia extensa de éste en diferentes escenarios en los que se puedan desenvolver Por tanto, se apercibe a la progenitora para que dé cabal cumplimiento al convenio celebrado en el expediente ******************** de marras (convivencias) bajo el apercibimiento que en caso de ser omisa o tener conductas que impidan su materialización será acreedora de una multa de hasta cien (100) unidades de medida y actualización, además de que esta juzgadora podrá determinar cualquier medida para garantizar el derecho de los infantes implicados, sin perjuicio de dar vista al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO y a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES para que procedan a tomar sus atribuciones en caso de violentar los derechos de convivencia de los niños mencionados. Se apercibe al progenitor para que cumpla con la convivencia pactada en diverso juicio en los términos establecidos, sin realizar actos de retención de sus hijos, ya que ello implica la comisión de un delito. Se apercibe a ambos progenitores mantengan comunicación para el desarrollo del régimen de convivencia. Esta decisión tiene sustento en el siguiente criterio: Ante lo expuesto, se levanta la medida decretada en autos referente a la suspensión del derecho de convivencia, al igual que la medida ordenada de manera urgente respecto a la convivencia supervisada, debiéndose girar el oficio respectivo al CECOFAM, mismo que queda a disposición de las partes igual manera, se ordena girar oficio a las instituciones escolares de los infantes de identidad reservada ******************** y ********************, para que se materialice la convivencia en términos del convenio celebrado entre las partes". La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa alega que el acto reclamado irroga perjuicio a los menores de edad, dado que la Juez responsable no efectuó un análisis de las constancias del juicio de origen, pues el modificar el régimen de vistas y convivencias supervisado que estaba decretado en autos, atenta contra el interés superior de la niñez, así como la integridad física y emocional de sus hijos, habida cuenta que debe tomarse en consideración que la misma no se ha llevado a cabo ante la inasistencia del padre Máxime que dentro del convenio celebrado dentro del juicio ******************** ante el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se pactó que el régimen de convivencia se debe encaminar a la conservación de un entorno saludable y favorable para el pleno desarrollo de los menor, y en todo caso, ******************** podrá solicitar la suspensión del mismo a efecto de salvaguardar los intereses de los menores. Por ello, debe considerarse que desde su escrito inicial acreditó de manera fehaciente la afectación psicológica y las consecuencias que se generarían en caso de que se continuarán las convivencias, lo que dio origen a que se decretara un régimen supervisado; pues si bien es cierto existe el derecho de los menores de mantener las relaciones paterno-filiales, no menos verdadero es que se debe analizar el contexto fáctico para ponderar el mejor escenario para ellos. Lo anterior, lo afirma porque el once de mayo de dos mil veintitrés, la notificadora adscrita a la autoridad responsable al entrevistarse con el guardia de seguridad del domicilio en el cual habita ********************, aquel le informó que ".todos los días se encuentra en estado de ebriedad y que es difícil tratar con él", situación que coloca en un riesgo a los menores de edad al modificarse las convivencias, lo cual omitió valorar la Juez primigenia, todo ello atendiendo al interés superior de la infancia. Lo anterior de conformidad con la tesis aislada 1a. LXIII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con título: "IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. CONTENIDO Y ALCANCES". Afirma que deben efecuarse las valoraciones correspondientes a los menores de edad, así como a los padres, pues con ellas se podrá acreditar la manipulación psicológica que ejerce ******************** para con los infantes, de ahí que sea necesario continuar bajo un régimen de visitas y convivencias supervisado, hasta en tanto se analicen de manera minuciosa todas las constancias de autos. Considera que el acto reclamado carece de congruencia en virtud de que dentro de la audiencia de conciliación de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se indicó que se revisarían las medidas provisionales, respecto al régimen de visitas y convivencias, siendo que deja sin efectos una medida de protección sin argumentos lógicos, sin atender a las constancias de autos y al interés superior de los menores. Los conceptos de violación son infundados. Para dar sustento a ello, se abordará el interés superior del menor, así como el régimen de visitas y convivencias; el sobre el grado de probabilidad de que la persona es benéfica para convivir con el infante, y la situación de riesgo en tratándose de niñas, niños y adolescentes; para ulteriormente dar solución al caso. Del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto que los derechos humanos son universales y, por ende, deben ser iguales para todos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local se ha determinado que existen algunas personas que por sus circunstancias concretas -como puede ser su condición física, cultural o social-, o bien por su situación en determinadas relaciones sociales, requieren una protección especial, motivo por el cual a estas personas, les han sido reconocidos ciertos derechos especiales, a fin de que superen la situación de desventaja en que se encuentran. Dentro de las personas que se ha estimado requieren de dicha protección se encuentran los niños, niñas y adolescentes, quienes por su vulnerabilidad han sido considerados como los sujetos más necesitados de protección, tanto en el orden social como familiar; de ahí la existencia de distintas disposiciones e instituciones jurídicas cuyo objetivo es la protección y el cuidado de menores. Así, el concepto del interés superior de la niñez implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño, niña o adolescente a quien se dirigen. A nivel internacional, se reconoce en la Declaración de los Derechos del Niño -proclamada el veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve por la Asamblea General de las Naciones Unidas-, en cuyo preámbulo se establece: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales". Es precisamente con el fin de otorgar a los niños, niñas y adolescentes dicha protección y cuidado, que el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y abrió a firma la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que fue ratificado por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, merced a que dicha Convención contempla el principio de "interés superior del niño", el cual se traduce en que "el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño", lo cual encuentra sustento en sus artículos 3º, 9º, 18, 21, 37. Como puede advertirse, el interés superior de la niñez "implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esta etapa de la vida humana se realicen de modo que, en primer término se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos", así, la actuación de los sujetos públicos como privados, que tengan relación con los infantes, debe regirse por dicho principio y, por ende, todas las medidas que en torno a ellos se adopten deben buscar su máximo beneficio. De esta manera, es la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes la que ha dado lugar a que se subraye la prioridad de sus derechos y se instruya el principio de interés superior como "el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social". Por ende, los niños, niñas y adolescentes dejan de ser una mera emanación de sus padres para ser reconocidos como personas portadoras de dignidad. Para lo cual en el ámbito nacional, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de interés superior de la niñez, cuya interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido en el sentido que "implica entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Lo anterior, en razón que los infantes son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. En este panorama, el concepto de interés superior de la niñez, supedita, con mayor claridad los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño, niña o adolescente, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad; con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. De lo anterior es plausible estimar que cuando en un procedimiento, cualquiera que éste sea, se dicten providencias, sin importar su sentido o naturaleza, los Tribunales deben atender al interés superior de la niñez como una consideración de carácter primordial, así como a vigilar el respeto a los derechos humanos de los infantes, lo anterior significa que la protección máxima a los derechos fundamentales, será preferente para dichos niños, niñas y adolescentes, dado que su protección e interés es superior a los derechos de los progenitores en caso de que sus intereses estén en controversia. Se invoca la tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2008546, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1397, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Lo anterior, en virtud de que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para valorar el interés de la niñez, el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el niño, niña o adolescente, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4º constitucional. Consideraciones que se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006593, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 270, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con texto: INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Asimismo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados se ejerce a través de lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo que quiere decir, que ejercen sus derechos progresivamente a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía. respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1674/2014, consideró que dicho principio de autonomía, se adquiere conforme a la evolución de las facultades de los niños, niñas y adolescentes, el cual se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje, por medio de los cuales los adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos; asimismo, el principio referido pretende hacer de los derechos de los niños, derechos efectivos que puedan ser ejercidos y determinados por ellos. Así, en la medida en que los niños adquieren competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. Consecuentemente, dicha cuestión se desarrolla en relación a la capacidad de madurez del niño para ejercer sus derechos con autonomía, disminuyendo el derecho de los padres a tomar decisiones por él. Esto quiere decir que alcanzado cierto grado de madurez, el niño o la niña, puede decidir qué decisiones tomar con base en ésta. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCLXV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2009925, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 305, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto: EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES. FUNDAMENTO, CONCEPTO Y FINALIDAD DE ESE PRINCIPIO. Los artículos 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen a los niños como sujetos de derechos y partícipes activos en la toma de las decisiones que les conciernen, de manera que ejercen sus derechos de forma progresiva en la medida en que desarrollan un nivel de autonomía mayor, lo cual se ha denominado "evolución de la autonomía de los menores". En ese sentido, la evolución de las facultades, como principio habilitador, se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje, por medio de los cuales los menores adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos; asimismo, el principio referido pretende hacer de los derechos de los niños, derechos efectivos que puedan ser ejercidos y determinados por ellos. Así, en la medida en que los niños adquieren competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. También se cita la tesis aislada CCLXVII/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, patente en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 306, Décima Época, con registro digital 2009927, de rubro y texto siguientes: EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR SU GRADO. No pueden establecerse edades fijas o condiciones preestablecidas para determinar el grado de autonomía del menor, pues el proceso de madurez no es un proceso lineal y aplicable a todos los niños por igual. Así, la evolución de la autonomía de los menores es progresiva en función de su edad, del medio social, económico y cultural en el cual se desarrollan los infantes, así como de sus aptitudes particulares. De tal forma que para determinar la capacidad de los menores para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus derechos, es fundamental que los juzgadores realicen una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor (edad, nivel de madurez, medio social y cultural, etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor, consecuencias a corto y largo plazo, entre otras). Y finalmente, sirve de apoyo, la tesis aislada 2a. XI/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2016017, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 539, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y texto: EVOLUCIÓN PROGRESIVA DE LAS FACULTADES DEL NIÑO. CONSTITUYE UN "PRINCIPIO HABILITADOR" DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. El ejercicio de los derechos de los menores no puede concebirse de manera idéntica para toda etapa de la niñez, pues cada una presenta un grado diferenciado de libertades y deberes respecto a su realización: a mayores niveles de aprendizaje, conocimiento y madurez, mayor el margen de autonomía para que sean los menores quienes ejerzan, por sí mismos, sus derechos -y no simplemente por medio de sus padres-; de ahí que tanto la pertinencia, como el grado de acceso a los derechos de los niños, dependerá de la etapa de la niñez en la que se encuentre el menor y, por ende, a efecto de lograr su correcta consecución, debe atenderse en todo momento a su trayectoria vital, a lo que le resulte benéfico y permita el desarrollo pleno y efectivo de todos sus derechos. Es así, en virtud de que el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicha Convención. En ese contexto, es menester concebir a la evolución progresiva de las facultades de los menores como un verdadero "principio habilitador" de la totalidad de los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad del Estado Mexicano, y no como una excusa para realizar prácticas autoritarias que restrinjan la autonomía del niño y que tradicionalmente se han justificado, alegando la relativa inmadurez del menor. En conclusión, por interés superior de los niños, niñas o adolescentes debe entenderse como un principio axiológico sujeto al catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permiten a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De ahí que, el interés superior de la niñez, implique entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, niña o adolescente, es decir, dar prioridad a los derechos de los niños sobre cualquier otra persona, protegiéndose con cuidado especial sus derechos. Asimismo, porque es un derecho de las niñas, niños y adolescentes de participar en los procedimientos conforme al grado de autonomía y madurez que adquieren, lo cual debe analizarse en cada caso en particular. Del régimen de visitas y convivencias. Entre los derechos-deberes inherentes a la patria potestad, tenemos que de forma paralela a la guarda y custodia encontramos al régimen de visitas y convivencias familiares mediante el cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Por ello, el Estado debe tomar las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos efectivos con el progenitor no custodio y con los demás parientes, tan así es que los abuelos y la familia ampliada pueden solicitar un régimen de visitas y convivencias con los menores de edad. Así el régimen de visitas y convivencias familiares es una institución fundamental del derecho familiar que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentra la custodia del niño, niña o adolescente, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al menor, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes forman parte de dicho grupo. Los padres o madres no custodios tienen derecho a convivir con sus hijos, además tienen el deber de hacerlo, porque así lo exige el derecho fundamental de los menores. En efecto, en el ámbito nacional, se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 4º constitucional, párrafos noveno, décimo y décimo primero, que dicen: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. (.)". Determinar un régimen de visitas y convivencias goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como medida excepcional tendente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor o progenitora no custodio y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos de forma regular. Dicho régimen debe decretarse desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve y resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones de forma simultánea con ambos progenitores. Pues su finalidad es buscar la convivencia de los niños, niñas o adolescentes con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. Esto, debido a que el desarrollo normal de un infante se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación en una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello le resulte los más benéfico. Por ello, la decisión en torno al régimen de visitas y convivencias familiares no es una tarea sencilla, por lo que el Juzgador deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados, el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería el más beneficioso para los niños, niñas o adolescentes. Continuando con ello, debemos tener en cuenta que el régimen de visitas y convivencias es circunstancial, pues el operador jurídico, deberá establecer las circunstancias tiempo, modo y lugar que se consideren más adecuadas para el ejercicio de visitas y convivencias, velando siempre por el bienestar de los niños, niñas o adolescentes en cuestión, conforme a las modalidades que se consideren más pertinentes de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. En efecto, se podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor o progenitora no custodio tenga tiempo (fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio), lugar (en residencia del padre no custodio, del padre custodio -casa del niño-, o en lugar distinto a los anteriores o bien, supervisado en un lugar destinado precisamente para dichos efectos con personal que supervise dichas convivencias) y modo (presencial, conversaciones telefónicas o alguno de las nuevas modalidades pero siempre en atención al interés superior de la niñez, que busca estabilidad física, psicológica, emocional, intelectual y sexual, entre otras, con el objetivo final que es el beneficio de su desarrollo y evitar cualquier situación de riesgo. Adicionalmente, se puede decir que respecto al lugar donde pueden llevarse a cabo de manera supervisada como es en los Centros de Convivencia, destinados para ello, se debe considerar que dicha convivencia puede videograbarse por parte de personal capacitado para ello y posteriormente ser revisada por el juez de instancia que decretó el régimen con sus medidas de seguridad, en aquellos casos en los cuales el menor de edad pueda colocarse en un riesgo frente a su progenitor o progenitora no custodio, con la finalidad de establecer si la continuación de tal convivencia es verdaderamente benéfica para el niño, niña o adolescente para evitar una situación de alienación parental o bien, si se está afectando su desarrollo físico, psicológico o emocional. Consecuentemente, el régimen de visitas y convivencias familiares tiene por objeto mantener el contacto de los hijos con los padres no custodios a fin de fortalecer los lazos; de ahí que se encuentre justificado limitar la libertad de tránsito (el cambio de domicilio del custodio), atendiendo al interés superior del menor; empero, se debe evitar una injerencia arbitraria en el proyecto de vida de las partes. A manera de conclusión debemos colegir que, el régimen de visitas y convivencias familiares busca ampliar el concepto tradicional de la familia, con apoyo en el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no deben verse como derechos de propiedad de los padres, sino como verdaderos seres humanos con derechos propios de mayor importancia. Pues se refiere a la manera en la que se realizará el derecho de visitas y convivencias, derivado de un acuerdo o determinación judicial, pero siempre deberá ser escuchado el infante, para estar en condiciones de resolver en cada caso, conforme al interés superior de la infancia, donde los principales protagonistas son los niños, niñas y adolescentes y los incapacitados, sus padres o tutores y parientes. Debido a que su finalidad versa en no agravar la situación de convivencia derivada de conflictos o enfrentamientos familiares, más no dirigir ni manipular la vida del menor no gobernado, o de tomar alguna decisión en su presente o futuro, para pretender alcanzar un equilibrio psicológico que es necesario para el desarrollo personal, familiar y social, así como conseguir grandes satisfactores por los efectos recíprocos que, a veces, se quebrantan por el derecho o de hecho, sin soslayar que los daños que se puedan causar con un derecho de visitas y convivencias inadecuado, puede ser igual o mayores que en los casos en que se rompe toda convivencia. Así, no existen esquemas, fórmulas o soluciones de validez general para determinar el régimen de visitas y convivencias, por tratarse de un tema enteramente casuístico y en particular en su aplicación concreta, por lo que, no puede avalarse la existencia de unas pretensiones de validez única o universal, pues es un tema vinculado con las relaciones humanas que amerita múltiples matices, por lo que en este tipo de asuntos se requieren respuestas judiciales de gran nivel que implican la intervención original y creativa de los jueces. Así las cosas, podemos identificar que el régimen de visitas y convivencias familiares constituye una prerrogativa de derecho-deber de convivencias entre los niños, niñas y adolescentes con el padre o madre no custodio, que necesariamente, cuando exige la participación del Juez, debe fijarse de manera cuidadosa en respuesta al interés superior de la niñez y se faculta al Juez a decretarla de forma circunstancial, debido que se analizan las particularidades específicas de cada caso, el contexto por las que se suscitó la convivencia, y con base en ello, debe fijarse atendiendo a las circunstancias de modo, lugar y tiempo; de tal manera que el juez debe evitar cualquier situación de riesgo que ponga en peligro al menor, tan es así que dentro de la intervención creativa de fijación puede, con el ánimo de no romper los lazos afectivos, modular e intervenir las comunicaciones que se verifiquen entre los participantes. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCCLXIX/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2007797, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 601, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y contenido: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un derecho-deber". Del grado de probabilidad de que la persona es benéfica para el menor al momento de convivir. En esa tónica, el derecho de visita y convivencia de los menores de edad, se cataloga como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental, por tanto, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004774, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1063, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial. En tal sentido, la decisión que se tome respecto al régimen de convivencias que se fijará con el padre o madre no custodio, atenderá a establecer si éste le es benéfico para el niño, niña o adolescente, en aras de salvaguardar su interés superior, para lo cual es necesario es necesario tener en cuenta el entorno que operaba previo a su separación, la forma en cómo se llevaba a cabo dicho régimen y la ponderación de la posible repercusión que se puede generar a un menor de edad cuando la convivencia que se lleva sin la supervisión e incluso videograbada. De la situación de riesgo en tratándose de niñas, niños y adolescentes. En otro punto de vital importancia, y dado que en este asunto el eje rector es el interés superior de la niñez, se debe tomar en cuenta que el mismo implica que los intereses de los niños, niñas y adolescentes deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, si no que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. En cuanto a la situación de riesgo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2618/2013, precisó que el riesgo se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, se dijo que ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero". Por ende, en la referida ejecutoria se puntualizó que aplicando dicha teoría a las contiendas de guarda y custodia, se reitera que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizará si el hecho de que uno de los padres se ubique en una categoría sospechosa (primer evento) hace más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores (segundo evento). En tal sentido basta con que el juzgador evidencie que las circunstancias que ponderó, aun cuando éstas constituyan categorías protegidas por la Constitución, hagan más probable "que el niño se encuentre mejor" únicamente bajo el cuidado del otro de los progenitores. No obstante lo anterior, la existencia del riesgo así considerado con base alguna de las condiciones protegidas por el artículo 1° de la Constitución General, no puede de ninguna manera ser especulativo o imaginario. Es decir, si la pérdida de guarda y custodia se motiva en la afectación que pueden sufrir los bienes y derechos de los niños porque alguno de sus padres se ubica en alguna de las denominadas categorías sospechosas, dicho riesgo debe ser real, esto es, basado en evidencia técnica o científica, no en prejuicios o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. En resumen, si el juez considera conveniente ponderar en las contiendas de guarda y custodia de los niños que alguno de los padres tiene ciertas características protegidas por el artículo 1° de la Constitución, debe evidenciar con base en pruebas técnicas o científicas que dichas circunstancias hacen más probable que el niño se encuentre mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores. De otro modo, la decisión judicial motivada en alguna de dichas categorías resultaría injustificada y por tanto constituiría un trato discriminatorio. Asimismo, en tanto no se pruebe que dicha circunstancia genera una situación de riesgo en los bienes o derechos de los menores, no puede considerarse que su ponderación en la decisión de guarda y custodia tienda a proteger al interés superior de la infancia. Por lo que el juzgador en los procedimientos jurisdiccionales en los que se encuentren involucrados derechos de un infante, debe de procurar que los niños sean escuchados, para reconocerlos como sujetos de derecho y lograr su efectivo ejercicio de derechos, y de esa forma permitir al juzgador que se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el aumento de riesgo se presenta cuando la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento crece cuando se actualiza el primero. Luego, el deber de protección reforzada obliga a las personas juzgadoras a tomar las medidas necesarias para descartar que la decisión que tomarán sobre un niños, niñas y adolescentes pueda suponerles un riesgo. A su vez, el interés superior de la infancia conlleva a la obligación de demostrar la existencia de un riesgo probable y fundado. Consideraciones que derivaron en el criterio CVIII/2014 consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2005919, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Décima Época, que establece: DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial. De lo anterior se concluye que, en atención al interés superior de la infancia, las personas juzgadoras deben atender los siguientes postulados al momento de resolver el fondo del asunto: Los supuestos en los que se incumplan deberes para con niños, niñas y adolescentes que les coloquen en una situación de riesgo son suficientes para generar consecuencias jurídicas, sin necesidad de que se actualice un daño concreto. Se debe realizar una evaluación de diversos elementos mínimos -edad, circunstancias particulares de los progenitores y del menor, entorno social, entre otras- al momento de analizar la situación concreta que pueda tener afectaciones directas o indirectas sobre los intereses de una o más niños, niñas y adolescentes. Con base en dicha evaluación es que podrán determinar de forma justificada y razonable la protección reforzada en la toma de decisiones que involucren niños, niñas y adolescentes al momento de resolver el fondo del asunto. Consecuentemente, en tratándose de asuntos donde se encuentren involucrados menores de edad, debe considerarse como eje rector el interés superior de éstos, donde es necesario que los juzgadores atiendan a todas las particulares en las que pudiera existir una situación de riesgo, el cual no sólo se da cuando se genere un daño a los bienes o derechos de los infantes para que se vean afectados, pues basta que se coloquen en tal situación de peligro, el cual no es sólo la posibilidad de que se dé el daño en un futuro, sino que puede configurarse en una situación en la que la concurrencia de un evento lo haga más probable para que se dé el primero. Solución del caso. Con base en lo anterior, recordemos que el presente asunto deriva de la controversia sobre el estado civil sobre las personas y el Derecho Familiar, en el que la quejosa ********************, demando´ de ********************, la modificación de convenio elevado a cosa juzgada en el diverso juicio ********************, específicamente, respecto de la pensión alimenticia y la guarda y custodia de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** El siete de octubre de dos mil veintidos, se decretó como medida para la proteccion para los infantes involucrados, se ordeno suspender temporalmente al progenitor el regimen de visitas y convivencias con sus hijos, en los terminos que se venian desarrollando, decision que sería motivo de revision y estudio al desahogo de la audiencia inicial. En ese sentido, ********************, interpuso recurso de revocación contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, por lo que el dos de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable resolvio el citado recurso, en la que esencialmente consideró que previo a decretar las medidas de protección se debía escuchar a los menores de edad involucrados a efecto de poder resolver lo que en derecho correspondiera, determinación contra la cual ********************, por propio derecho y en representacion de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer a éste órgano de control constitucional bajo el número ********************, y en sentencia firmada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se negó la protección constitucional solicitada, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Asimismo, dentro del procedimiento de origen el doce de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable fijó un régimen de visitas y convivencias entre ******************** y los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, de manera supervisada el segundo y cuarto sábado de cada mes, en un horario de las doce a catorce horas, en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, Estado de México. El siete de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la escucha de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, en la que estuvieron asistidos de una psicóloga, de una trabajadora social y la abogada coadyuvante adscritas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo, se contó con la presencia de la representación social y se les cuestionó a los infantes si era su deseo que estuviera presente alguna persona de su confianza, quienes indicaron que no era su deseo. Mediante escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, ******************** solicitó se fijara de manera urgente un régimen de visitas y convivencias con los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************; por auto de cuatro de julio del año en curso, la Juez responsable determinó: No pasa inadvertido para esta autoridad la existencia del acuerdo de voluntades de los contendientes respecto a la convivencia paterno filial, derivada de los autos del expediente ********************. La diligencia de escucha de la niña y niño implicados de identidad reservada ******************** y ********************, en la que los niños implicados expresaron su deseo de ver a su progenitor. Así como la existencia de la determinación de suspensión del régimen de convivencia en los autos del presente expediente, como la fijación de un régimen ordenado de manera urgente el cual no se ha materializado. También es sabido de las partes la interposición de un juicio de garantías de los infantes involucrados identidad reservada ******************** y ********************, en donde la progenitora figura como quejosa, en el cual la autoridad decidió no otorgarle la protección que solicitaba; no obstante ello, realiza un análisis de constitucionalidad del interés superior de los infantes involucrados a fin de que este Tribunal garantice el derecho de convivencia el cual se desarrolle en un lugar seguro e integral, con la finalidad de cumplir con dicho régimen de visitas. DECISIÓN DE LA CONVIVENCIAS PATERNO-FILIAL Por ello, esta juzgadora atiende a lo solicitado por el progenitor y antecedentes procesales, de ahí que, tendiendo como base normativa el interés supremo de la niñez y la suplencia la deficiencia de la queja, y lejos de atender formalismos procesales, se debe procurar y garantizar la esfera jurídica de los infantes implicados, dado que a la fecha su derecho de visita se ha visto vulnerado, al no poder tener contacto físico con su padre, en la forma que lo habían pactado las partes en el convenio formalizado en diferentes ámbitos (familiar, social, escolar, etc). Bajo esta tesitura, esta juzgadora pondera prudente fijar un régimen de convivencia, dado que es importante los infantes involucrados expresaron al ser escuchados por esta juzgadora, el sentimiento de amor y cariño hacia su padre y el sentimiento de extrañarlo, por lo que se puede inferir que lejos de la problemática entre los padres, hasta el momento no se evidencia que el hecho de que los infantes tengan contacto con su padre pueda implicar algún riesgo o alguna alienación parental, ya que contrario a ello las posturas y alegaciones de los colitigantes han impactado de manera directa a los infantes. Se hace la acotación que las posturas que sostienen las partes son motivo de la resolución definitiva; por tanto, se autoriza que la convivencia se siga desarrollando en los términos pactados en el convenio consensuado en los autos del sumario ******************** tramitado en este juzgado (véase a foja 107 a 145) aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, tomando en consideración que dicho régimen acordado por los progenitores se consideró benéfico para los referidos infantes, pues les permite una interacción continua con su padre en diferentes ambientes, familiar, social, escolar, de recreación etc. Ya que contrario a ello, el prejuzgar al progenitor por presunciones y alegaciones que son motivo de resolución definitiva se estaría en presencia de una carga sospechosa derivada de su género que implica una violación a sus derechos humanos frente a sus hijos, razón por la que no se considere necesario que las convivencias el niño y la niña indicados deban efectuarse supervisadas en un Centro de convivencia, toda vez que de la escucha realizada se advierte que la relación paterno filial se encuentra totalmente establecida, por ende, el estar sujetos a un régimen de convivencia supervisada sería perjudicial para los infantes a limitarlos de la interacción con su padre y la familia extensa de éste en diferentes escenarios en los que se puedan desenvolver Por tanto, se apercibe a la progenitora para que dé cabal cumplimiento al convenio celebrado en el expediente ******************** de marras convivencias) bajo el apercibimiento que en caso de ser omisa o tener conductas que impidan su materialización será acreedora de una multa de hasta cien (100) unidades de medida y actualización, además de que esta juzgadora podrá determinar cualquier medida para garantizar el derecho de los infantes implicados, sin perjuicio de dar vista al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO y a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES para que procedan a tomar sus atribuciones en caso de violentar los derechos de convivencia de los niños mencionados. Se apercibe al progenitor para que cumpla con la convivencia pactada en diverso juicio en los términos establecidos, sin realizar actos de retención de sus hijos, ya que ello implica la comisión de un delito. Se apercibe a ambos progenitores mantengan comunicación para el desarrollo del régimen de convivencia. Esta decisión tiene sustento en el siguiente criterio: Ante lo expuesto, se levanta la medida decretada en autos referente a la suspensión del derecho de convivencia, al igual que la medida ordenada de manera urgente respecto a la convivencia supervisada, debiéndose girar el oficio respectivo al CECOFAM, mismo que queda a disposición de las partes igual manera, se ordena girar oficio a las instituciones escolares de los infantes de identidad reservada ******************** y ********************, para que se materialice la convivencia en términos del convenio celebrado entre las partes". Decisión que, en concepto del suscrito no resulta violatoria de derechos fundamentales de los menores de edad. Se afirma lo anterior toda vez que la determinación reclamada atiende al interés superior de los menores de edad involucrados, así como a las constancias de autos, puesto que el haber ordenado que el régimen de visitas y convivencias se siga llevando en los términos del convenio celebrado entre las partes, tiene por efecto continuar las relaciones parteno-filiales con el padre no custodio, lo cual es un derecho de los infantes de convivir con su progenitor. Ello porque contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el caso no se advierte una situación que coloque a los menores en riesgo ante la convivencia con su padre, en los términos en los cuales se venía desarrollando el régimen establecido en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, habida cuenta que conforme a las constancias de autos no obra prueba contundente que justifique que el modificado el régimen de visitas y convivencias los afectará psicológicamente o físicamente. Se estima que es acertada la decisión de la autoridad responsable puesto que se atendió al interés superior de los menores, respecto a su derecho a convivir con el padre no custodio, puesto que la opinión de los menores fue ponderada en todo momento para poder emitir el acto reclamado. Lo anterior, porque después de haberse reproducido la escucha de los menores de edad celebrada el siete de marzo de dos mil veintitrés, los pequeños manifestaron su deseo de querer ver a su padre y convivir con él como antes lo hacian, tan es así que la infante ******************** le manifestó que no había visto a su padre porque debía dinero, sin embargo, que lo quería ver aunque no pagara, que además su mamá trabaja, que cuando su mamá se va a trabajar sus abuelos la cuidan, que convive con el novio de su mamá a quien ve casi todos los días y le cae bien, que si pudiera pedir un deseo sería ver a su papá, y que al final de la audiencia quería darle un abrazo a su papá. Por su parte, el menor ********************, dentro de la escucha le manifestó a la juez que su mamá lo llevaba e iba por él a la escuela, que sus papás estaban separados desde hace dos años, por lo que él vivía con su mamá, que no visitaba a su papá desde hace cinco meses porque su mamá le contó que por el tema del dinero y porque no le pagaba por eso no lo veía, que para el menor era difícil comprender esa situación; que se sentía raro de no verlo; que a él le hace falta ver a su papá; que el novio de su mamá en este momento le cae bien, que antes tenía un prejuicio sobre él, que el novio de su mamá se llevaba bien con ella, que a veces juega con él; que su papá no tiene una relación de noviazgo en la actualidad; que extraña a su papá y quería ver a sus primos y abuelita, que si pudiera pedir un deseo sería ver a su papá; que a partir de la separación de sus padres comenzó a acudir al psicólogo, que quisiera ver a su papá como antes, pero que si no se pudiera por lo menos el fin de semana o en las vacaciones, que al final de la audiencia le gustaría saludar a su papá. Cabe mencionar que el menor de edad ********************, dentro de la escucha del menor al haberle cuestionado sobre la separación de sus padres, así como de la imposibilidad de ver a su padre, tuvo un momento de llanto. En esas condiciones, se estima que la decisión de la autoridad responsable relativa a modificar el régimen de visitas y convivencias decretado en autos, y en su lugar ordenar que se sigan llevando a cabo en los términos del convenio aprobado por las partes dentro del expediente ********************, es adecuada al haberse tomado la opinión de los menores, pues debe decirse que el derecho de los menores a participar en el proceso no se traduce en una obligación absoluta e irrestricta para el juez, sino que debe conformar una puerta de acceso para que el niño, niña o adolescente conozca sus derechos, pueda pronunciarse sobre ellos y exponga sus necesidades y expectativas a efecto de ser consideradas por las autoridades judiciales. Por tanto, si bien la opinión del menor no constituye el único elemento a evaluar en el establecimiento de un régimen de convivencia, se considera que si´ le aporta al juzgador un panorama más amplio y ajustado a las necesidades del infante para determinar un régimen de visitas más adecuado a cada caso en particular. De ahí que si la autoridad responsable en el presente asunto tomó en cuenta los deseos de los menores respecto de querer ver a su padre, conforme al grado de autonomía con el que cuentan, debe ponderarse dicho sentimiento a efecto de no vulnerar sus derechos fundamentales, pensar lo contrario implicaría solamente atender a los deseos de los padres, donde es evidente que tienen un conflicto respecto del pago de la pensión alimenticia y que ese es el motivo por el cual no se les permite convivir a los menores con su padre. Situación que no puede continuar en esos términos pues es claro que el deseo de los niños es convivir con su papá, quienes tienen el derecho a verlo para lograr su sano desarrollo, lo cual ha sido tutelado por la autoridad responsable. Máxime que del testimonio de ambos menores, se puede advertir una inducción justificativa por parte de la madre, porque no se lleva a cabo la convivencia y ello es en razón de dinero. Por todo lo anterior, no asiste la razón a la parte quejosa al aducir que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus hijos al no privilegiarse su interés superior, así como colocarlos en una situación de riesgo, pues de las constancias no se advierte que los niños sufran violencia o estén en una situación de riesgo con su padre, ya que no se encuentra comprobado que el progenitor de los menores consuma bebidas alcohólicas de manera continua, por el contrario dentro de las audiencias desahogadas se observa que se encuentra en un buen estado de salud, quien quiere convivir con sus hijos. Así las cosas, a juicio del suscrito se estima acertado que la juez de origen haya atendido al interés superior de los niños, pues ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en los procedimientos en los cuales se vean involucrados sus intereses, puesto que conforme al grado de autonomía, puede verse su madurez y entendimiento sobre las circunstancias que los rodean y con ello dar mayores elementos a los juzgadores para resolver de manera que se vea privilegiado su sano desarrollo físico, emocional y psicológico. De ahí que fue atendiendo a la escucha de los menores que la Juez pudo construir un criterio adecuado respecto de las necesidades específicas de los menores de edades, ya que en el caso, como se dijo, los padres tienen un conflicto de carácter económico, lo cual no puede prevalecer sobre los deseos de los niños de convivir con su padre. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. LI/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2022471, Décima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 951, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN. Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre; sin embargo, en el procedimiento no se escuchó al menor de edad, aparentemente en razón de su temprana edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Justificación: El derecho de los menores de edad a emitir su opinión y a ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan sus derechos, se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los instrumentos e interpretaciones especializadas en materia de protección de los derechos de la niñez, es uno de los principios rectores que se deben tomar en cuenta en todo proceso que les concierna. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de ese derecho y la forma de ejercerse. Éste también ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 12 destacando que el ejercicio de ese derecho del menor de edad y la valoración de su opinión en los procesos jurisdiccionales que involucren una decisión que pueda afectar su esfera jurídica, debe hacerse en función de su edad y madurez, pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño como sujeto de derechos, dada su condición de menor edad, se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor de edad tenga intervención en el proceso y su opinión pueda ser atendida, está en que conforme a su edad y madurez tenga la aptitud para formarse su propio juicio de las cosas. En ese sentido, dado que no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo madurativo del menor de edad, ello implicará una evaluación casuística de cada menor de edad y de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, su desarrollo físico e intelectual, sus habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera; aspectos que lo determinan en el desarrollo progresivo de su autonomía, y dan pauta a la formación de sus opiniones sobre la realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera infancia, no autoriza, per se, a descartar que pueda ejercer su derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso, las formas más apropiadas de propiciar su participación; y si ello no se hizo en las instancias ordinarias del procedimiento, debe garantizarse el derecho del menor de edad, antes de adoptar decisiones judiciales que le conciernan, como en el caso de su guarda y custodia, las cuales, además, le deben ser comunicadas también de manera clara y asertiva". Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que exista materia qué suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por propio derecho y en representacion de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, contra el acto reclamado de la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la determinación de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, por las razones expuestos en último considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 1087/2023-II-B; promovido por ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el once de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, señalando como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: C. JUEZ CUARTO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: El proveído en fecha (4) de julio de dos mil veintitrés (2023) en relación al procedimiento controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar en el sumario ******************** del índice del Juzgado Cuarto del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México respecto a la determinación de modificar el régimen de convivencias entre el señor ********************, y mis menores hijos +++++ emitido en fecha (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)". Considerando vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano de control constitucional, que lo radicó bajo el número 1087/2023-II-B, previa aclaración por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite, requirió el informe de ley, se ordenó la designación de un representante especial y con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************. Seguido el juicio por el trámite correspondiente, se celebró la audiencia constitucional que inició en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 1°, fracción I; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se trata de un acto emitido dentro de un juicio del orden familiar cuya ejecución se realizara dentro del territorito donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que lo que se reclama de la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México es: La determinación de cuatro de julio de dos mil veintitrés en la cual indicó que el régimen de visitas y convivencias entre los menores de edad de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** y Salvador Pedraza Jiménez, debía continuar en términos del convenio celebrado el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. En ese sentido, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado". Certeza que, además, se corrobora con el disco certificado que la responsable remitió en apoyo a su informe, de cuyo contenido se advierte la existencia la determinación de cuatro de julio de dos mil veintitrés emitida en el expediente ********************; documentales con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, párrafo segundo, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, Tomo VI, página 153 y registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la autoridad responsable aduce que el juicio de amparo es improcedente, habida cuenta que dentro del diverso sumario ******************** se realizó un pronunciamiento por parte de este juzgador en el sentido de que contaba con la facultad de resolver lo conducente respecto del régimen de visitas y convivencias. Sin embargo, dicha situación en concepto del suscrito no se trata de una causa de improcedencia, sino de alegaciones relativas a sostener la constitucionalidad del acto reclamado, así como de la justificación de su actuar con base en lo acontecido durante el juicio, por ende, deben desestimarse dichas manifestaciones. En el caso particular, no se desprende que las partes hayan invocado alguna causa de improcedencia, ni quien ahora resuelve, advierte la actualización de oficio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del fondo del asunto, se hará una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del expediente ******************** que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado; así como del juicio de amparo 1673/2022 y del diverso ******************** del índice de este Juzgado de Distrito, los cuales se encuentra visible en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.); en el cual se citaron los antecedentes del diverso juicio ******************** (relativo a la guarda y custodia y otras prestaciones), que constituye un hecho notorio para este Juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017123, que establece: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así de las referidas actuaciones, se desprende que: Antecedentes del juicio ******************** relativo a la guarda y custodia y otras prestaciones. 1. ********************, demando´ de ********************, entre otras prestaciones, la guarda y custodia provisional y en su momento procesal definitiva de los menores de edad identidad reservada de iniciales ******************** y ********************; de dicho asunto correspondió conocer al Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de Me´xico, que lo radicó con el número ******************** y ordenó el emplazamiento del demandado y fijó diversas medidas provisionales. 2. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil veintiuno, se exhibió convenio judicial signado por ambos contendientes, quienes acordaron sobre las prestaciones que se reclamaban, entre ellas, la guarda y custodia de los menores, asi´ como su convivencia entre ellos y sus progenitores. De donde se aprecia que las partes, entre otras, convinieron: EN CUANTO AL REGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE SEMANA, LOS PROGENITORES PACTAMOS QUE EL SEN~OR ********************, CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ******************** EN TE´RMINOS, LOS DI´AS MARTES DE CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS QUINCE (15:00) HORAS, DEBIENDO RECOGER A LOS MENORES HIJOS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS CUALES SE ENCUENTREN INSCRITOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE, TENIENDO COMO PRO´RROGA DE TIEMPO VEINTE MINUTOS Y REINTEGRÁNDOLOS A LAS OCHO (8:00 AM) HORAS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS CUALES SE ENCUENTREN INCRITOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. ASIMISMO, LOS DI´AS JUEVES DE CADA SEMANA CON UN HORARIO DE LAS QUINCE (15:00) HORAS, DEBIENDO RECOGER A LOS MENORES HIJOS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS, O EN EL DOMIICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE, TENIENDO COMO PRO´RROGA DE TIEMPO VEINTE MINUTOS Y REINTEGRÁNDOLOS A LAS VEINTE 20:00) HORAS EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. PRECISANDO QUE EL SUSCRITO ********************, ENTREGARÉ A MIS MENORES HIJOS CON LAS ACTIVIDADES ESCOLARES (TAREAS) FINALIZADAS Y DEBIDAMENTE REVISADAS Y DE IGUAL FORMA ACOMPAN~ARLOS A SUS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. EN CUANTO HACE A LOS FINES DE SEMANA DE CADA QUINCE (15) DI´AS, LOS SUSCRITOS ACORDAMOS QUE EL SEN~OR ********************, DISFRUTA DE LAS CONVIVENCIAS CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ********************, INICIANDO EL DI´A VIERNES A LAS QUINCE (15:00) HORAS, DEBIENDO RECOGER A LOS MENORES HIJOS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS, TENIENDO COMO PRO´RROGA DE TIEMPO VEINTE MINUTOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. POR CUANTO HACE A SU REINTEGRACIO´N CON LA MADRE CUSTODIA ********************, EL SEN~OR ********************, ENTREGARA´ A LOS MENORES ******************** Y ******************** EL DI´A LUNES A LAS OCHO (08:00) HORAS EN LOS COLEGIOS PRIVADOS EN LOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS, O EN EL DOMICILIO QUE HABITEN CON SU SEN~ORA MADRE. (...) PERIODOS VACACIONALES LOS SUSCRITOS, PACTAMOS QUE POR CUANTO RESPECTA A LOS PERIODOS VACACIONALES Y DIAS FESTIVOS QUE TENGAN NUESTROS MENORES HIJOS ******************** Y ********************, LAS SIGUIENTES CONVIVENCIAS: POR CUANTO HACE A LOS PERIODOS VACACIONALES SERA´ DE ACUERDO A LOS CALENDARIOS DE LA SECRETARI´A DE EDUCACIO´N PU´BLICA, LOS CUALES SERA´N AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) PARA CADA PROGENITOR... EL DI´A DE LA MADRE LA SEN~ORA ******************** CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ********************. EL DI´A DE LA PADRE EL SEN~OR ******************** CONVIVIRÁ CON SUS MENORES HIJOS ******************** Y ********************. EL DI´A DEL CUMPLEAN~OS DE LOS MENORES ******************** Y ********************, LOS SEN~ORES ******************** Y ********************, CONVIVIRÁN DE FORMA COMPARTIDA EL CUMPLEAN~OS DE LOS MENORES, PREVIO ACUERDO DE VOLUNTADES PARA PRECISAR EL TEMA DE HORARIOS.". 3. El diecise´is de julio de dos mil veintiuno, se celebro´ la audiencia de ratificacio´n de convenio del expediente ********************, en el que las partes ratificaron su contenido, por lo que se aprobo´ y elevo´ a categori´a de cosa juzgada. Antecedentes del expediente ******************** (relativo a la modificación de convenio). a. ********************, en la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar demando´ de ********************, la modificación de convenio elevado a cosa juzgada en el diverso juicio ********************, especi´ficamente, respecto de la pensio´n alimenticia y la guarda y custodia de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** b. El siete de octubre de dos mil veintido´s, se radico´ el expediente ********************, ante el Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de Me´xico, donde como medidas para la proteccio´n para los infantes involucrados, se ordeno´ suspender temporalmente al progenitor el re´gimen de visitas y convivencias con sus hijos, en los te´rminos que se veni´an desarrollando, decisio´n que sería motivo de revisio´n y estudio al desahogo de la audiencia inicial. c. Dicha determinacio´n le fue notificada a ********************, de manera personal el quince de noviembre de dos mil veintidós. d. Acto seguido, ********************, interpuso recurso de revocación contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós; por lo que previo tra´mite de ley, se turnaron los autos para su resolucio´n. e. El dos de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable resolvio´ el citado recurso, en la que esencialmente consideró que previo a decretar las medidas de protección se debía escuchar a los menores de edad involucrados a efecto de poder resolver lo que en derecho correspondiera, cuyos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Fueron fundados y operantes los agravios expresados por el recurrente, en consecuencia. SEGUNDO. Se modifica parcialmente el auto de fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintido´s (2022) en los relativo a la suspensio´n del re´gimen de convivencias entre ********************, con sus hijos de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, en el apartado de medidas proteccio´n solicitadas por la parte actora ********************, para quedar en los te´rminos de lo vertido en la presente resolucio´n." Inconforme con lo anterior, ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer a éste órgano de control constitucional bajo el número ********************, y en sentencia firmada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se negó la protección constitucional solicitada, determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. f. Por otro lado, dentro del procedimiento de origen ******************** el doce de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable fijó un régimen de visitas y convivencias entre ******************** y los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, de manera supervisada el segundo y cuarto sábado de cada mes, en un horario de las doce a catorce horas, en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, Estado de México. g. El siete de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la escucha de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, en la que estuvieron asistidos de una psicóloga, y una trabajadora social y la abogada coadyuvante adscritas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; asimismo, se contó con la presencia de la representación social y se les cuestinó a los infantes si era su deseo que estuviera presente alguna persona de su confianza, quienes indicaron que no era su deseo. h. Mediante escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, ******************** solicitó se fijara de manera urgente un régimen de visitas y convivencias con los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************; por auto de cuatro de julio siguiente, la Juez responsable determinó: No pasa inadvertido para esta autoridad la existencia del acuerdo de voluntades de los contendientes respecto a la convivencia paterno filial, derivada de los autos del expediente ********************. La diligencia de escucha de la niña y niño implicados de identidad reservada ******************** y ********************, en la que los niños implicados expresaron su deseo de ver a su progenitor. Así como la existencia de la determinación de suspensión del régimen de convivencia en los autos del presente expediente, como la fijación de un régimen ordenado de manera urgente el cual no se ha materializado. También es sabido de las partes la interposición de un juicio de garantías de los infantes involucrados identidad reservada ******************** y ********************, en donde la progenitora figura como quejosa, en el cual la autoridad decidió no otorgarle la protección que solicitaba; no obstante ello, realiza un análisis de constitucionalidad del interés superior de los infantes involucrados a fin de que este Tribunal garantice el derecho de convivencia el cual se desarrolle en un lugar seguro e integral, con la finalidad de cumplir con dicho régimen de visitas. DECISIÓN DE LA CONVIVENCIAS PATERNO-FILIAL Por ello, esta juzgadora atiende a lo solicitado por el progenitor y antecedentes procesales, de ahí que, tendiendo como base normativa el interés supremo de la niñez y la suplencia la deficiencia de la queja, y lejos de atender formalismos procesales, se debe procurar y garantizar la esfera jurídica de los infantes implicados, dado que a la fecha su derecho de visita se ha visto vulnerado, al no poder tener contacto físico con su padre, en la forma que lo habían pactado las partes en el convenio formalizado en diferentes ámbitos (familiar, social, escolar, etc). Bajo esta tesitura, esta juzgadora pondera prudente fijar un régimen de convivencia, dado que es importante los infantes involucrados expresaron al ser escuchados por esta juzgadora, el sentimiento de amor y cariño hacia su padre y el sentimiento de extrañarlo, por lo que se puede inferir que lejos de la problemática entre los padres, hasta el momento no se evidencia que el hecho de que los infantes tengan contacto con su padre pueda implicar algún riesgo o alguna alienación parental, ya que contrario a ello las posturas y alegaciones de los colitigantes han impactado de manera directa a los infantes. Se hace la acotación que las posturas que sostienen las partes son motivo de la resolución definitiva; por tanto, se autoriza que la convivencia se siga desarrollando en los términos pactados en el convenio consensuado en los autos del sumario ******************** tramitado en este juzgado (véase a foja 107 a 145) aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, tomando en consideración que dicho régimen acordado por los progenitores se consideró benéfico para los referidos infantes, pues les permite una interacción continua con su padre en diferentes ambientes, familiar, social, escolar, de recreación etc. Ya que contrario a ello, el prejuzgar al progenitor por presunciones y alegaciones que son motivo de resolución definitiva se estaría en presencia de una carga sospechosa derivada de su género que implica una violación a sus derechos humanos frente a sus hijos, razón por la que no se considere necesario que las convivencias el niño y la niña indicados deban efectuarse supervisadas en un Centro de convivencia, toda vez que de la escucha realizada se advierte que la relación paterno filial se encuentra totalmente establecida, por ende, el estar sujetos a un régimen de convivencia supervisada sería perjudicial para los infantes a limitarlos de la interacción con su padre y la familia extensa de éste en diferentes escenarios en los que se puedan desenvolver Por tanto, se apercibe a la progenitora para que dé cabal cumplimiento al convenio celebrado en el expediente ******************** de marras (convivencias) bajo el apercibimiento que en caso de ser omisa o tener conductas que impidan su materialización será acreedora de una multa de hasta cien (100) unidades de medida y actualización, además de que esta juzgadora podrá determinar cualquier medida para garantizar el derecho de los infantes implicados, sin perjuicio de dar vista al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO y a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES para que procedan a tomar sus atribuciones en caso de violentar los derechos de convivencia de los niños mencionados. Se apercibe al progenitor para que cumpla con la convivencia pactada en diverso juicio en los términos establecidos, sin realizar actos de retención de sus hijos, ya que ello implica la comisión de un delito. Se apercibe a ambos progenitores mantengan comunicación para el desarrollo del régimen de convivencia. Esta decisión tiene sustento en el siguiente criterio: (.) Ante lo expuesto, se levanta la medida decretada en autos referente a la suspensión del derecho de convivencia, al igual que la medida ordenada de manera urgente respecto a la convivencia supervisada, debiéndose girar el oficio respectivo al CECOFAM, mismo que queda a disposición de las partes igual manera, se ordena girar oficio a las instituciones escolares de los infantes de identidad reservada ******************** y ********************, para que se materialice la convivencia en términos del convenio celebrado entre las partes". La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente sede constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa alega que el acto reclamado irroga perjuicio a los menores de edad, dado que la Juez responsable no efectuó un análisis de las constancias del juicio de origen, pues el modificar el régimen de vistas y convivencias supervisado que estaba decretado en autos, atenta contra el interés superior de la niñez, así como la integridad física y emocional de sus hijos, habida cuenta que debe tomarse en consideración que la misma no se ha llevado a cabo ante la inasistencia del padre. Máxime que dentro del convenio celebrado dentro del juicio ******************** ante el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se pactó que el régimen de convivencia se debe encaminar a la conservación de un entorno saludable y favorable para el pleno desarrollo de los menor, y en todo caso, ******************** podrá solicitar la suspensión del mismo a efecto de salvaguardar los intereses de los menores. Por ello, debe considerarse que desde su escrito inicial acreditó de manera fehaciente la afectación psicológica y las consecuencias que se generarían en caso de que se continuarán las convivencias, lo que dio origen a que se decretara un régimen supervisado; pues si bien es cierto existe el derecho de los menores de mantener las relaciones paterno-filiales, no menos verdadero es que se debe analizar el contexto fáctico para ponderar el mejor escenario para ellos. Lo anterior, lo afirma porque el once de mayo de dos mil veintitrés, la notificadora adscrita a la autoridad responsable al entrevistarse con el guardia de seguridad del domicilio en el cual habita ********************, aquel le informó que ".todos los días se encuentra en estado de ebriedad y que es difícil tratar con él", situación que coloca en un riesgo a los menores de edad al modificarse las convivencias, lo cual omitió valorar la Juez primigenia, todo ello atendiendo al interés superior de la infancia. Lo anterior de conformidad con la tesis aislada 1a. LXIII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con título: "IGUALDAD ENTRE CÓNYUGES. CONTENIDO Y ALCANCES". Afirma que deben efecuarse las valoraciones correspondientes a los menores de edad, así como a los padres, pues con ellas se podrá acreditar la manipulación psicológica que ejerce ******************** para con los infantes, de ahí que sea necesario continuar bajo un régimen de visitas y convivencias supervisado, hasta en tanto se analicen de manera minuciosa todas las constancias de autos. Considera que el acto reclamado carece de congruencia en virtud de que dentro de la audiencia de conciliación de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se indicó que se revisarían las medidas provisionales, respecto al régimen de visitas y convivencias, siendo que deja sin efectos una medida de protección sin argumentos lógicos, sin atender a las constancias de autos y al interés superior de los menores. Los conceptos de violación son infundados. Para dar sustento a ello, se abordará el interés superior del menor, así como el régimen de visitas y convivencias; el sobre el grado de probabilidad de que la persona es benéfica para convivir con el infante, y la situación de riesgo en tratándose de niñas, niños y adolescentes; para ulteriormente dar solución al caso. Del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, debemos tener en cuenta que, si bien es cierto que los derechos humanos son universales y, por ende, deben ser iguales para todos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local se ha determinado que existen algunas personas que por sus circunstancias concretas -como puede ser su condición física, cultural o social-, o bien por su situación en determinadas relaciones sociales, requieren una protección especial, motivo por el cual a estas personas, les han sido reconocidos ciertos derechos especiales, a fin de que superen la situación de desventaja en que se encuentran. Dentro de las personas que se ha estimado requieren de dicha protección se encuentran los niños, niñas y adolescentes, quienes por su vulnerabilidad han sido considerados como los sujetos más necesitados de protección, tanto en el orden social como familiar; de ahí la existencia de distintas disposiciones e instituciones jurídicas cuyo objetivo es la protección y el cuidado de menores. Así, el concepto del interés superior de la niñez implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño, niña o adolescente a quien se dirigen. A nivel internacional, se reconoce en la Declaración de los Derechos del Niño -proclamada el veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve por la Asamblea General de las Naciones Unidas-, en cuyo preámbulo se establece: el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales". Es precisamente con el fin de otorgar a los niños, niñas y adolescentes dicha protección y cuidado, que el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y abrió a firma la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que fue ratificado por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, merced a que dicha Convención contempla el principio de "interés superior del niño", el cual se traduce en que "el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño", lo cual encuentra sustento en sus artículos 3º, 9º, 18, 21, 37. Como puede advertirse, el interés superior de la niñez "implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esta etapa de la vida humana se realicen de modo que, en primer término se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos", así, la actuación de los sujetos públicos como privados, que tengan relación con los infantes, debe regirse por dicho principio y, por ende, todas las medidas que en torno a ellos se adopten deben buscar su máximo beneficio. De esta manera, es la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes la que ha dado lugar a que se subraye la prioridad de sus derechos y se instruya el principio de interés superior como "el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social". Por ende, los niños, niñas y adolescentes dejan de ser una mera emanación de sus padres para ser reconocidos como personas portadoras de dignidad. Para lo cual en el ámbito nacional, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de interés superior de la niñez, cuya interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido en el sentido que "implica entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Lo anterior, en razón que los infantes son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. En este panorama, el concepto de interés superior de la niñez, supedita, con mayor claridad los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño, niña o adolescente, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad; con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. De lo anterior es plausible estimar que cuando en un procedimiento, cualquiera que éste sea, se dicten providencias, sin importar su sentido o naturaleza, los Tribunales deben atender al interés superior de la niñez como una consideración de carácter primordial, así como a vigilar el respeto a los derechos humanos de los infantes, lo anterior significa que la protección máxima a los derechos fundamentales, será preferente para dichos niños, niñas y adolescentes, dado que su protección e interés es superior a los derechos de los progenitores en caso de que sus intereses estén en controversia. Se invoca la tesis aislada 1a. LXXXIII/2015 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2008546, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1397, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Lo anterior, en virtud de que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para valorar el interés de la niñez, el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el niño, niña o adolescente, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4º constitucional. Consideraciones que se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006593, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 270, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con texto: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional. Asimismo, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados se ejerce a través de lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo que quiere decir, que ejercen sus derechos progresivamente a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1674/2014, consideró que dicho principio de autonomía, se adquiere conforme a la evolución de las facultades de los niños, niñas y adolescentes, el cual se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje, por medio de los cuales los adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos; asimismo, el principio referido pretende hacer de los derechos de los niños, derechos efectivos que puedan ser ejercidos y determinados por ellos. Así, en la medida en que los niños adquieren competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. Consecuentemente, dicha cuestión se desarrolla en relación a la capacidad de madurez del niño para ejercer sus derechos con autonomía, disminuyendo el derecho de los padres a tomar decisiones por él. Esto quiere decir que alcanzado cierto grado de madurez, el niño o la niña, puede decidir qué decisiones tomar con base en ésta. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCLXV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2009925, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 305, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con rubro y texto: EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES. FUNDAMENTO, CONCEPTO Y FINALIDAD DE ESE PRINCIPIO. Los artículos 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen a los niños como sujetos de derechos y partícipes activos en la toma de las decisiones que les conciernen, de manera que ejercen sus derechos de forma progresiva en la medida en que desarrollan un nivel de autonomía mayor, lo cual se ha denominado "evolución de la autonomía de los menores". En ese sentido, la evolución de las facultades, como principio habilitador, se basa en los procesos de maduración y de aprendizaje, por medio de los cuales los menores adquieren progresivamente conocimientos, facultades y la comprensión de su entorno y, en particular, de sus derechos humanos; asimismo, el principio referido pretende hacer de los derechos de los niños, derechos efectivos que puedan ser ejercidos y determinados por ellos. Así, en la medida en que los niños adquieren competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. También se cita la tesis aislada CCLXVII/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, patente en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 306, Décima Época, con registro digital 2009927, de rubro y texto siguientes: EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LOS MENORES. LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR SU GRADO. No pueden establecerse edades fijas o condiciones preestablecidas para determinar el grado de autonomía del menor, pues el proceso de madurez no es un proceso lineal y aplicable a todos los niños por igual. Así, la evolución de la autonomía de los menores es progresiva en función de su edad, del medio social, económico y cultural en el cual se desarrollan los infantes, así como de sus aptitudes particulares. De tal forma que para determinar la capacidad de los menores para tomar decisiones sobre el ejercicio de sus derechos, es fundamental que los juzgadores realicen una ponderación entre la evaluación de las características propias del menor (edad, nivel de madurez, medio social y cultural, etc.) y las particularidades de la decisión (tipo de derechos que implica, los riesgos que asumirá el menor, consecuencias a corto y largo plazo, entre otras). Y finalmente, sirve de apoyo, la tesis aislada 2a. XI/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2016017, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 539, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y texto: EVOLUCIÓN PROGRESIVA DE LAS FACULTADES DEL NIÑO. CONSTITUYE UN "PRINCIPIO HABILITADOR" DEL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. El ejercicio de los derechos de los menores no puede concebirse de manera idéntica para toda etapa de la niñez, pues cada una presenta un grado diferenciado de libertades y deberes respecto a su realización: a mayores niveles de aprendizaje, conocimiento y madurez, mayor el margen de autonomía para que sean los menores quienes ejerzan, por sí mismos, sus derechos -y no simplemente por medio de sus padres-; de ahí que tanto la pertinencia, como el grado de acceso a los derechos de los niños, dependerá de la etapa de la niñez en la que se encuentre el menor y, por ende, a efecto de lograr su correcta consecución, debe atenderse en todo momento a su trayectoria vital, a lo que le resulte benéfico y permita el desarrollo pleno y efectivo de todos sus derechos. Es así, en virtud de que el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicha Convención. En ese contexto, es menester concebir a la evolución progresiva de las facultades de los menores como un verdadero "principio habilitador" de la totalidad de los derechos reconocidos por el parámetro de regularidad del Estado Mexicano, y no como una excusa para realizar prácticas autoritarias que restrinjan la autonomía del niño y que tradicionalmente se han justificado, alegando la relativa inmadurez del menor. En conclusión, por interés superior de los niños, niñas o adolescentes debe entenderse como un principio axiológico sujeto al catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permiten a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De ahí que, el interés superior de la niñez, implique entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, niña o adolescente, es decir, dar prioridad a los derechos de los niños sobre cualquier otra persona, protegiéndose con cuidado especial sus derechos. Asimismo, porque es un derecho de las niñas, niños y adolescentes de participar en los procedimientos conforme al grado de autonomía y madurez que adquieren, lo cual debe analizarse en cada caso en particular. Del régimen de visitas y convivencias. Entre los derechos-deberes inherentes a la patria potestad, tenemos que de forma paralela a la guarda y custodia encontramos al régimen de visitas y convivencias familiares mediante el cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Por ello, el Estado debe tomar las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos efectivos con el progenitor no custodio y con los demás parientes, tan así es que los abuelos y la familia ampliada pueden solicitar un régimen de visitas y convivencias con los menores de edad. Así el régimen de visitas y convivencias familiares es una institución fundamental del derecho familiar que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentra la custodia del niño, niña o adolescente, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al menor, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes forman parte de dicho grupo. Los padres o madres no custodios tienen derecho a convivir con sus hijos, además tienen el deber de hacerlo, porque así lo exige el derecho fundamental de los menores. En efecto, en el ámbito nacional, se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 4º constitucional, párrafos noveno, décimo y décimo primero, que dicen: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. (.)". Determinar un régimen de visitas y convivencias goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como medida excepcional tendente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor o progenitora no custodio y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos de forma regular. Dicho régimen debe decretarse desde el momento en que el núcleo familiar original se disuelve y resulta físicamente imposible que los menores mantengan relaciones de forma simultánea con ambos progenitores. Pues su finalidad es buscar la convivencia de los niños, niñas o adolescentes con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. Esto, debido a que el desarrollo normal de un infante se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación en una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello le resulte los más benéfico. Por ello, la decisión en torno al régimen de visitas y convivencias familiares no es una tarea sencilla, por lo que el Juzgador deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados, el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería el más beneficioso para los niños, niñas o adolescentes. Continuando con ello, debemos tener en cuenta que el régimen de visitas y convivencias es circunstancial, pues el operador jurídico, deberá establecer las circunstancias tiempo, modo y lugar que se consideren más adecuadas para el ejercicio de visitas y convivencias, velando siempre por el bienestar de los niños, niñas o adolescentes en cuestión, conforme a las modalidades que se consideren más pertinentes de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. En efecto, se podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor o progenitora no custodio tenga tiempo (fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio), lugar (en residencia del padre no custodio, del padre custodio -casa del niño-, o en lugar distinto a los anteriores o bien, supervisado en un lugar destinado precisamente para dichos efectos con personal que supervise dichas convivencias) y modo (presencial, conversaciones telefónicas o alguno de las nuevas modalidades pero siempre en atención al interés superior de la niñez, que busca estabilidad física, psicológica, emocional, intelectual y sexual, entre otras, con el objetivo final que es el beneficio de su desarrollo y evitar cualquier situación de riesgo. Adicionalmente, se puede decir que respecto al lugar donde pueden llevarse a cabo de manera supervisada como es en los Centros de Convivencia, destinados para ello, se debe considerar que dicha convivencia puede videograbarse por parte de personal capacitado para ello y posteriormente ser revisada por el juez de instancia que decretó el régimen con sus medidas de seguridad, en aquellos casos en los cuales el menor de edad pueda colocarse en un riesgo frente a su progenitor o progenitora no custodio, con la finalidad de establecer si la continuación de tal convivencia es verdaderamente benéfica para el niño, niña o adolescente para evitar una situación de alienación parental o bien, si se está afectando su desarrollo físico, psicológico o emocional. Consecuentemente, el régimen de visitas y convivencias familiares tiene por objeto mantener el contacto de los hijos con los padres no custodios a fin de fortalecer los lazos; de ahí que se encuentre justificado limitar la libertad de tránsito (el cambio de domicilio del custodio), atendiendo al interés superior del menor; empero, se debe evitar una injerencia arbitraria en el proyecto de vida de las partes. A manera de conclusión debemos colegir que, el régimen de visitas y convivencias familiares busca ampliar el concepto tradicional de la familia, con apoyo en el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que no deben verse como derechos de propiedad de los padres, sino como verdaderos seres humanos con derechos propios de mayor importancia. Pues se refiere a la manera en la que se realizará el derecho de visitas y convivencias, derivado de un acuerdo o determinación judicial, pero siempre deberá ser escuchado el infante, para estar en condiciones de resolver en cada caso, conforme al interés superior de la infancia, donde los principales protagonistas son los niños, niñas y adolescentes y los incapacitados, sus padres o tutores y parientes. Debido a que su finalidad versa en no agravar la situación de convivencia derivada de conflictos o enfrentamientos familiares, más no dirigir ni manipular la vida del menor no gobernado, o de tomar alguna decisión en su presente o futuro, para pretender alcanzar un equilibrio psicológico que es necesario para el desarrollo personal, familiar y social, así como conseguir grandes satisfactores por los efectos recíprocos que, a veces, se quebrantan por el derecho o de hecho, sin soslayar que los daños que se puedan causar con un derecho de visitas y convivencias inadecuado, puede ser igual o mayores que en los casos en que se rompe toda convivencia. Así, no existen esquemas, fórmulas o soluciones de validez general para determinar el régimen de visitas y convivencias, por tratarse de un tema enteramente casuístico y en particular en su aplicación concreta, por lo que, no puede avalarse la existencia de unas pretensiones de validez única o universal, pues es un tema vinculado con las relaciones humanas que amerita múltiples matices, por lo que en este tipo de asuntos se requieren respuestas judiciales de gran nivel que implican la intervención original y creativa de los jueces. Así las cosas, podemos identificar que el régimen de visitas y convivencias familiares constituye una prerrogativa de derecho-deber de convivencias entre los niños, niñas y adolescentes con el padre o madre no custodio, que necesariamente, cuando exige la participación del Juez, debe fijarse de manera cuidadosa en respuesta al interés superior de la niñez y se faculta al Juez a decretarla de forma circunstancial, debido que se analizan las particularidades específicas de cada caso, el contexto por las que se suscitó la convivencia, y con base en ello, debe fijarse atendiendo a las circunstancias de modo, lugar y tiempo; de tal manera que el juez debe evitar cualquier situación de riesgo que ponga en peligro al menor, tan es así que dentro de la intervención creativa de fijación puede, con el ánimo de no romper los lazos afectivos, modular e intervenir las comunicaciones que se verifiquen entre los participantes. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCCLXIX/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2007797, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 601, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y contenido: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un derecho-deber". Del grado de probabilidad de que la persona es benéfica para el menor al momento de convivir. En esa tónica, el derecho de visita y convivencia de los menores de edad, se cataloga como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental, por tanto, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior. Sirve de apoyo la tesis aislada 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004774, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 1063, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con rubro y texto: RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial. En tal sentido, la decisión que se tome respecto al régimen de convivencias que se fijará con el padre o madre no custodio, atenderá a establecer si éste le es benéfico para el niño, niña o adolescente, en aras de salvaguardar su interés superior, para lo cual es necesario es necesario tener en cuenta el entorno que operaba previo a su separación, la forma en cómo se llevaba a cabo dicho régimen y la ponderación de la posible repercusión que se puede generar a un menor de edad cuando la convivencia que se lleva sin la supervisión e incluso videograbada. De la situación de riesgo en tratándose de niñas, niños y adolescentes. En otro punto de vital importancia, y dado que en este asunto el eje rector es el interés superior de la niñez, se debe tomar en cuenta que el mismo implica que los intereses de los niños, niñas y adolescentes deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, si no que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. En cuanto a la situación de riesgo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2618/2013, precisó que el riesgo se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor está en "riesgo" de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, se dijo que ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de "riesgo". De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo "se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero". Por ende, en la referida ejecutoria se puntualizó que aplicando dicha teoría a las contiendas de guarda y custodia, se reitera que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizará si el hecho de que uno de los padres se ubique en una categoría sospechosa (primer evento) hace más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores (segundo evento). En tal sentido basta con que el juzgador evidencie que las circunstancias que ponderó, aun cuando éstas constituyan categorías protegidas por la Constitución, hagan más probable "que el niño se encuentre mejor" únicamente bajo el cuidado del otro de los progenitores. No obstante lo anterior, la existencia del riesgo así considerado con base alguna de las condiciones protegidas por el artículo 1° de la Constitución General, no puede de ninguna manera ser especulativo o imaginario. Es decir, si la pérdida de guarda y custodia se motiva en la afectación que pueden sufrir los bienes y derechos de los niños porque alguno de sus padres se ubica en alguna de las denominadas categorías sospechosas, dicho riesgo debe ser real, esto es, basado en evidencia técnica o científica, no en prejuicios o consideraciones generalizadas sobre las características de los padres. En resumen, si el juez considera conveniente ponderar en las contiendas de guarda y custodia de los niños que alguno de los padres tiene ciertas características protegidas por el artículo 1° de la Constitución, debe evidenciar con base en pruebas técnicas o científicas que dichas circunstancias hacen más probable que el niño se encuentre mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores. De otro modo, la decisión judicial motivada en alguna de dichas categorías resultaría injustificada y por tanto constituiría un trato discriminatorio. Asimismo, en tanto no se pruebe que dicha circunstancia genera una situación de riesgo en los bienes o derechos de los menores, no puede considerarse que su ponderación en la decisión de guarda y custodia tienda a proteger al interés superior de la infancia. Por lo que el juzgador en los procedimientos jurisdiccionales en los que se encuentren involucrados derechos de un infante, debe de procurar que los niños sean escuchados, para reconocerlos como sujetos de derecho y lograr su efectivo ejercicio de derechos, y de esa forma permitir al juzgador que se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el aumento de riesgo se presenta cuando la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento crece cuando se actualiza el primero. Luego, el deber de protección reforzada obliga a las personas juzgadoras a tomar las medidas necesarias para descartar que la decisión que tomarán sobre un niños, niñas y adolescentes pueda suponerles un riesgo. A su vez, el interés superior de la infancia conlleva a la obligación de demostrar la existencia de un riesgo probable y fundado. Consideraciones que derivaron en el criterio CVIII/2014 consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2005919, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Décima Época, que establece: DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial. De lo anterior se concluye que, en atención al interés superior de la infancia, las personas juzgadoras deben atender los siguientes postulados al momento de resolver el fondo del asunto: Los supuestos en los que se incumplan deberes para con niños, niñas y adolescentes que les coloquen en una situación de riesgo son suficientes para generar consecuencias jurídicas, sin necesidad de que se actualice un daño concreto. Se debe realizar una evaluación de diversos elementos mínimos -edad, circunstancias particulares de los progenitores y del menor, entorno social, entre otras- al momento de analizar la situación concreta que pueda tener afectaciones directas o indirectas sobre los intereses de una o más niños, niñas y adolescentes. Con base en dicha evaluación es que podrán determinar de forma justificada y razonable la protección reforzada en la toma de decisiones que involucren niños, niñas y adolescentes al momento de resolver el fondo del asunto. Consecuentemente, en tratándose de asuntos donde se encuentren involucrados menores de edad, debe considerarse como eje rector el interés superior de éstos, donde es necesario que los juzgadores atiendan a todas las particulares en las que pudiera existir una situación de riesgo, el cual no sólo se da cuando se genere un daño a los bienes o derechos de los infantes para que se vean afectados, pues basta que se coloquen en tal situación de peligro, el cual no es sólo la posibilidad de que se dé el daño en un futuro, sino que puede configurarse en una situación en la que la concurrencia de un evento lo haga más probable para que se dé el primero. Solución del caso. Con base en lo anterior, recordemos que el presente asunto deriva de la controversia sobre el estado civil sobre las personas y el Derecho Familiar, en el que la quejosa ********************, demando´ de ********************, la modificación de convenio elevado a cosa juzgada en el diverso juicio ********************, específicamente, respecto de la pensión alimenticia y la guarda y custodia de los menores de edad de identidad reservada de iniciales ******************** y ******************** El siete de octubre de dos mil veintido´s, se decretó como medida para la proteccio´n para los infantes involucrados, se ordeno´ suspender temporalmente al progenitor el re´gimen de visitas y convivencias con sus hijos, en los te´rminos que se veni´an desarrollando, decisio´n que sería motivo de revisio´n y estudio al desahogo de la audiencia inicial. En ese sentido, ********************, interpuso recurso de revocación contra el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, por lo que el dos de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable resolvio´ el citado recurso, en la que esencialmente consideró que previo a decretar las medidas de protección se debía escuchar a los menores de edad involucrados a efecto de poder resolver lo que en derecho correspondiera, determinación contra la cual ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer a éste órgano de control constitucional bajo el número ********************, y en sentencia firmada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se negó la protección constitucional solicitada, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Asimismo, dentro del procedimiento de origen el doce de diciembre de dos mil veintidós, la Juez responsable fijó un régimen de visitas y convivencias entre ******************** y los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, de manera supervisada el segundo y cuarto sábado de cada mes, en un horario de las doce a catorce horas, en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, Estado de México. El siete de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la escucha de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, en la que estuvieron asistidos de una psicóloga, de una trabajadora social y la abogada coadyuvante adscritas a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo, se contó con la presencia de la representación social y se les cuestionó a los infantes si era su deseo que estuviera presente alguna persona de su confianza, quienes indicaron que no era su deseo. Mediante escrito de tres de julio de dos mil veintitrés, ******************** solicitó se fijara de manera urgente un régimen de visitas y convivencias con los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************; por auto de cuatro de julio del año en curso, la Juez responsable determinó: "No pasa inadvertido para esta autoridad la existencia del acuerdo de voluntades de los contendientes respecto a la convivencia paterno filial, derivada de los autos del expediente ********************. La diligencia de escucha de la niña y niño implicados de identidad reservada ******************** y ********************, en la que los niños implicados expresaron su deseo de ver a su progenitor. Así como la existencia de la determinación de suspensión del régimen de convivencia en los autos del presente expediente, como la fijación de un régimen ordenado de manera urgente el cual no se ha materializado. También es sabido de las partes la interposición de un juicio de garantías de los infantes involucrados identidad reservada ******************** y ********************, en donde la progenitora figura como quejosa, en el cual la autoridad decidió no otorgarle la protección que solicitaba; no obstante ello, realiza un análisis de constitucionalidad del interés superior de los infantes involucrados a fin de que este Tribunal garantice el derecho de convivencia el cual se desarrolle en un lugar seguro e integral, con la finalidad de cumplir con dicho régimen de visitas. DECISIÓN DE LA CONVIVENCIAS PATERNO-FILIAL Por ello, esta juzgadora atiende a lo solicitado por el progenitor y antecedentes procesales, de ahí que, tendiendo como base normativa el interés supremo de la niñez y la suplencia la deficiencia de la queja, y lejos de atender formalismos procesales, se debe procurar y garantizar la esfera jurídica de los infantes implicados, dado que a la fecha su derecho de visita se ha visto vulnerado, al no poder tener contacto físico con su padre, en la forma que lo habían pactado las partes en el convenio formalizado en diferentes ámbitos (familiar, social, escolar, etc). Bajo esta tesitura, esta juzgadora pondera prudente fijar un régimen de convivencia, dado que es importante los infantes involucrados expresaron al ser escuchados por esta juzgadora, el sentimiento de amor y cariño hacia su padre y el sentimiento de extrañarlo, por lo que se puede inferir que lejos de la problemática entre los padres, hasta el momento no se evidencia que el hecho de que los infantes tengan contacto con su padre pueda implicar algún riesgo o alguna alienación parental, ya que contrario a ello las posturas y alegaciones de los colitigantes han impactado de manera directa a los infantes. Se hace la acotación que las posturas que sostienen las partes son motivo de la resolución definitiva; por tanto, se autoriza que la convivencia se siga desarrollando en los términos pactados en el convenio consensuado en los autos del sumario ******************** tramitado en este juzgado (véase a foja 107 a 145) aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada, tomando en consideración que dicho régimen acordado por los progenitores se consideró benéfico para los referidos infantes, pues les permite una interacción continua con su padre en diferentes ambientes, familiar, social, escolar, de recreación etc. Ya que contrario a ello, el prejuzgar al progenitor por presunciones y alegaciones que son motivo de resolución definitiva se estaría en presencia de una carga sospechosa derivada de su género que implica una violación a sus derechos humanos frente a sus hijos, razón por la que no se considere necesario que las convivencias el niño y la niña indicados deban efectuarse supervisadas en un Centro de convivencia, toda vez que de la escucha realizada se advierte que la relación paterno filial se encuentra totalmente establecida, por ende, el estar sujetos a un régimen de convivencia supervisada sería perjudicial para los infantes a limitarlos de la interacción con su padre y la familia extensa de éste en diferentes escenarios en los que se puedan desenvolver Por tanto, se apercibe a la progenitora para que dé cabal cumplimiento al convenio celebrado en el expediente ******************** de marras (convivencias) bajo el apercibimiento que en caso de ser omisa o tener conductas que impidan su materialización será acreedora de una multa de hasta cien (100) unidades de medida y actualización, además de que esta juzgadora podrá determinar cualquier medida para garantizar el derecho de los infantes implicados, sin perjuicio de dar vista al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO y a la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES para que procedan a tomar sus atribuciones en caso de violentar los derechos de convivencia de los niños mencionados. Se apercibe al progenitor para que cumpla con la convivencia pactada en diverso juicio en los términos establecidos, sin realizar actos de retención de sus hijos, ya que ello implica la comisión de un delito. Se apercibe a ambos progenitores mantengan comunicación para el desarrollo del régimen de convivencia. Esta decisión tiene sustento en el siguiente criterio: (.) Ante lo expuesto, se levanta la medida decretada en autos referente a la suspensión del derecho de convivencia, al igual que la medida ordenada de manera urgente respecto a la convivencia supervisada, debiéndose girar el oficio respectivo al CECOFAM, mismo que queda a disposición de las partes igual manera, se ordena girar oficio a las instituciones escolares de los infantes de identidad reservada ******************** y ********************, para que se materialice la convivencia en términos del convenio celebrado entre las partes". Decisión que, en concepto del suscrito no resulta violatoria de derechos fundamentales de los menores de edad. Se afirma lo anterior toda vez que la determinación reclamada atiende al interés superior de los menores de edad involucrados, así como a las constancias de autos, puesto que el haber ordenado que el régimen de visitas y convivencias se siga llevando en los términos del convenio celebrado entre las partes, tiene por efecto continuar las relaciones parteno-filiales con el padre no custodio, lo cual es un derecho de los infantes de convivir con su progenitor. Ello porque contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el caso no se advierte una situación que coloque a los menores en riesgo ante la convivencia con su padre, en los términos en los cuales se venía desarrollando el régimen establecido en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, habida cuenta que conforme a las constancias de autos no obra prueba contundente que justifique que el modificado el régimen de visitas y convivencias los afectará psicológicamente o físicamente. Se estima que es acertada la decisión de la autoridad responsable puesto que se atendió al interés superior de los menores, respecto a su derecho a convivir con el padre no custodio, puesto que la opinión de los menores fue ponderada en todo momento para poder emitir el acto reclamado. Lo anterior, porque después de haberse reproducido la escucha de los menores de edad celebrada el siete de marzo de dos mil veintitrés, los pequeños manifestaron su deseo de querer ver a su padre y convivir con él como antes lo hacian, tan es así que la infante ******************** le manifestó que no había visto a su padre porque debía dinero, sin embargo, que lo quería ver aunque no pagara, que además su mamá trabaja, que cuando su mamá se va a trabajar sus abuelos la cuidan, que convive con el novio de su mamá a quien ve casi todos los días y le cae bien, que si pudiera pedir un deseo sería ver a su papá, y que al final de la audiencia quería darle un abrazo a su papá. Por su parte, el menor ********************, dentro de la escucha le manifestó a la juez que su mamá lo llevaba e iba por él a la escuela, que sus papás estaban separados desde hace dos años, por lo que él vivía con su mamá, que no visitaba a su papá desde hace cinco meses porque su mamá le contó que por el tema del dinero y porque no le pagaba por eso no lo veía, que para el menor era difícil comprender esa situación; que se sentía raro de no verlo; que a él le hace falta ver a su papá; que el novio de su mamá en este momento le cae bien, que antes tenía un prejuicio sobre él, que el novio de su mamá se llevaba bien con ella, que a veces juega con él; que su papá no tiene una relación de noviazgo en la actualidad; que extraña a su papá y quería ver a sus primos y abuelita, que si pudiera pedir un deseo sería ver a su papá; que a partir de la separación de sus padres comenzó a acudir al psicólogo, que quisiera ver a su papá como antes, pero que si no se pudiera por lo menos el fin de semana o en las vacaciones, que al final de la audiencia le gustaría saludar a su papá. Cabe mencionar que el menor de edad ********************, dentro de la escucha del menor al haberle cuestionado sobre la separación de sus padres, así como de la imposibilidad de ver a su padre, tuvo un momento de llanto. En esas condiciones, se estima que la decisión de la autoridad responsable relativa a modificar el régimen de visitas y convivencias decretado en autos, y en su lugar ordenar que se sigan llevando a cabo en los términos del convenio aprobado por las partes dentro del expediente ********************, es adecuada al haberse tomado la opinión de los menores, pues debe decirse que el derecho de los menores a participar en el proceso no se traduce en una obligación absoluta e irrestricta para el juez, sino que debe conformar una puerta de acceso para que el niño, niña o adolescente conozca sus derechos, pueda pronunciarse sobre ellos y exponga sus necesidades y expectativas a efecto de ser consideradas por las autoridades judiciales. Por tanto, si bien la opinión del menor no constituye el único elemento a evaluar en el establecimiento de un régimen de convivencia, se considera que si´ le aporta al juzgador un panorama más amplio y ajustado a las necesidades del infante para determinar un régimen de visitas más adecuado a cada caso en particular. De ahí que si la autoridad responsable en el presente asunto tomó en cuenta los deseos de los menores respecto de querer ver a su padre, conforme al grado de autonomía con el que cuentan, debe ponderarse dicho sentimiento a efecto de no vulnerar sus derechos fundamentales, pensar lo contrario implicaría solamente atender a los deseos de los padres, donde es evidente que tienen un conflicto respecto del pago de la pensión alimenticia y que ese es el motivo por el cual no se les permite convivir a los menores con su padre. Situación que no puede continuar en esos términos pues es claro que el deseo de los niños es convivir con su papá, quienes tienen el derecho a verlo para lograr su sano desarrollo, lo cual ha sido tutelado por la autoridad responsable. Máxime que del testimonio de ambos menores, se puede advertir una inducción justificativa por parte de la madre, porque no se lleva a cabo la convivencia y ello es en razón de dinero. Por todo lo anterior, no asiste la razón a la parte quejosa al aducir que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus hijos al no privilegiarse su interés superior, así como colocarlos en una situación de riesgo, pues de las constancias no se advierte que los niños sufran violencia o estén en una situación de riesgo con su padre, ya que no se encuentra comprobado que el progenitor de los menores consuma bebidas alcohólicas de manera continua, por el contrario dentro de las audiencias desahogadas se observa que se encuentra en un buen estado de salud, quien quiere convivir con sus hijos. Así las cosas, a juicio del suscrito se estima acertado que la juez de origen haya atendido al interés superior de los niños, pues ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en los procedimientos en los cuales se vean involucrados sus intereses, puesto que conforme al grado de autonomía, puede verse su madurez y entendimiento sobre las circunstancias que los rodean y con ello dar mayores elementos a los juzgadores para resolver de manera que se vea privilegiado su sano desarrollo físico, emocional y psicológico. De ahí que fue atendiendo a la escucha de los menores que la Juez pudo construir un criterio adecuado respecto de las necesidades específicas de los menores de edades, ya que en el caso, como se dijo, los padres tienen un conflicto de carácter económico, lo cual no puede prevalecer sobre los deseos de los niños de convivir con su padre. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. LI/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2022471, Décima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 951, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con título y contenido: JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN. Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre; sin embargo, en el procedimiento no se escuchó al menor de edad, aparentemente en razón de su temprana edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Justificación: El derecho de los menores de edad a emitir su opinión y a ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan sus derechos, se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los instrumentos e interpretaciones especializadas en materia de protección de los derechos de la niñez, es uno de los principios rectores que se deben tomar en cuenta en todo proceso que les concierna. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de ese derecho y la forma de ejercerse. Éste también ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 12 destacando que el ejercicio de ese derecho del menor de edad y la valoración de su opinión en los procesos jurisdiccionales que involucren una decisión que pueda afectar su esfera jurídica, debe hacerse en función de su edad y madurez, pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño como sujeto de derechos, dada su condición de menor edad, se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor de edad tenga intervención en el proceso y su opinión pueda ser atendida, está en que conforme a su edad y madurez tenga la aptitud para formarse su propio juicio de las cosas. En ese sentido, dado que no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo madurativo del menor de edad, ello implicará una evaluación casuística de cada menor de edad y de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, su desarrollo físico e intelectual, sus habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera; aspectos que lo determinan en el desarrollo progresivo de su autonomía, y dan pauta a la formación de sus opiniones sobre la realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera infancia, no autoriza, per se, a descartar que pueda ejercer su derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso, las formas más apropiadas de propiciar su participación; y si ello no se hizo en las instancias ordinarias del procedimiento, debe garantizarse el derecho del menor de edad, antes de adoptar decisiones judiciales que le conciernan, como en el caso de su guarda y custodia, las cuales, además, le deben ser comunicadas también de manera clara y asertiva". Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, sin que exista materia qué suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por propio derecho y en representacio´n de los menores de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, contra el acto reclamado de la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en la determinación de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, por las razones expuestos en último considerando de la presente sentencia.

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