Alejandra Aranda Martinez
Expediente 854/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandra Aranda Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Alejandra Aranda Martínez, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto, Bienestar Social y Turismo del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Alejandra Aranda Martínez, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto, Bienestar Social y Turismo del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe previo rendido por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el mismo. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, informa los actos que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y anexa copia simple para acreditar su dicho. Ahora bien, en atención a lo anterior y, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído remita copia certificada de las constancias que adjunto su oficio 2272/2018, de dieciocho junio de dos mil dieciocho, (en atención de que las que remitió carecen de datos en la certificación que refiere). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta; se tiene por recibido el escrito signado por Alejandra Aranda Martínez, por propio derecho y en su carácter de Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto, Bienestar Social y Turismo del Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, a través del cual subsana su demanda de amparo en el presente asunto. Autoridad no responsable. Ahora, de un análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, licenciado Cesar Mendiola López; sin embargo, no ha lugar a tenerla como autoridad responsable, en virtud de que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, sólo podrá ser designado con tal carácter la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trate de ejecutar la ley o acto reclamado ya que el Secretario de Acuerdos carece de las facultades de decisión e imperio, pues sus funciones se limitan a autorizar y dar fe de las resoluciones que tome el Titular o Presidente del órgano jurisdiccional a su cargo, de modo que no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio que se siga, en mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5 fracción II, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, no se tiene como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, licenciado Cesar Mendiola López. Sobre el particular tiene aplicación en lo conducente la jurisprudencia publicada con el número 1006, en la página 692, Tomo VI (materia común) del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Admisión de demanda. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo por lo que se refiere a los actos reclamados a las diversas autoridades. Del incidente de suspensión. Fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que se solicita, en términos de lo dispuesto por el precepto legal 128, 130 y 190 de la Ley de amparo. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, rindan su informe justificado, acompañando copia certificada legible, foliada, rubricada, y entre selladas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale el Código Penal Aplicado en materia federal. Obligaciones de las Autoridades Responsables. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Denominación de las Autoridades Responsables. Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas a que se hace referencia en el escrito inicial de demanda de amparo, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales podrán ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, a quien de conformidad con el arábigo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de la Materia, se le notifica por oficio en razón de ser un asunto contra normas generales. Del tercero interesado. Se reserva acordar lo conducente, ello hasta en tanto, se cuente con los informes justificados que en su caso rindan las autoridades señaladas como responsables. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. DAVID
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