Alejandra Angélica Tello Roa

Expediente 1389/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1389/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Alejandra Angélica Tello Roa

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Recepción de ejecutoria. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dentro de la queja administrativa ********************, a través de la cual se declaró infundado dicho medio de impugnación, interpuesto en contra del auto que desechó la demanda promovida por ********************; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de cuenta y acúsese el recibo correspondiente. Agréguense únicamente los originales que obraren dentro de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, en virtud de que no resulta necesario glosar la totalidad de las constancias, dado que son copias integras del expediente original. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 2.5. Devolución documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito suscrito por la quejosa Alejandra Angélica Tello Roa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la parte quejosa y recurrente, y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandra Angélica Tello Roa, por propio derecho, contra actos del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1389/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la Investigación Laboral No. I-256-2022, de la cual fue objeto como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, la aquí quejosa. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable al emitir el acto reclamado, actúa en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúa en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, así como de las documentales que anexó a dicho ocurso, se advierte que el acto que reclama a la responsable deriva de la relación laboral que tiene al ser trabajadora del instituto responsable, pues el mismo lo hace consistir en la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la investigación laboral número I-256-2022, que se sigue en su contra, en la que se determinó ". LA PÉRDIDA DE LA CIONFIANZA depositada en mí en el desempeño de mi categoría de confianza como N47 Coordinadora de Zona Guarderías D 3 y 4 8 0 adscrita al Departamento DE Guarderías de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán,.." debiendo regresar al puesto de base que tiene dentro de dicho Instituto, y con lo cual, refiere, quedó impedida para volver a ocupar un nuevo puesto de confianza. Incluso, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y para no vulnerar sus derechos de trabajadora, ordenó darle aviso por escrito de las causas de la terminación de la relación laboral con su empleador Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de no incurrir en responsabilidad laboral. Constancias que adminiculadas con las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adquieren valor convictivo en términos de los artículos 129, 200 y 207, en relación con el diverso 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de voz y contenido siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Por lo tanto, el acto que controvierte la peticionaria es consecuencia de una relación laboral. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues la determinación emitida en su contra atiende a la relación de trabajo que une a ésta con dicho instituto. En efecto, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones de salud, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde el respectivo instituto actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si el acto reclamado proviene de un nexo de índole laboral, entonces carece de las particularidades para ser calificado como acto de autoridad. Por analogía jurídica, ilustra la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." De igual forma, se invoca por similitud jurídica la jurisprudencia de la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para que la quejosa combata el acto que aquí reclama, virtud a que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad de trabajo competente, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Se suman a lo anterior, las razones que expone la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a ********************quien gozará de todas las facultades que confiere dicho numeral, en razón de que si bien no tiene registrada su cédula profesional, exhibe copia cotejada de la misma que lo acredita como licenciado en derecho. 3. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado el correo electrónico arturo_arell@hotmail.com y número telefónico ********************, a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE E DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. 1. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandra Angélica Tello Roa, por propio derecho, contra actos del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1389/2022. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: La resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la Investigación Laboral No. I-256-2022, de la cual fue objeto como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, la aquí quejosa. 1.3. Desechamiento de la demanda. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad que fue señalada como responsable no tiene ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable a la señalada, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa. Ello es así, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable al emitir el acto reclamado, actúa en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúa en el mismo plano que los gobernados. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, así como de las documentales que anexó a dicho ocurso, se advierte que el acto que reclama a la responsable deriva de la relación laboral que tiene al ser trabajadora del instituto responsable, pues el mismo lo hace consistir en la resolución dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la investigación laboral número I-256-2022, que se sigue en su contra, en la que se determinó ". LA PÉRDIDA DE LA CIONFIANZA depositada en mí en el desempeño de mi categoría de confianza como N47 Coordinadora de Zona Guarderías D 3 y 4 8 0 adscrita al Departamento DE Guarderías de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán,.." debiendo regresar al puesto de base que tiene dentro de dicho Instituto, y con lo cual, refiere, quedó impedida para volver a ocupar un nuevo puesto de confianza. Incluso, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y para no vulnerar sus derechos de trabajadora, ordenó darle aviso por escrito de las causas de la terminación de la relación laboral con su empleador Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de no incurrir en responsabilidad laboral. Constancias que adminiculadas con las manifestaciones realizadas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adquieren valor convictivo en términos de los artículos 129, 200 y 207, en relación con el diverso 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de voz y contenido siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Por lo tanto, el acto que controvierte la peticionaria es consecuencia de una relación laboral. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la responsable en este caso, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la quejosa, pues la determinación emitida en su contra atiende a la relación de trabajo que une a ésta con dicho instituto. En efecto, las omisiones o decisiones que se adopten en las instituciones de salud, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde el respectivo instituto actúa como patrón frente a sus empleados. Por tanto, si el acto reclamado proviene de un nexo de índole laboral, entonces carece de las particularidades para ser calificado como acto de autoridad. Por analogía jurídica, ilustra la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL EXPEDIR NOMBRAMIENTO A SUS NOTIFICADORES ACTÚA COMO PATRÓN Y NO COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 11 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Atento a lo anterior, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social expide un nombramiento a un notificador, actúa con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, y no como autoridad para efectos del amparo, por lo que cualquier cuestión que surja con motivo de tal expedición debe ser ventilada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a través del juicio laboral ordinario; de manera que si en un juicio de amparo promovido contra la notificación de cuotas obrero patronales se señala como acto reclamado el nombramiento del notificador correspondiente, debe sobreseerse respecto de dicho acto." De igual forma, se invoca por similitud jurídica la jurisprudencia de la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para que la quejosa combata el acto que aquí reclama, virtud a que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante la autoridad de trabajo competente, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Se suman a lo anterior, las razones que expone la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito". No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo; sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia, en razón de que ese sentido no variaría, máxime cuando existe criterio jurisprudencial en el que la misma Sala, considera factible el análisis de una causal de improcedencia desde el auto inicial de demanda, ante hechos notorios y manifiestos que den lugar a su desechamiento, como ocurre en el caso. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de voz siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA ALGUNA ADICIÓN O REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -RESPECTO A SU CONTENIDO MATERIAL-, LO QUE DA LUGAR A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DESDE EL AUTO INICIAL." En tales condiciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a ********************quien gozará de todas las facultades que confiere dicho numeral, en razón de que si bien no tiene registrada su cédula profesional, exhibe copia cotejada de la misma que lo acredita como licenciado en derecho. 3. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado el correo electrónico arturo_arell@hotmail.com y número telefónico ********************, a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. 4. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano