ALEJANDRA ALONSO ZARAGOZA y Otros.

Expediente 696/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
696/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • ALEJANDRA ALONSO ZARAGOZA y Otros.
  • Alejandra Alonso Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Notifíquese, de manera personal a la parte quejosa y al tercero interesado ***, por oficio a los terceros interesados Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, con sede en esta ciudad, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrita.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ***** LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA QUE E SÍNTESIS SE RESOLVIÓ: TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 53 de autos) Además, su existencia se corrobora con las constancias que la Juez responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copias certificadas del juicio oral ordinario *****, así como un dvd relativo a las audiencias de dicho juicio; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte la actualización de alguna de ellas de manera oficiosa, por ende, procede entrar al análisis de los conceptos de violación formulados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: I. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, el dos de octubre de dos mil quince y turnado al Juzgado de Oralidad Familiar el mismo día, ***** promovió formal demanda en la vía oral ordinaria contra *****, de quien reclamó la modificación al convenio de guarda, custodia y convivencia con su menor hijo de iniciales *****, así como la determinación de tal convivencia para el periodo de vacaciones de semana santa y pascua, verano, navidad y fin de año, así como días festivos (fojas 1 a 7, cuaderno de pruebas I) II. En acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, la Juez responsable lo registró bajo el número ***** y previa prevención formulada en dicho auto y cumplimiento a ésta, en proveído de catorce del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 21 y 25 a 26, cuaderno de pruebas I); esta última, quien contestó la demanda mediante escrito presentado ante la responsable el nueve de noviembre de la citada anualidad (fojas 34 a 39 cuaderno de pruebas I). III. En audiencia preliminar de nueve de diciembre de dos mil quince, las partes llegaron a un convenio en el que, entre otras cuestiones, se estableció que se modificaba el horario de convivencias entre el menor de iniciales *****, y su progenitor, quedando los martes, miércoles y viernes de 7:00 a 8:00 PM, estableciéndose también lo conducente a vacaciones de semana santa y pascua, verano, navidad y fin de año (foja 48, cuaderno de pruebas I, Minuto 1:10 a 1:46, audiencia de nueve de diciembre de dos mil quince). IV. Mediante escrito presentado ante la responsable el ocho de septiembre de dos mil veinte, ***** solicitó que se autorizara de manera temporal que las convivencias estipuladas en el sumario de origen, se llevaran a cabo a través de videollamada, dadas las medidas preventivas decretadas a consecuencia de la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV2, Covid 19 (foja 94 cuaderno de pruebas II); y, en acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinte, la juez de la causa acordó favorable tal petición (fojas 96 a 97 cuaderno de pruebas II). V. Inconforme con tal determinación, la parte demandada (quejosa) interpuso recurso de revocación, el cual se admitió en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, asimismo, se dio vista a la parte contraria, quien sí formuló manifestación al respecto y, en resolución de seis de octubre de dos mil veinte, se confirmó el auto recurrido (fojas 99 a 102, 103, 108 a 109 y 111 a 114 cuaderno de pruebas II). Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. Los motivos de disenso hechos valer por la parte inconforme, por un lado resultan infundados y por otro, devienen inoperantes. En un apartado de sus conceptos de violación, narra la parte quejosa, que con la determinación reclamada se violan sus garantías individuales y derechos humanos, pues la autoridad responsable no observó el interés superior del menor previsto en el artículo 4º Constitucional. Lo anterior, pues la juez, debió atender los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia, buscando lo mejor para el menor, para su desarrollo integral, personal, su formación psíquica y física; teniendo en cuenta criterios orientadores y sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, conductas de su entorno, de sus progenitores, así como buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones, verificar si existe un rechazo o una especial identificación. Asimismo, aduce la quejosa, la autoridad debió observar debidamente el interés superior del menor, la finalidad de su protección, verificar los elementos necesarios para determinar que no puede haber afectación con la medida adoptada, sin que lo haya hecho. Los anteriores motivos de inconformidad resultan infundados, por las consideraciones siguientes. En principio, cabe señalar que nuestro país es parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año. Ahora bien, en la declaración de principios contenida en el preámbulo de ese instrumento de derecho internacional, resaltan como puntos esenciales: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana; la dignidad y el valor de la persona humana; la promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; la toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo y la importancia de las tradiciones. Ahora bien, de la Convención sobre los Derechos del Niño, cabe destacar lo prescrito en los dispositivos 3°, 7°, 9°, 12, 18 y 27, que en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, consideración que resultan aplicables al caso que nos ocupa, por tratarse del tema de convivencias entre un menor con su progenitor. Como efecto inmediato de esta convención aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto del interés superior de la niñez, el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. Esto es, el principio relativo al interés superior de las niñas y niños, implica dar prioridad al bienestar de los infantes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. De ahí, que deba concluirse que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse en atención a un principio básico, el interés superior del niño. En ese orden de ideas, no debe soslayarse lo dispuesto por los artículos 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prevén el derecho que tiene el niño a recibir de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad de impartirle los derechos otorgados en su favor; así como la obligación de los Estados de respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Lo anterior es así, porque esas disposiciones deben ser interpretadas acorde con la obligación que contrajo el Estado mexicano como parte integrante de la convención aludida, dado que la convivencia es una relación básica para el desenvolvimiento del ser humano, que tiende a facilitar la participación activa del niño en la comunidad, al tutelar un sano desarrollo físico y mental de los niños. Esto es, la referida convivencia tiene por objeto lograr la estabilidad personal y emocional de los menores, dándoles afecto, calor humano, presencia personal y respaldo espiritual, así como respeto en su persona e intimidad. Por otro lado, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados; asimismo, que el goce y disfrute de ese derecho no podrá impedirse sin causa justa; cuya única limitante para que se ejerza ese derecho será que exista peligro para el menor, y que en caso de oposición, el juez decidirá lo más conveniente al interés preponderante de los menores En ese sentido, el derecho de convivencia, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado mismo; por lo que es indudable que la legislación contempla el citado derecho entre los menores y sus padres, así como con sus abuelos u otros miembros de la familia, por lo cual el Juez decidirá atendiendo al interés superior del menor y sólo cuando exista justa causa o advertencia de peligro para el sano desarrollo e integridad física y mental de los menores, podrá suspenderse tal derecho. Al respecto, es correcta la determinación adoptada por la juez responsable, dado que para ese efecto fundó su actuación en los artículos 3, 4, 19 y 24 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los diversos 1, 3, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; además, basó su actuación en el convenio celebrado por las partes del juicio de origen el nueve de diciembre de dos mil quince, en el cual se incluyó lo relativo a la convivencia del menor de iniciales ***** con su progenitor. Velando en consecuencia por el interés superior del menor, dado que debido a la pandemia que acontece en todo el mundo, estimó conveniente que las convivencias entre dichas personas se realicen, de manera temporal, por videollamada; con lo que garantiza también el derecho a la salud del menor, privilegiando ese interés superior. De ahí que no le asiste la razón a la parte quejosa, en cuanto aduce que la juez responsable no atendió diversos elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales, así como las necesidades de atención al menor y por ende, la determinación resulta arbitraria y autoritaria, contraviniendo el interés del menor. Pues como se dijo, la autoridad responsable tomó como apoyo los numerales previamente citados, así como las circunstancias que se viven actualmente; sin que haya advertido medio de convicción alguno del que se desprendiera que existiera algún peligro para el menor con tales convivencias, siendo esta última una de las limitantes para que el juzgador determine lo contrario; sino por el contrario, como se aprecia de la resolución combatida, la autoridad actuó con base en el interés superior del menor, velando por su derecho a la salud, pues, dada la pandemia que nos aqueja, estimó más conveniente que las citadas convivencias se lleven a cabo por el método de videollamada. Sin que se haya ofrecido algún medio de convicción para acreditar esa circunstancia, esto es, en relación a que el menor esté en riesgo o que las convivencias no se llevan de forma adecuada, a fin de que la juzgadora hubiese ponderado esa situación; pues de la sola manifestación que realizada la quejosa en el sentido de que la responsable no tomó en cuenta elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales, así como las necesidades de atención al menor, ni la escucha de éste, no se aprecia riesgo alguno para que se sigan llevando a cabo las convivencias, pues, se insiste, no se ofreció medio de convicción tendiente a acreditar esa circunstancia y que ésta pudiere generarle un perjuicio al menor. Por el contrario y opuesto a lo argumentado por la parte quejosa, de la resolución reclamada, se advierte que la juez responsable tomó en consideración el entorno social, la problemática que agobia al mundo entero derivada la pandemia generada por el virus Covid-19, así como las necesidades del menor de continuar conviviendo con su progenitor. Por tanto, a juicio de esta Juzgadora, la modificación temporal de las convivencias decretadas en el juicio de origen, a desarrollarse por medio de videollamada, se estima que es correcta e indispensable para el sano desarrollo del menor, atendiendo a las particularidades del caso concreto y en aras de salvaguardar su derecho humano a la salud ante la exposición a contagio del virus Covid-19. Aunado a que, la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica y las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de convivencia más beneficioso para el menor; empero, debe tomarse en consideración no sólo el menor perjuicio que se le pueda causar al menor, sino lo que le resulte más beneficioso a corto plazo y hacia el futuro; siendo indefectible la convivencia con su progenitor, pues la tutela del interés preferente de los menores exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma que se revele como la más idónea para el menor, lo cual se acredita en el caso. Por lo expuesto, se estima que la determinación reclamada se dictó con apego al conjunto de principios inherentes al interés superior del menor, reconocido en los ordenamientos jurídicos citados. Así, se coincide en que, con el régimen de convivencias fijado (videollamada) no se transgrede el interés superior del menor, sino que precisamente en atención a dicho interés resulta indispensable que éste conviva y establezca un lazo familiar con su padre Tanto más que, es de conocimiento público que el país y el resto del mundo se encuentran atravesando por una crisis sanitaria, para ello, el Gobierno Federal publicó el veintitrés de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. En atención a ello se establecieron diversas medidas entre las que destacan los cierres de lugares de acceso público y priorizar la sana distancia, de tal suerte que resulta certero que las condiciones para el desarrollo de las convivencias, ya decretadas, hayan cambiado, sin embargo, bajo ninguna circunstancia puede considerarse que deban ser suspendidas con motivo de la pandemia. En ese sentido, se estima correcta la determinación de la responsable de continuar las convivencias, de manera que no se vea interrumpido el vínculo familiar ya estructurado con motivo de la pandemia. De ahí lo infundado de los argumentos expuestos con antelación. En otro apartado de los conceptos de violación, la parte quejosa argumenta, que la Juez responsable contravino el numeral 474-a del Código Civil del Estado de Guanajuato, por resultar inconveniente al menor, además de que contradice la resolución pronunciada por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca *****, la cual, si bien es cierto no existe en el juicio de origen ***** también lo es que, la autoridad responsable es titular del expediente ***** de donde proviene la citada resolución, por lo que no ignora las terapias ordenadas al menor, así como a la madre y padre del menor; además, también es titular del expediente ***** donde se involucran cuestiones del mismo menor. Asimismo, la responsable no consideró lo expuesto en su agravio en el sentido de que el padre del menor tiene varios años de no convivir con éste, ordenando así las videollamadas, las que, sumadas a las diversas ordenadas en el juicio ***** tienen anclado al menor a la obligación de tener videollamadas todos los días, sin permitirle hacer las tareas que le dejan en la escuela. De igual forma, la autoridad debió permitir ser escuchado el menor y expresar su opinión, sin embargo, decretó la medida de convivencia sin escuchar la voluntad del menor de iniciales ***** Tales argumentos resultan inoperantes, por las consideraciones siguientes. Lo anterior es así, en virtud de que la quejosa, pretende combatir un tema que no forma parte de la litis planteada, y por ende, no está encaminado a desvirtuar la legalidad de la determinación combatida, ya que, como lo indicó la responsable en la resolución reclama y como incluso lo reconoce la promovente, la resolución dictada por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca ***** se emitió con motivo del diverso expediente ***** por lo que, la Juez responsable no tenía la obligación de tomarlo en consideración en la resolución reclamada. Tanto más que, que si bien, como refiere la quejosa, el juicio indicado en el párrafo anterior, así como el diverso expediente *****, se tramitan ante la misma autoridad responsable, lo cierto es que, del análisis de las constancias que conforman el expediente de origen ***** no se aprecia que esas cuestiones se hayan hecho valer ante la Juez de origen (la existencia de los diversos expedientes) al emitir la resolución que aprobó el convenio donde se establecieron las convivencias entre el multicitado menor con su progenitor, dado que, dichos sumarios acontecieron con posterioridad a ello; por lo que, se estima que lo determinado en los diversos asuntos no forma parte de la litis planteada, motivo por el cual no puede ser introducido en esta instancia constitucional. De ahí, que no sea posible abordar el estudio de aspectos que no tienen relación directa con el acto combatido, ya que sostener lo contrario, sería tanto como aceptar que a través del juicio de amparo es posible variar el acto reclamado, al introducir para su estudio el análisis de aspectos novedosos, respecto de los cuales no se ocupó la autoridad responsable al emitir el acto que se le reclama. Aunado a lo anterior, la inoperancia también deviene en el sentido de que los argumentos planteados por la parte quejosa, tales como que la responsable no consideró lo expuesto en su agravio en el sentido de que el padre del menor tiene varios años de no convivir con éste, ordenando así las videollamadas, las que, sumadas a las diversas ordenadas en el juicio *****, tienen anclado al menor a la obligación de tener videollamadas todos los días, sin permitirle hacer las tareas que le dejan en la escuela; y, que la autoridad debió permitir ser escuchado el menor y expresar su opinión, sin embargo, decretó la medida de convivencia sin escuchar la voluntad del menor de iniciales ***** se dirigen a cuestiones relativas al establecimiento o fijación de las convivencias, circunstancia que ya estaba determinada en favor del ahora quejoso y su menor hijo desde el nueve de diciembre de dos mil quince, data en que las partes llegaron a un convenio, se estableció dicho régimen y fue sancionado de legal por la juez del proceso. Luego, en la resolución que constituye el acto reclamado no se dilucidó la fijación de esas convivencias, pues la juez de origen solamente se pronunció respecto a la modificación de esas convivencias, ya establecidas, atendiendo a la pandemia que se vive en la actualidad. Tanto más que no se modificaron los días, ni se suprimió el tiempo fijado para tal convivencia, pues siguen siendo en los días fijados en el convenio de referencia, en el horario que ahí se estableció desde un inicio. De ahí la inoperancia de los argumentos que se analizan. Por lo que, debe subsistir la determinación asumida por la Juez de origen el seis de octubre de dos mil veinte. En tales condiciones, al resultar infundados e inoperantes los argumentos en estudio, procede dejar incólume la determinación adoptada en la audiencia reclamada y negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que en el caso este Juzgado Federal advierta materia para suplir la queja deficiente. Por otro lado, no se desconoce que mediante oficio presentado ante este Juzgado el treinta de octubre de dos mil veinte, la tercera interesada Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de esta ciudad, haya formulado alegatos (fojas 40 a 41 de autos); sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Finalmente, no se inadvierte que en la demanda de amparo (foja 24), la quejosa haya manifestado que demanda el cese de las convivencias con el menor, sin embargo, dicha cuestión corresponde solicitarla ante la juez de origen, dado que ella fue quien determinó la práctica de éstas; aunado a que tal manifestación se advierte vertida como complemento a los conceptos de violación formulados por la promovente del amparo, sin que se haya precisado como acto reclamado de manera destacada. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales *****, contra el acto reclamado a la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, por las razones expuestas en la resolución que antecede

  3. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

  4. Incidental

    QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados. Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio no resulta paralizable, en virtud de que atentaría al interés social y contravendría disposiciones de orden público. PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En atención a lo anterior, se precisa que el régimen de convivencia debe apreciarse desde dos vertientes, esto es, de la quejosa por sí y en representación del menor *********.; de modo que, para la ponderación entre el derecho que se alega infringido y el acto que se tilda de inconstitucional, impera determinar si su ejecución puede causar un perjuicio de difícil reparación al menor. En esa medida, es preciso hacer un estudio en relación con el interés superior del menor, que implica que el menor involucrado se le debe proteger con mayor intensidad, sin que sea necesario que para esa protección se genere un daño a sus bienes o derechos, sino que basta con que se le coloque en una situación de riesgo. En el caso, la madre del menor, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, alega que con el otorgamiento de la medida impugnada, en cuando a la convivencia del menor quejoso con su padre vía videollamada, afecta su desarrollo escolar, pues obstaculiza la realización de sus tareas, aunado a que la responsable ha omitido escuchar al aquí adolescente en audiencia especial para que manifieste su voluntad al respecto, además de que el progenitor no proporciona equipo de telefonía ni tarjetas telefónicas para tal fin y tiene varios años sin convivir con el infante. Ahora, para el estudio de la medida cautelar debe atenderse a la finalidad que se persigue con su otorgamiento que en el caso sería, preservar una situación de hecho con la que se dé máxima protección al quejoso, o bien, evitar que el menor agraviado tenga una circunstancia que le resulte perjudicial, pero ponderando el interés superior del infante. Tiene aplicación la tesis CVIII/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechosde los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial". Asimismo, cobra aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 406, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión". Sobre esa base, se concluye que no es procedente conceder la medida en los términos que solicita la parte quejosa, toda vez que del análisis acucioso de la demanda, no se considera que resulte suficiente para determinar que la convivencia por medio de videoconferencia, sea perjudicial para el menor. Lo expuesto, ya que concederse tal medida, se restringiría el derecho del menor ********* de convivir con su progenitor, sin que se advierta motivo razonable para ello. Así es, toda vez que la quejosa solo allegó documental con la que acreditó la relación parental existente entre ella y el menor agraviado; sin embargo, no se concatena con diversas pruebas que demuestren las manifestaciones que vierte, por lo que resulta insuficiente para acreditar que el menor corre riesgo por convivir con su padre en los términos ordenados por la juez responsable. Por tanto, al no contar con mayores elementos con los que se demuestre que el entorno actual en que se desarrolla la convivencia puede influir de manera adversa en el desarrollo del menor, se determina que la supracitada prueba resulta insuficiente para presumir de inconstitucional la determinación que en este apartado se estudia, con lo que las manifestaciones que expone la quejosa resultan ser meras apreciaciones subjetivas; de modo que, se considera adecuado que se respete lo determinado por la responsable respecto del régimen actual de convivencias del menor agraviado con su padre, en miras del interés superior del niño, a fin de privilegiar su derecho de convivir con su familia, con el objeto de salvaguardar sus derechos a un correcto desarrollo psicosocial, además de mantener el derecho que tiene el padre de convivir. Así, de momento, se estima que de otorgarse la suspensión contra la medida de convivencia adoptada por la responsable, se podrían causar mayores afectaciones a los intereses del menor afectado o se le pudiere ocasionar un trastorno emocional o psíquico; máxime que se le privaría de la convivencia con su progenitor en los términos establecidos por la juez responsable; por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, fracción VIII de la Ley de la materia, se niega la suspensión que solicita la quejosa. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis P. XLV/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXVII, Junio de 2008, página 712, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios.". En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por los artículos 128, 131 y 147, todos de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 144 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ********* la suspensión definitiva del acto reclamado, por las razones aludidas en el considerando quinto de la presente interlocutoria.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

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