Alejandra Aide Ríos Santana
Expediente 1334/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1334/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/01/2019
Partes del expediente
- Alejandra Aide Ríos Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
I.- Por recibido el comunicado de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, al que adjunta copia certificada del proveído de diez de los cursantes, en el que acusa recibo del diverso por el que se le comunicó el archivo del presente juicio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, glósese a los autos para que obre como corresponda.
- Principal
ii.- El estado procesal de autos y la certificación de cuenta, evidencia que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de nueve de noviembre de dos mi dieciocho; en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se negó y se concedió la suspensión del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. Se glosa sólo el cuaderno original del incidente, toda vez que el duplicado es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. En ese sentido, intégrese copia autógrafa del presente auto al duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales conducentes. 4. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
II.- Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la accionante del amparo en proveído de veintiséis de octubre del año en curso (fojas 88 a 90), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable señalada como Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dio cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 82 a 86); por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: De la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se declaró incompetente para conocer del juicio 687/2017, y ordenó remitir los autos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en Toluca, el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho emitido en el juicio administrativo 409/2018, a través del cual se avocó al conocimiento del asunto referido en el inciso anterior. Previa substanciación del juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de septiembre del año en curso (fojas 53 a 73), este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente, en la que resolvió: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Alejandra Aidé Ríos Santana, respecto del acto, autoridad responsable y los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Aidé Ríos Santana, contra el acto, autoridad y por lo motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.". Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 88 a 90), causó ejecutoria el referido fallo protector y se dio vista a la quejosa con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia, tal como lo informó mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 82 a 86), razón por la cual no se requirió al momento de la ejecutoria el cumplimiento correspondiente, pues este se había reservado hasta en tanto la sentencia dictada en autos adquiriera firmeza procesal. Precisado lo anterior, se está en condiciones de establecer que los efectos expresamente establecidos para el cumplimiento de la sentencia de mérito medularmente para la responsable son los siguientes: Dejara insubsistente el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido en el juicio administrativo 409/2018. Con plenitud de jurisdicción dictara diverso en la que de manera fundada y motivada, analizara las manifestaciones de la ahora quejosa (actora en el juicio natural) plasmadas en la demanda de origen. Determinar si resultaba aplicable al caso la jurisprudencia con rubro "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL". En cumplimiento al citado fallo protector, la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por oficio signado el cinco de octubre de dos mil dieciocho y recibido en este Juzgado de Distrito el dieciocho siguiente con número de promoción 21641 (foja 82), informó la manera en que acató la sentencia de amparo que nos ocupa y remitió copia certificada del acuerdo dictado el cuatro de octubre del año en curso, dentro del juicio administrativo 409/2018, de su índice estadístico. De las mencionadas constancias a las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que: Dejó insubsistente el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido en el juicio administrativo 409/2018. Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada, determinó: De conformidad con el artículo 1° del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo actos reclamados son de competencia laboral, razón por la cual la Sala Regional se encuentra impedida materialmente para conocer, tramitar y resolver el juicio presentado. Que las funciones que realizaba la ahora quejosa, si bien era cierto que se desempeñaba como elemento de los Cuerpos de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca, del Cuerpo de Vigilancia, Auxiliar y Urbana del Estado de México, así como del Cuerpo de Guardia de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco; también lo es que no desempeñaba funciones de seguridad pública, sino administrativas y de carácter manual, de ahí que se ostenta con el carácter de trabajador respecto del Estado y por ende su relación en laboral y no administrativa ya que no desempeñaba funciones de seguridad pública y por lo tanto no tiene el carácter de elemento de los cuerpos de seguridad pública del Estado de México. Asimismo de las constancias que exhibió en el juicio de origen se desprende que presentó un recibo de pago del que se advierte que se desempeñaba como auxiliar administrativo, documental pública a la que se le otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 38, fracción II, 57, 59, 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Que el acto reclamado no era un acto contra el que no procediera el juicio contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 202 del Código de Procedimientos Administrativo del Estado de México, que establece las funciones del Tribunal Contencioso Administrativo Circunstancia por la cual al tratarse de cuestiones laborales el Tribunal de Justicia Administrativa no cuenta con competencia legal para conocer de asuntos de relaciones de trabajo entre un servidor público y una institución pública, lo anterior tomando en consideración que las prestaciones reclamadas son referentes a la terminación de la relación laboral de personas de confianza previstas en los artículo 6 y 8 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Finalmente determinó que la jurisprudencia con rubro: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL", atiende a la naturaleza del acto reclamado, aunado a las reglas de competencia; lo que implica un examen integral de la demanda, circunstancia por la cual establece que el acto reclamado es de naturaleza laboral, razón por la cual carece de facultades para conocer y resolver de conformidad con el precepto legal 267, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En esa tesitura, toda vez que la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitido en el juicio administrativo 409/2018 y con plenitud de jurisdicción dictara diverso en la que de manera fundada y motivada, analizara las manifestaciones de la ahora quejosa (actora en el juicio natural) plasmadas en la demanda de origen y determinara si resultaba aplicable al caso la jurisprudencia con rubro "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL"; y, tomando en consideración que de las constancias remitidas se evidencia que ello aconteció, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito ha quedado cumplimentada en sus términos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído para los efectos legales correspondientes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
II.- Por recibido el oficio de cuenta mediante el cual la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, hace del conocimiento el acuerdo de treinta y uno de octubre de la presente anualidad dictado en autos del juicio administrativo 409/2018, por medio del cual acusa recibo del oficio 29916/2018 del índice de este Juzgado de Distrito, por el cual se le devolvieron las copias certificadas del referido juicio. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la oficiante acusando el recibo correspondiente de las constancias mencionadas; asimismo déjese sin efectos el apercibimiento relativo.
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