Alejandra Aguilar Castrejón

Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
277/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandra Aguilar Castrejón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el dieciocho de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó la protección constitucional a ALEJANDRA AGUILAR CASTREJÓN, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Así, en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copias certificadas tendentes a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. ".si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, aún no ha notificado a la aquí quejosa el auto de veinticuatro de enero del año actual, provea lo necesario a fin de que se realice de inmediato." - El auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 1A-388/2019, donde se proveyó lo relativo a las pruebas ofrecidas en dicho controvertido, fue notificado a la parte quejosa, el seis de abril del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación allegada por la responsable. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las constancias de notificación a las partes del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 1A-388/2019. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-2777/2022, promovido por Alejandra Aguilar Castrejón, por conducto de su apoderado Carlos Daniel Maya Cordero contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado en línea el diez de marzo de dos mil veintidós, registrado por el Oficial de Partes de este Juzgado el once de ese mismo mes y año, Alejandra Aguilar Castrejón, por conducto de su apoderado Carlos Daniel Maya Cordero contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I) Omisión de acordar y notificar la admisión o desechamiento de pruebas; así como fijar fecha y hora para su desahogo. II) Notificar al quejoso del auto de admisión o desechamiento de pruebas, así como fijar fecha y hora para su desahogo. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto del acto reclamado con el inciso I) consistente en la omisión de acordar la admisión o desechamiento de pruebas; así como fijar fecha y hora para su desahogo, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, negó la existencia de los actos que la parte quejosa le atribuyó. Luego, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del juicio laboral 1A-388/2019, del índice su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la inexistencia de la omisión reclamada. Cabe precisar que mediante escrito presentado el once de marzo del año en curso, en el Portal en Servicios en Línea del Poder Judicial Federal, la parte quejosa presentó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa. Luego, del informe justificado rendido por la junta responsable se advierte que manifestó ser cierto que ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se tramita el expediente laboral 1A-388/2019 y negó la omisión reclamada de acordar la admisión o desechamiento de pruebas, así como fijar fecha y hora para su desahogo, pues de las documentales que adjuntó, obra copia certificada del proveído dictado el veinticuatro de enero del año actual, dentro de los autos citado expediente laboral, en el cual proveyó lo concerniente a la admisión de diversos medios de convicción así como la fecha y hora para el desahogo de algunos medios de convicción, como a continuación se puede leer: . Atento a lo anterior, el acto reclamado a la autoridad responsable se desprende es inexistente, en virtud de que para el momento de la presentación de la demanda originadora de este juicio de amparo - once de marzo de dos mil veintidós- la autoridad responsable ya había emitido el auto por medio del cual se pronunció respecto a la admisión de diversos medios de convicción, y señalando fecha para el desahogo de algunos, dentro del expediente laboral 1A-388/2019. Lo anterior es así pues de las documentales que obran dentro del presente expediente, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de os artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se observa la relativa al acuerdo dictado por la hoy responsable el veinticuatro de enero del año en curso, en el cual proveyó sobre la admisión de pruebas, y señaló fecha para que tenga verificativo el desahogo de algunas; mientras que la presentación de la demanda de amparo promovida por la quejosa Alejandra Aguilar Castrejón fue el once de marzo de dos mil veintidós, ante el Portal d Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo cual es indudable que al momento de la presentación del libelo constitucional, no existían el acto reclamado precisado en el inciso I) del considerando segundo de esta sentencia, que se le atribuye a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, lo que procede es sobreseer el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la responsable respecto del acto señalado con el inciso II), se desprende que es cierto el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que la junta responsable remitió junto con su informe justificado; a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. Conceptos de violación. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mato 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación aducidos en el escrito inicial, son esencialmente fundados, por los motivos que se exponen a continuación. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues ". la justicia tardía es una forma de injusticia.". En el caso, se desprende que a la aquí quejosa desde el veinticuatro de enero del año en curso, no se le ha notificado dicho proveído del veinticuatro de enero del año. Luego, alegó que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que originó el presente juicio, desconocía si la junta responsable emitió el acuerdo respectivo a la admisión o desechamiento de pruebas, toda vez que la junta no le había notificado el proveído respectivo. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, se advierte que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, emitió el proveído de veinticuatro de enero de este año, en el que se pronunció sobre la admisión de diversos medios de convicción y señaló fecha hora para el desahogo de algunas pruebas. Sin embargo, se advierte de las constancias allegadas por la Junta responsable, que no allegó la notificación personal de la aquí quejosa del acuerdo de veinticuatro de enero de este año, además de no existir actuación posterior. Tal circunstancia patentiza que la responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues de las constancias remitidas por la responsable se desprende que, al menos desde el veinticuatro de enero de este año, fecha en que se admitieron diversas pruebas, y se señaló fecha y hora para el desahogo de algunas, hasta el momento en que se emite la presente determinación, no ha realizado gestiones o más actuaciones tendientes a lograr la notificación de la aquí quejosa. No pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia de contenido literal siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Pero a la fecha en que esto se resuelve, ya ha transcurrido en demasía el propio término fijado por nuestro Máximo Tribunal; por tanto, era necesario que la autoridad señalada como responsable ordenara la notificación del referido auto. Apuntado lo anterior, en el presente asunto, desde el veinticuatro de enero del año en curso, fecha en que se emitió el auto por el cual se admitieron diversos medios de convicción y se señaló fecha y hora para el desahogo de algunas pruebas, no se ha realizado la notificación personal a la aquí quejosa; por lo que a la fecha en que se actúa, han transcurrido aproximadamente más de dos meses; término que excede en demasía el referido por el Máximo Tribunal del país para efecto de que se realice el pronunciamiento atinente. Tampoco pasa por alto que, con motivo del brote de la enfermedad COVID-19, se han suspendido plazos y términos en diversos órganos jurisdiccionales en toda la República Mexicana; sin embargo, dicha situación no justificaría la omisión en que incurre la responsable, toda vez que existen diversos mecanismos para laborar a fin de salvaguardar la integridad del personal, pues resulta un hecho notorio que incluso la responsable rindió el informe justificado que le fue requerido. Consecuentemente, lo procedente es otorgar a la quejosa Alejandra Aguilar Castrejón, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, si a la fecha en que cause ejecutoria la presente sentencia, aún no haber notificado a la aquí quejosa el auto de veinticuatro de enero del año actual, provea lo necesario a fin de que se realice de inmediato. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Lo anterior, a fin de restituir a la parte amparista en el goce de sus derechos humanos transgredidos, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con 1°, fracción I y 5°, fracción II y 63, fracción IV. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandra Aguilar Castrejón, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandra Aguilar Castrejón, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, señalado en el considerando cuarto, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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