Alejandra Aduna León
Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandra Aduna León
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, nueve de febrero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que el auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, DICHO AUTO CAUSA ESTADO. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo en el que se DESECHÓ la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se procederá en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo.
- Principal
Puebla, Puebla, a veintiocho de enero de dos mil veintidós RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ALEJANDRA ADUNA LEÓN, contra los actos del JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DE LA REGION JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 93/2022. PRECISIÓN DEL ACTO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que ésta es improcedente, por lo que procede su desechamiento como a continuación se explica. La quejosa reclama en esta vía constitucional al JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DE LA REGION JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintidós, por medio de la cual atendió al escrito que presentó en su calidad de víctima, a través del cual solicitó señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia de control judicial previo, dentro de la carpeta de control judicial previo 02/2022/CJP/CHOLULA, acuerdo mediante el cual, la autoridad responsable ordenó dar vista al Agente del Ministerio Publico y omitió señalar día y hora para el desahogo de la audiencia de control judicial previo. DESECHAMIENTO Como se adelantó, la demanda de amparo planteada por el quejoso es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Esto es así porque respecto del acto reclamado previamente precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Esto es, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, porque el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Para ello, conviene precisar que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé en el título XII, recursos, en su capítulo II, denominado recursos en particular, en su artículo 465, las reglas para la interposición del recurso de revocación, mismo que resulta ser el medio ordinario de impugnación respecto a la resolución que la quejosa aquí reclama. El texto del citado ordenamiento establece lo siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Por su parte, el diverso 466 del cuerpo legal en cita dispone: Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De la interpretación armónica de ambos preceptos se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las determinaciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. Ahora bien, como el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós en el que el Juez de Control determinó dar vista al agente del Ministerio Público, con el escrito presentado por la víctima en el que solicita control judicial previo en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada; por tanto, en su contra, procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al Juicio de Amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad. Por ello, y conforme al contexto que antecede, es indudable que la demanda de amparo que se provee resulta improcedente al no haberse respetado el principio de definitividad, al agotar el medio ordinario de impugnación, dado que a través de la interposición de éste, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de la resolución que se reclama a través del presente juicio de amparo, el cual estaba obligado a agotar la aquí impetrante al no ser extraña al proceso natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la ley de la materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa señale como acto reclamado la negativa u omisión de señalar fecha y hora para desahogo de la audiencia de control judicial previo, pues del análisis integral de la demanda se concluye que éste deriva del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, en el que el juez omitió pronunciarse al respecto y en su lugar dio vista al Ministerio Público. Empero, aun cuando se tratara de un acto reclamado destacado, el juicio de amparo devendría improcedente, esto al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes mencionada, pues en contra de la cita omisión procede el medio defensa ordinario previsto en el artículo 1351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la quejosa previo a la presentación de la demanda de amparo se encontraba obligada a agotar dicho medio de impugnación. En consecuencia, al no haberse respetado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la 1 Artículo 135. La queja y su procedencia. Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada ley de la materia. AUTORIZADOS Se tiene como como autorizados a RAMÓN ADUNA GARCÍA e IVÁN SOLANO CASTILLO en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y por autorizado de manera restringida a JHONATAN ROMERO GUTIÉRREZ, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando los usuarios: SOLANO y RADUNA.GARCIA para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza la notificación electrónica de aquellos proveídos que se ordenen notificar personalmente, a través del usuario SOLANO y RADUNA.GARCIA; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la transmisión electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Respecto al señalamiento de correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte, respecto a la solicitud de que se puedan tomar fotografías y hacer uso de otros medios electrónicos de las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del Secretario del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. Así mismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la solicitud del quejoso no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la parte quejosa, por conducto de su autorizado o por sí misma, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 35 del Acuerdo General 21/2020. FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFIQUESE ELECTRÓNICAMENTE
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