Alejandra Adriana Blanco Pérez
Expediente 593/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandra Adriana Blanco Pérez
Actuaciones
- Principal
...CÚMPLASE...
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por ********************, apoderada de********************, carácter que tiene reconocido ante la autoridad responsable, como se desprende de la constancia que adjunta a su ocurso de cuenta, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional también le admite dicha personalidad, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, interpretada en sentido contrario del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea parte; Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ". Lo es la ilegal e incongruente RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA de fecha 8 ocho de junio del año 2018 dos mil dieciocho dictada por la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, que resolvió el INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO por falta de personalidad de la persona que pretende acreditar que es la representante legal y/o administradora única de la empresa denominada A********************., y falta de personería del C. ********************y otro, quienes se ostentan como supuestos apoderados jurídicos de la moral antes indicada; mismo que fue promovido de nuestra parte en la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la cual tuvo verificativo el día 22veintidós de mayo del año 2018 dos mil dieciocho, dentro del Juicio Laboral número 4b/-603/2018 promovido por la actora ahora Quejosa******************** en contra de la empresa denominada A********************. y otros, ante la H. Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Resolución que bajo protesta de decir verdad le fue notificada a la parte que represento el día 15 QUINCE DE JUNIO DE AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, manifestación que se realiza para todos los efectos legales para los que haya lugar;". De lo anteriormente expuesto se sigue que los actos reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativos a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éste no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, en la especie el acto reclamado se hace consistir, en la resolución interlocutoria emitida por la Junta responsable, veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral ********************, de donde emana el acto reclamado, mediante las cuales declaró improcedentes el incidente de falta de personalidad y personería promovido por la aquí parte quejosa, dentro del referido juicio. En el caso concreto, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los citados actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación de la Junta responsable, de declarar improcedentes los incidentes planteados dentro de los juicios laborales en cita, sólo constituyen violaciones procesales, cuya ejecución no son de imposible reparación, en términos de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, porque no afectan los derechos sustantivos del agraviado ni decide el fondo de la litis planteada, pues constituyen actuaciones intraprocesales que no trascienden a la esfera de la parte quejosa en detrimento material de sus derechos humanos. En otras palabras, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del juicio y en caso de ser así, es decir, que el laudo que se llegue a dictar sea contrario a sus intereses, por constituir una violación a las leyes del procedimiento que afecta sus defensas. Se afirma lo anterior, en razón a que la interlocutoria reclamada, no puede considerarse un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues a través de dicho incidente no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga laudo favorable a sus intereses en cuanto al fondo del juico de origen, con lo cual quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la interlocutoria que ahora se impugna. Esto es, los efectos y las violaciones procesales cometidas durante su trámite, antes indicados, se actualizan hasta el dictado del laudo dentro del juicio de origen, toda vez que en ese momento se podrá apreciar si con motivo de la emisión de las mismas, se vulneraron las defensas del afectado y, con ello, se incurrió en violaciones procesales que trascendieron al resultado del laudo, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen una ejecución de imposible reparación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Carlos Torres Manzo, número 29, colonia Solidaridad, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ********************, toda vez que en esos términos fueron designados De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERONALMENTE.
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