Aleida Peñaloza Rogel

Expediente 182/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
182/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Aleida Peñaloza Rogel
  • Aleida Peñaloza Rogel y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes, promovieran inconformidad contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 255 a 258), en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas (fojas 261 y 262); en consecuencia, se le tienen por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Finalmente, tomando en consideración que el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.

  2. Principal

    ÚNICO. Se DECLARA CUMPLIDA la sentencia de amparo dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 182/2017, promovido por Aleida Peñaloza Rogel, Adriana Flores García, Elizabeth González Balderas e Israel Leos Cid, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual la autoridad responsable determinó improcedente aplicar como medida de apremio las multas de doscientos a quinientos días de salario a la demandada al haberse negado a cumplir el laudo, en juicio laboral 100/2009; razón por la cual procede ordenar el archivo del expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución, Por tanto, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Glósese a los autos para que obre como corresponda el telegrama enviado por Víctor Manuel Pineda Borja, quien se ostenta con el carácter de Síndico Procurador del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zirándaro, Guerrero, mediante el cual informa que el cinco de junio de dos mil diecisiete, recibió el oficio número 14334/2017, del índice de este Juzgado, por el que se le notificó la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete; toda vez que el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, se dictó ejecutoria en el presente asunto.

  4. Principal

    Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: ".. Deje sin efectos el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, únicamente en lo concerniente al apercibimiento consistente en una multa de $1000.00 (mil pesos 00/100 M.N). Dicte otro auto el cual podrá ser en el mismo sentido, pero en caso de apercibir a la parte demandada, deberá aplicar el actual artículo 95 de la mencionada legislación, puesto que el anterior fue reformado." Por lo que deberá de informar los actos que haya realizado para ese efecto y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192 y 193 en relación con el 258 de la Ley de Amaro y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

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