Aleida Gabriela Serafin Castro
Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aleida Gabriela Serafin Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, presentara recurso de inconformidad contra el proveído de once de agosto del año en curso, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que haya presentado escrito alguno al respecto; por ende, se tiene por consentido tal cumplimiento. Ahora bien, dado que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado y no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. En consecuencia, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente físico, por lo que procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo, por tanto, hace la precisión que este expediente es conservable y una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, transfiérase, lo anterior, por ubicarse en los supuestos previstos en el capítulo 7, apartado 7.1.1, numeral 1, del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Resguardados por Consejo de la Judicatura Federal y en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General en cita y toda vez que en este asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; aunado a ello, al prudente arbitrio de este juzgador no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de siete de julio del año que transcurre y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado cumplida o no la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio que se actúa. Es importante establecer que en la sentencia pronunciada el veinticinco de abril último, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió la protección constitucional a la quejosa Aleida Gabriela Serafín Castro, para los siguientes efectos: "(.) Por lo que, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, si existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado, es decir, con independencia de que no se encuentre en la zona respectiva, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, debido a que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria de la contribuyente. Ahora, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la parte quejosa al pago de menor cuantía establecido en la categoría de que se trate, resulta inconcuso que en cumplimiento a la ejecutoria, las autoridades responsables deberán restituirle la diferencia que exista entre el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarle la diferencia de la cantidad que cubrió por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, debidamente actualizadas, relativas a los bimestres uno al seis de dicho ejercicio fiscal, a fin de darle su valor real al momento en que aquéllas se efectuaron, y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Es así, porque sólo a través de la actualización se devolverán a la parte quejosa las cantidades que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogaron.(.)". Al no inconformarse las partes con el fallo definitivo, el catorce de junio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió a las autoridades vinculadas el cumplimiento del fallo protector, Tesorera y Director de Catastro ambos del Municipio de Juárez, así como al Presidente del Municipio de Juárez, Chihuahua, en su carácter de superior jerárquico de las antes mencionadas, todas con residencia en esta ciudad. En acatamiento a lo anterior, el veinte de junio del año en curso, se recibió el oficio TM/CJT/2572/2023, signado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, y en atención a su petición se le concedió un plazo de diez días, a fin de que estuviera en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De esa manera, el seis de julio último, se recibió el oficio TM/CJT/2739/2023, de veintisiete de junio del presente año, signado por la autoridad mencionada en el párrafo anterior, con el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable informó que una vez realizadas las operaciones para el cálculo del impuesto predial correspondiente a los bienes inmuebles con claves catastrales 01-144-196-017-0000 y 01-144-271-045-0000, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, determinó que la cantidad a devolver a la parte quejosa era de $10,195.42 (diez mil ciento noventa y cinco pesos 42/100) moneda nacional y remitió copia del cheque 0014089, expedido a nombre de la amparista Aleida Gabriela Serafín Castro, mismo que se encontraba a su disposición en las instalaciones que ocupa esa dependencia. Con lo cual se dio vista a la impetrante de amparo por el plazo de tres días a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento, sin que dentro de tal temporalidad haya realizado manifestación alguna. De ahí que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, al haberse recibido el oficio TM/CJT/2739/2023, de veintisiete de junio del presente año, signado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, con el que se informó que estaba disponible el cheque 0014089, por la cantidad de $10,195.42 (diez mil ciento noventa y cinco pesos 42/100) moneda nacional, expedido a nombre de la amparista Aleida Gabriela Serafín Castro y, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que obste para ello el hecho de que no exista constancia que acredite que la quejosa haya acudido ante la autoridad exactora a recibir el referido título de crédito, pues aun cuando el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, cierto es que el interés que tiene la sociedad en que sean acatadas encuentra legitimación en el interés que, a su vez, tenga la quejosa en obtener su cumplimiento, en tanto que sólo a ella benefician los efectos del fallo protector. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto, cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 10 DE AGOSTO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO: Con lo cual se dio vista a la impetrante de amparo por el plazo de tres días a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento, sin que dentro de tal temporalidad haya realizado manifestación alguna. De ahí que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, al haberse recibido el oficio TM/CJT/2739/2023, de veintisiete de junio del presente año, signado por la Tesorera Municipal de Juárez, Chihuahua, con el que se informó que estaba disponible el cheque 0014089, por la cantidad de ****, expedido a nombre de la amparista**** y, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que obste para ello el hecho de que no exista constancia que acredite que la quejosa haya acudido ante la autoridad exactora a recibir el referido título de crédito, pues aun cuando el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, cierto es que el interés que tiene la sociedad en que sean acatadas encuentra legitimación en el interés que, a su vez, tenga la quejosa en obtener su cumplimiento, en tanto que sólo a ella benefician los efectos del fallo protector. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto, cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Conforme al artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a los autos el oficio de signado por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad fronteriza, con el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la responsable vinculada al cumplimiento, informa que una vez realizadas las operaciones para el cálculo del impuesto predial correspondiente a los bienes inmuebles con clave catastral 01-144-196-017-0000 y 01-144-271-045-0000, respecto del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, determinó que la cantidad a devolver a la parte quejosa es de $10,195.42 (diez mil ciento noventa y cinco pesos 42/100) moneda nacional, remitiendo copia del cheque 0014089, expedido a nombre de la amparista Aleida Gabriela Serafín Castro. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal cumplimiento, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda; asimismo se le requiere para que se constituya ante la autoridad mencionada en el apartado que antecede, a fin de recoger el cheque expedido a su favor, en el entendido que una vez transcurrido el lapso otorgado con desahogo de la vista o sin ella, en base a las constancias que obran en autos, este Órgano Judicial de Amparo dictará resolución en que se declare si la ejecutoria dictada en autos está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia, que acorde a lo dispuesto en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el expediente en que se actúa queda a su disposición en la secretaría del Juzgado, a efecto de que se imponga del contenido del oficio y anexo de cuenta.
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