Aleic Asociacion de Litigio Estrategico E Investigacion Constitucional

Expediente 1629/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1629/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Aleic Asociacion de Litigio Estrategico E Investigacion Constitucional

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones hechas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y al efecto solicita se le conceda una prórroga; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, sin que haya ligar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que aún transcurre el plazo concedido en autos. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento, Subdirector Jurídico y Normativo de la Dirección de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México y a su superior jerárquico, mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, para que demostrará el cumplimiento del fallo protector, sin que lo hayan hecho, no obstante haber sido debidamente notificadas del auto aludido, así como de los diversos de veinticinco de marzo, diez de junio, veintinueve de julio y veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en que previamente también se les requirió el cumplimiento de la ejecutoria. Por tal motivo, toda vez que tanto la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, como su superior jerárquico, no dan dado cumplimiento a la ejecutoria; así como tampoco justificaron fehacientemente la causa del retraso, no obstante los plazos otorgados en acuerdos de veinticinco de marzo, diez junio, veintinueve de julio, veintiséis de agosto y veintiocho de septiembre, todos del presente año, este Juzgador considera que no existe actos reales de cumplimiento a la ejecutoria; asimismo, el superior jerárquico no ha realizado requerimiento alguno en el que exija a su inferior, autoridad responsable, cumplir la ejecutoria; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en veintiocho de septiembre de este año, por lo que en términos de los artículos 193, primer párrafo, 238 y 258, de la Ley de Amparo, se impone a las personas físicas que ostentan los respectivos cargos de Subdirector Jurídico y Normativo de la Dirección de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente y Director General, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, una MULTA a razón de cien veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México; por lo que, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por conducto de la Unidad Administrativa Exactora correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas autoridades. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro siguiente: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) No es óbice a lo anterior, lo señalado por el Subdirector Jurídico y Normativo de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, en los oficios de cuenta, pues no obstante refiere que en el oficio CAPTRALIR/DG/DPBS/SP/UDBS/953/2022, se informa que el incremento de pensión a favor de la quejosa, Guadalupe Martínez Morales, con número de pantamente cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y cuatro (49144), es por la cantidad de $23,001.00 (veintitrés mil un peso 00/100 moneda nacional) y estará reflejado desde el mes de octubre de dos mil veintidós, la oficiante no acredita la emisión del cálculo de la pensión a la quejosa y que se la haya pagado las diferencias, incluso pretende se vincule al cumplimiento a diversa autoridad, esto es, a la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, circunstancia que hace presumir que ni siquiera han realizado el cálculo de la pensión o por lo menos no lo han exhibido ante este juzgador y solo han intentado que se llame al juicio a aquella autoridad en carácter de patrón; petición en relación con la cual en proveído de once de abril del presente año, se indicó que para el caso de que la dependencia en la cual laboró la quejosa, no hubiere realizado las aportaciones correspondientes, le realizará los requerimientos a efecto de que cumpliera con esa obligación contraída en la sentencia de nulidad y ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que demostrara gestión alguna al respecto. Con independencia de lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Con fundamento con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se requiere nuevamente al Subdirector Jurídico y Normativo de la Dirección de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, para que, en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, cumplan la sentencia de nulidad de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, modificada en su efectos, en resolución dictada en el recurso de apelación de veintinueve de enero de dos mil veinte; así como la resolución de queja de cinco de abril de dos mil veintiuno, para que se restituya al quejoso en sus derechos, debiendo acreditar que se emitió nueva concesión de pensión debidamente fundada y motivada, donde para el cálculo correcto de la cantidad mensual correspondiente, se incluyan la percepciones establecidas por la Sala del conocimiento; sin que dicha actualización exceda los montos establecidos en el artículo 20, del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; además, considerando que el descuento y la aportación quincenal le corresponde a la dependencia y no al empleado; asimismo, a que se le paguen las diferencias que se generen desde que le fue otorgada la pensión y hasta la fecha en que se paguen, lo que deberá hacer de su conocimiento y acreditar ante este juzgado. De acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197, de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con el apercibimiento que, de no demostrar que llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo, SE REMITIRÁN LOS AUTOS ORIGINALES DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN TURNO, PARA SEGUIR EL TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, QUE PUEDE CULMINAR CON LA SEPARACIÓN DE SU PUESTO Y SU CONSIGNACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo, vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Por otra parte, se tiene por recibidos los oficios del Subdirector Jurídico y Normativo de la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, por medio de los cuales, en atención a los autos de veintiséis de agosto y veintiocho de septiembre, remite copia simple de los oficios CAPTRALIR/DG/SJN/2805/2022 y CAPTRALIR/DG/DDPBS/SP/UDBS/953/2022, con los cuales pretende demostrar las gestiones que se encuentra realizando; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos y dígase a la oficiante que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En Esta fecha de dictó un acuerdo con notificación de carácter ELECTRONICA.

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