Alegria Arriola González
Expediente 1807/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1807/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/01/2019
Partes del expediente
- Alegria Arriola González
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual manifiesta su inconformidad en relación con el proveído de veintisiete de diciembre del año pasado (fojas 99 a 101), en el que, por las operaciones aritméticas realizadas por este juzgado, se determinó que el cumplimiento efectuado por dicho ente no fue realizado en términos de la sentencia concesoria, pues éste le devolvió a la parte quejosa la cantidad de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional), y la que se ordenó que debía devolverle es la diversa $15,164.81 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 81/100 moneda nacional). Ahora, una vez analizados los cálculos realizados en proveído de dicha fecha, se advierte que tal como indica la autoridad responsable el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se debió utilizar es el del mes de octubre, toda vez que al día tres de diciembre del año pasado, cuando efectuó la transferencia bancaria la autoridad recaudadora, aún no se actualizaba el índice del mes de noviembre; por tanto, le asiste la razón a la autoridad promovente. Para aclarar lo anteriormente expuesto, es preciso indicar si tenemos que al monto total de $15,090.84 (quince mil noventa pesos 84/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), monto mínimo a pagar, se obtiene el monto de $14,810.84 (catorce mil ochocientos diez pesos 84/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de agosto del año en curso, y el tres de diciembre del mismo año se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la moral peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del presente año fue 99.909; y para el mes de octubre del año en curso 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0153. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $15,037.44 (quince mil treinta y siete pesos 44/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $226.60 (doscientos veintiséis pesos 60/100, moneda nacional). Y en virtud de que la secretaría recaudadora le devolvió a la parte quejosa el monto de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional), este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $15,037.44 (quince mil treinta y siete pesos 44/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $.36 (treinta y seis centavos). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el cual manifiesta su inconformidad en relación con el proveído de veintisiete de diciembre del año pasado (fojas 99 a 101), en el que, por las operaciones aritméticas realizadas por este juzgado, se determinó que el cumplimiento efectuado por dicho ente no fue realizado en términos de la sentencia concesoria, pues éste le devolvió a la parte quejosa la cantidad de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional), y la que se ordenó que debía devolverle es la diversa $15,164.81 (quince mil ciento sesenta y cuatro pesos 81/100 moneda nacional). Ahora, una vez analizados los cálculos realizados en proveído de dicha fecha, se advierte que tal como indica la autoridad responsable el Índice Nacional de Precios al Consumidor que se debió utilizar es el del mes de octubre, toda vez que al día tres de diciembre del año pasado, cuando efectuó la transferencia bancaria la autoridad recaudadora, aún no se actualizaba el índice del mes de noviembre; por tanto, le asiste la razón a la autoridad promovente. Para aclarar lo anteriormente expuesto, es preciso indicar si tenemos que al monto total de $15,090.84 (quince mil noventa pesos 84/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), monto mínimo a pagar, se obtiene el monto de $14,810.84 (catorce mil ochocientos diez pesos 84/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de agosto del año en curso, y el tres de diciembre del mismo año se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la moral peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a octubre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del presente año fue 99.909; y para el mes de octubre del año en curso 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0153. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $15,037.44 (quince mil treinta y siete pesos 44/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $226.60 (doscientos veintiséis pesos 60/100, moneda nacional). Y en virtud de que la secretaría recaudadora le devolvió a la parte quejosa el monto de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional), este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $15,037.44 (quince mil treinta y siete pesos 44/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $.36 (treinta y seis centavos). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido en el presente juicio solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector, toda vez que informa que debido a la conclusión del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, no se ha liberado el recurso para el presente año; asimismo, resalta que solicita dicha prórroga a efecto de devolver un faltante; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y constancia de mérito para los efectos legales correspondientes Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que la responsable de mérito esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de veintisiete de diciembre del año pasado (fojas 99 a 101).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 93 y 94), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de siete de diciembre del año en curso (foja 95), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el trece de diciembre del presente año (foja 96 a 98); por tanto, el plazo de tres días otorgado a la fecha en que se actúa ya transcurrió, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar dentro del presente sumario constitucional, el cinco de octubre de dos mil dieciocho (fojas 57 a 71), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 21, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $9,928.18 pesos que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarado inconstitucional, así como también, realice la devolución de los impuestos adicionales erogados por la quejosa, con sustento en los artículos 11, 12 y 13 de la legislación citada. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Luego, en diverso proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 85 y 86). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentado en la oficialía de partes de este juzgado el seis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 115 y 116), la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de la autoridad responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $15,037.80 (quince mil treinta y siete pesos 80/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el tres de diciembre de dos mil dieciocho. En ese tenor, si tenemos que al monto total de *******, monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta el monto de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), monto mínimo a pagar, se obtiene el monto de $14,810.84 (catorce mil ochocientos diez pesos 84/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de agosto del año en curso, y el tres de diciembre del mismo año se efectúo la devolución mediante transferencia bancaria a la moral peticionaria del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a noviembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio del presente año fue 99.909; y para el mes de noviembre del año en curso 102.303. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0239. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de****; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $353.93 (trescientos cincuenta y tres pesos 93/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de *****; sin embargo, éste reintegró la diversa de ); es decir, faltó reintegrarle la cantidad de $127.01 (ciento y veintisiete pesos 01/100 moneda nacional). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el comunicado, informe sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; esto es, devuelva a la parte quejosa el monto consistente en $127.01 (ciento veintisiete pesos 01/100, moneda nacional) y acredite con constancias pertinentes lo anterior. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**** materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.
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