Aldy Manuel González Rodríguez

Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
236/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/03/2019

Partes del expediente

  • Aldy Manuel González Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 7225/2019, por el cual se le enviaron los autos originales del toca civil 373/2018 y expediente 436/2014-III en dos tomos. Asimismo, como lo solicita la citada autoridad, remítasele por medio de oficio en copias simples el auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve (fojas 90 a 93), para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve (foja 90 a 93), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando los autos que integran el toca civil 373/2018 y del expediente 436/2014-III, en dos tomos (tomos uno, dos y tres de pruebas), que fueron remitidas por el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, como complemento a su informe justificado; por tanto, hágase la devolución de los mismos a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, toda vez que se tratan de actuaciones originales.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Aldy Manuel González Rodríguez. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 236/2019 y fórmese el expediente respectivo. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido; por lo que, al ser un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio, las partes en el juicio, tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria, en tanto que, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente . De lo anterior, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión de competencia, en cualquier caso, existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes, cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Ello, porque la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Así, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes, pues ambos constituyen un solo acto jurídico. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." En el caso, el quejoso reclama la resolución interlocutoria emitida el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el toca civil 373/2018 relativo al recurso de apelación, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la que determinó declinar competencia a la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Guerrero. Ahora, la competencia se torna definitiva al momento en que la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Guerrero, acepte la competencia declinada o se inhibe en el conocimiento del asunto. Por ende, solo es factible el análisis de la resolución interlocutoria emitida el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en conjunto con el auto que emitiera la Fiscalía General del Gobierno del Estado de Guerrero, en donde aceptara la competencia, que es la que tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis VII.2o.T.6 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "COMPETENCIA. EL ESTUDIO DE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLINA PROCEDE EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LA ACEPTA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, en sesión pública de 28 de mayo de 2015, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 5, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al interpretar la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos en los que la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, o bien, cuando se inhibe en el conocimiento de un asunto, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado; por tanto, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En ese contexto, se concluye que al no proceder el amparo contra el primer auto o resolución declinatoria de competencia, su legalidad puede ser motivo de inconformidad y de examen constitucional en el juicio de amparo promovido contra el auto de aceptación de dicha competencia, esto, porque la declinatoria constituye el origen de aquella determinación de competencia y, por ende, constituye un solo acto jurídico; de estimar lo contrario, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, quien no podría impugnar por vicios propios ese primer acto mediante algún recurso." En las relatadas condiciones, al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia con fundamento en el artículo 113 de Ley de Amparo se desecha la demanda. En otro orden, con las constancias relativas a los autos originales del toca civil 373/2018 y expediente 436/2014-III conformado en dos tomos, que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmense por separado tres legajos de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica y como sus autorizados en términos amplios de la Ley de Amparo, a los profesionistas Gabriel Alonso Márquez, César Alonso Navor, Hegel Mariano Ramírez, José Santos Alonso Márquez, Juana Mendoza Urbano, Lenin Ramírez López y Rosa Linda Martínez Oliveros, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano