Aldrin Ivette Magaña López
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Aldrin Ivette Magaña López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, con el que devuelve los autos del juicio de amparo 529/2020 en que se actúa, un tomo de pruebas y remite copia certificada del testimonio pronunciado en el amparo en revisión 228/2021 de su índice, auxiliar 588/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, del cual se advierte que la superioridad por un lado dejó firme el sobreseimiento y por otro confirmó la sentencia recurrida, la cual no ampara ni protege a Aldrin Ivette Magaña López. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el juez responsable, por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo período vacacional, que comprende del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno al diez de enero de dos mil veintidós; según consta en el oficio CCJ/ST/3800/2021 signado por el Secretario Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio recibido en línea del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz; dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase a la Superioridad informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual fue radicado con el número ********************; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado Elías Delgado Huri autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con tal extremo, remítanse los autos, el original y copia del escrito de agravios que se provee, así como un tomo de pruebas al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el quince de octubre de dos mil veinte, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Aldrin Ivette Magaña López, promovió demanda de amparo contra los actos del 1. Juez, y 2. Actuaria adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, que más adelante se precisarán (fojas 2 a 5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se acordó admitir la demanda; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados; emplazar al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional (fojas 7 a 11). En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se ordenó emplazar a Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fiduciario en su carácter de fiduciario del fideicomiso 10 y Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, como tercero interesado en el presente asunto en términos del artículo 5, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, dado que de las constancias remitidas por el 1. Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, se apreció la participación en los actos reclamados de diversa autoridad, en el propio auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para el efecto que dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación del citado acuerdo, manifestara si era su deseo ampliar su demanda por lo que hace a dicha autoridad (fojas 18 a 20). TERCERO. El diez de diciembre de dos mil veinte, la quejosa desahogó la prevención formulada y en proveído de once de diciembre siguiente, se tuvo por ampliada la demanda respecto de la autoridad 3. Actuaria con categoría de Secretario 7, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz (Julieta del Carmen Torres Ramírez) así como por diversos actos reclamados, por lo que se ordenó requerir de las autoridades sus respectivos informes justificados (fojas 37 a 40). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 16, 59 y 68) y se cuenta con la constancia de notificación de la persona moral tercero interesada (fojas 88 a 90) y a la Representación Social de la Federación adscrota a este Juzgado (fojas 15 y 44), tuvo verificativo la audiencia constitucional, sin que ninguna de las partes se hubiera opuesto a la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción III, inciso C, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el indebido emplazamiento dentro del juicio especial hipotecario 3817/2018 de la estadística del Juzgado responsable, así como todo lo actuado; lo que es impugnable en amparo indirecto, al trasgredir una violación irreparable del derecho fundamental al debido proceso de la parte quejosa, quien se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues dichas actuaciones están realizadas dentro de la circunscripción territorial en la que éste juzgado tiene su jurisdicción y que es el mismo en el que también tienen su sede las autoridades responsables. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se precisa atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados. Del 1. Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz: El auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio especial hipotecario 3817/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en el que se ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa, así como todo lo actuadio en dicho proceso. Del 2. Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y la 3. Actuaria con categoría de Secretario 7, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz: Diligencia de emplazamiento de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del citado juicio especial hipotecario. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al 2. Actuario adscrito al Juzgado de Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, lo anterior con independencia que haya reconocido la existencia del acto al rendir su informe justificado (foja 16). Lo anterior, dado que de las constancias remitidas como soporte de los actos reclamados en el presente juicio se puede apreciar que la diligencia de emplazamiento de diez de enero de dos mil diecinueve, fue practicada por diverso funcionario judicial, a saber la 3. Actuaria con categoría de Secretario 7, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz (Julieta del Camen Torres Ramírez) por lo que dicho acto le es atribuible a ella (fojas 435 y 436 del tomo de prueba afecto). Por ende, tomando en consideración lo antes expuesto, así como que el mismo quejoso amplió su demanda de garantías para incluir en la misma a la citada funcionaria adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por lo que hace al 2. Actuario adscrito al Juzgado de Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz. CUARTO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades 1. Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz y 3. Actuaria con categoría de Secretario 7, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, lo cual es acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntó el primero de los mencionados como complemento a su informe la primera de las mencionadas (cuaderno de pruebas) pues de éstas se advierte la existencia tanto del auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho (foja 433) como del emplazamiento del aquí quejoso que fue realizado en dicho juicio (fojas 435 y 436). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni se advierte de oficio la existencia de alguna, según lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales no se transcriben pues no existe disposición legal que así lo exija. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Constitucionalidad de los actos reclamados. En principio, tomando en consideración la naturaleza del reclamo de la parte quejosa, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el emplazamiento del demandado al juicio natural, constituye una formalidad esencial del procedimiento, por ser necesario para una adecuada defensa, por ende, ante su falta o ilegalidad, constituye la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia. Sin embargo, debe estimarse que en el presente caso, son infundados los conceptos de violación que expone la parte quejosa sin que se advierta razón para suplirlo en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que los actos reclamados no afectan derecho alguno de la misma, como a continuación se expone. MARCO NORMATIVO Con el propósito de explicar los motivos por los cuales se califica de esa manera el concepto de violación, conviene establecer las siguientes premisas. I. El artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Federal, dispone: "Art. 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Tal disposición constitucional ha sido interpretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el derecho de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, previamente a que se emita el acto privativo, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 47/95, que se lee: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del contenido del citado precepto constitucional y de la tesis de jurisprudencia que lo interpreta, se puede advertir que las autoridades tienen el deber de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia previa y para garantizar la defensa adecuada, únicamente cuando se trata de un acto que priva de la libertad, propiedad, posesiones o derechos. Las formalidades esenciales del procedimiento han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, tales formalidades se traducen en una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia. En esos términos, la Corte ha precisado que las formalidades esenciales del procedimiento, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y la circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto que imponga la obligación de respetar el derecho de previa audiencia cuando los actos privan al gobernado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, pues de no hacerlo estaría violando lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional (además de ser inconstitucional la ley). Al respecto, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional, que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción." Así como la diversa tesis de contenido: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. SU CUMPLIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. En materia administrativa en general, y especialmente en materia agraria, la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional debe interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos, sino que las autoridades administrativas, previamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, respetando los procedimientos que lo condicionan, tienen la obligación de dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca tal garantía; basta que sea consagrada en la Constitución General de la República. El artículo 27, fracción XI, inciso a), de la propia Constitución señala como atribución del Poder Ejecutivo Federal hacerse cargo de la actividad gubernamental en materia agraria, por conducto de la dependencia encargada de aplicar y ejecutar las leyes agrarias; tal atribución se ejerce sin necesidad legal de acudir previamente ante la autoridad judicial, porque la constituyen actos soberanos del Estado sancionados por la Constitución Federal." De lo que se concluye que dicho párrafo constitucional reproducido obliga a que todas las autoridades, sin distinción, deben respetar la prerrogativa que se comenta. II. Por otra parte, a fin de examinar la legalidad en la actuación de la autoridad judicial responsable, por cuanto al emplazamiento practicado al aquí quejoso al juicio natural (actuación que constituye una formalidad esencial del procedimiento, por ser necesario para una adecuada defensa, previa a la emisión del acto privativo) es menester remitirse a la legislación procesal aplicable en la materia a estudio. Así pues, al derivar el acto reclamado de un juicio ordinario civil, se trae a colación el contenido del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que dispone: "Artículo 76. La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. La notificación se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto." Lo resaltado es propio de esta sentencia De tal dispositivo legal se advierten las reglas a las que debe sujetar el notificador al efectuar la primera notificación (emplazamiento) a saber: Practicarse de forma personal. Cerciorarse que sea el domicilio correcto y que ahí viva la persona a la cual se emplazará. De no encontrar a la persona interesada o estar cerrada la casa, dejará instructivo de notificación (el cual deberá contener los siguientes datos: nombre y apellido del promovente; el Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar; la hora y fecha en que se deja y, el nombre y apellido de la persona a quien se entrega). Correr traslado con las copias simples correspondientes. Si la persona que se halle en la casa se negara a recibir la notificación, o el lugar se encontrara cerrado, se efectuará con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto. Por su parte, el diverso artículo 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece: "Artículo 451-C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo, el Juez si encuentra que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos anteriores, la admitirá y mandará inscribirla en el Registro Público de la Propiedad, fijarla en lugar visible de la finca y que se corra traslado al deudor con copia de la misma, emplazándole, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y en su caso a oponer las excepciones." En relación con dicho precepto, se tiene que en la jurisprudencia VII.1o.C. J/6 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito se destacó que en el emplazamiento a dicho juicio debe correrse traslado con el documento base de la acción que se acompaña a la demanda, en este caso, el instrumento en que conste dicha hipoteca, pues sólo de esa manera la parte demandada estará en posibilidad de oponer las defensas y excepciones que estime pertinentes con relación a tal documento, y que son a las que se refiere en el propio numeral 451-C citado. Al respecto la citada jurisprudencia VII.1o.C. J/6 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, es del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. DEBE CORRERSE TRASLADO CON EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA DEMANDA, PUES SÓLO ASÍ LA DEMANDADA ESTARÁ EN POSIBILIDAD DE OPONER LAS DEFENSAS Y EXCEPCIONES QUE ESTIME PERTINENTES CON RELACIÓN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en lo que interesa disponen: "Artículo 76. ...En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. ..." y "Artículo 451-C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo, el Juez si encuentra que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos anteriores, la admitirá y mandará inscribirla en el Registro Público de la Propiedad, fijarla en lugar visible de la finca y que se corra traslado al deudor con copia de la misma, emplazándole, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y en su caso a oponer las excepciones, que no podrán ser otras que: I. Las procesales previstas en este código; II. Las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo; III. Falta de representación, de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción; IV. Nulidad del contrato; V. Pago o compensación; VI. Remisión o quita; VII. Pacto de espera o de no cobrar; VIII. Novación de contrato; y IX. Las demás que autoricen las leyes.-Las excepciones comprendidas en las fracciones de la V a la VIII sólo se admitirán cuando se funden en prueba documental; respecto de las excepciones de litispendencia y conexidad, sólo se admitirán si se exhibe con la contestación de ésta, o de las cédulas del emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral. ...". Ahora bien, de una interpretación sistemática de esos dispositivos, se concluye que en tratándose del emplazamiento dentro de un juicio especial hipotecario, no sólo es la copia simple de la demanda con lo que se tiene que correr traslado a la parte emplazada, sino también con el documento base de la acción que se acompaña a aquélla, en este caso, el instrumento en que conste dicha hipoteca, pues sólo de esa manera la demandada estará en posibilidad de oponer las defensas y excepciones que estime pertinentes con relación a tal documento, y que son a las que se refiere en el propio numeral 451-C citado." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES A efecto de sustentar el sentido de la presente sentencia, se torna necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, que se advierten de las copias certificadas que remitió el juez responsable, y que forman en cuaderno de prueba, a las que previamente se les otorgó valor probatorio pleno, a saber: 1. Mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, Dionne de la Paz Islas Rodríguez, en su carácter de apoderada legal de Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fiduciario en su carácter de fiduciario del fideicomiso 10 y Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, "Santander Vivienda S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada demandó en la vía especial hipotecaria a Aldrin Ivette Magaña López, en su carácter de acreditada y garante hipotecaria con domicilio en la vivienda marcada con el número 13, de la calle Paseo de Tajin, del fraccionamiento Palma Real del municipio de Veracruz, Veracruz. Acreditada a la que demandaron, entre otras prestaciones, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria de fecha once de agosto de dos mil siete, respecto del citado inmueble, celebrado entre la demandada y (en ese entonces) "Constructora y Urbanizadora Ara, Sociedad Anónima de Capital Veriable"; así como la ejecución de la citada garantía hipotecaria, demanda a la que acompañó los documentos fundatorios de su acción (fojas 3 a 432). 2. Por auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez responsable acordó: admitir la demanda; radicarla con el número 3817/2018, emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por el actor (foja 433) auto dictado en los siguientes términos: 3. El diez de enero de dos mil diecinueve, a las siete horas, se practicó el emplazamiento a juicio de la demandada -aquí quejosa- personalmente con la directa interesada (fojas 435 y 436) ello de la siguiente manera: 4. Dado que la parte demandada no contestó la demanda, en proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se le tuvo por acusada la rebeldía y con fundamneto en el artículo 451-H del Código de Procedimientos Civiles del Estado se citó a las partes ara el dictado de sentencia (foja 440). 5. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la cual se declaró vencido de forma anticipada el plazo para el pago del crédito hipotecario y como consencuencia el resto de las prestaciones reclamadas (fojas 441 a 442). 6. Por auto de once de julio de dos mil diecinueve, se formó sección de ejecución en el juicio de origen y el veinticinco de agosto siguiente se ordenó requerir de pago a Aldrin Ivette Magaña López, apercibida que en caso de no acatarlo, se procedería a la ejecución forzosa del inmueble hipotecado(fojas 446 y 455). Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. SUBSUNCIÓN Así, por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio inicio al juicio especial hipotecario 3817/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, la parte quejosa expresó como concepto de violación que dicho auto es contrario a lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, dado que en el mismo no se señalaron las consecuencias de no contestar la demanda y no señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones, por lo que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. El anterior concepto de violación es infundado. Esto es así puesto que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa no existe disposición legal que obligue al juzgador a realizar el anterior apercibimiento, ni resulta uno de los requisitos indispensables para que tenga validez la diligencia de emplazamiento, lo anterior, debido a que los numerales 218, 220 y 451-H tercer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, son claros respecto a las consecuencias que tendrá el no contestar en tiempo la demanda respectiva, ni el señalar domicilio para oír y recibir notificaciones con motivo del juicio, de ahí que el auto cuestionado fue emitido conforme a lo dispuesto en el numeral 76 el código procesal en comento. Guarda relación, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 155/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO. LA OBLIGACIÓN DEL ACTUARIO DE APERCIBIR AL ENJUICIADO DE LAS CONSECUENCIAS DE NO CONTESTAR LA DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL NO CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO INVALIDA DICHA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA). Conforme a los artículos 270 y 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, concluido el término del emplazamiento sin que la demanda hubiera sido contestada, se hará la declaración de rebeldía y se presumirán confesados los hechos manifestados en aquélla. Así, al ser consecuencias previstas en la propia ley, no puede decirse que su desconocimiento impida su actualización, pues es un principio general de derecho que el cumplimiento de las consecuencias jurídicas contenidas en las normas no depende de hechos contingentes ni de la voluntad o el conocimiento previo de sus destinatarios. En ese tenor, se concluye que dentro de un juicio sumario hipotecario la obligación del actuario de apercibir al enjuiciado respecto de las consecuencias de no contestar la demanda dentro del término de ley no constituye una formalidad esencial cuya omisión invalide el emplazamiento, habida cuenta que las consecuencias referidas no derivan del hecho de que ello se manifieste en la diligencia respectiva, sino de lo ordenado en la ley." Lo resaltado es propio de esta sentencia. Sin que sea obstáculo para lo antes señalado que la amparista haya invocado la jurisprudencia 1ª./J. 111/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "EMPLAZAMIENTO. PARA SU DILIGENCIACIÓN DEBEN SEGUIRSE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CUANDO EL JUEZ ADVIERTA AL DEMANDADO LAS CONSECUENCIAS POR NO CONTESTAR LA DEMANDA Y NO SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. " Ello es así, puesto que de la lectura de la ejecutoria de la contradicción de tesis de la cual derivó el siguiente criterio, se aprecia que el tema analizado por la Primera Sala, no se refiere a la obligatoriedad de formular el citado apercibimiento sino a que si en los casos en los que el respectivo juzgador lo formule debía analizarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del Código procesal de la materia en el estado o en el numeral 77 de dicho cuerpo de leyes. Por ello se afirma que la tesis invocada por la impetrante de garantías no tiene el alcance, ni la connotación que ésta pretende, sino que en todo caso, refuerza la noción referente a que la manifestación de las consecuencias de no contestar la demanda y no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones por parte del demandado, no son requisitos de validez para la diligencia de emplazamiento y por extensión, tampoco se requiere que formen parte del acuerdo que la ordena. Sin que la quejosa señalara diverso concepto de violación relativo a dicho auto, ni el suscrito advierta alguna en suplencia de la queja deficiente. Lo anterior puesto que el citado acuerdo fue emitido por autoridad competente en términos de los artícuos 57, fracción I y 200 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, vigente en la época; ello aunado a que el citado proveído cumple con lo dispuesto en el numeral 451-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que ordenó admitir la demanda, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Veracruz, Veracruz, se ordenó el emplazamiento de la demandada, así como su apercibimiento en el sentido que a partir de su emplazamiento adquiría la obligación de depositaria judicial del inmueble en cuestión, así como la fijación de la demanda en lugar visible de la finca respectiva. Motivos por los cuales debe considerarse que el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, cumple con los requsitos de forma y fondo establecidos en la ley, por lo que el concepto de violación enderezado en contra del mismo es infundando y como consecuencia de ello debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal relativo a dicho acto. Por otro lado relativo a la diligencia de emplazamiento de diez de enero de dos mil diecinueve, realizada por la 3. Actuaria con categoría de Secretario 7, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, la quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: Existe incogruencia en la citada actuación judicial dado que a pesar que la funcionaria señaló que entendió la diligencia con la propia demandada Aldrin Ivette Magaña López, un vez que se le notificó a la persona y se le entregó la documentación pertinente, al darle el uso de la voz manifestó: ".recibe de conformidad y en sus manos, el instructivo de notificación en el que se transcribe el auto cumplimentado, así como las copias de traslado y copias de los documentos base de la acción como anexos, quedando enterada de su contenido, compromentiéndose a hacerlos llegar a la brevedad posible." Manifestación que se alega, provoca incertidumbre de la persona con la que en realidad se entendió la diligencia, máxime que existe discrepancia en la descripción de la persona asentada en el acta de notificación y lo asentado en el instructivo de notificación, circunstancias que resultan contrarias al numeral 76 del código procesal de la materia en el Estado. El actuario fue omiso en certificar que las copias simples de la demanda y documentos con los que corrió traslado fueron sellados y cotejados con su original. Dichos motivos de disenso son infundados, como se anticipó, al no advertirse vicio en la diligencia de emplazamiento que se le practicó en el juicio de origen, con lo que se considera que se colmaron las formalidades exigidas para practicarla. Al respecto, cabe destacar que, para dar veracidad a los emplazamientos practicados por los actuarios o notificadores, estos deben señalar con claridad y suficiencia las razones particulares o los medios de convicción objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario) y subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas) que tuvieron a su alcance y que acrediten su afirmación, para así considerar que éstos le condujeron a ese conocimiento. Ahora, en principio se advierte que en la notificación se asentó detalladamente cómo se cercioró de qué el lugar en que se constituyó es el domicilio señalado para la práctica de la diligencia, esto es, la casa marcada con el número trece, de la calle Paseo de Tajín del fraccionamiento Palma Real de Veracruz, Veracruz. Asimismo, a fin de cerciorarse del domicilio en que se constituyó era el buscado, se advierte que la funcionaria judicial expuso que el nombre de la calle en que se constituyó coincidía con el marcado en placa expedida por el ayuntamiento de la ciudad colocada en la esquina, además que el número del inmueble se advertía pintado precisamente an la puerta principal de acceso; además, a efecto de dar mayor certeza del caso, procedió a describir el domicilio. Los anteriores datos proporcionados por la notificadora son suficientes para determinar que ello ocurrió así, pues especificó la forma y los medios que empleó para constituirse en la calle a la que hizo mención, y a través de ellos pudo señalar que se encontró en la colonia o fraccionamiento correspondiente al domicilio buscado. La funcionaria judicial precisó que lo anterior lo corroboró con el dicho de la persona que salió al llamado que ésta hizo en el inmueble, en atención al artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, pues informó a dicha persona del motivo de su presencia del mismo, esto es, entender diligencia de emplazamiento con Aldrin Ivette Magaña López, de quien se encuentra señalado ese lugar como su domicilio; solicitando a la persona proporcionara su nombre completo e identificación oficial. Acto seguido, se indica que la persona manifestó bajo protesta de decir verdad que ella era Aldrin Ivette Magaña López, que ese era el domicilio correcto, ya que ella vive y habita en el mismo; asimismo, indicó que en ese momento no contaba con identificación, sin embargo la actuaria procedió a describir a la persona (sexo femenino, tez morana clara, complexión media, estatura aproximada de un metro sesenta centímetros, edad aparente de treinta y siete años) por lo que en ese momento procedió a emplazarla. Así también se advierte que se le dejó instructivo, en el que consta el nombre del demandante Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fiduciario en su carácter de fiduciario del fideicomiso 10 y Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada; el juzgado que manda practicar la diligencia, que lo constituye el Juzgado Segundo de Primera Instancia en el Estado de Veracruz; la determinación que se manda notificar, esto es el auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho (foja 436 del tomo de prueba) y el nombre y apellido de la persona buscada (demandada) en el caso, Aldrin Ivette Magaña López. Proceder que se describió en los términos ya establecidos en la impresión antes inserta. Del mismo modo, se advierte que se asentó que se corría traslado con las copias de la demanda y anexos que se acompañaron, según se asentó de la siguiente forma: ".Por otra parte hago constar y certifico que hago entrega a quien me atiende de las copias simples de la demanda exhibida, de los documentos base de la acción consistentes en: el contratro de compraventa, contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, inmerso en la escritura pública 14,280 pasada ante la fe del Licenciado César Valente Marín Ortega, notario público 14de esta demarcación notarial, con residencia en Veracruz, Veracruz, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad bajo el número 16,923, volumen 847, sección primera, de fecha 13 de septiembrede dos mil siete, y demás anexos, documentos con los cuales emplazo y corro traslado a la parte demadada, para que dentro del término de CINCO DÍAS produzca su contestación u oponerse a las excepciones .". Del mismo modo, la actuaria indicó que fijó también copia de la demanda en un lugar visible del inmueble, tal como lo dispone el artículo 451-C del código adjetivo civil. Finalmente, la notificadora hizo constar que la persona con la que entendió la diligencia no firmó la misma por no considerarlo necesario. Establecido lo anterior, con relación al primer concepto de violación formulado por la quejosa en contra de la diligencia de emplazamiento, el mismo resulta infundado, ya que, si bien es cierto en la correspondiente diligencia se asentó como manifestación de la demandada una vez que recibió los documentos la expresión: "comprometiéndose a hacerlos llegar a la brevedad posible", esto no resulta suficiente para negar la validez de dicha actuación. Esto es así, dado que de la descripción que hizo la funcionaria de los pormenores, que concatenados entre sí le permitieron llegar al convencimiento de encontrarse en el lugar correcto para llevar a cabo la diligencia, así como de las circunstancias que llevaron a la notificación con la demandada se aprecian suficientes datos que apuntan a su validez y certeza, sin que la citada manifestación, tenga fuerza convictiva por sí sola, que desvirtúe la demás información proporcionada por la fedataria para dar certeza a la diligencia; sin que deba perderse de vista que la quejosa en su demanda de garantías no desconoció de manera directa y categórica que la persona señalada en dicha acta se tratara de ella. Por otra parte, respecto a la supuesta discrepancia en la descripción de la persona asentada en el acta de notificación y las señaladas en la copia del instructivo de notificación, debe señalarse que basta la simple comparación de ambas para descartar dicha manifestación. En efecto, se puede advertir que en ambas constancias (fojas 435 vuelta y 436 vuelta del tomo probatorio) se asentó que se trara de persona del sexto femenino, de tez morena clara, un metro sesenta de estatura, complexión media y alrededor de treinta y siete años de edad, por lo que no se aprecia a cuáles discrepancias se refiere la quejosa al referirse a la descripción realizada por la notificadora. Sin que deba perderse de vista que, en todo caso, la citada descripción constituye un elemento más con el que se pretenden aportar mayores datos respecto a la confiabilidad de la mencionada actuación, pero no constituye un requisito indispensable para la validez de la misma, puesto que bastan los diversos datos que señala y da fe el actuario que se pudo percatar. Se relaciona, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 1a./J. 58/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO. PARA CUMPLIR EL REQUISITO DE QUE EL NOTIFICADOR SE CERCIORE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, ES INNECESARIA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PERSONA QUE INFORMA DE LO ANTERIOR O CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, QUE SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE, A IDENTIFICARSE O A FIRMAR (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/95). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/94, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/95, determinó que existe una defectuosa diligencia de citación a juicio cuando el actuario omita precisar cómo llegó a la convicción de que en el domicilio en el que se había constituido vivía el demandado, al no especificar las características físicas de la persona con la que atendió el irregular emplazamiento. Ahora bien, en atención a las reglas de la lógica y al principio ontológico de la prueba es necesario interrumpir la jurisprudencia de mérito, toda vez que la descripción detallada de esas características no debe considerarse indispensable para la validez del emplazamiento. Así, la interpretación de los artículos 61, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y 1393 del Código de Comercio, lleva a establecer que para cumplir el requisito consistente en que el notificador se cerciore de que el domicilio donde practica el emplazamiento corresponde al del demandado y deje constancia de lo anterior, cuando no entiende la diligencia con éste sino con persona distinta, y ésta o el informante se niegue a dar su nombre, a identificarse o a firmar el acta, es innecesario que el actuario asiente una descripción exhaustiva o detallada de las características físicas de esa persona, pues si bien es cierto que entre mayores y de mejor calidad sean los elementos que el notificador haga constar en el acta circunstanciada por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, mayor certeza ofrecerá de ese hecho, no debe perderse de vista que el objetivo de la formalidad de asegurar que el emplazamiento se haga en el domicilio del demandado es para que éste quede vinculado a proceso, por lo que lo importante es dejar registro de los elementos y circunstancias que le permitieron llegar a la convicción o certeza de que el lugar donde se encuentra sí es del demandado, y apoyado en la fe pública del funcionario judicial, a fin de que lo anterior pueda ser apreciado y valorado por las partes y el juez, según su prudente arbitrio. Por lo que no resultaría indispensable o exigible cumplir aspectos difíciles o imposibles de lograr, como pretender la plena identificación de una persona a través de su descripción física detallada, de manera que se invalidara la actuación sólo por no haber dado razón de alguna o algunas de las características físicas del sujeto, lo cual representaría un exceso ritual manifiesto en que se privilegiaría la forma por sí misma, y no por su objetivo, con lo cual, paradójicamente, se vulneraría el debido proceso y el acceso a la justicia." Por otra parte, respecto al segundo concepto de violación, relativo a que la actuaria no certificó que las copias simples de la demanda y documentos con los que corrió traslado fueron sellados y cotejados con su original, debe considerarse que el mismo resulta infundado. Lo anterior, dado que en términos del multicitado artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no es obligación de la autoridad realizar la referida certificación, puesto que el citado numeral establece que ".en los caso de emplazamiento se dejarán también las copias simples correspondientes", de ahí que basta la manifestación realizada por la actuaria de que entregó copia de diversos documentos para tener por satisfecho del dispositivo legal en comento. Máxime que la notificadora hizo constar que además de la demanda, se dieron copias de los documentos base de la acción, por lo que se cumple el objetivo de la normativa relativo a dar oportunidad a la parte demandada de tomar conocimiento de la acción intentada en su contra y los medios de convicción en que ésta se basa, sin que sea imprescindible que se de fe que las mismas fueron selladas y cotejadas al no ser requerimiento legal. Es por ello que la jurisprudencia 1ª./J. 22/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA." no resulta aplicable al caso dado que los criterios que en contradicción de tesis dieron origen a la citada jurisprudencia corresponden a legislaciones de la Ciudad de México y Estado de México (Primer y Segundo Circuitos) y el texto del propio criterio en comento se puntualiza que el sello y cotejo de las copias es indispensable siempre y cuando así lo marque la legislación procesal correspondiente, lo que en el caso del Estado de Veracruz, no se surte. Así las cosas, es evidente que la diligencia de emplazamiento reclamada, atento a su contenido, resulta legal, al tenor de los argumentos ya precisados en párrafos precedentes, pues dicha diligencia fue desahogada por la licenciada Julieta del Carmen Torres Ramírez, Actuaria con categoría de Secretario 7, adscrita a la Central de Actuarios del Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, quien goza de fe pública, también señalado como autoridad responsable, sin que en el caso la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuarla. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia VI.2o.C. J/222 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo." CONCLUSIÓN. De tal suerte que al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del numeral 79, fracción VI de la Ley de Amparo, al ser legales el auto y la diligencia de emplazamiento impugnados, debe decirse que es lícito lo actuado en el procedimiento natural de origen, por ser parte de las consecuencias jurídicas que se derivan directamente de dicha actuación, pues además no se combate por vicios propios, sino que los hacen derivar de la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento analizada. En esas condiciones, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en el artículo 73, 74, 77 y 79, todos de la Ley de Amparo, seRESUELVE PRIMERO. Se sobresee en presente juicio respecto de la autoridad señalada en el considerando tercero de esta sentencia por los motivos expuestos en dicho considerando. SEGUNDO. La justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Aldrin Ivette Magaña López, contra los actos reclamados y autoridades señalados en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando séptimo de esta resolución. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
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