Aldonza Estela Fernandez Carral
Expediente 405/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Aldonza Estela Fernandez Carral
- Procurador General de la República
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la comunicación de cuenta signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa II-RO, Zona Oriente y, en atención al contenido de la misma, téngasele acusando recibo del oficio número A-1314-3, por medio del cual, se le remitió la copia certificada de la averiguación previa ********************. CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio OF.389.1-C, mediante el cual se ordenó notificar la referida sentencia a la autoridad responsable Procurador General de la República, toda vez que el sentido de la misma no le causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentra legitimada para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada de manera provisional, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, devuélvanse la documental exhibida por la autoridad responsable Gonzalo Vargas Infante, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-RO Zona Oriente, consistente de copia certificada de la averiguación previa AP/PGR/DDF/SZS-XII/5614PP/2016, que remitió en apoyo a su informe justificado (anexo I); requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
PRIMERO. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes, en términos del considerando tercero. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 405/2017-A, promovido por Aldonza Estela Fernández Carral, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta, con anexo, del licenciado Gonzalo Vargas Infante, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa II-RO Zona Oriente, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo dictado el dos de junio de dos mil diecisiete (fojas 61 a 63), pues para tal efecto, remite copia certificada de todo lo actuado dentro de la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-XII/5614PP/2016 de su estadística. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 117, quinto párrafo de la Ley de Amparo, dese vista las partes con tales constancias para que manifiesten lo que estimen conveniente. Sirve como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. Dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite dicha autoridad, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Acúsese a dicha autoridad el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, téngase a la referida autoridad comunicando que las copias de la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-XII/5614PP/2016, con las que se formó el tomo I de pruebas, contiene información reservada. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 59/2016, dedujo que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público se clasifique como reservada, ya que tal disposición no se vería afectada cuando se tratara de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redundara directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que se concluyera que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debía entenderse con esa connotación siempre que se tratara de personas diversas del quejoso, o se tratara de información que no estuviera relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debía operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley. En el caso en concreto, se rectifica la calificación realizada por la aludida autoridad en términos del artículo 113, fracciones VII y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues, en primer lugar, se trata de información contenida dentro de investigaciones de hechos que la ley señala como delito y, en segundo lugar, su publicación podría obstruir la investigación y persecución del delito. De ahí, la rectificación de la calificación realizada por la autoridad oficiante. Sin embargo, para concretar el derecho de la parte quejosa a una verdadera defensa, aquélla podrá solicitar únicamente copia certificada de las constancias que resulten necesarias para su defensa, siempre y cuando aquéllas no contengan información que pertenezca a diversas personas. De la referida contradicción emanó la jurisprudencia 1a./J. 33/2016, de rubro y texto siguientes: COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley. Además, caber precisar que lo anterior no implica que tales actuaciones puedan reproducirse por cualquier medio, pues podría trastocarse ese principio de reserva, vulnerándose las investigaciones practicadas en la carpeta de investigación que requieren de ese sigilo, ya que se tendría acceso a toda la información y se podría hacer un uso indebido de ella. Aunado a que este juzgado, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes de la información que considere esencial para su defensa, por lo que podrá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si se permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que -se reitera- en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, con la excepción establecida para la parte quejosa en líneas precedentes, la cual será previamente valorada en caso de que se formule una solicitud en ese sentido, atendiendo a las constancias que desean reproducir por medio de la expedición de copias certificadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.
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