Aldo Zapata Herrera
Expediente 1696/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1696/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Aldo Zapata Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que escrito depositado en el buzón judicial el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y turnado en esa propia data a este órgano jurisdiccional, Aldo Zapata Herrera, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y acto siguientes: a) La resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reclamación interpuesto por Aldo Zapata Herrera, en el juicio contencioso administrativo 284/2023-JCA-6-16, mediante la cual, por una parte, se confirmó el diverso proveído de once de mayo del mismo año, por el que se desechó la demanda por notoriamente improcedente; y por otra, se le impuso una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atribuida a la Segunda Sala Colegiada y al Magistrado Titular de la Ponencia Cinco de la Segunda Sala, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla. b) En vía de consecuencia, la ejecución de la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés; reclamada al Actuario adscrito a la Ponencia Cinco de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa, al señalar el acto reclamado, expresó que en la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés se resolvieron los "sendos recursos de reclamación"; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las pruebas que aportó con ésta última, se advierte que, en realidad, sólo controvierte la resolución de esa data, mediante la cual se confirmó el desechamiento de la demanda en el juicio de origen, y se le impuso un multa. Además, la precisión de los actos reclamados en esos términos atiende a la circunstancia de que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, registro: 181810, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Establecido lo anterior, debe apuntarse que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, por tanto, dicha circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de derechos fundamentales, se procede al análisis correspondiente. Al respecto, conviene distinguir entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por la primera la potestad de que se hallan investidos los juzgadores para administrar justicia, mientras que el segundo concepto se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversia, y esa facultad debe serles atribuida por la ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la tesis aislada de título y contenido siguientes: "Registro digital: 245837 Instancia: Sala Auxiliar Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 80, Séptima Parte, página 21 Tipo: Aislada JURISDICCION Y COMPETENCIA. La jurisdicción es la potestad del Estado convertido en autoridad para impartir justicia, por medio de los tribunales que son sus órganos jurisdiccionales, pero esa administración de justicia comprende actividades muy diversas, por lo que ha habido necesidad de hacer una clasificación atendiendo a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo cual origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. Así pues, la jurisdicción es la potestad de que se hallan investidos los Jueces para administrar justicia y la competencia es la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, y esa facultad debe serles atribuida por la ley o puede derivarse de la voluntad de las partes." En el caso, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer respecto de la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés -y su ejecución-, dictada en el recurso de reclamación interpuesto por Aldo Zapata Herrera, en el juicio contencioso administrativo 284/2023-JCA-6-16, en la que, por una parte, se confirmó el diverso proveído de once de mayo del mismo año, por el que se desechó la demanda en dicho controvertido por resultar notoriamente improcedente, y por otra, se impuso una multa al recurrente -ahora quejoso-. Así es, este órgano de control constitucional estima que el conocimiento del presente juicio de amparo, corresponde a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la vía directa. Esto es así, debido a que los artículos 34 y 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)." [Lo resaltado no es de origen] Como puede verse, del primer numeral reproducido se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. Así, conforme al segundo artículo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo que las sentencias definitivas y los laudos son las determinaciones que deciden el juicio en lo principal, en tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que lo dan por concluido, sin pronunciarse sobre lo principal. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el recurso de reclamación interpuesto por Aldo Zapata Herrera, en el juicio contencioso administrativo 284/2023-JCA-6-16, mediante la cual se confirmó el diverso proveído de once de mayo del mismo año, en el que se desechó la demanda de dicho controvertido por notoriamente improcedente, y además, se impuso una multa al promovente. En esa tesitura, en contra de la resolución reclamada es procedente el juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que se prevé que éste procede en contra de las resoluciones que ponen fin al juicio, es decir, que deciden el juicio en lo principal o lo dan por concluido; como lo es el acto objeto de reclamo en el presente sumario en el que se confirmó el desechamiento de la demanda en un juicio contencioso administrativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 2015687 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 97/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 241 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." De la misma forma, por su sentido, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 194715 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 87/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 56 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." Sin que la circunstancia de que en la resolución reclamada se le haya impuesto una multa a la parte quejosa implique que este órgano jurisdiccional sea legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo biinstancial; ello es así, tal medida disciplinaria no puede analizarse parcialmente, pues ello equivaldría a dividir la continencia de la causa, lo cual no es permitido, por contravenir los principios básicos que estructuran el proceso y por ende, la Ley de Amparo misma, si se toma en cuenta que para analizar la sanción impuesta debe partirse del análisis de los agravios expuestos en el recurso de reclamación. En ese contexto, dada la naturaleza de los actos que se impugnan, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, inciso c, de la Constitución Federal; así como 34 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en tanto que -como se explicó- el acto reclamado resulta del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. En consecuencia, se ordena la remisión del original del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que, por su conducto, se turne al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, y este último de así estimarlo, asuma su competencia y resuelva lo pertinente; solicitando que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar la determinación que asuma sobre el particular. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; asimismo, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. Infórmese que en el presente juicio de amparo sólo obran las constancias recibidas físicamente, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, así como a la respuesta emitida el tres de abril de dos mil veintitrés por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de la consulta realizada con motivo del citado Acuerdo General. En consecuencia, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio, a fin de que esté disponible para el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del presente juicio constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por las autoridades responsables mencionadas en la certificación de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo se encuentra transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha han transcurrido los cinco días que se le otorgaron a la parte quejosa para que exhibiera la garantía que se le fijó en la resolución interlocutoria de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, deja de surtir sus efectos la medida de suspensión decretada en la resolución interlocutoria antes mencionada; por consiguiente, hágase del conocimiento lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Décima Época Registro digital: 2008029 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.47 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV Tipo: Aislada Página: 3040 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER EX OFFICIO DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber ex officio de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible". De igual forma, tiene aplicación la tesis siguiente: "Novena Época Registro digital: 170577 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.31 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Tipo: Aislada Página: 1823 SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. Este precepto legal previene que la determinación que concede la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el agraviado no cubre dentro del plazo de cinco días los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, esto es, los conocidos como de efectividad a que se refieren los artículos 125, 135 y 136 de la Ley de Amparo, que dependen de la naturaleza del acto reclamado y se constituyen por aquellas condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión, es decir, para que opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias; requisitos que, a diferencia de los de procedencia, se refieren a la generación de los efectos de dicha medida. En esos términos, es posible que se conceda la suspensión por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse cumplido los señalados en la ley para su efectividad; de ahí que no tiene el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues en el primer caso, deja de tener vigencia y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse acatado la condición que se impuso. Por consiguiente, tratándose de la garantía que se requiere para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, si la parte quejosa deja de exhibirla dentro del mencionado plazo, esto no significa que la medida cautelar quede anulada o revocada, sino sólo que no puede surtir sus efectos y que se encuentran expeditas las facultades de la autoridad responsable para ejecutar el acto reclamado. Sobre tales premisas, no debe entenderse que la parte quejosa pierde el derecho de otorgar la garantía requerida una vez transcurridos los cinco días que contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sino que la medida sólo dejará de surtir efectos y los recobrará cuando se cubra ese requisito exigido para su efectividad". Notifíquese. Así lo resolvió y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos dos oficios y un anexo, de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla -en su denominación correcta-, y del Magistrado Titular de la Ponencia Cinco de la Segunda Sala Colegiada del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla -en su denominación correcta-, a través de los cual rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades responsables, rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico SISE) para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar las denominaciones completas y correctas de las citadas autoridades responsables dentro del presente juicio de amparo. Asimismo, se tienen por recibidas las constancias adjuntas al oficio de cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. En términos del artículo 9º de la citada ley, se les tiene designando como delegados a las personas que citan en sus respectivos oficios y por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indican en los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Aldo Marcony Galaviz Macias1283/2018
- Aldo Marcony Galaviz Macías1710/2018
- Aldo Marcony Galaviz Macias553/2017
- Aldo Monge Valdez488/2019
- Aldo Rafael Díaz Ruiz638/2022
- Aldo Reyes Armenta1399/2017
- Alejando Galicia Martínez1891/2017
- Alejandra Aldana Gonzaga250/2019
- Alejandra Aldana Gonzaga2526/2018
- Alejandra Aldana Gonzaga1616/2018
- Alejandra Alicia Gómez López1730/2019
- Alejandra Aranzazu Peralta Álvarez2140/2022