Aldo Rubiel Guzmán Ramírez

Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
392/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Aldo Rubiel Guzmán Ramírez
  • Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedieron la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General . Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno e interlocutoria dictada el veintitrés de abril siguiente, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia donde se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración, por lo que deberá conservarse la demanda de amparo y la sentencia. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devuélvase a la autoridad responsable el medio de convicción que acompañó a su informe justificado, por carecer de objeto que continúe en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  3. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 392/2021, promovido por **** , en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar las consideraciones del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, para emitir auto de vinculación a proceso y medida cautelar impuesta, dentro de la causa penal **** , por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de edad **** I. ANTECEDENTES 1. De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se realizó la comunicación de la imputación a **** , por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de edad **** 2. Acto seguido, la defensa se reservó el derecho de declarar y solicitó la ampliación del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica dentro de la causa penal de origen. 3. El veinte de marzo de dos mil veinte, el juez de control de origen determinó vincularlo a proceso por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de edad **** 4. De igual forma, a solicitud de la fiscalía le impuso las medidas cautelares previstas en las fracciones VI, VII y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 5. **** , presentó un escrito el trece de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que precisará en el apartado correspondiente. 6. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 7. La demanda de amparo se turnó el día de su presentación a este Juzgado de Distrito, la que se registró bajo el consecutivo 392/2021. Así, por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 11. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 12. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: a) El auto de vinculación a proceso de veinte de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro de la causa penal **** , por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familia, cometido en agravio de la menor de edad **** b) Las medidas cautelares impuestas previstas en las fracciones VI, VII y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales . V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 13. La existencia de los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir del informe justificado recibido el seis de mayo de dos mil veintiuno por la oficialía de partes común a los Juzgados de Distrito, lo que se corrobora con el disco versátil digital relativo a la causa penal **** que remitió en apoyo a su informe de ley, medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 14. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. LEGITIMACIÓN 15. **** , se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, ya que el auto de vinculación a proceso reclamado y medida cautelar controvertida, se emitieron en su contra y lo obliga seguir un proceso penal, lo que a su decir vulnera sus derechos fundamentales. VII. OPORTUNIDAD 16. Los actos reclamados se notificaron a la parte quejosa en la audiencia de veinte de marzo de dos mil veintiuno, y esa notificación surtió efectos al día siguiente, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales . 17. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a correr el veintitrés de marzo y concluyó el quince de abril de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días veintisiete, veintiocho y treinta y uno de marzo, uno, dos, tres, cuatro, diez y once del año en curso, por ser sábados y domingos e inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. 18. Al haberse presentado la demanda el trece de abril de dos mil veintiuno-como se aprecia de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec-, se considera que es oportuna. VIII. PROCEDENCIA 19. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 20. Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados. 21. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." X. ESTUDIO DEL ASUNTO 22. La parte quejosa en sus conceptos de violación refiere lo siguiente: i) Se viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia. ii) El auto de vinculación a proceso devine de una falta de fundamentación y motivación. iii) No existen elementos suficientes, ni datos de prueba idóneos para establecer la participación en el hecho que se le imputa. iv) El juez responsable le concede en exceso valor probatorio a la declaración de la meno víctima, sin que se sustente en diverso dato de prueba. 23. Estudio de la resolución de vinculación a proceso. 24. Para determinar si existe vulneración de derechos humanos en contra del aquí quejoso, debemos puntualizar que uno de los actos controvertidos es el auto de vinculación a proceso emitido en la causa penal de origen. 23. Ahora, conviene destacar que los ordinales 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." 24. De la lectura de los dispositivos transcritos conduce a establecer que el auto de vinculación a proceso debe satisfacer ciertos requisitos formales y otros más de índole material, a saber: en cuanto a la forma, constitucionalmente se establece que en dicho fallo deben precisarse la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y, respecto al fondo, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. 25. Cabe aclarar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. 26. Además, el auto de vinculación debe cumplir con los principios de legalidad y de seguridad jurídica previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. 27. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 204, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, materia Común, Séptima Época, 1917-2000, página ciento setenta y seis, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 28. Asimismo, la tesis XIII.P.A.30 P, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, Novena Época, página mil doscientos veintiocho, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías." 29. El citado derecho constitucional de fundamentación y de motivación si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la determinación combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales de ésta, ya que los fundamentos y los motivos que el Juez de control plasme en su resolución constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el dispositivo 19 Constitucional, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su consumación. 30. En ese sentido, atendiendo a la importancia que reviste el derecho fundamental de libertad que se ve afectado de manera indirecta con la resolución reclamada, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional el deber de circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el Juez de control y resolver respecto de la constitucionalidad o no de dicho acto, sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya a la responsable en la apreciación de los elementos de convicción, ya que únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. 31. Ahora bien, de la reproducción del disco versátil certificado que remitió la autoridad responsables, se advierte lo siguiente: Audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno ? 09:53 - Inicia la audiencia de formulación de la imputación, en la que una vez que se individualizan las partes, el juez de control responsable le hace saber los derechos que le asisten a la parte imputada. ? 10:00 - El agente del Ministerio Público formula la imputación a **** , por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de su menor hija de iniciales **** ? 10:04 - El agente del ministerio público hace saber los datos de prueba con los que se cuenta en la carpeta de investigación de origen. ? 10:06 - El Agente del ministerio público expone de manera detallada los datos de prueba aportados, con los cuales a su consideración se acredita a manera de probabilidad el hecho delictivo que se le imputa y solicita la vinculación a proceso. (Finaliza a las 10:46). ? 10:46 - La asesora jurídica de la víctima realiza argumentos y de igual forma solicita la vinculación a proceso del imputado. ? 10:50 - La defensa solicita la ampliación del término constitucional para que se resuelva la situación jurídica del imputado. ? 10:51 - El juez de control responsable señaló las 10:00 horas del día sábado veinte de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de ampliación del término constitucional. ? 10:52 - El agente del ministerio público solicitó la imposición de las medidas cautelares previstas en las fracciones VII y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales . ? 11:00 - El Juez de control una vez que escuchó a la defensa, resolvió sobre la petición e impuso las medidas cautelares solicitadas por la institución ministerial. Audiencia de veinte de marzo de dos mil veintiuno ? 10:21 - Inicia formalmente la audiencia y proceden a individualizarse las partes. ? 10:22 - La defensa expone la teoría del caso y hace suyos datos de prueba que obran en la propia carpeta de investigación de origen. ? 10:29 - El juez de control una vez de imponerse de los argumentos vertidos por las diversas partes presentes en la audiencia, estima procedente admitir los datos de prueba ofertados por la defensa. ? 10:30 - La defensa inicia con la exposición de los datos de pruebas para sustentar la teoría del caso (Finaliza a las 10:57). ? 10:57 - El juez de control otorga el uso de la voz a la agente del ministerio público, por lo que realiza argumentos que estimó pertinentes (Finaliza 11:11). ? 11:11 - En uso de la voz la asesora jurídica de la víctima realiza argumentos. ? 11:24 - El juez de control responsable procede a resolver sobre la situación jurídica del imputado y estima que existen datos de prueba suficientes para acreditar a manera de probabilidad que **** , cometió el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar cometido en agravio de su menor hija **** y procede a vincularlo a proceso. ? 11:48 - El agente del ministerio público solicita la imposición de las medidas cautelares previstas en las fracciones VI, VII y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ? 12:08 - El Juez de control una vez que escuchó a la defensa, resolvió sobre la petición e impuso las medidas cautelares solicitadas por la institución ministerial. 32. De los acontecimientos antes expuesto, se estima que los conceptos que hace valer la parte quejosa devienen infundados y jurídicamente ineficaces, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir. 33. Se explica. En primer término deviene infundado el primer concepto de violación que hizo valer la parte quejosa, ya que contrario a lo que indica, se respetó al aquí quejoso el principio constitucional de presunción de inocencia, debido a que se le trató como tal, se le otorgó oportunidad de defensa al estar asistido por un defensor de oficio, se le hizo saber su derecho a guardar silencio o no declarar y la trascendencia de éste, su derecho a ofrecer pruebas (derecho que hizo valer), a la información, el conocimiento del motivo por el que estuvo en la sala de audiencias y su derecho a una impartición de justicia pronta. 34. También, debe señalarse que se cumplió con lo previsto por el ordinal 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales , ya que la audiencia se desahogó con apego a los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. 35. Publicidad. Dicha audiencia fue pública, ya que así se parecía y se hizo constar de las videograbaciones que remitió el juez del proceso en apoyo a su informe justificado. 36. Inmediatez. Se advierte que la participación de las partes fue ininterrumpida, sin intermediarios. 37. Contradicción. Se aprecia que las partes ejercieron libremente su derecho a controvertir los datos de convicción comunicados e incorporados verbalmente. 38. Continuidad y concentración. En razón de que los actos desarrollados en la audiencia se realizaron en una sola, se llevaron a cabo con los recesos indispensables propios por la naturaleza de este tipo de procedimiento y todo, en forma oral. 39. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro tres, febrero de dos mil catorce, Tomo I, página 396, de la literalidad siguiente: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." 40. Tocante al segundo concepto de violación que refiere, relativo a que el auto de vinculación a proceso carece de una debida fundamentación y motivación, de igual forma es infundado. 41. Se afirma lo anterior, ya que contrario a lo que aduce los requisitos de fondo se cumplen a cabalidad. El auto de vinculación a proceso respeta el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, ya que se emitió con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, apoyándose en los preceptos legales aplicables. 42. Para justificar lo anterior deben observarse las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de base, y que llevan a establecer si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probabilidad de que el imputado lo cometió. 43. En ese contexto, del análisis de la audiencia de veinte de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se emitió la determinación reclamada, se advierte que con acierto el juez responsable, estimó que los hechos materia de imputación se describen como el delitos de violencia familiar. 44. Ilícitos que se encuentran previstos en el Código Penal del Estado de Oaxaca. Violencia familiar. Ilícito previsto en los artículos 404, 404 Bis fracción I, y sancionado por el artículo 405, todos del Código Penal del Estado de Oaxaca, que son del tenor siguiente: "Delitos contra el derecho a una vida libre de violencia CAPITULO I Violencia familiar 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas; [.] 405. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de tres a nueve años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además se sujetará a tratamiento especializado en el Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres, que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo; en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores, persona con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o durante tres meses posteriores al parto. En el supuesto de que, se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción I del artículo 404 Bis de este Código, la pena será de 5 a 10 años de prisión. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad. [.]" 45. En efecto, en cuanto a la valoración de los datos de prueba para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en el auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta prohibida por la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable . 46. Sostuvo que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. 47. Lo anterior es así, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio. 48. Esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 49. De ahí que, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. 50. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito -sostuvo-, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. 51. Dicho nivel de exigencia -dijo-, es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada; es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. 52. Bien, los datos de prueba que aportó el Ministerio Público son los siguientes: i) Denuncia de **** (madre de la menor víctima) de doce de noviembre de dos mil diecinueve. ii) Declaración de la menor víctima de iniciales **** de doce de noviembre de dos mil diecinueve. iii) Dictamen médico de lesiones emitido por la perito médico **** de doce de noviembre de dos mil diecinueve. iv) Acta de inspección ocular emitida de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve emitida por el Agente Estatal de Investigaciones. v) Dictamen psicológico emitido el cuatro de febrero de dos mil veinte por la licenciada **** a favor de la menor víctima. vi) Atestado civil de la menor víctima expedido el veintiocho de enero de dos mil veinte por la Oficial de Registro Civil. 53. Por su parte la defensa aportó como datos de prueba los ya existentes en la carpeta de investigación que hizo suyos, a saber: i) Declaración de la menor víctima de iniciales **** de doce de noviembre de dos mil diecinueve. ii) Dictamen médico de lesiones emitido por la perito médico **** de doce de noviembre de dos mil diecinueve. iii) Dictamen psicológico emitido el cuatro de febrero de dos mil veinte por la licenciada **** a favor de la menor víctima. iv) Oficio sin número de doce de noviembre de dos mil diecinueve, girado por la institución ministerial y dirigido a la perito en psicología donde solicita el dictamen en esa materia. v) Oficio sin número de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se hace constar la incomparecencia de la menor para realizar el dictamen en psicología en esa ocasión. vi) Oficio sin número girado por la institución ministerial donde se solicitan diversos actos de investigación sobre los hechos acontecidos. 54. Por consiguiente, el juez de origen indicó que con los datos de prueba se acreditan de manera probable los hechos siguientes: "1. La víctima adolescente de iniciales **** es hija del imputado **** . 2. Que el día once de noviembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las catorce diez horas, la víctima adolescente de iniciales **** se encontraba en el taller mecánico automotriz denominado "Fix", ubicado en avenida 16 de septiembre, sin número, de la Colonia Fernando Gómez Sandoval, Oaxaca, cuando el imputado, quién es su padre, llegó a decirle "me dijeron que te vieron tomando en la comparsa, bebiendo alcohol, no me la paso trabajando para que andes tomando" después, el imputado comenzó a darle cachetadas provocándole que sangrara la víctima de la nariz y de la boca, luego le dio tres puñetazos, uno en la mejilla de lado derecho y dos en la cabeza, a raíz de lo anterior la adolescente víctima presentó diversos edemas y moretones". 55. Precisado lo anterior, en el caso, este juzgado federal considera que correctamente la autoridad responsable estimó que la existencia de los hechos que la ley señala como delitos de violencia familiar, se obtuvo de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, a título de probabilidad. 56. Sobre esa base, el juez responsable actuó legalmente al establecer que los hechos fácticos que calificó como el delito de violencia familiar y la probabilidad de que el quejoso participó en su comisión, derivó de la concatenación de los datos de prueba reseñados con anterioridad. 57. Los cuales, contrario a la pretensión de la parte quejosa, fueron apreciados correctamente por el juez de control responsable de acuerdo con las reglas de la valoración de la prueba (sana crítica), en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. 58. Ello, pues analizado en su conjunto los datos de prueba referidos, se advierte que son idóneos y pertinentes para establecer a manera de probabilidad que el quejoso **** , intervino en el hecho que la ley describe como el delito que se le imputa como autor material de dicha conducta. 59. En efecto, de los datos de prueba aportados se precisa que fue él quien probablemente el día de los hechos, su hija adolecente y víctima del delito, se encontraba en el taller mecánico automotriz denominado "Fix", cuando su padre y ahora imputado en la causa penal de origen, se hizo presente en el lugar y le dijo "me dijeron que te vieron tomando en la comparsa, bebiendo alcohol, no me la paso trabajando para que andes tomando". 60. Acto seguido, el activo inició golpear en la fisonomía de la adolecente, lo que provocó que sangrara de la nariz y boca, dejando así una secuela de edemas y moretones. 61. Como acertadamente lo indicó el juez de la causa, con los datos de prueba aportados, se aprecia que el imputado **** , es el padre de la adolecente víctima. Así como que el día de los hechos el activo usando partes de su cuerpo, como son las manos, ejerció violencia física en contra de la referida menor, lo que trajo como consecuencia diversas lesiones en su rostro. 62. Así, adverso a la pretensión del quejoso y como acertadamente lo indicó el juez de control responsable, dicho hecho se encuentra hasta este momento acreditado de manera probable, entre otras, con la i) declaración de la progenitora de la víctima **** ; ii) declaración de la adolecente de iniciales **** ; iii) dictamen médico de lesiones; y, iv) el atestado civil de la adolecente. 63. Tocante a la declaración de la nombrada **** , en la indicó en lo que aquí interesa, el día sábado nueve de noviembre de dos mil diecinueve su hija fue a una "comparsa", en un horario de las catorce a las veinte horas, una vez que retornó al hogar, le dio un beso a la menor y procedió a irse a su recamara a dormir. Posteriormente, el día once de noviembre de dos mil diecinueve (día de los hechos), acudió al taller del señor **** , para hablar sobre temas referente a los niños, a lo que el imputado le indicó que no servía para ser madre, ya que no sabía lo que había pasado el sábado con su hija sin comentarle nada más, finalmente le comentó que su hija pasaría a verlo cuando saliera de la escuela. Una vez hecho esto, realizó unos trámites en diferentes lugares y cuando retornó a su casa, su hija bajó de su recamara y se percató que estaba llorando, al cuestionarla le indicó que su papá la había golpeado, que la abofeteó en diversas ocasiones, lesionándole el labio y el paladar, así también le pego en la cabeza con el puño, lo anterior ya que alguien le dijo que en la comparsa la observaron en estado de ebriedad. 64. Por su parte, de la declaración de la menor (la cual fue acompañada en perito en psicología), manifestó en lo que aquí interesa, el día sábado nueve de noviembre de dos mil diecinueve, previo permiso de su madre, fue a una "comparsa" en compañía de una compañera de su escuela, una vez estando en el lugar se tomaron dos cerveza, en un horario de las catorce a las veinte horas. 65. Así, el día once de noviembre de ese año, recibió un mensaje en su celular proveniente de su padre, indicándole que la esperaba en su taller cuando saliera de la escuela. Una vez que arribó al taller de su padre, este la interrogó, cuestionándola que la vieron tomando, a lo que indagó cuantas cerveza se había tomado, a lo que la menor contestó "dos cervezas", el activo enojado le indicó que no trabaja para que ella estuviera tomando, después de discutir, procedió a abofetearla y propiciar puños en su cabeza, lo que evidentemente la lesionó. 66. De ahí que el juez consideró, que esos datos son relevante al caso, porque la progenitora de la menor relató de manera detallada como se percató de los hechos y observó las lesiones con que contaba la ya referida menor. 67. Por su parte, la declaración de la víctima de igual forma es relevante, ya que es la persona que resintió la conducta delictiva desplegada por el imputado y es preponderante su declaración, lo que arrojó valor indiciario. 68. Lo que se considera atinado porque la declaración de la víctima es objetiva, percibió hechos propios que son capaces de mencionar por cualquier persona, identifica el momento en el que sucede el hecho que da origen a la causa penal de origen; se advierten circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho que manifestó a la institución ministerial, a saber, describió como el día en que su padre la citó en el taller mecánico donde labora, y después de cuestionarla sobre los hechos ocurridos en la comparsa a la que asistió, la agredió físicamente como ya antes se relató, ocasionándole lesiones; en consecuencia, ambas declaraciones resultan ser idónea, necesarias, pertinente y coherente para estimarla con alcance probatorio para fijar la circunstancias de tiempo, modo y ejecución del hecho que denunció. 69. Datos de prueba a los cuales se engarza con el certificado médico de lesiones expedidos a favor de la víctima, de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedidos por la perito médico **** , en los que detalla las lesiones ocasionadas por el activo del hecho delictivo. 70. De ese modo, atendiendo a ese dictamen realizado tiene congruencia externa y es corroborado con las declaraciones de la víctima y su progenitora, por lo tanto genera valor indiciario, para considerar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. 71. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 256, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 188, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Sexta Época, Apéndice 2000, del tenor siguiente: "PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.-Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." 72. Lo cual se robustece con el atestado civil de nacimiento, expedido por el oficial del registro civil, donde claramente se aprecia que la menor víctima es hija del imputado **** y **** . Documental que acertadamente otorgó valor indiciario. 73. De ahí que los datos de prueba relatados por el Ministerio Público sean aptos para acreditar, a título de probabilidad, las conductas desplegadas por el imputado; la cual, desde luego, incursiona en el campo de lo ilícito, y por ende, hasta esta etapa procesal, son suficientes para vincularlo a proceso. 74. Por lo anterior, deviene infundado el tercero y cuarto concepto de violación que hizo valer el quejoso, ya que como bien se indicó en párrafos precedentes contrario a lo que estima, si existen datos de prueba idóneos y suficientes para acreditar a manera de probabilidad su participación en el hecho que se le imputa. 75. Además, contrario a lo que indica, no se le otorgó en exceso valor probatorio a la declaración de su menor hija, ya que como quedó evidenciado a lo largo de la resolución que se emite, se robusteció y apoyo con los diversos datos de prueba consistentes en la declaración de la progenitora de la víctima **** , dictamen médico de lesiones y el atestado civil de la adolecente, lo que resultó suficiente. 76. Se explica. 77. El estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad, como el ahora analizado, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. 78. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el juez de juicio, distinto de quien emitió la vinculación a proceso , y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 79. Por ende, en el estado de investigación inicial (en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen), no se habla de prueba, sino de dato de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporciona el Ministerio y que el juez de control no puede valorar, al no desahogarse ante su potestad. 80. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." 81. Finalmente, en atención a los argumentos tendente a desvirtuar los datos de prueba, resultan jurídicamente ineficaces, en razón a que no es la etapa procesal idónea para tales efectos. 82. Por ende, en todo caso, los señalamientos con los cuales la parte quejosa hace depender la falta de valor probatorio de los dictámenes, certificado médico y declaraciones relativas, deberán ser materia de estudio en un diverso estadio procesal al que actualmente se encuentra el presente asunto. 83. En mérito de lo anterior, lo procedente es negar a **** el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó por propio derecho, en contra del auto de vinculación a proceso emitido por el juez de control responsable, en la audiencia inicial de veinte de marzo de dos mil veintiuno relativa a la causa penal **** , por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor de edad **** 84. Estudio de la medida cautelar impuesta. 85. Recordemos que el aquí quejoso también señaló como acto reclamado, la resolución en la que se le impuso diversas medidas cautelares preventivas. 86. La parte quejosa no expresó concepto de violación alguno en contra de dicha media, solo se limitó a señalarla como acto reclamado destacado; máxime, que no se advierte deficiencia en su formulación que amerite ser suplida, en términos del numeral 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. 87. Bien, los numerales 153 y 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "SECCIÓN I Disposiciones generales Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." 88. De las porciones normativas antes señaladas, se advierte que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable con el objetivo siguiente: i) Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento; ii) Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo; iii) O evitar la obstaculización del procedimiento. 89. Así, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, cuando formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o se haya vinculado a proceso al imputado. 90. Por su parte el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la resolución que establezca una medida cautelar debe contener, al menos lo siguiente: a) La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; b) Los lineamientos para la aplicación de la medida; y, c) La vigencia de la medida. 91. En ese sentido, a solicitud del ministerio público impuso las medidas cautelares previstas en las fracciones VI, VII y VIII del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, la restricción que se tiene para no acercarse y no molestar a la víctima al domicilio donde actualmente radica. Así como seguir con las terapias psicológicas en el Centro de Reeducación. 92. Lo anterior, bajo la justificación que existe un riesgo para la víctima, tomando en cuenta la naturaleza del hecho y la forma en que se suscitó el mismo, además de que la adolecente es una persona vulnerable. 93. El anterior argumento, lo robusteció con el informe presentado por la Unidad de Medidas Cautelares, en el que se concluye de forma similar, un riesgo probable para la víctima. 94. Dejando a salvo la posibilidad de que dichas medidas cautelares pueden modificarse con base en los informes que rinda dicha unidad, evidenciando un progreso psicológico favorable del imputado. 95. Entonces, tomando en consideración el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el Juez impuso al aquí quejoso diversas medidas cautelares justificadas en aras de proteger a la ya referida víctima menor de edad, pues como precisó la autoridad responsable, existe una probabilidad justificada. 96. De ahí que este juzgado federal advierte que dicha determinación se encuentra ajustada a derecho. XI. DECISIÓN 97. Consecuentemente, al resultar infundados y jurídicamente ineficaces los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. 98. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **** , en contra de los actos reclamados al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X del presente fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta y téngase al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, ofreciendo como medio de convicción, el disco versátil digital [DVD] que anexa; con lo anterior, dese vista a las partes. Ahora bien, debido a que las partes no tendrán conocimiento del informe que se agrega, con la debida anticipación de los ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada en determinación dictada el pasado catorce de abril, desde este momento se difiere para las catorce horas con veinticinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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