Aldo Roberto Plata Lara

Expediente 748/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
748/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Aldo Roberto Plata Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Aldo Roberto Plata Lara, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintidós de enero del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido...Por último, como lo establece el punto décimo primero del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL CUAL: "VISTO el escrito signado por el quejoso ALDO ROBERTO PLATA LARA, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por diverso proveído de trece de agosto de dos mil veinte, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto que se reclama a las autoridades responsables es la suspensión de su salario desde la segunda quincena del mes de mayo de dos mil veinte, que venía percibiendo como policía "A" de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, agréguese a los autos. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el escrito de la demanda y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el quejoso o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de Improcedencia, por lo cual se impone desechar de plano la demanda de amparo de referencia. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".. IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;". Precepto jurídico que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal o su incidente con independencia de las partes; en virtud de que para inconformarse de tales casos, la ley de la materia, prevé específicamente su impugnación mediante los recursos y demás medios de defensa. Por lo que, es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores se obstaculicen al tratar de cumplimentar esas resoluciones, así como evitar que una cuestión ya debatida y resuelta sea controvertida en diversos juicios de amparo, lo que atentaría contra la naturaleza de cosa juzgada y eficacia refleja de la misma. Sobre el examen de esta fracción, revela que establece dos supuestos específicos de improcedencia del amparo, fijados bajo el orden: a) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, b) El juicio de amparo no procede tratándose de actos en ejecución de una resolución de un juicio de amparo. El primer supuesto opera cuando la resolución sea dictada en el cuaderno principal, por lo que hace a la controversia de fondo, o en el cuaderno del incidente de suspensión relativa a la medida cautelar. En contra de esas resoluciones el amparo es improcedente, pudiendo atacarse solamente a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. En cuanto a los actos en ejecución de resoluciones dictadas en otro juicio de amparo. La segunda hipótesis planteada por esta fracción para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional mismo, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, toda vez que, si la autoridad responsable no da cumplimiento a la sentencia de amparo, por no realizar alguna conducta tendiente a acatar lo resuelto por la justicia federal, procede el incidente de inejecución de la sentencia respectiva, previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; tratándose de actos repetitivos, se tiene la posibilidad de iniciar el incidente de repetición del acto reclamado, contemplado en el numeral 199 de dicho ordenamiento, y en su caso contra la resolución que dicte el juez declarando que ha quedado cabalmente cumplida la sentencia de amparo, procede el recurso de inconformidad que establece el arábigo 201 de la ley de materia. En ese tenor, contra las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, en el caso de los actos que deriven del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, no procede un nuevo juicio constitucional, sino que deben hacerse valer los recursos ordinarios o medios de defensa que la propia Ley de Amparo contempla. Al respecto, encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 57/2018 (10a.), Página: 829, que es del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. En el caso, el quejoso reclama: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la retención del pago que por salario me corresponde de la segunda quincena del mes de mayo del presente año 2020, lo anterior sin que mediara procedimiento administrativo alguno en mi contra por parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas o por la autoridad administrativa competente, para que conforme a lo legalidad haya ordenado dicho acto el cual me causa perjuicio de imposible reparación, el cual se emitió sin observar la garantía de audiencia y el debido proceso como lo dispone el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, refiere el quejoso en su demanda de amparo, que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de junio de dos mil veinte, al acudir "a la institución bancaria en la cual sistemática y periódicamente se me realizaba el depósito respectivo de cada quincena, del 30% de mi salario por disposición judicial, por lo que al no encontrar deposito alguno por dicho rubro, es que acudí al Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, donde me mostraron el comprobante de pago respectivo y que corresponde a la segunda quincena del mes de mayo referida, mas sin embargo al suscrito no se le reflejaba en mis depósitos bancarios." Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgador, que en el diverso juicio de amparo 1166/2019 del índice de este juzgado de Distrito, por auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se le concedió la suspensión provisional en los términos siguientes: "Por tanto, es procedente otorgar la suspensión a la parte quejosa para el único efecto de que la autoridad instructora, esto es, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, garantice el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia de los presuntos responsables; por lo que dicha autoridad habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el presente incidente. La medida decretada también se concede para el efecto de que se le siga prestando los servicios médicos en los términos en que se le venía otorgando. En tal óptica, la presente medida precautoria que se concede surtirá sus efectos desde este momento; y hasta aquél, en que la autoridad responsable se le notifique la resolución definitiva. Sin necesidad de exigir a la parte quejosa la exhibición de la garantía referida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente asunto no existe tercero interesado que, en su caso, tuviese derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión concedida." Posteriormente, por resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva en los siguientes términos: "Por tanto, es procedente otorgar la suspensión a la parte quejosa para el único efecto de que la autoridad instructora, esto es, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, garantice el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia de los presuntos responsables; por lo que dicha autoridad habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte dentro del juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. La medida decretada también se concede para el efecto de que se le siga prestando los servicios médicos en los términos en que se le venía otorgando. En tal óptica, la presente medida precautoria que se concede surtirá sus efectos desde este momento; y hasta aquél, en que la autoridad responsable se le notifique la presente determinación. Sin necesidad de exigir a la parte quejosa la exhibición de la garantía referida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente asunto no existe tercero interesado que, en su caso, tuviese derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión concedida.". También constituye un hecho notorio que por sentencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable: "1.- Deje insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente número CDP/402/2018, por el Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública. 2.- turne los autos al Presidente del Consejo señalado como responsable para que se pronuncie en torno a la petición que le realizara el Director de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, mediante oficio de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 861) 3.- Hecho lo anterior continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales." La citada sentencia fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en sesión de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve y terminada de engrosar el veinte de enero de la presente anualidad, emitida dentro del amparo en revisión 349/2019, derivado del juicio de amparo 1166/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en términos del considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aldo Roberto Plata Lara, Contra el acto que reclamó del Consejo de Desarrollo Policial de la Secretaria de Seguridad Pública, así como del Director de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, ambos del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, precisado en el resultando primero de este asunto." Por oficio de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Presidente del Consejo de Desarrollo Policial, informó a este juzgado, dentro de los autos del diverso juicio de amparo 1166/2019, lo siguiente: ". el Presidente de este Honorable Consejo de Desarrollo Policial por diverso de fecha 24 de febrero del 2020 (mismo del que se adjunta una copia al presente oficio) decreta SUSPENDER SUS FUNCIONES COMO INTEGRANTE DE ESTA INSTITUCIÓN hasta en tanto el Consejo de Desarrollo Policial resuelva lo conducente. No obstante cabe señalar que queda intocado el acuerdo de fecha 23 de octubre del 2019 por medio del cual en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada dentro del citado amparo 1166/2019 al integrante ALDO ROBERTO PLATA LARA, se ordenó otorgarle el 30% (treinta por ciento) de su ingreso real así como el servicio médico en los términos en los que se le venían otorgando. De igual forma que da intocado el oficio número SP/DIR/CDP/3068/2019 a través del cual se solicita las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo manifestado en el acuerdo en mención." Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del diverso juicio de amparo 1166/2019, se ordenó dar vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; proveído que fue notificado a la parte quejosa, mediante diligencia de cinco de marzo de dos mil veinte. De lo anteriormente relatado, así como del análisis íntegro a la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama, la suspensión del 30% de su salario, que le fuera otorgado con motivo de la suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión, derivado del diverso juicio de amparo 1166/2019, pues así se desprende de los hechos que expuso en su demanda, en la que refirió que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de junio de dos mil veinte, al acudir "a la institución bancaria en la cual sistemática y periódicamente se me realizaba el depósito respectivo de cada quincena, del 30% de mi salario por disposición judicial, por lo que al no encontrar deposito alguno por dicho rubro, es que acudí al Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, donde me mostraron el comprobante de pago respectivo y que corresponde a la segunda quincena del mes de mayo referida, mas sin embargo al suscrito no se le reflejaba en mis depósitos bancarios." Luego, de acuerdo con esa narrativa de hechos y de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 1166/2019, se llega a la convicción que el acto que ahora reclama, se encuentra vinculado con lo resuelto en dicho juicio de amparo, esto es, con la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado dentro de ese juicio, en la que se le concedió para el efecto de que la autoridad responsable garantizara "el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia de los presuntos responsables; por lo que dicha autoridad habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte dentro del juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión." Por lo que no puede impugnarse con otro juicio, el cumplimiento o incumplimiento dado a la suspensión definitiva, o bien, a la concesión del amparo, sino que debió combatirse a través de los recursos que la ley de la materia prevé para esas determinaciones u omisiones. De tal manera que al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, DESECHAR la demanda, por las razones expuestas en este proveído. Finalmente, agréguese copia certificada de la demanda, sentencia, y de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada que obran dentro del juicio de amparo número 1166/2019, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso debiéndose privilegiar el uso de los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal."

  3. Principal

    VISTO el escrito signado por el quejoso ALDO ROBERTO PLATA LARA, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por diverso proveído de trece de agosto de dos mil veinte, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el acto que se reclama a las autoridades responsables es la suspensión de su salario desde la segunda quincena del mes de mayo de dos mil veinte, que venía percibiendo como policía "A" de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, agréguese a los autos. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el escrito de la demanda y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el quejoso o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de Improcedencia, por lo cual se impone desechar de plano la demanda de amparo de referencia. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".. IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;". Precepto jurídico que destaca la inclusión del término "resoluciones", que involucra toda aquella determinación que se emita con motivo del amparo, ya sea en el cuaderno principal o su incidente con independencia de las partes; en virtud de que para inconformarse de tales casos, la ley de la materia, prevé específicamente su impugnación mediante los recursos y demás medios de defensa. Por lo que, es claro que la razón de vedar el acceso de la acción constitucional en estos supuestos, obedece a la previsión del legislador en procurar que lo determinado en estos juicios, su incidente y fallos protectores se obstaculicen al tratar de cumplimentar esas resoluciones, así como evitar que una cuestión ya debatida y resuelta sea controvertida en diversos juicios de amparo, lo que atentaría contra la naturaleza de cosa juzgada y eficacia refleja de la misma. Sobre el examen de esta fracción, revela que establece dos supuestos específicos de improcedencia del amparo, fijados bajo el orden: a) El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, b) El juicio de amparo no procede tratándose de actos en ejecución de una resolución de un juicio de amparo. El primer supuesto opera cuando la resolución sea dictada en el cuaderno principal, por lo que hace a la controversia de fondo, o en el cuaderno del incidente de suspensión relativa a la medida cautelar. En contra de esas resoluciones el amparo es improcedente, pudiendo atacarse solamente a través de los recursos previstos por la Ley de Amparo. En cuanto a los actos en ejecución de resoluciones dictadas en otro juicio de amparo. La segunda hipótesis planteada por esta fracción para determinar la improcedencia del amparo, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional mismo, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, toda vez que, si la autoridad responsable no da cumplimiento a la sentencia de amparo, por no realizar alguna conducta tendiente a acatar lo resuelto por la justicia federal, procede el incidente de inejecución de la sentencia respectiva, previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; tratándose de actos repetitivos, se tiene la posibilidad de iniciar el incidente de repetición del acto reclamado, contemplado en el numeral 199 de dicho ordenamiento, y en su caso contra la resolución que dicte el juez declarando que ha quedado cabalmente cumplida la sentencia de amparo, procede el recurso de inconformidad que establece el arábigo 201 de la ley de materia. En ese tenor, contra las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, en el caso de los actos que deriven del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, no procede un nuevo juicio constitucional, sino que deben hacerse valer los recursos ordinarios o medios de defensa que la propia Ley de Amparo contempla. Al respecto, encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 57/2018 (10a.), Página: 829, que es del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. En el caso, el quejoso reclama: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituye la retención del pago que por salario me corresponde de la segunda quincena del mes de mayo del presente año 2020, lo anterior sin que mediara procedimiento administrativo alguno en mi contra por parte la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas o por la autoridad administrativa competente, para que conforme a lo legalidad haya ordenado dicho acto el cual me causa perjuicio de imposible reparación, el cual se emitió sin observar la garantía de audiencia y el debido proceso como lo dispone el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, refiere el quejoso en su demanda de amparo, que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de junio de dos mil veinte, al acudir "a la institución bancaria en la cual sistemática y periódicamente se me realizaba el depósito respectivo de cada quincena, del 30% de mi salario por disposición judicial, por lo que al no encontrar deposito alguno por dicho rubro, es que acudí al Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, donde me mostraron el comprobante de pago respectivo y que corresponde a la segunda quincena del mes de mayo referida, mas sin embargo al suscrito no se le reflejaba en mis depósitos bancarios." Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgador, que en el diverso juicio de amparo 1166/2019 del índice de este juzgado de Distrito, por auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se le concedió la suspensión provisional en los términos siguientes: "Por tanto, es procedente otorgar la suspensión a la parte quejosa para el único efecto de que la autoridad instructora, esto es, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, garantice el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia de los presuntos responsables; por lo que dicha autoridad habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el presente incidente. La medida decretada también se concede para el efecto de que se le siga prestando los servicios médicos en los términos en que se le venía otorgando. En tal óptica, la presente medida precautoria que se concede surtirá sus efectos desde este momento; y hasta aquél, en que la autoridad responsable se le notifique la resolución definitiva. Sin necesidad de exigir a la parte quejosa la exhibición de la garantía referida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente asunto no existe tercero interesado que, en su caso, tuviese derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión concedida." Posteriormente, por resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de suspensión, se concedió la suspensión definitiva en los siguientes términos: "Por tanto, es procedente otorgar la suspensión a la parte quejosa para el único efecto de que la autoridad instructora, esto es, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, garantice el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia de los presuntos responsables; por lo que dicha autoridad habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte dentro del juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión. La medida decretada también se concede para el efecto de que se le siga prestando los servicios médicos en los términos en que se le venía otorgando. En tal óptica, la presente medida precautoria que se concede surtirá sus efectos desde este momento; y hasta aquél, en que la autoridad responsable se le notifique la presente determinación. Sin necesidad de exigir a la parte quejosa la exhibición de la garantía referida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, toda vez que en el presente asunto no existe tercero interesado que, en su caso, tuviese derecho a reclamar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión concedida.". También constituye un hecho notorio que por sentencia de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable: "1.- Deje insubsistente la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro de los autos del expediente número CDP/402/2018, por el Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública. 2.- turne los autos al Presidente del Consejo señalado como responsable para que se pronuncie en torno a la petición que le realizara el Director de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, mediante oficio de diez de mayo de dos mil diecinueve (foja 861) 3.- Hecho lo anterior continúe con el procedimiento por sus demás trámites legales." La citada sentencia fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en sesión de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve y terminada de engrosar el veinte de enero de la presente anualidad, emitida dentro del amparo en revisión 349/2019, derivado del juicio de amparo 1166/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en términos del considerando cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aldo Roberto Plata Lara, Contra el acto que reclamó del Consejo de Desarrollo Policial de la Secretaria de Seguridad Pública, así como del Director de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, ambos del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, precisado en el resultando primero de este asunto." Por oficio de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Presidente del Consejo de Desarrollo Policial, informó a este juzgado, dentro de los autos del diverso juicio de amparo 1166/2019, lo siguiente: ". el Presidente de este Honorable Consejo de Desarrollo Policial por diverso de fecha 24 de febrero del 2020 (mismo del que se adjunta una copia al presente oficio) decreta SUSPENDER SUS FUNCIONES COMO INTEGRANTE DE ESTA INSTITUCIÓN hasta en tanto el Consejo de Desarrollo Policial resuelva lo conducente. No obstante cabe señalar que queda intocado el acuerdo de fecha 23 de octubre del 2019 por medio del cual en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada dentro del citado amparo 1166/2019 al integrante ALDO ROBERTO PLATA LARA, se ordenó otorgarle el 30% (treinta por ciento) de su ingreso real así como el servicio médico en los términos en los que se le venían otorgando. De igual forma que da intocado el oficio número SP/DIR/CDP/3068/2019 a través del cual se solicita las gestiones necesarias para dar cumplimiento a lo manifestado en el acuerdo en mención." Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del diverso juicio de amparo 1166/2019, se ordenó dar vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; proveído que fue notificado a la parte quejosa, mediante diligencia de cinco de marzo de dos mil veinte. De lo anteriormente relatado, así como del análisis íntegro a la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso reclama, la suspensión del 30% de su salario, que le fuera otorgado con motivo de la suspensión definitiva dictada dentro del incidente de suspensión, derivado del diverso juicio de amparo 1166/2019, pues así se desprende de los hechos que expuso en su demanda, en la que refirió que tuvo conocimiento del acto reclamado el uno de junio de dos mil veinte, al acudir "a la institución bancaria en la cual sistemática y periódicamente se me realizaba el depósito respectivo de cada quincena, del 30% de mi salario por disposición judicial, por lo que al no encontrar deposito alguno por dicho rubro, es que acudí al Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, donde me mostraron el comprobante de pago respectivo y que corresponde a la segunda quincena del mes de mayo referida, mas sin embargo al suscrito no se le reflejaba en mis depósitos bancarios." Luego, de acuerdo con esa narrativa de hechos y de las constancias que obran en el diverso juicio de amparo 1166/2019, se llega a la convicción que el acto que ahora reclama, se encuentra vinculado con lo resuelto en dicho juicio de amparo, esto es, con la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado dentro de ese juicio, en la que se le concedió para el efecto de que la autoridad responsable garantizara "el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia de los presuntos responsables; por lo que dicha autoridad habrá de determinar la cantidad que le otorgará al demandante de amparo para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su integro real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se cause ejecutoria la sentencia que en su momento se dicte dentro del juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión." Por lo que no puede impugnarse con otro juicio, el cumplimiento o incumplimiento dado a la suspensión definitiva, o bien, a la concesión del amparo, sino que debió combatirse a través de los recursos que la ley de la materia prevé para esas determinaciones u omisiones. De tal manera que al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, DESECHAR la demanda, por las razones expuestas en este proveído. Finalmente, agréguese copia certificada de la demanda, sentencia, y de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada que obran dentro del juicio de amparo número 1166/2019, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso debiéndose privilegiar el uso de los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    En virtud de que feneció el plazo de dos días hábiles concedidos al quejoso, toda vez que se le dejó citatorio el quince de enero de dos mil veintiuno y no compareció ante este órgano jurisdiccional, a fin de notificarse personalmente del auto de trece de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo indirecto; con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, notifico por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional y por lista en una página electrónica al quejoso el citado auto.

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