Aldo Rico Licona

Expediente 895/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. 34 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Aldo Rico Licona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Finalmente, resulta innecesario conservar las constancias que en apoyo a sus informes justificados remitieron las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar y la Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ambos con sede en esta ciudad. En esa medida, se ordena remitir mediante oficios en dos tomos de pruebas, dichas constancias a fin de que las responsables provean lo que estimen pertinente.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito del quejoso, mediante el cual, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad y, vierte argumentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos correspondientes y, efectúese el análisis al fallo protector. Por los motivos expuestos, resulta evidente que se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. Sin que sea óbice a lo anterior, lo alegado por la parte quejosa, quien en lo sustancial, refiere: ? La determinación de la Sala responsable es idéntica a la inicialmente emitida, afirmando que en la emisión del nuevo acto, se aplicó el "Código Civil Familiar" y no el Código Civil para el Estado de Sinaloa. ? El origen del acto es ilegal, porque todas las actuaciones, acuerdos y resoluciones previos, emitidos por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, fueron emitidos bajo una ley errónea, lo que vicia el nuevo acto. ? Que lo procedente es obligar a la responsable a valorar la Instrumental de actuaciones ofrecida por la quejosa, como prueba para acreditar la existencia de un incidente sin resolver relativo a la reducción de la pensión alimenticia y que el mismo sea resuelto y tomado en cuenta al momento de emitir resolución. Tales argumentos resultan infundados por las consideraciones siguientes. Por cuanto hace a su primera manifestación, en el sentido de que la determinación de la Sala responsable es idéntica a la inicialmente emitida, porque se aplicó el "Código Civil Familiar" y no el Código Civil para el Estado de Sinaloa, debe decirse que contrario a lo que afirma el quejoso, la Sala responsable sí aplicó la codificación civil y no la familiar para emitir su determinación y, aunque llegó a la misma conclusión que la inicialmente planteada, lo cierto es que, ello no le estaba vedado, pues el fallo le concedió libertad de jurisdicción para determinar lo que en derecho procediera, incluso, reiterando las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo. Tocante al segundo punto, relativo a que el origen del acto es ilegal, porque todas las actuaciones, acuerdos y resoluciones previos, emitidos por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, fueron emitidos bajo una ley errónea, lo que vicia el nuevo acto. Respecto a lo anterior, se precisa que dicho argumento resulta también infundado pues la ilegalidad que invoca ya fue materia de la ejecutoria de amparo por el Tribunal Superior, lo que constituye cosa juzgada, siendo que lo aquí determinado únicamente se constriñe en verificar si la responsable cumplimentó los lineamientos marcados en la concesión del amparo, lo que como ya se destacó, sí aconteció. Finalmente, argumenta el quejoso, que en el presente asunto, lo procedente es obligar a la responsable a valorar la Instrumental de actuaciones ofrecida por la quejosa (comprobante de un pago parcial), como prueba para acreditar la existencia de un incidente sin resolver, relativo a la reducción de la pensión alimenticia y que el mismo sea resuelto y tomado en cuenta al momento de emitir resolución. Tal aseveración también deviene infundada, por los motivos que expuestos. Luego, es que se diga que el argumento del quejoso es infundado, porque parte de un juicio erróneo, al pretender invocar una violación procesal inexistente como lo es el que no se ha resuelto su incidente de reducción de pensión, para controvertir la determinación de la responsable, cuando como ya se demostró sí existe pronunciamiento al respecto y fue hasta analizado por el Tribunal Colegiado en revisión. Así, el quejoso pretende dejar insubsistente el acto reclamado y, con ello, retrotraer los efectos y consecuencias de éste, cuando dicho extremo únicamente podrá acontecer, una vez que se analice ya sea en el juicio autónomo o en la incidencia que plantee, según sus intereses, la modificación del alcance de la nueva determinación de la responsable, la cual proyectará el monto de la pensión alimenticia hacia el futuro a partir de que se emita tal determinación, y no hacia el pasado sobre las obligaciones ya vencidas. Acorde a lo expuesto, es que lo pretendido no solo devenga infundado, sino que además le está vedado a este órgano de control constitucional, quien únicamente, se insiste, tiene la facultad de verificar que la autoridad responsable cumplimente a cabalidad las directrices precisadas por el Órgano revisor, por lo que en cuanto a este punto se refiere, basta con que la responsable le hiciera del conocimiento que se deja a salvo su derecho de promover el incidente o juicio autónomo para solicitar la acción de modificación de la pensión alimenticia definitiva. Luego, es que se reitere que el cumplimiento al fallo, se verificó a cabalidad y los argumentos de la parte quejosa devienen infundados e insuficientes para variar el sentido de esta determinación.

  3. Principal

    Al no haberse presentado la parte quejosa o su autorizado en las instalaciones de este órgano jurisdiccional a notificarse de manera personal a pesar del citatorio de notificación que se les dejo, se procede a notificar por medio de lista: Téngase por recibido el escrito del quejoso, mediante el cual, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad y, vierte argumentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos correspondientes y, efectúese el análisis al fallo protector. Por los motivos expuestos, resulta evidente que se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. Sin que sea óbice a lo anterior, lo alegado por la parte quejosa, quien en lo sustancial, refiere: ? La determinación de la Sala responsable es idéntica a la inicialmente emitida, afirmando que en la emisión del nuevo acto, se aplicó el "Código Civil Familiar" y no el Código Civil para el Estado de Sinaloa. ? El origen del acto es ilegal, porque todas las actuaciones, acuerdos y resoluciones previos, emitidos por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, fueron emitidos bajo una ley errónea, lo que vicia el nuevo acto. ? Que lo procedente es obligar a la responsable a valorar la Instrumental de actuaciones ofrecida por la quejosa, como prueba para acreditar la existencia de un incidente sin resolver relativo a la reducción de la pensión alimenticia y que el mismo sea resuelto y tomado en cuenta al momento de emitir resolución. Tales argumentos resultan infundados por las consideraciones siguientes. Por cuanto hace a su primera manifestación, en el sentido de que la determinación de la Sala responsable es idéntica a la inicialmente emitida, porque se aplicó el "Código Civil Familiar" y no el Código Civil para el Estado de Sinaloa, debe decirse que contrario a lo que afirma el quejoso, la Sala responsable sí aplicó la codificación civil y no la familiar para emitir su determinación y, aunque llegó a la misma conclusión que la inicialmente planteada, lo cierto es que, ello no le estaba vedado, pues el fallo le concedió libertad de jurisdicción para determinar lo que en derecho procediera, incluso, reiterando las consideraciones que no fueron materia de concesión de amparo. Tocante al segundo punto, relativo a que el origen del acto es ilegal, porque todas las actuaciones, acuerdos y resoluciones previos, emitidos por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, fueron emitidos bajo una ley errónea, lo que vicia el nuevo acto. Respecto a lo anterior, se precisa que dicho argumento resulta también infundado pues la ilegalidad que invoca ya fue materia de la ejecutoria de amparo por el Tribunal Superior, lo que constituye cosa juzgada, siendo que lo aquí determinado únicamente se constriñe en verificar si la responsable cumplimentó los lineamientos marcados en la concesión del amparo, lo que como ya se destacó, sí aconteció. Finalmente, argumenta el quejoso, que en el presente asunto, lo procedente es obligar a la responsable a valorar la Instrumental de actuaciones ofrecida por la quejosa (comprobante de un pago parcial), como prueba para acreditar la existencia de un incidente sin resolver, relativo a la reducción de la pensión alimenticia y que el mismo sea resuelto y tomado en cuenta al momento de emitir resolución. Tal aseveración también deviene infundada, por los motivos que expuestos. Luego, es que se diga que el argumento del quejoso es infundado, porque parte de un juicio erróneo, al pretender invocar una violación procesal inexistente como lo es el que no se ha resuelto su incidente de reducción de pensión, para controvertir la determinación de la responsable, cuando como ya se demostró sí existe pronunciamiento al respecto y fue hasta analizado por el Tribunal Colegiado en revisión. Así, el quejoso pretende dejar insubsistente el acto reclamado y, con ello, retrotraer los efectos y consecuencias de éste, cuando dicho extremo únicamente podrá acontecer, una vez que se analice ya sea en el juicio autónomo o en la incidencia que plantee, según sus intereses, la modificación del alcance de la nueva determinación de la responsable, la cual proyectará el monto de la pensión alimenticia hacia el futuro a partir de que se emita tal determinación, y no hacia el pasado sobre las obligaciones ya vencidas. Acorde a lo expuesto, es que lo pretendido no solo devenga infundado, sino que además le está vedado a este órgano de control constitucional, quien únicamente, se insiste, tiene la facultad de verificar que la autoridad responsable cumplimente a cabalidad las directrices precisadas por el Órgano revisor, por lo que en cuanto a este punto se refiere, basta con que la responsable le hiciera del conocimiento que se deja a salvo su derecho de promover el incidente o juicio autónomo para solicitar la acción de modificación de la pensión alimenticia definitiva. Luego, es que se reitere que el cumplimiento al fallo, se verificó a cabalidad y los argumentos de la parte quejosa devienen infundados e insuficientes para variar el sentido de esta determinación.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito del quejoso Aldo Rico Licona, mediante el cual, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur en el Estado, con sede en esta ciudad y, vierte argumentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para los efectos correspondientes y, ténganse por realizadas las manifestaciones vertidas por la parte quejosa.

Quedan 30 actuaciones en este expediente

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