Aldo Perales Muñoz
Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2022
Partes del expediente
- Aldo Perales Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físico a los autos, el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 140/2022, orden 149/2022, por el que se solicitó notificar el testimonio remitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, así como el auto emitido por el que suscribe en catorce de junio del año en curso a la parte quejosa, así como, los oficios a las autoridades señaladas como responsables derivadas de la determinación mencionada; en ese sentido, ténganse por notificadas a las partes. En consecuencia, dése de baja la comunicación oficial 140/2022, orden 149/2022 y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico, el oficio firmado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, mediante el cual comunica el proveído de veintiuno de junio de este año, emitido en el amparo directo 803/2022 de su índice, de cuyo contenido se advierte que aceptó la competencia planteada por este Juzgado en atención a la ejecutoria remitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. REMISIÓN CONSTANCIAS. En otro contexto, de autos se advierte que el veinte de los cursantes se reservó la remisión de las constancias relativas a los informes relativos a la suspensión de plano decretada en autos, hasta en tanto se tuviera conocimiento a cuál homólogo federal le correspondió conocer del presente sumario; por tanto, remítanse al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, las constancias referidas, vía interconexión, toda vez que las mismas fueron recibidas electrónicamente, sin que sea necesario acusar la recepción de las mismas. ARCHIVO. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se declaró la incompetencia en el presente asunto (artículo 21, inciso j) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil veintidós. REMITE INFORMES SUSPENSIÓN PLANO. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, los oficios signados por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS-SONORA, por medio de los cuales rinde informe relativo a la suspensión de plano, proporciona usuario electrónico, designa delegados e informa que no existe la autoridad señalada por el quejoso como "Jefe del Área de Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social Número Once, con sede en Hermosillo, Sonora". Ahora bien, tomando en consideración que mediante proveído de catorce de junio pasado, este Juzgador se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto en atención a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por ejecutoria de dos de junio del año en curso, dictada en la queja 59/2022; se reserva la remisión de los informes referidos, hasta en tanto se tenga conocimiento a cuál homólogo correspondió conocer del sumario en que se actúa. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
COLEGIADO REMITE EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físico, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el dos de junio del año en curso, en el recurso de queja 59/2022, en la que se resolvió: "(.) ÚNICO. Es fundada la queja. (.)" Por tanto, acúsese recibo a la Superioridad, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, previo a que este órgano jurisdiccional se declare legalmente incompetente para conocer de la demanda, tal y como lo determinó el tribunal colegiado en mención, se precisa que el acto reclamado consiste en: * La falta de atención médica. SUSPENSIÓN DE PLANO. En esas condiciones, respecto del acto reclamado señalado como la falta de atención médica al quejoso; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que se preste al quejoso la atención médica que, en su caso requiera, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico y/o clínico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social. En el entendido que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad física y salud del agraviado. Asimismo, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. De no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. Hágase del conocimiento de las autoridades aludidas que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Precisado lo anterior, en acatamiento a lo determinado por la superioridad, como se adelantó, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del sumario en que se actúa. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en acatamiento a lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver la queja 59/2022, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el artículo transcrito, se aprecian tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento corresponda, los cuales son: -Será competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. -Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. -Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia, consiste esencialmente en: la falta de atención médica, la cual atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número "Once", con sede en Hermosillo, en el Estado de Sonora y otra autoridad. De lo anterior, es patente señalar que el acto reclamado no conlleva ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza de éste sus efectos se trasladan directamente al lugar en donde se encuentra interno el impetrante de amparo y es ahí donde tendrá su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución del acto reclamado ocurre en el Centro Penitenciario Federal Número "Once", con sede en Hermosillo, Estado de Sonora. De esta manera, si en el amparo se reclaman actos negativos que se atribuyen a las autoridades penitenciarias que residen fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, es evidente que los actos reclamados producen un efecto en el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso; de ahí que se reitere que este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en razón a que se insiste el impetrante de amparo se encuentra recluido en el interior del Centro Penitenciario Federal Número "Once", con sede en Hermosillo, Estado de Sonora; lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, EN TURNO, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General 28/2016, que confirma, adiciona y deroga el similar 3/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 254, tomo I, diciembre de 2019, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2021191, que establece: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Resulta aplicable por las razones que contiene, la tesis VII. 1o. C.2 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, consultable en la página 1107, Tomo II, con número de registro 2005170, cuyo rubro y contenido son: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material.". En las relatadas condiciones, en atención a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por ejecutoria de dos de junio del año en curso dictada en la queja 59/2022, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda, al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, EN TURNO, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno acuse el recibo de estilo correspondiente. SE FORMA CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con motivo de lo anterior, con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SE GIRA EXHORTO PARA NOTIFICAR AL QUEJOSO Y OFICIOS A LAS RESPONSABLES. Ahora, tomando en consideración que el directo quejoso esta privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número "Once", con sede en Hermosillo, en el Estado de Sonora, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro carcelario, a efecto de notificar el testimonio remitido por la superioridad, así como el presente auto al quejoso. De igual forma, se solicita al juez exhortado para que comisione al actuario de su adscripción a efecto de que notifique a las autoridades responsables DIRECTOR GENERAL y JEFE DEL ÁREA DEL SERVICIO MÉDICO, AMBOS DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO "ONCE", CON SEDE EN HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA, los oficios derivados de la presente determinación, los cuales se adjuntan a la comunicación oficial respectiva. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de abril de dos mil veintidós. DEVUELVE EXHORTO SIN DILIGENCIAR. Visto lo de cuenta y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta que signa de manera electrónica la Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Sonora, a través del cual se desprende que el Actuario Judicial adscrita, asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós, por los motivos que expone. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes, sin que sea necesario acusar recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes arroja el recibo electrónico correspondiente. En esas condiciones, dichas aseveraciones asentadas por el fedatario judicial adscrito al juzgado oficiante, se les da valor probatorio pleno, en términos de los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, ya que dichas diligencias tienen valor probatorio al suscribirlas un funcionario con fé pública, por lo que lo asentado en sus razones corresponden a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los que dio fe. Resulta aplicable la jurisprudencia 563 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." SE ORDENA NOTIFICACIÓN POR LISTA. En consecuencia, toda vez que la notificación que se pretendía notificar era la interposición del recurso de queja, y resulta un hecho notorio que la parte quejosa fue quién lo interpuso, se entiende que tiene conocimiento del mismo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de veintitrés de marzo anterior, por única ocasión por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional y en un lugar visible en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio; o bien, en el lugar de su reclusión, la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad, tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional a fin de que estuviera en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal conviniera y no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, por ende, las determinaciones que no tengan como finalidad impulsar el procedimiento como en la especie, no es necesario que se ordene la notificación de manera personal. Notifíquese. AUTO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Toluca, Estado de México; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. SE REMITE EXHORTO DILIGENCIADO. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme su precepto 2°, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio por medio del cual la Secretaria del Juzgado Decimosegundo del Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 59/2021 (orden 59/2021), del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, se tiene por notificado al quejoso Aldo Perales Muñoz, del proveído de nueve de marzo de la presente anualidad. Dése de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. RECURSO DE QUEJA. Ahora bien, de la constancia de notificación realizada al impetrante por la que se le hizo de conocimiento el proveído de nueve de los cursantes, se evidencia que manifestó lo siguiente: Atento a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido y de conformidad con el numeral 101 de la legislación invocada ríndase el informe respectivo. Con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original de la constancia de notificación de cuenta y copia de ésta al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Ahora, tomando en consideración que el directo quejoso esta privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número "Once", con sede en Hermosillo, en el Estado de Sonora, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro carcelario, a efecto de notificar el presente auto al quejoso y le corra traslado con el mismo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y por exhorto al quejoso.
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