Aldo Misael Núñez Euresti
Expediente 2128/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2128/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Aldo Misael Núñez Euresti
- (No) Presidente del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje de los Trabajadores Al Servicio del Estado Y los Municipios, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, los oficios signados por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales remite diversas constancias, toda vez que en fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio. Notifíquese
- Principal
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL veintiuno de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2128/2021, promovido por Aldo Misael Núñez Euresti, encontrándose en audiencia pública la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del Despacho por Ministerio de Ley, por disfrutar el Titular de este Juzgado del periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año dos mil veintidós, que comprende del ocho al veintidós de julio de dos mil veintidós, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el que fuera comunicado mediante oficio CCJ/ST/2416/2022 de veinte de junio de dos mil veintidós, por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos mismas que bajo el principio de economía procesal no habrán de transcribirse, pues no existe precepto legal alguno que obligue a ello, en virtud de haber quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida la Secretaria encargada del Despacho acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la autoridad responsable allegó al presente cuaderno. La Secretaria Titular acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario da cuenta con el Alegato Ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. La Secretaria encargada del Juzgado acuerda: Téngase a la representación social, por realizando las manifestaciones que refiere en su ocurso y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 2128/2021 promovido por Aldo Misael Núñez Euresti; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en los Buzones de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas con sede en esta ciudad, , recibido en este juzgado el mismo día, Aldo Misael Núñez Euresti, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- Acto Reclamado. A.-Del C. Presidente de la H. Junta Especial Numero 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. a).- La omisión de dictar auto de Ejecución solicitado mediante escrito de fecha 22 de Septiembre del año en curso, dentro del expediente natural. b).- La omisión de autorizar al actuario respectivo de la Junta Especial Numero 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje para que lleve a cabo la diligencia de embargo, dentro del expediente natural. c).- La omisión de requerir al fedatario público respectivo la devolución de las constancias de ejecución y provea respecto a lo solicitado en dicha diligencia, lo anterior, dentro del expediente natural. d).- La omisión de requerirle al O.P D. Servicios de Salud de Tamaulipas para que expida y entregue al actor el reconocimiento de antigüedad en la forma y términos señalados en el laudo de fecha 11 de Febrero de 2020, dentro del expediente natural. e).- La omisión de proveer respecto a los dos ocursos de fecha 22 de septiembre del año en curso, presentados ante la responsable en fecha 24 de septiembre del año que trascurre, dentro del expediente natural. B).- Del C. Actuario adscrito a la H. Junta Especial Numero 8 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. a).- La omisión de llevar a cabo la diligencia de embargo, dentro del expediente natural. b).- La omisión realizar la devolución de las constancias de ejecución respectivas dentro del expediente natural. c).- La omisión de realizar la notificación respectiva a O.P D. Servicios de Salud de Tamaulipas para que expida y entregue al actor el reconocimiento de antigüedad en la forma y términos señalados en el laudo de fecha 11 de Febrero de 2020, dentro del expediente natural." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de diciembre del presente año, se registró la demanda de amparo bajo el número 2128/2021, se previno a la quejosa para efecto de que aclarara cuál es la autoridad responsable a quien atribuyó el acto reclamado; acuerdo que fuese atendido mediante escrito recibido el seis de enero del presente año. TERCERO. Admisión. Mediante auto de seis de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 35/E01/2003, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de proveer respecto a los dos ocursos de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, a través de los cuales solicitó: Dictar auto de ejecución solicitado Autorizar al actuario respectivo para llevar a cabo la diligencia de embargo Requerir al Servicios de Salud de Tamaulipas para que expida y entregue al actor el reconocimiento de antigüedad Requerir al fedatario público respectivo la devolución de las constancias de ejecución y provea respecto a lo solicitado en dicha diligencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negó el acto que se le reclama; sin embargo en el propio informe realizan manifestaciones de las que se advierte su certeza. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar los escritos de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, presentados ante la responsable el veinticuatro siguiente, dentro del expediente 93/8/2016. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión de los acuerdos de cuatro de marzo de dos mil veintidós, emitido en atención a los ocursos de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, a través de los cuales, la apoderada legal de la parte actora en el juicio laboral solicitó se requiriera al demandado Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas para que expida y entregue al actor el reconocimiento de Antigüedad en la forma y términos señalados en el laudo de once de febrero de dos mil veinte; y emitir auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $1,366,317.57, (un millón trescientos diecisiete mil 57/100 moneda nacional), autorizando al actuario adscrito para que lleve a cabo la diligencia de ejecución correspondiente, requerir al fedatario público para que devuelva las constancias y se provea respecto a lo solicitado, respecto del laudo de treinta de agosto de dos mil veintiuno. Luego la responsable, en dichos proveídos señaló a la ocursante que respecto a la ejecución del laudo de once de febrero de dos mil veinte, no ha lugar a acordar de conformidad toda vez que dicho laudo se dejó sin efectos al dictarse otro en treinta de agosto de dos mil veintiuno. Y por cuanto hace a la solicitud de ejecución de éste último laudo, señaló la junta responsable que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que se encuentra en trámite un juicio de amparo directo. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión de los autos de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que acordara el contenido de los escritos de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, lo que en la especie aconteció. En tal virtud, se actualiza en el caso concreto la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haberse acordado el escrito cuya omisión reclama la parte quejosa. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aldo Misael Núñez Euresti, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Se agrega el oficio número 4186 signado por el Presidente de la Juna Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le mandara dar por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, informa que el número de amparo directo a que hace referencia en el auto de cuatro de marzo del presente año, dictado dentro del expediente laboral 0093/E08/2016, lo es 993/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en esta ciudad. Al respecto, téngase a la responsable por informando lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte ha transcurrido el plazo otorgado a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en el auto de veintitrés de mayo del presente año, a fin de que informe a este Juzgado el número de amparo directo a que hizo referencia en el auto de cuatro de marzo del presente año, y el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del mismo, y hasta la fecha, la citada autoridad responsable, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado, no obstante encontrarse debidamente notificada del proveído por el cual se le requirió, según acuse de notificación que obra agregado dentro del expediente electrónico. En tal virtud, requiérase por última ocasión a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que en el término de tres días informe a este juzgado el número de amparo directo a que hace referencia en el auto de cuatro de marzo del presente año, y el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del mismo, o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. En el entendido de que en caso de incumplimiento, subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro dispone lo siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Consecuentemente, para dar oportunidad a que este órgano jurisdiccional integre debidamente el presente expediente, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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