Aldo Medina Rodríguez

Expediente 664/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
664/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • Aldo Medina Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    MESA I Se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    MESA I. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se señaló que el quince de septiembre del año en curso, se notificó de manera personal a la parte quejosa el contenido del proveído de ocho del mes y año en cita, por el cual se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada por edictos a costa de la parte quejosa. En ese sentido, se advierte que el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa, para que acreditara el trámite de la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada ***, ha fenecido; por lo tanto, se acuerda: Los artículos 61, fracción XXIII, 26, fracción I, incisos b) y k), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 26.- Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.] k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter..." De los citados numerales, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazada a juicio la tercera interesada; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicaran a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de la tercera interesada está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; consecuentemente, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan la tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa, por no haber acreditado el trámite de publicación de los edictos ordenados, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no publicarse los edictos ordenados a costa de la parte quejosa, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercera interesada, fue en atención a que pese a las investigaciones realizadas por este juzgado no se conoció su domicilio y la parte quejosa no proporcionó una dirección cierta y actual dónde localizarla. Así, se advierte que al no haber acreditado la parte quejosa ante este Juzgado para que acreditara el trámite de la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada Marina Esquivel Meléndez -madre la victima- se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse el asunto en estudio. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente para la búsqueda del domicilio de los terceros interesado; sin embargo era obligación de la parte quejosa efectuar la publicación de los edictos ordenados, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve; además porque así lo dispone expresamente la jurisprudencia, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto por el numeral 217, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Carta Magna. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Empero, la parte impetrante no realizó manifestación alguna en ese sentido, ni aportó elementos que permitieran conocer por lo menos de manera indiciaria que carece de recursos, lo cual revela una evidente omisión y desinterés de su parte, no obstante de encontrarse debidamente notificada. De ahí que este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita, dado que no cobra aplicación ante la falta de la parte quejosa de justificar su imposibilidad de pagarlos. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho de la parte quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el que tienen los terceros interesados a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la citada parte tercera interesada. Sin que se pierda de vista el ahora quejoso no se encuentra interno, y que por dicha circunstancia no pudiera comparecer o tener el dinero para pagar su publicación. Por todo lo anterior, procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de agosto del año en curso, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 26, incisos b), 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III de la Ley de Amparo, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO. En consecuencia, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y del conocimiento a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA I Visto el estado procesal de autos, se advirtió que el quince de septiembre del año en curso, se notificó a la parte quejosa el diverso proveído de ocho de septiembre actual, a través del cual se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada por edictos a costa de la parte quejosa, concediéndole un término de veinte días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho proveído para que recogiera los edictos y realizara los trámites necesarios para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República; bajo el apercibimiento que de no comparecer a recibir los edictos, o en su caso, no pagar la publicación y exhibir ésta en los términos señalados, se sobreseerá en el presente juicio, con base en lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción III y 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la ley reglamentaria. Por otra parte, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de octubre del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, tomando en consideración la fecha de notificación del proveído de ocho de septiembre actual a la parte quejosa, no sería posible su celebración, ya que se encuentra transcurriendo el citado el término. En consecuencia, a fin de no vulnerar derechos de las partes, se difiere la audiencia señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del catorce de octubre del año en curso y se fijan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo.

  4. Principal

    MESA I Visto el estado procesal de autos se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible celebrarla en razón de que por auto de ocho de septiembre del año en curso, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada por edictos a costa de la parte quejosa y se requirió para que en el término de veinte días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho proveído, recogiera los edictos para que realice los trámites necesarios para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República. En consecuencia, a efecto de dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia de mérito y se fijan LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo.

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