Aldo Martín Redondo Morales

Expediente 300/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
300/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Aldo Martín Redondo Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad, Valles, San Luis Potosí, a siete de septiembre de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 300/2018-II, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el escrito de Aldo Martín Redondo Morales, mediante el cual atiende el requerimiento de nueve de agosto pasado. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovida por Aldo Martín Redondo Morales, contra actos de Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; misma que quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 300/2018-II-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo numeral 107, fracciones III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan...". Por su parte, en la Ley de Amparo en sus artículos 113 y 61, fracción XVlll, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ahora, en los artículos 936, 937, 481.1, primer párrafo y 481.18, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece: "Artículo 936.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución dictada por el inferior." "Artículo 937.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo lo que pidió; pero el vencedor que sólo parcialmente hubiere obtenido, podrá apelar también." "Artículo 481.1 Se tramitará en la vía extraordinaria, todo juicio hipotecario que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación, o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. "Artículo 481.18.- Las resoluciones que se dicten en términos de lo dispuesto en este Capítulo, podrán ser apelables únicamente en efecto devolutivo." De los preceptos trascritos se colige que el recurso de apelación previsto en la Ley Adjetiva Civil del Estado, tiene por objeto que el tribunal de alzada, confirme, revoque o modifique la resolución emitida por el inferior; que se debe hacer valer cuando el litigante hubiere obtenido el resultado adverso a sus intereses; y que al tratarse de un juicio hipotecario, dicha contienda se tramitará en la vía extraordinaria y bajo las reglas previstas en el Título Séptimo de los Juicios Extraordinarios, Capítulo V del Juicio Hipotecario, en el cual se previene que las resoluciones que se dicten en términos de lo dispuesto en ese Capítulo, podrán ser apelables únicamente en efecto devolutivo. En ese contexto, es inconcuso que el acto aquí reclamado, es decir, la resolución de cinco de julio del año en curso, que aprueba la diligencia de remate de veintisiete de junio anterior, y la adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dictada en autos del expediente 58/2017 relativo al juicio extraordinario civil hipotecario, es susceptible de ser impugnada a través de un medio de defensa, en este caso, el recurso de apelación previsto en el artículo 936, en relación con el precepto 481.18, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. Luego, si la impugnación de que se trata en el párrafo que antecede, es un medio ordinario de defensa mediante el cual se puede nulificar, modificar o revocar la resolución que por esta vía combate, es evidente que el peticionario de amparo debió agotarlo previo a la promoción del juicio de garantías y si no lo hizo, la acción constitucional que al efecto hace valer, resulta improcedente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 1ª./J. 44/2012 (10ª), autorizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro X, julio de dos mil doce, tomo 1, página setecientos veintinueve, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo". En esa tesitura, en virtud de que en contra de la resolución reclamada procede el recurso de apelación a través del cual puede ser modificada, nulificada o revocada, sin que se hubiere agotado por el impetrante, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías conforme con lo establecido en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento. Encuentra apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, página novecientos dos, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Máxime, porque en la especie, no se está en ninguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tales como que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de personas extrañas al procedimiento; y cuando se trate del auto de vinculación a proceso; sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis, así como tampoco se advierte que el recurso o medio de defensa que procede contra el acto que aquí impugna, esté sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el escrito de Aldo Martín Redondo Morales, mediante el cual atiende el requerimiento de nueve de agosto pasado. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovida por Aldo Martín Redondo Morales, contra actos de Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; misma que quedó registrada en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 300/2018-II-F. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo numeral 107, fracciones III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan...". Por su parte, en la Ley de Amparo en sus artículos 113 y 61, fracción XVlll, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Ahora, en los artículos 936, 937, 481.1, primer párrafo y 481.18, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece: "Artículo 936.- El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia confirme, revoque o modifique la resolución dictada por el inferior." "Artículo 937.- Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo lo que pidió; pero el vencedor que sólo parcialmente hubiere obtenido, podrá apelar también." "Artículo 481.1 Se tramitará en la vía extraordinaria, todo juicio hipotecario que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación, o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. "Artículo 481.18.- Las resoluciones que se dicten en términos de lo dispuesto en este Capítulo, podrán ser apelables únicamente en efecto devolutivo." De los preceptos trascritos se colige que el recurso de apelación previsto en la Ley Adjetiva Civil del Estado, tiene por objeto que el tribunal de alzada, confirme, revoque o modifique la resolución emitida por el inferior; que se debe hacer valer cuando el litigante hubiere obtenido el resultado adverso a sus intereses; y que al tratarse de un juicio hipotecario, dicha contienda se tramitará en la vía extraordinaria y bajo las reglas previstas en el Título Séptimo de los Juicios Extraordinarios, Capítulo V del Juicio Hipotecario, en el cual se previene que las resoluciones que se dicten en términos de lo dispuesto en ese Capítulo, podrán ser apelables únicamente en efecto devolutivo. En ese contexto, es inconcuso que el acto aquí reclamado, es decir, la resolución de cinco de julio del año en curso, que aprueba la diligencia de remate de veintisiete de junio anterior, y la adjudicación a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dictada en autos del expediente 58/2017 relativo al juicio extraordinario civil hipotecario, es susceptible de ser impugnada a través de un medio de defensa, en este caso, el recurso de apelación previsto en el artículo 936, en relación con el precepto 481.18, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí. Luego, si la impugnación de que se trata en el párrafo que antecede, es un medio ordinario de defensa mediante el cual se puede nulificar, modificar o revocar la resolución que por esta vía combate, es evidente que el peticionario de amparo debió agotarlo previo a la promoción del juicio de garantías y si no lo hizo, la acción constitucional que al efecto hace valer, resulta improcedente. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 1ª./J. 44/2012 (10ª), autorizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro X, julio de dos mil doce, tomo 1, página setecientos veintinueve, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo". En esa tesitura, en virtud de que en contra de la resolución reclamada procede el recurso de apelación a través del cual puede ser modificada, nulificada o revocada, sin que se hubiere agotado por el impetrante, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías conforme con lo establecido en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento. Encuentra apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, página novecientos dos, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Máxime, porque en la especie, no se está en ninguno de los supuestos de excepción referidos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, tales como que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de personas extrañas al procedimiento; y cuando se trate del auto de vinculación a proceso; sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis, así como tampoco se advierte que el recurso o medio de defensa que procede contra el acto que aquí impugna, esté sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, por escrito y con cinco copias de su escrito aclaratorio: Precise si en contra de la resolución reclamada promovió algún medio ordinario de defensa, y de ser así, el estado procesal en que se encuentra el mismo. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento en el término y forma indicados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

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