Aldo Manuel Rodriguez Del Angel

Expediente 230/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
230/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
08/05/2017

Partes del expediente

  • Aldo Manuel Rodriguez Del Angel
  • Aldo Manuel Rodriguez Del Angel y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante haber quedado legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, se declara que ha perdido el derecho que debió ejercer en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, además de las directrices visibles en su página 31, que dice:

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, se tiene a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado. Ahora, del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama de la junta responsable la omisión de acordar el escrito presentado el veintitrés de febrero del año en curso, dentro del expediente laboral 394/4/2011, a través del cual solicitó que se dictara auto de requerimiento de pago y embargo; mientras que de las constancias que agregó la junta responsable a su informe de cuenta, se observa que el once de abril del presente año, en atención al escrito de la quejosa, emitió auto de requerimiento de pago y embargo. En tales condiciones, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que en la especie se actualiza una causal de improcedencia que impide entrar al fondo del asunto, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En atención a lo anterior, y vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Álvaro Obregón Ortiz, en su carácter de apoderado legal de Aldo Manuel Rodríguez del Ángel, contra actos del Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107 fracción V, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda; sin tramitarse incidente de suspensión en virtud de no haberlo solicitado. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de marzo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Álvaro Obregón Ortiz, quien se ostenta como apoderado legal de Aldo Manuel Rodríguez Del Ángel, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 230/2017-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, cabe precisar que de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, es facultad del Juez de Distrito mandar prevenir al promovente de la demanda de garantías cuando: I) Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II) Se hubiere omitido alguno de los requisitos a que se establece el artículo 108 de esta Ley; III) no hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. IV). No hubiere expresado con precisión el acto reclamado, y V). No se hubiere exhibido las copias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." En ese sentido, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda que se provee, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, en relación con el diverso 108 y 110 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído subsane su demanda en los siguientes términos: Deberá exhibir documental que acredite de manera fehaciente que cuenta con la personalidad con que se ostenta, es decir, apoderado legal de Aldo Manuel Rodríguez Del Ángel. Apoya lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número P./J. 43/96, visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que al promover el juicio de amparo en representación de otra persona, debe acreditar dicha representación con documento que avale su personalidad, ya que con la simple manifestación de que cuenta con la personalidad con la que se ostenta, resultaría insuficiente tener por acreditada la misma en esta instancia constitucional, en virtud de que ésta constituye un presupuesto procesal indispensable para integrar válidamente la relación procesal, ya que la calidad con que comparece una persona en representación de otra, debe justificarse plenamente y no inferirse a base de presunciones. Al caso concreto, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, sustentado en la tesis XII.2o.9 K, consultable en la página 515 del Tomo V, Enero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD, COMPROBACION DE LA. DEBE SER PLENA Y DIRECTA. La personalidad constituye un presupuesto procesal indispensable para integrar válidamente la relación procesal, cuyo examen puede incluso hacerse de oficio con el propósito de mantener el proceso ordenado a su propio fin, evitando seguir una tramitación con persona que no sea el representante legítimo y condenar a la parte sin haberla realmente oído y vencido en el litigio. De ahí que deba justificarse plenamente y constar de modo directo en el documento relativo, y de ninguna manera deducirse a base de presunciones, dado que se trata de una cuestión esencial en el procedimiento." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término concedido, se procederá conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, es decir se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Asimismo, requiérase al impetrante de garantías para que al momento de desahogar la prevención que nos ocupa exhiba copias suficientes de su escrito aclaratorio, así como del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, a efecto de correr traslado a la totalidad de las partes en el presente sumario constitucional. Téngase como domicilio del promovente para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.

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