Aldo Javier Ramírez Gómez
Expediente 103/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Aldo Javier Ramírez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio, el cual se reserva proveer lo conducente; hasta en tanto, cause ejecutoria la referida sentencia.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso * * contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima y Secretaria Particular y Agente del Ministerio Público del Fiscal General del Estado de Colima; en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso * * respecto del acto que atribuye a la autoridad responsable Visitador General de la Fiscalía General del Estado; por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo, toda vez que el informe rendido no fue conocido por las partes con la anticipación a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; por ello, a efecto de que éstos se impongan del contenido del mismo, y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo; lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en su lugar se fijan las diez horas con un minuto del doce de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior es acorde con la tesis jurisprudencial número 54/2000, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiocho de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 5, registro 191995, bajo la voz: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista.
- Incidental
V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 103/2021-I, promovido por * * contra los actos que reclama de las autoridades responsables denominadas Secretaria Particular y Agente del Ministerio Público del Fiscal General del Estado de Colima y otras; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación de la demanda y datos del incidente de suspensión. Con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, el incidentista promovió juicio de amparo contra las autoridades antes mencionadas y solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, que hizo consistir en el inicio del procedimiento administrativo de separación de su cargo como elemento de la Policía Investigadora adscrita a la Dirección General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, número 83/2020 y su notificación. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se formó el incidente de suspensión solicitado, se concedió al incidentista la suspensión provisional del acto que reclama; asimismo, en el citado acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se citó a las partes a la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo con las formalidades de ley y con el resultado que aparece en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 144 al 147, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto a suspender, por tanto, del análisis integral del escrito de demanda, escrito aclaratorio y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: El inicio del procedimiento administrativo de separación de su cargo como elemento de la Policía Investigadora adscrita a la Dirección General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima, número 83/2020 y su notificación. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Secretaria Particular y Agente del Ministerio Público del Fiscal General del Estado de Colima y Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Colima, al rendir su informe previo, manifestaron la existencia del acto reclamado, consistente en el inicio del procedimiento administrativo 83/2020, en contra del quejoso Aldo Javier Ramírez Gómez, respecto a la separación de su cargo como elemento de la Policía Investigadora adscrita a la Dirección General de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Colima. Igual determinación debe tomarse respecto a la autoridad responsable Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, no obstante que negó el acto que se le atribuye; sin embargo, de las constancias que obran en el presente incidente se evidencia la existencia del oficio SESP/SE/1757/2020, que constituye el acto reclamado. lustra lo antes dicho, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, Julio de 1994, Materia: Común, página 391, registro IUS: 211004, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Ahora, los artículos 128 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ".Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." (.) ".Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente (.)". El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y, el segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. En tales condiciones, al encontrarse satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, es decir, para que no sea separado del cargo que ostenta y no se le retenga su salario y prestaciones que emanen del cargo que desempeña en la institución pública que refiere, hasta en tanto, se notifique a la autoridad responsable el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, en el entendido que de haberse ejecutado ese acto la medida cautelar concedida no tiene efectos restitutorios. Es aplicable la tesis 2a./J. 76/2012 (10a.), visible en la página 921, Materias: Constitucional, Común, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2001513), que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis III.1o.A.31 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 2170, del tomo III, julio de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU POSIBLE SEPARACIÓN DEL CARGO, NO OBSTANTE QUE NO SE HAYA ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AL SER UN HECHO NOTORIO LA PRÁCTICA REITERADA DE CESARLOS SIN QUE MEDIE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO. Si en autos del incidente de suspensión no se acredita fehacientemente la existencia de una resolución que ordene la separación del cargo de un miembro de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, ello no es óbice para conceder la suspensión en el amparo, habida cuenta que, de negársele, se le causarían perjuicios irreparables, pues en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si eventualmente fuere separado de su cargo, por cualquier motivo, sería imposible, no obstante que se le concediera el amparo solicitado, reinstalarlo en el puesto que venía desempeñando, máxime si se considera que es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado de Circuito la práctica reiterada de las autoridades administrativas, de cesar a dichos servidores públicos sin que medie procedimiento administrativo alguno, más aún cuando el quejoso señala que esa separación obedece a que no se aprobaron los exámenes de control de confianza, por tanto, no sería ajeno a la cotidianidad que, no obstante la negativa de sus actos, las autoridades los ejecutaran." Por otra parte, respecto del inicio de procedimiento administrativo en contra del quejoso, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se continúe el procedimiento administrativo, sin que se dicte resolución definitiva en el mismo, de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Amparo. De los preceptos 128 y 138 primera parte, de la Ley de Amparo, antes reproducidos, inmersos en el contexto de la suspensión del acto reclamado, concretamente respecto de aquella tramitada a petición de parte, pone de manifiesto que, desde un contexto general, la procedencia de dicha medida cautelar se encuentra condicionada a la satisfacción de tres presupuestos específicos, a saber: a) que lo solicite el agraviado y b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En relación con el segundo supuesto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece de manera enunciativa diversos supuestos en que se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, sin que en ellas se haya previsto la suspensión del procedimiento o el dictado de la resolución definitiva del procedimiento. Se corrobora plenamente que la Ley de Amparo no proscribe conceder la suspensión de un procedimiento, en tanto que justamente conforme a su numeral 150, para determinar si la suspensión puede tener el efecto de paralizar el procedimiento se debe atender a si el daño que pueda ocasionarse al quejoso es irreparable o no, como se aprecia de su texto expreso: "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso". Como se desprende del artículo 150 de la Ley de Amparo, cuando se trata de procedimientos existe una regla general y una excepción. La regla general es que la suspensión en el amparo se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; y, la excepción a esa regla es que procederá la suspensión del procedimiento cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso. En ese sentido es que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/2003, el catorce de octubre de dos mil tres, se pronunció, estableciendo que "el aspecto medular que debe dilucidarse para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de suspender el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, de tal forma que si el daño o perjuicio es reparable la suspensión se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado'; por el contrario, si el daño o perjuicio es irreparable la suspensión tendrá el efecto de impedir 'la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado'." Del asunto antes citado derivó la jurisprudencia P./J. 83/2003, Novena Época, Registro: 182528, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Común, Página: 6, que a continuación se cita: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando que en ninguno de los supuestos que prevé, de manera enunciativa, se contempló la suspensión de un procedimiento, por lo que el legislador no dispuso expresamente que tal suspensión fuera improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis histórico de la tesis del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 292, de rubro: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.", se advierte que el criterio de que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, se fundó en el anterior artículo 64 de la Ley de Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el artículo 138, primer párrafo, de la ley vigente, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la resolución que dirime la cuestión de personalidad. En congruencia con lo antes expuesto, si del contenido del precepto últimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, y en atención a que ésta se materializa sólo con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo, es indudable que la suspensión definitiva debe concederse al quejoso para el efecto de que el Juez natural continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero debe abstenerse de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente." Como se ve, si bien el propio Pleno de la Suprema Corte ha establecido que la continuación del procedimiento es de orden público, también ha puesto de manifiesto la excepción a la regla general de que no se suspenda, ello cuando la continuación del procedimiento ocasione a la parte quejosa un daño o perjuicio irreparable. En este sentido, conforme a lo puntualizado, se puede decir que la paralización del procedimiento, no significa por sí solo que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, además, el propio procedimiento de responsabilidad resarcitoria es tendente a la rendición de cuentas como funcionario público, ya que la función pública se debe desempeñar por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin, por lo que, la suspensión en el juicio de amparo no sería para paralizar todo el procedimiento administrativo, sino en forma exclusiva su etapa final, esto es, sólo se suspendería para el único efecto de que no se dicte resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Así, la suspensión en el juicio de amparo, tendrá el efecto de que no se dicte resolución en el citado procedimiento, reservando esa decisión hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, en lo principal. En ese sentido se reitera que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 28/2003, el catorce de octubre de dos mil tres, se pronunció, estableciendo que "el aspecto medular que debe dilucidarse para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de suspender el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, de tal forma que si el daño o perjuicio es reparable la suspensión 'se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado; por el contrario, si el daño o perjuicio es irreparable la suspensión tendrá el efecto de impedir 'la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado'." En suma, la solución de la contradicción no puede apuntar sino a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, dada la irreparabilidad del daño que se ocasiona al agraviado en el supuesto en comento, considerando que la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad justamente paralizar los actos reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado, atendiendo para ello al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine precisamente la ley reglamentaria. Con ello no se afecta el orden público ni el interés social, pues la suspensión en el juicio de amparo tiene por efecto solamente que se reserve la decisión definitiva en ese procedimiento administrativo, hasta en tanto se resuelva el juicio amparo, esto es, reservar la decisión de las autoridades responsables hasta que se decide, en su caso, sobre la legalidad o constitucionalidad de los actos reclamados en el juicio de amparo. La importancia de acoger la finalidad inmediata que busca la suspensión, se encuentra a su vez vinculada con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la sentencia que conceda el amparo tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, para lo cual es indispensable el mantenimiento de la materia del juicio, esto es, impedir la consumación irreparable de los efectos o consecuencias del acto reclamado, y con ello hacer prevalecer todo el orden constitucional. Ello es así, dada la naturaleza propia del incidente de suspensión, lo que se pretende es preservar derechos ya existentes en la esfera jurídica de la parte quejosa, para de esa forma, evitar que se deje sin materia el juicio de amparo del cual emana la incidencia de mérito; empero, su otorgamiento no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir nuevos que no tuviere previamente a la presentación de la demanda. Orienta lo anterior la jurisprudencia 608, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, TCC, página 551, registro 918142, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." Ahora, conforme a lo que se ha expuesto, como la suspensión en el juicio de amparo contra la continuación del procedimiento, ha de operar para paralizar sólo la etapa del procedimiento que pueda dejar irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso; por consiguiente, en el supuesto jurídico materia de examen de esta contradicción de tesis, si ese tipo de daño o perjuicio se puede ocasionar precisamente con el dictado de la resolución, es entonces que la medida cautelar dictada en el juicio de amparo ha de suspender no la continuación de todo el procedimiento administrativo, sino exclusivamente el dictado de la resolución que ha de recaer en ese procedimiento administrativo, ello mientras se resuelve el juicio de amparo en el fondo, en lo principal. Dicho de otra forma, la suspensión al procedimiento administrativo, para que no se dicte resolución, hasta en tanto, se resuelva el juicio de amparo en lo principal, esto es así, porque la concesión de la medida cautelar permite acatar el contenido de lo dispuesto en sus diversas disposiciones, como el 107, cuya fracción X establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine precisamente la ley reglamentaria, luego, si en armonía con ello, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece expresamente que procederá la suspensión del procedimiento cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso, es claro entonces que no se contraviene al orden público, trascendiendo que con ello se hace prevalecer el orden constitucional, destacadamente, en el supuesto jurídico en examen, la institución jurídica de la suspensión, que es un pilar fundamental del juicio de amparo. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época, Página: 921, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo". La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía en virtud de que no existe tercero interesado en el presente juicio por la naturaleza del acto reclamado que pudiera resultar afectado en términos de los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo, asimismo, el acto reclamado no constituye un crédito fiscal en términos de lo dispuesto en el numeral 135 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXI, Quinta Época, Página: 1418, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSION SIN FIANZA. La suspensión debe concederse sin fianza cuando, llenados los requisitos de la ley, no exista tercero perjudicado." Suspensión que surtirá efectos hasta en tanto se dicte la resolución en definitiva, y que el acto reclamado: No provenga de una autoridad diversa de las señaladas. No se trate de un acto consumado, y Dicho acto no haya sido ordenado en cumplimiento a un juicio de amparo. S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede al incidentista * * la suspensión definitiva de los actos que reclama a las autoridades responsables Secretaria Particular y Agente del Ministerio Público del Fiscal General del Estado de Colima, Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Colima y Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima, por lo precisado en el considerando tercero de la presente interlocutoria.
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