Aldo Iván Sáenz Tocoli

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Aldo Iván Sáenz Tocoli
  • Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos
  • Aldo Iván Sáenz Tocoli y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales previa depuración, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin que sea el caso proveer en relación lo manifestado por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, toda vez que el ocho de noviembre del dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 477/2021-V-B, promovido por Aldo Iván Sáenz Tocolí, contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito, el catorce de junio del dos mil veintiuno, Aldo Iván Sáenz Tocolí, promovió juicio de amparo, contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de aprehensión, detención o búsqueda, librada en contra del aquejoso, así como la ejecución de dichos actos. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, registrándose como expediente 477/2021-V-B, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos humanos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General número 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que los actos que se reclaman, se los atribuye a autoridades que radican dentro de los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;". De la trascripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Bajo este contexto, de la lectura integral de la demanda se aprecia que el quejoso, reclama la orden de aprehensión, detención o búsqueda, emitidas en contra del aquí quejoso y su ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables, Fiscal Especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Zona Norte; Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua; Coordinador de la Policía Estatal Única División Preventiva Zona Norte; y Secretario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO.- Las autoridades responsables, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte; Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Fiscalía, Zona Norte; Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro Contra La Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, Zona Norte; Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo Adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Integridad Física y Daños de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Jefe de Grupo Adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; y Jefe de Grupo Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Peligro Contra La Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia del acto materia de reclamo y en apoyo a su informe, la autoridad señalada en primer término, envío copia autorizada de las constancias que integran la causa penal 4865/2021, instruida en contra del aquí quejoso Aldo Iván Sáenz Tocolí, de las cuales se advierte la actuación relativa a la orden de aprehensión emitida en contra del aquí quejoso, en fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, por el hecho ilícito de Tortura, previsto y sancionado en el artículo 24, fracción I, en relación con el artículo 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes, reglamentaria de la Fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, por el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado, por el artículo 208, fracción III, 211, fracciones I y XI del Código Penal, cometido en perjuicio de víctima 1, por hechos ocurridos el doce de agosto del dos mil veinte, aproximadamente a las 23:00 horas, en Calle Avenida Manuel Gómez Morín, número 7050, del Fraccionamiento Santa Rita, en esta ciudad. Es dable puntualizar que a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, mediante oficio 6674/2021, de dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, informó a este Juzgado, que en fecha catorce de octubre del presente año, fue puesto a su disposición al quejoso, toda vez que fue ejecutada la orden de aprehensión librada en su contra; asimismo, mediante diversos oficios 79334/2021 y 79357/2021, informó que el veintinueve de octubre del dos mil veintiuno, se formuló imputación al quejoso por los ilícitos mencionados en la orden de aprehensión; y consecuentemente, que el tres de noviembre del dos mil veintiuno, se verificó la continuación de la audiencia inicial, en la cual se decretó al aquí quejoso, auto de vinculación a proceso, se reitera, por los ilícitos de Tortura, previsto y sancionado en el artículo 24, fracción I, en relación con el artículo 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes, reglamentaria de la Fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, por el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado, por el artículo 208, fracción III, 211, fracciones I y XI del Código Penal, cometido en perjuicio de víctima 1, por hechos ocurridos el doce de agosto del dos mil veinte, aproximadamente a las 23:00 horas, en Calle Avenida Manuel Gómez Morín, número 7050, del Fraccionamiento Santa Rita, en esta ciudad; a fin de acreditar su informe remitió los discos de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso dictados al aquí quejoso. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los primeros resultan medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas actuaciones y audiencias (dada la naturaleza del procedimiento oral) en que se verificó el acto impugnado de inconstitucional; además en razón de la naturaleza de las audiencias orales, se registran en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIA CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, en la especie, de manera oficiosa, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: a) La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la orden de aprehensión librada por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, el cinco de junio del dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 4865/2021, de su índice, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, en fecha catorce de junio del dos mil veintiuno, Aldo Iván Sáenz Tocolí, promovió demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión girada por la autoridad responsable, el cinco de junio del dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 4865/2021, por lo que, se admitió la demanda de amparo y se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsable. Y atención a lo anterior, la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, así como diversas autoridades, al rendir su informe justificado, se reitera, convinieron en la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión), asimismo, la citada autoridad, mediante diversos oficios informó que en fecha catorce de octubre del dos mil veintiuno, se puso a disposición del Juez al quejoso, toda vez que fue ejecutada la orden de aprehensión librada en su contra; que el veintinueve de octubre del año en curso, se formuló imputación al quejoso por los ilícitos mencionados en la orden de aprehensión; y consecuentemente, el tres de noviembre del presente año, se verificó la continuación de la audiencia inicial, en la cual se decretó al aquí quejoso Aldo Iván Sáenz Tocolí, auto de vinculación a proceso, por los ilícitos de Tortura, previsto y sancionado en el artículo 24, fracción I, en relación con el artículo 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes, reglamentaria de la Fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, por el delito de Robo Agravado, previsto y sancionado, por el artículo 208, fracción III, 211, fracciones I y XI del Código Penal, cometido en perjuicio de víctima 1, por hechos ocurridos el doce de agosto del dos mil veinte, aproximadamente a las 23:00 horas, en Calle Avenida Manuel Gómez Morín, número 7050, del Fraccionamiento Santa Rita, en esta ciudad, a fin de acreditar su dicho la referida autoridad responsable, remitió los discos de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso dictado al aquí quejoso. Informes los anteriores, que se itera, tienen valor preponderan, y de los que se advierte que el ahora quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento judicial, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de Tortura y Robro Agravado, además de que se le impuso la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva oficiosa, vigente hasta el veintinueve de octubre del dos mil veintitrés. Por tanto, al haberse dictado el auto de vinculación a proceso aludido, la situación jurídica del quejoso Aldo Iván Sáenz Tocolí, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión, que reclama el impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de vinculación a proceso y la medida cautela de prisión preventiva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que, se impone necesario sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 516, página 339, del Tomo VI, relativo a la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 1995, número de registro 394472, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de la Materia, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aldo Iván Sáenz Tocolí, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe, hasta el día de hoy ocho de noviembre de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado permitieron concluir esta sentencia, asimismo, atendiendo la suspensión de plazos y términos que se han realizado en los órganos jurisdiccionales con motivo de la pandemia que actualmente se vive. Doy Fe.

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