Aldo Ivan Estrada Bahena

Expediente 1815/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1815/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Aldo Ivan Estrada Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa para la devolución de documentos Finalmente se ordena remitir constancias a la autoridad correspondiente.

  3. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SU SINTESIS DICE: Por recibida la demanda de amparo promovida por *****************, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ? Registro de la demanda. Fórmese el cuadernillo de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. ? Desechamiento de la demanda: Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. En la inteligencia que la aplicación de la jurisprudencia integrada con la ley anterior, según el numeral sexto transitorio, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual. Análisis, el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo, es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV,- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN y NEGATIVA de dictar acuerdo y/o resolución respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes del Juicio Laboral *****************del que emana el acto reclamado, en audiencia de fecha 26 de septiembre de 2019.". Del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no prevé la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, debe entenderse por actos de imposible reparación a aquellos que afectan de forma directa derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados Internacionales de los que México es parte, lo que significa que excluyó a todos aquellos actos intraprocesales que vulneren prerrogativas procedimentales con independencia del estadio en que esto ocurra. Por tanto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. En ese tenor, el tema en cita, relativo a determinar qué es una abierta dilación en el procedimiento, o la paralización de éste, el criterio citado, se estableció que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva, que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; por lo que para proporcionar un estándar mínimo objetivo para que exista una abierta dilación en el dictado de proveídos, laudos o cualquier diligencia, deben de haber transcurrido cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos. En el caso, la parte quejosa se duele de la omisión de que el tribunal responsable se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral *****************; sin embargo de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que la autoridad responsable se reservó respecto de su admisión o desechamiento, mientras que la fecha en que presentó su escrito inicial de demanda, en la cual reclama la omisión de la responsable, fue el seis de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, dicho acto no queda comprendido en el supuesto de procedencia establecido en el citado artículo 107, fracción V, porque no es un acto de imposible reparación, ya que los efectos que produce son meramente adjetivos, esto es, no transgrede ni afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se llega a la anterior determinación dado que dicha omisión no afecta directa e inmediatamente el derecho sustantivo fundamental relativo a la impartición de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se da la excepción que haga procedente el amparo, es decir, que exista una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total; ya que a la fecha de presentación de la demanda, no ha transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de refrencia, establecido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Alzada, mismo que quedó expuesto en párrafos precedentes. Sobre ese contexto, la parte quejosa, se duele de una dilación procesal, toda vez que no se ha pronunciado respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral *****************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro de los términos que la ley laboral establece; sin embargo, aun cuando se está en presencia de la omisión que aduce y que, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a sí en la especie no existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, lo que no ocurre, pues de los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, refirió que el veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral *****************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas, reservándose dicho tribunal a pronunciarse respecto su admisión o desechamiento, mientras que la fecha en que presentó su escrito inicial de demanda, en la cual reclama la omisión de la responsable, fue el seis de noviembre de dos mil diecinueve; por lo que se aprecia que el acto aquí reclamado no se considera que dilate abiertamente el procedimiento o lo paralice, a la luz de las condiciones prevalecientes en los órganos impartidores de justicia laboral. Por lo anteriormente expuesto, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo, dado que no han transcurrido los cuarenta y cinco días señalados jurisprudencialmente, para que se considere que existe una abierta dilación, concepto que en la jurisprudencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplea para distinguir entre el retraso y una abierta dilación. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral *****************, del índice de la Junta responsable el veintiséis de septiembre del año en curso a la fecha; no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que en el caso no acontece. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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