Aldo Gutiérrez de la Cruz
Expediente 61/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aldo Gutiérrez de la Cruz
- Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justiicia del Distrito Federal
Actuaciones
- Principal
mesa"1"Ciudad de México, diez de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos, el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; visto su contenido, téngase a la autoridad referida acusando recibo del diverso oficio número 6905/2016, del índice de éste Órgano de Control Constitucional, que contiene el acuerdo de veintiocho de enero del año en curso, mediante el cual esta Juzgadora se estimó legalmente incompetente, declinando la competencia a su favor, para conocer de la demanda de amparo promovida por ALDOR GUTIÉRREZ DE LA CRUZ; en ese tenor, téngasele informando que esa Superioridad aceptó la competencia declinada, avocándose al conocimiento de dicho asunto. Ahora bien, en vista de que no existe acuerdo pendiente que dictar y que la autoridad oficiante aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de garantías promovida por JESÚS MANUEL CUPIL FRÍAS, bajo el número DP 38/2016 de su índice; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante la Secretaria Olivia Campos Valderrama que autoriza y da fe.
- Principal
mesa"1"México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso contra el acto reclamado a los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y otra autoridad, que se hace consistir en la resolución Competencia. Ahora bien, previo a la admisión, desechamiento o prevención de la solicitud que hace valer el peticionario de garantías en su demanda de amparo y en su caso determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de molestia reclamados, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia I.2o.P. J/40 de la Octava Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, visible a página 36, Materia Penal, cuyo rubro y texto señalan: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías en comento, este órgano de control constitucional, se estima legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por el citado quejoso, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, del ocurso con que se da cuenta, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "La resolución dictada en el toca penal U 1874/2011, que confirmó la sentencia dictada en la causa penal184/2011". En mérito de lo anterior, y una vez analizada de manera integral el escrito inicial de demanda, se colige que lo que pretende atacar el peticionario de garantías, es la sentencia definitiva dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; por ende, no se puede estudiar mediante juicio de amparo indirecto la constitucionalidad de la resolución de que se trata, pues como se dijo se trata de una sentencia definitiva. Hecha tal precisión, es evidente que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, en términos de los artículos 35, 107 y 170, fracción I, de Ley de Amparo en vigencia, en virtud de que al reclamarse la sentencia antes aludida, se está en el supuesto que prevé el citado precepto 107, fracción I, de la ley en comento, esto es, que el directo agraviado reclama la ejecución de una sentencia que puso fin al juicio, siendo competente en el caso el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado, como ya quedó establecido, se hace consistir en la resolución con efectos definitivos que pone fin al juicio, lo conducente es remitir la presente demanda de amparo, así como las copias, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, solicitándole que de no existir inconveniente, tenga a bien acusar recibo de estilo correspondiente; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Tesis aislada, visible a fojas 55, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, sustentada por el Pleno, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio." Domicilio del quejoso y autorizados. En apego a lo estatuido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, realícense al agraviado, todas las notificaciones de éste juicio, aún las de carácter personal en el lugar donde se encuentra recluido, que es en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicidad. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la Juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Enrique Frías Medina que autoriza y da fe.
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