Aldo Graciano Castellanos Martinez
Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aldo Graciano Castellanos Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ALDO GRACIANO CASTELLANOS MARTÍNEZ, para que el efecto de que: La Juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Ejutla, residente en Ejutla de Crespo, Oaxaca, deje insubsistente la multa impuesta al quejoso en auto de quince de julio de dos mil veintiuno, que quedó firme en el diverso de veintidós de julio del año en curso, en la causa penal 616/2020 de su índice. De estimar procedente hacer efectiva la multa con la que se apercibió al quejoso en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, emita un nuevo acuerdo, en el que funde y motive debidamente el monto que estime procedente imponer por dicha multa, tomando en consideración los argumentos vertidos en la presente sentencia En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, pues mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós dejó insubsistente la determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, respecto de la imposición de la multa por la cantidad de $2688.06 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, CON SEIS CENTAVOS, M.N.), impuesta al licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez, la cual quedó firme en acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 616/2020. Asimismo, hizo efectivo el apercibimiento decretado al licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez, en audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno y al respecto consideró que para la legal imposición de un medio de apremio, se requería la existencia del apercibimiento respectivo, el cual dijo realizó en la mencionada al citado profesionista cuando se le discernió el cargo de defensor particular del ciudadano Felipe de Jesús Ojeda Campos, a quien se le apercibió para que cumpliera con las obligaciones señaladas en el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se le indicó que no podía renunciar al cargo ni durante las audiencias, ni una vez notificado de ellas; y que si no comparecía a la audiencia o se ausentaba de la misma sin causa justificada, se consideraría abandonada la defensa y se procedería a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sería designado, salvo que el imputado lo hiciera de inmediato a otro defensor, lo cual a su vez daría lugar a imponerle un medio de apremio consistente en una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalente a $2,688.06 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, CON SEIS CENTAVOS, M.N.). En segundo lugar refirió que el quejoso, persona a quien apercibió, conocía de la sanción, en caso de desacato o resistencia, pues quedó debidamente notificado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno del citado apercibimiento, lo cual se le reiteró mediante notificación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico autorizado. Y pese a lo anterior no se presentó a la audiencia intermedia señalada para el quince de julio de dos mil veintiuno. Derivado de ello, el licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez presentó la renuncia al cargo de defensor particular de Felipe de Jesús Ojeda Campos un día antes de la audiencia intermedia, esto es, el catorce de julio de dos mil veintiuno a las diecisiete horas con cuarenta minutos; inobservando el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su segundo, tercero, sexto y último párrafos. De igual forma señaló la autoridad jurisdiccional que toda vez que el Estado de Oaxaca no se contaba con ordenamientos jurídicos que establecieran el arancel para cobro de honorarios de los abogados postulantes, los cuales se fijaban por acuerdo entre el que presta los servicios y quien los recibe o aprovecha, por lo que de conformidad con el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuso al quejoso una multa por la cantidad de $896.20 (ochocientos noventa y seis pesos, con dos centavos m.n), cantidad que estimó proporcional en relación al contexto de la infracción a la reincidencia y gravedad de la falta; y reiteró que no se perjudicaba al defensor particular de referencia al imponerle únicamente el monto mínimo establecido en la ley, ya que no existía información probatoria objetiva que permitiera determinar con claridad la capacidad para imponerle un monto mayor; y si bien, fue apercibido con una cantidad mayor a la impuesta, dijo que eso no significaba que estuviera impedida para imponer un monto menor. Además aseveró que para imponer dicha multa tomó en cuenta la unidad de medida y actualización vigente en el año dos mil veintiuno, que correspondía a $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M.N.), la cual infirió que el quejoso cobró por sus honorarios al menos de manera diaria, desde el veintisiete de abril de dos mil veintiuno hasta su renuncia quince de julio de dos mil veintiuno; cargo que tuvo por dos meses con dieciocho días, como lo sostuvo el acusado Felipe de Jesús Ojeda Campos. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Ahora bien, respecto del escrito del quejoso mediante el cual desahogó la vista dada con el cumplimiento de la autoridad responsable, y en torno al cual señaló que no se encuentra fundada ni motivada la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento en virtud de que tal aseveración está dirigida a controvertir le legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual, no constituye el motivo de análisis de la presente determinación. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) en el incidente de suspensión derivado del presente asunto no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto en parte se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente en virtud de que carece de objeto que continue agregado en autos el disco DVD que incluye las constancias de la causa penal número 616/2020, misma que acompañó como apoyo a su informe justificado la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles centrales, Sede Ejutla, Oaxaca, devuelvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
MESA VI "... .San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se declaró cumplida la ejecutoria de amparo ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ALDO GRACIANO CASTELLANOS MARTÍNEZ, para que el efecto de que: La Juez de control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Sede Ejutla, residente en Ejutla de Crespo, Oaxaca, deje insubsistente la multa impuesta al quejoso en auto de quince de julio de dos mil veintiuno, que quedó firme en el diverso de veintidós de julio del año en curso, en la causa penal 616/2020 de su índice. De estimar procedente hacer efectiva la multa con la que se apercibió al quejoso en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, emita un nuevo acuerdo, en el que funde y motive debidamente el monto que estime procedente imponer por dicha multa, tomando en consideración los argumentos vertidos en la presente sentencia En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, pues mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós dejó insubsistente la determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, respecto de la imposición de la multa por la cantidad de $2688.06 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, CON SEIS CENTAVOS, M.N.), impuesta al licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez, la cual quedó firme en acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, en la causa penal 616/2020. Asimismo, hizo efectivo el apercibimiento decretado al licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez, en audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno y al respecto consideró que para la legal imposición de un medio de apremio, se requería la existencia del apercibimiento respectivo, el cual dijo realizó en la mencionada al citado profesionista cuando se le discernió el cargo de defensor particular del ciudadano Felipe de Jesús Ojeda Campos, a quien se le apercibió para que cumpliera con las obligaciones señaladas en el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se le indicó que no podía renunciar al cargo ni durante las audiencias, ni una vez notificado de ellas; y que si no comparecía a la audiencia o se ausentaba de la misma sin causa justificada, se consideraría abandonada la defensa y se procedería a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sería designado, salvo que el imputado lo hiciera de inmediato a otro defensor, lo cual a su vez daría lugar a imponerle un medio de apremio consistente en una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalente a $2,688.06 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS, CON SEIS CENTAVOS, M.N.). En segundo lugar refirió que el quejoso, persona a quien apercibió, conocía de la sanción, en caso de desacato o resistencia, pues quedó debidamente notificado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno del citado apercibimiento, lo cual se le reiteró mediante notificación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico autorizado. Y pese a lo anterior no se presentó a la audiencia intermedia señalada para el quince de julio de dos mil veintiuno. Derivado de ello, el licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez presentó la renuncia al cargo de defensor particular de Felipe de Jesús Ojeda Campos un día antes de la audiencia intermedia, esto es, el catorce de julio de dos mil veintiuno a las diecisiete horas con cuarenta minutos; inobservando el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su segundo, tercero, sexto y último párrafos. De igual forma señaló la autoridad jurisdiccional que toda vez que el Estado de Oaxaca no se contaba con ordenamientos jurídicos que establecieran el arancel para cobro de honorarios de los abogados postulantes, los cuales se fijaban por acuerdo entre el que presta los servicios y quien los recibe o aprovecha, por lo que de conformidad con el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impuso al quejoso una multa por la cantidad de $896.20 (ochocientos noventa y seis pesos, con dos centavos m.n), cantidad que estimó proporcional en relación al contexto de la infracción a la reincidencia y gravedad de la falta; y reiteró que no se perjudicaba al defensor particular de referencia al imponerle únicamente el monto mínimo establecido en la ley, ya que no existía información probatoria objetiva que permitiera determinar con claridad la capacidad para imponerle un monto mayor; y si bien, fue apercibido con una cantidad mayor a la impuesta, dijo que eso no significaba que estuviera impedida para imponer un monto menor. Además aseveró que para imponer dicha multa tomó en cuenta la unidad de medida y actualización vigente en el año dos mil veintiuno, que correspondía a $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M.N.), la cual infirió que el quejoso cobró por sus honorarios al menos de manera diaria, desde el veintisiete de abril de dos mil veintiuno hasta su renuncia quince de julio de dos mil veintiuno; cargo que tuvo por dos meses con dieciocho días, como lo sostuvo el acusado Felipe de Jesús Ojeda Campos. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Ahora bien, respecto del escrito del quejoso mediante el cual desahogó la vista dada con el cumplimiento de la autoridad responsable, y en torno al cual señaló que no se encuentra fundada ni motivada la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento en virtud de que tal aseveración está dirigida a controvertir le legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual, no constituye el motivo de análisis de la presente determinación. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) en el incidente de suspensión derivado del presente asunto no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto en parte se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente en virtud de que carece de objeto que continue agregado en autos el disco DVD que incluye las constancias de la causa penal número 616/2020, misma que acompañó como apoyo a su informe justificado la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles centrales, Sede Ejutla, Oaxaca, devuelvase a su lugar de origen. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Jueza de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, remite copia certificada en formato PDF de las siguientes constancias: Resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintidós dictada en la causa penal 616/2020. Constancia de notificación realizada al Licenciado Aldo Graciano Castellanos Martínez, relativa al mencionado proveído. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. EL PRESENTE PROVEÍDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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