Aldo Gamboa Gutiérrez

Expediente 3521/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3521/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Aldo Gamboa Gutiérrez
  • Aldo Gamboa Gutiérrez y Otros.
  • Marcela Alejandra Valdes Álvarez y Otros.
  • Patricia Araceli Rosales Orozco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO...

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintisiete de noviembre dos mil dieciocho, Aldo Gamboa Gutiérrez, Victorina Pinedo Martínez, Isaí Baltazar Jara, Patricia Araceli Rosales Orozco, Manuel Claudio Valdez Pinedo, Maricela Alejandra Valdés Álvaez, Moisés Reyes Bañuelos, Guicela Sánchez Ramírez, Miguel García González, Solvia Cristina Huizar Pérez y María Eusebia Huerta Pinedo, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de once de diciembre dos mil dieciocho (fojas 29 a 32), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 67) y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El acto reclamado es: Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: El acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado en autos del expediente 1393/2010, en el que, entre otras cosas, se impuso una sanción económica al Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, por el importe de cien días de salario mínimo; en vía de consecuencia: De la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (en su denominación correcta), del Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Foránea número 109 y del Ejecutor Fiscal: La ejecución de la citada medida de apremio, consistente en el requerimiento de pago de multa estatal folio F918109000010. Del Congreso del Estado de Jalisco: Los oficios LXI-572/GOB/2018 y S.A.G-S.I/M-0704/2018, tendentes a ejecutar la suspensión en contra del Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, por un plazo de quince días sin goce de sueldo. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto del Procurador Fiscal de esa secretaría (foja 49). En la medida que la responsable negó el acto reclamado, no es a ella a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación, ni prueba que demuestre que lo que se le atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre el quejoso la carga de acreditar que es verídico lo que le reclama. Lo anterior, no obstante que en su informe justificado hubiere manifestado que sí existe un requerimiento de pago número de folio F918109000010, que deriva de la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, pues al respecto la responsable adujo que dicho acto de ejecución la llevó a cabo la diversa responsable Jefe de la Oficina de Fiscal número 109, de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, lo cual se corrobora de un análisis realizado a las documentales que obran como prueba en este expediente, de las cuales destaca el propio requerimiento de multas estatales impuestas por autoridades no fiscales y su acta de ejecución, emitidas por la autoridad citada en último término (fojas 57 y 58). A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al tratarse de documento certificado por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Ahora, si bien es cierto que la autoridad señalada con el carácter de responsable, resulta ser superior jerárquico de la previamente citada, que ejecutó la sanción impuesta en el acuerdo reclamado, también lo es que la existencia de la relación jerárquica entre ambos no conduce a tener por acreditado el reclamo que le atribuye el solicitante del amparo. Lo anterior, en términos de la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio-diciembre de 1998, página 185, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo". Por consiguiente, ante la inexistencia de los actos reclamados a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior, por analogía la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, Tomo II, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, con registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 201964, de rubro: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE". Corolario de lo expuesto, al haber sido el Jefe de la Oficina de Fiscal número 109 y el Ejecutor Fiscal, ambos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, quienes emitieron y ejecutaron el requerimiento de pago número de folio F918109000010, que deriva de la sanción impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, son ciertos los actos que a dichas autoridades se les reclaman, tal como lo manifestaron al rendir su informe justificado, por conducto del Procurador Fiscal de esa secretaría (foja 49). Lo propio acontece con el acto atribuido al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, toda vez que dicha autoridad admitió su certeza al rendir su informe justificado (foja 63). Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado la citada autoridad, mismas que obran en un cuaderno de pruebas por separado de este asunto, a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de las que se observa la determinación de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 219 del cuaderno de pruebas), en la que, entre otras cosas, se impuso la sanción reclamada por los quejosos. También son ciertos los actos atribuidos al Congreso del Estado de Jalisco, consistentes en los oficios LXI-572/GOB/2018 y S.A.G-S.I/M-0704/2018; no obstante que el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, al rendir el informe justificado haya negado su existencia; ello toda vez que del contenido del mismo se advierte que expuso argumentos tendentes a evidenciar que los oficios reclamados no derivan del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, empero, sí existen y son relativos al trámite de suspensión por quince días sin goces de sueldo del cargo del Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco; motivo por el cual se desvirtúa la negativa y se tienen como ciertos los actos que se le reclaman; de ahí que no se actualiza la causal de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, como lo aduce la citada autoridad. Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Causas de improcedencia. En la especie, en relación con el acto reclamado a la autoridad identificada con el inciso 1) del considerando segundo de la presente resolución, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no transgreden la esfera jurídica de los quejosos. Para clarificar tal aserto, se tiene presente el dispositivo antes mencionado, el cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)" En términos del artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. En ese sentido, el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. De manera ilustrativa, se cita la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Por su parte, el interés legítimo es el derecho que tienen las personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Dicho interés supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Así, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Sustenta lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 120 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste". Igualmente, se invoca la jurisprudencia 119, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico". En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen en el mismo deriven de un acto concreto de autoridad que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de los derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de los derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, pues de esa manera prosperará la acción constitucional para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de tales actos, correspondiendo, indefectiblemente, a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 289 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En la especie, los quejosos acuden al presente juicio de amparo, por propio derecho, a reclamar el proveído de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 1393/2010 del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el cual aducen se les impuso una sanción equivalente a cien días el salario mínimo general vigente; y, como consecuencia, la ejecución de dicha medida de apremio. Sin embargo, los quejosos no acreditaron la afectación a su esfera de derechos, tal y como dispone el artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, como se demostrará enseguida. El proveído que constituye el acto reclamado establece en la parte que para el caso interesa, lo siguiente (foja 219): "EXPEDIENTE No 13932010. Guadalajara Jalisco; octubre dieciséis de dos mil dieciocho. (...) Por lo anterior, ante el apercibimiento realizado al ente público en caso de incumplir con lo requerido en auto de fecha diez de julio del año en curso, así como las razones, fundamentos y motivos expuestas en dicho proveído además de lo plasmado en este proveído, ante el incumplimiento antes citado y debido a que la demandada no ha mosrado gestión alguna realizada encaminada a lograr el cabal cumplimiento del laudoo, al ser además una obligación e este Tribunal hacer cumplir los laudos, en términos de los numerales 141, 142 y 143 de la ley de la Materia, es por lo que se hace efectivos los apercibimientos contenidos en dicho acuerdo, y se impone al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO, una multa por el equivalente a 100 CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en los términos que derivan del auto en mención. Lo anterior, con fundamento en lo que disponen los numerales 141 y 143 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios..." De la anterior transcripción se advierte que, efectivamente, el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, determinó imponer una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, ante el incumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 1393/2010, empero, contrario a lo aducido en la demanda de garantías, no le fue impuesta dicha sanción a ninguno de los quejosos, sino particularmente al Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco. Ahora, los promoventes del amparo acuden a esta instancia constitucional como integrantes del Ayuntamiento demandado, en su calidad de Presidente Municipal, Síndico y Regidores de ese ente público, sin embargo lo hacen por propio derecho, en su calidad de personas físicas y no en representación del ente municipal, según lo refieren en su propio escrito de demanda; ello derivado de que consideran que el acto reclamado les causa un agravio directo. Por otra parte, es cierto que el Síndico es el representante legal del ayuntamiento quejoso, sin embargo, en la especie, según se refirió y tal como puede advertirse del libelo actio de amparo, la totalidad de los quejosos comparecen en defensa de sus intereses, por propio derecho y no en representación de la entidad pública demandada en el procedimiento natural. Así, en el juicio de amparo es necesario que se demuestre que el acto de la autoridad se encuentra dentro de la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe acreditarse de manera fehaciente y a través de los medios idóneos, es decir, la parte quejosa tiene que acreditar en forma indubitable la existencia del derecho que aduce afectado, pues además de que éste es uno de los principios esenciales de la litis constitucional, sólo en tal caso el tribunal de amparo podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad resulta inconstitucional. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 216, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De igual forma, cabe citar la diversa tesis XXV/89, emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, en la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, página 338, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo." Así como la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1854, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro electrónico 2004501, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por ello, si en el acuerdo reclamado se decidió, entre otras cosas, hacer efectivo el apercibimiento al Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, e imponerle una sanción de multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es inconcuso que dicha determinación no causa perjuicio a los aquí quejosos en lo personal, pues la citada sanción se encuentra dirigida al ente municipal demandado y lo quejosos comparecen en defensa de sus intereses propios y no los de esa entidad. A la luz de las anteriores consideraciones, no resta sino concluir que los actos reclamados no afectan la esfera jurídica del promovente, al no demostrar contar con un derecho legítimamente tutelado; pronunciamiento que es para los efectos exclusivos de este juicio de amparo pues no prejuzga ni decide sobre los derechos sustantivos de las partes. Al caso, resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, sostenida por la Primera Sala de Nuestro Alto Tribunal en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero 2002, página 15, con número de registro electrónico 187777, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera, al no haberse acreditado la afectación al interés jurídico del promovente opera la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia en relación con el acto reclamado a la autoridad identificada en el inciso 1), del considerando segundo de la presente resolución. Ahora, no se soslaya que los quejosos en el escrito de demanda, hacen alusión a que el apercibimiento contenido en el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, les causa agravio, sin embargo, aun en el caso de que su intensión haya sido combatir a través de este juicio de amparo el apercibimiento contenido en dicho acuerdo, la acción constitucional es improcedente, según las consideraciones siguientes. Según se concluye de lo expuesto en líneas anteriores, en la Constitución Federal se delimitaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio de amparo bi-instancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad. Entonces, conviene puntualizar que como el acto reclamado se hace consistir en el apercibimiento decretado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho en el expediente 1393/2010, por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el sentido de que de no cumplir con el pago de la condena, se suspenderá de su cargo a los Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero Jalisco, por un pazo de quince días sin goce de sueldo, no produce una afectación inmediata a la esfera jurídica de los quejosos. Para denotar lo anterior, se procede al análisis de la parte conducente determinación reclamada, la cual dice lo siguiente: ".Ahora bien, con el fin de dar continuidad al procedimiento de ejecución de ejecución del laudo en términos del numeral 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, resulta procedente requerir de nueva cuenta en el domicilio procesal y SE REQUIERE AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA GUERRERO JALISCO, para que dentro del TÉRMINO DE 03 TRES HÁBILES (sic) siguientes a la fecha en que le sea notificado el presente auto, REALICE A FACOR DEL ACTOR C. CESAR FLORES ESCOBEDO, el pago por la cantidad de $460,142.76, CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 MONEDA NACIONAL; asimismo ACREDIE haber enterado las aportaciones correspondientes al INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRODE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, por el periodo del primero de enero de dos mil siete al veintiuno de octubre de dos mil quince; bajo apercibimiento a la demandada que de no cumplimentar el requerimiento referido, se suspenderá a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, en el cargo desempeñado, por un plazo de quince días sin goce de sueldo (.)" Con base en lo expuesto, el posible agravio derivado del apercibimiento consistente en suspender en el cargo a los integrantes del Ayuntamiento de referencia por un término de quince días sin goce de sueldo, por ahora, es de realización futura e incierta, y no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio del quejoso; en este sentido, el amparo promovido contra ese acto es improcedente, pues la pretendida afectación se actualizará hasta el momento en que se imponga la sanción correspondiente. Máxime que no es indudable que el apercibimiento se llegue a hacer efectivo, tomando en consideración que ello dependerá de si se cumple o no con el requerimiento que les fue formulado a fin de que se dé cumplimiento al laudo emitido en el procedimiento natural. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". Igualmente resulta ilustrativa sobre el tema la tesis cuyo epígrafe y texto dicen: "MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal" En mérito de lo anterior, también se actualiza respecto del acto analizado la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, concatenados con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro contexto, por lo que ve al acto reclamado al Congreso del Estado de Jalisco, consistente en los oficios los oficios LXI-572/GOB/2018 y S.A.G - S.I/M-0704/2018, tendientes a ejecutar la suspensión en contra del Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, de once de septiembre de dos mil dieciocho, por no cumplir con las condenas laudadas en el juicio laboral 1393/2010; también actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Conviene señalar que los artículos 140, 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contenidos en el Capítulo IV, intitulado "Del Procedimiento de Ejecución", disponen, entre otras cosas, que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; asimismo, que se impuso al referido órgano jurisdiccional la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a sus Magistrados integrantes la responsabilidad de hacerlos cumplir, facultando al susodicho Tribunal para dictar, en aras de lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, todas las medidas que estime necesarias en la forma y términos, que a su juicio sean procedentes, disponiendo, en forma específica, en el artículo 143 de la Ley Burocrática Jalisciense, que el indicado órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones, cuya cuantía puede ir de diez a cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara; y que cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada y si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. Todo lo correlacionado evidencia que en términos generales, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, incluso para hacer cumplir sus determinaciones, haciendo uso de los medios de apremio respectivos, que se pueden traducir, en la imposición de una sanción que va desde diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco o en la imposición de la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento al laudo. Ahora bien, con el dictado del acto reclamado, no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa y por tanto, se patentiza la improcedencia del juicio de amparo destacada. Para poner de relieve el porqué, de la improcedencia indicada, conviene hacer notar que de la relación de antecedentes inserta en la demanda de amparo así como de las constancias de autos, se advierte que a través de los oficios reclamados el Congreso del Estado de Jalisco, ha realizado gestiones tendientes a continuar con el trámite de suspensión del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Villa Guerrero, Jalisco, por el término de quince días sin goce de sueldo, lo cual derivó de una sanción impuesta por el incumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 1393/2010, por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual le resultó adverso a la entidad pública demandada, mismo que se encuentra en estado de ejecución. Atendiendo a lo anterior se desprende que de momento, los oficios reclamados no afectan por sí mismos, el interés jurídico de los quejosos, lo cual patentiza la improcedencia del juicio de amparo, puesto que, por sí mismos, no generan, por el momento, menoscabo en su esfera jurídica. Cierto, para entender el procedimiento que puede concluir con la suspensión del cargo del ahora quejoso, ordenada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se estima conveniente transcribir algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, mismos que a la letra señalan: "CAPÍTULO VII Substanciación Del Trámite Para La Desintegración De Ayuntamientos Y Suspensión O Revocación Del Mandato A Alguno De Sus Miembros Artículo 224. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los Ayuntamientos, y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados. Artículo 225. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra Ayuntamientos o Concejos Municipales o miembros de estos cuerpos colegiados por alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, procede con arreglo a lo contenido en el presente capítulo. Artículo 226. 1. Una vez ratificada la queja o denuncia, se presenta a la Asamblea del Congreso del Estado para que se turne a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, las cuales califican si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y, si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, deberá dictaminarse en un plazo de hasta cuarenta y cinco días hábiles. 2. Si las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal resuelven que la queja o denuncia no debe atenderse, deben proponer dictamen de acuerdo legislativo en tal sentido para que sea la Asamblea la que resuelva lo conducente. 3. En caso de que la Asamblea apruebe la sustanciación del trámite, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal notificarán inmediatamente al denunciante y a los denunciados. Artículo 227. 1. Los Ayuntamientos, Concejos Municipales o sus miembros denunciados, pueden manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que fueron notificados. Artículo 228. 1. Las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal actúan como instancias instructoras del Congreso del Estado, las cuales sustancian la causa, se allegan y reciben información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y en general todas las pruebas necesarias y desahogan las mismas para el esclarecimiento de la verdad. 2. En cualquier tiempo las comisiones señaladas en este artículo pueden recabar información o hacer los requerimientos que consideren pertinentes para el mayor esclarecimiento de los hechos. Artículo 229. 1. Dentro de los quince días naturales siguientes, se señala día y hora para que ante las comisiones instructoras se celebre una audiencia, misma que se debe efectuar dentro de los quince días naturales siguientes. 2. En dicha audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y se expresan los alegatos, citándose al denunciante y al representante del Ayuntamiento, Concejo Municipal o al miembro denunciado. Concluida la audiencia, las comisiones presentan, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictamen proponiendo el sentido de la resolución que deba adoptar el Congreso del Estado, según el caso. Artículo 230. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la desintegración del ayuntamiento y esto ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio, previo decreto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resolución y los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias. 2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta conjunta de las comisiones de Gobernación, de Desarrollo Municipal y de Asuntos Electorales, a los integrantes del Concejo Municipal que concluyen el periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Estado y la ley estatal de la materia. 3. El Congreso del Estado debe nombrar una comisión encargada de instalar de inmediato el Concejo Municipal. Artículo 231. 1. Cuando la queja se deba a la ausencia absoluta de la mayoría de los miembros propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el ayuntamiento, basta que las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal constaten el hecho y que sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la desintegración del Ayuntamiento y se proceda a la designación de un Concejo Municipal o se convoque a la celebración de elecciones extraordinarias si así procede. Artículo 232. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, se notifica a éste para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no puede exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato." De los numerales transcritos, se observa el procedimiento para la suspensión en el cargo de algún miembro de los ayuntamientos, cuyo trámite compete al Congreso del Estado de Jalisco, estipulando que una vez ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, las que aprueben la sustanciación del trámite, mismas que actuaran como instancias instructoras del Congreso del Estado, encargándose de substanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, las cuales se desahogarán en una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes. Una vez desahogada la audiencia de referencia, las comisiones aludidas presentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes, un dictamen en el que propondrán el sentido de la resolución que deberá adoptar el Congreso del Estado, según sea el caso. Luego, el Congreso del Estado una vez que cuente con el dictamen de las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal, emitirá una resolución por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual si se refiere a la suspensión o revocación del mandato, se notificará para que se llame al suplente correspondiente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no podrá exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. En las relatadas circunstancias, conviene dejar establecido que opuestamente a lo alegado, el acto reclamado en la demanda de amparo no es un acto futuro de realización cierta ni de ejecución irreparable, puesto que no hay evidencia de que se haya determinado por el citado órgano legislativo la mencionada suspensión temporal. Por ende, aun cuando se hayan realizado gestiones relacionadas con el trámite de la solicitud de suspensión, no causa afectación alguna al interés jurídico del quejoso, toda vez que, aún falta que el Congreso del Estado de Jalisco, concluya con el procedimiento de suspensión de que se trata a cabalidad y por eso, será hasta el momento en que se ejecute la sanción correspondiente, cuando en su caso se genere un perjuicio al impetrante del amparo, lo que a la fecha no acontece. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018369, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN. De acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan tenido la oportunidad de defenderse. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé, entre las medidas que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje puede emplear para lograr el cumplimiento de un laudo, la suspensión del servidor público obligado a acatarlo; no obstante, de la interpretación de su último párrafo, se advierte que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público, pues en términos de la Constitución Federal éste es el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal." Por todo lo anterior, es claro, notorio y manifiesto que ante la falta de afectación real y directa al interés jurídico del quejoso, de ahí que resulte evidente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos reclamados de las autoridades pertenecientes a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, consistentes en la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dado que dicha actuación es una consecuencia directa del acuerdo primordialmente reclamado, siendo que aquella no se impugnó por vicios propios. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el peticionario de amparo, ya que al haberse actualizado el sobreseimiento del presente juicio, esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque dicha cuestión es de estudio preferente y de orden público. Lo anterior, tal como lo establece la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI, Materia Común, visible página 335, del rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Aldo Gamboa Gutiérrez, Victorina Pinedo Martínez, Isaí Baltazar Jara, Patricia Araceli Rosales Orozco, Manuel Claudio Valdez Pinedo, Maricela Alejandra Valdés Álvaez, Moisés Reyes Bañuelos, Guicela Sánchez Ramírez, Miguel García González, Solvia Cristina Huizar Pérez y María Eusebia Huerta Pinedo. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; hasta el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el juicio de amparo número 181/2017, se aprecia que el seis de febrero de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional; en esas condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General 43/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 52/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran y el oficio STCCNO/75/2019, de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; se ordena remitir el expediente a que se hace referencia, al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esa región, para el turno y la emisión de la sentencia correspondiente. Con el presente auto y con copia certificada de las actuaciones que integran el expediente electrónico, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, al que también, en su caso, deberán agregarse las promociones y actuaciones posteriores al envío de este asunto al órgano jurisdiccional auxiliar para el dictado de la sentencia, las cuales, una vez que se emita el acuerdo correspondiente, tendrán que remitirse al referido órgano por conducto de la citada oficina de correspondencia. Hágase relación de este juicio en el acta circunstanciada que al efecto se levante, de la cual se ordena agregar una copia certificada al expediente de antecedentes y una vez que se reciba la boleta de acuse de recibo de la aludida oficina de correspondencia común, hágasele saber a las partes, por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Luz María Pérez Salcedo, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/LMPS/fgm

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que firma la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el informe justificado del Tribunal Pleno de su adscripción, el cual se le tiene por rendido, lo anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la ley en cita, se admite y se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que allega a su comunicado de cuenta, la cual será relacionada en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con el numeral 117 de la ley de la materia, en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Con la documental que se recibe, se ordena forma un tomo de cuaderno de pruebas. Ahora bien, toda vez que el informe justificado obra en el cuaderno de pruebas, obténgase fotocopia de este y certifíquese a fin de agregarlo a las actuaciones de este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Kavdxary Youdvary González Macedo quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM/jlm

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