Aldo Francisco Resendiz Ruiz

Expediente 1502/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1502/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales
  • Aldo Francisco Resendiz Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    . Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la valoración del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que ejerciera ese derecho procesal. Por tanto, con apoyo en los artículos 196 y 202 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa consintiendo el auto de referencia, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria en comento. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, se destaca que en el presente expediente se concedió el amparo; por tanto, es susceptible su depuración, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b), del aludido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    . Visto el estado que guardan los presentes autos y atento a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercera interesada a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista concedida en proveído de uno de abril de dos mil veintidós, sin que la desahogaran; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la parte quejosa Aldo Francisco Reséndiz Ruiz, por propio derecho, para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, realizara lo siguiente: "a) Dejar insubsistente el oficio SEGOB/DGRPPCQR/ RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se niega a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, relativo al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, tal y como le fue ordenado por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común en la carpeta de Investigación FGE/QR/PM/09/290/2020. b) Hecho lo anterior, con libertad de decisión de forma fundada y motivada y tomando en consideraciones lo analizado en este fallo, dé contestación al oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021 por el cual se le solicita levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, absteniéndose de considerar que el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este órgano jurisdiccional, impide en forma alguna el cumplimiento de la solicitud realizada." 2. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo. 3. Por acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido la promoción con número de registro 5865, signado por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, en el que informó que dejó insubsistente el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se negó a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, y emitió el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/1020/III/2022, con el que levantó el aseguramiento sobre el folio electrónico citado, constancias de las cuales remitió fotocopia certificada. 4. Con dichas constancias en auto de uno de abril de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado al fallo protector, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que ejercieran ese derecho. Luego, con las constancias relacionadas, las cuales cuentan con valor probatorio pleno conforme a lo previsto en el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se demuestra que la autoridad responsable Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, acató los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, pues dejó insubsistente el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se negó a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, relativo al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo y emitió el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/1020/III/2022, con el que levantó el aseguramiento sobre el folio electrónico del inmueble antes citado. En ese orden de ideas, dicha situación deja cumplimentada para todos los efectos la sentencia de amparo concedida, restableciendo las cosas al estado que guardaban en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia de amparo fue cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, este juzgado de distrito tiene por cumplido el fallo protector. Con lo anterior y con fundamento en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, póngase a la vista de la parte quejosa y tercera interesada por el término de quince días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo de referencia, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentido el cumplimiento dado a la sentencia dictada en autos, ordenándose el archivo del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables vía oficio, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, en el que informa que dejó insubsistente el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se niega a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, y emitió el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/1020/III/2022, con el que levanta el aseguramiento sobre el folio electrónico citado, constancias de las cuales remite fotocopia certificada. Luego, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, las constancias remitidas por la autoridad responsable, de las cuales se ordena correrle traslado con fotocopia sin certificar, para que en caso de estimarlo conveniente y dentro del término concedido, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que en el supuesto de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente. Por otro lado, agréguese a los autos la promoción firmada por el autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en la que solicita se haga efectivo el apercibimiento realizado en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós a la autoridad responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, en razón que no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que proceda dictar mayor proveído debido a lo acordado en líneas precedentes.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las doce horas con diez minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1502/2021-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obra en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, aportaron pruebas documentales; y las demás partes no ofrecieron prueba alguna, a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: téngase por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1502/2021-I, promovido por Aldo Francisco Reséndiz Ruiz, por propio derecho, contra un acto del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno el diez siguiente a este juzgado de distrito, Aldo Francisco Reséndiz Ruiz, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarlo violatorio de los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: IV. ACTO RECLAMADO. La negativa de levantar el aseguramiento del folio electrónico 13195, tal cual le fue ordenado por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común en la carpeta de investigación FGE/QR/PM/09/290/2020, negativa que se encuentra contenida en el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de 24 de noviembre de presente año. SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el diez de diciembre de dos mil veintiuno, ante este juzgado de distrito, en auto de trece de diciembre siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 1502/2021-I; se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se fijó fecha y hora para celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Reconoce tercero interesado y se ordena emplazamiento. En acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a Víctor Manuel Martínez y Corro quién en su oportunidad fue emplazado; y la audiencia constitucional se desahoga al dictarse esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de una autoridad administrativa que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad, en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hace consistir en: El oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se niega a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, relativo al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, tal y como le fue ordenado por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común en la carpeta de Investigación FGE/QR/PM/09/290/2020. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la fotocopia certificada de los movimientos registrales que obran en el folio electrónico 13195 a la cual se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales se desprende que por oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021, el fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, solicitó al Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, a fin de que dentro del término de cuatro horas procediera a cancelar las anotaciones marginales de aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, respecto del inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, decretado en la carpeta de investigación con número de caso FGE/QR/PM/09/290/2020. En contestación al oficio mencionado, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, por oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, informó al fiscal del fuero común, que en relación al citado folio se encontraban actos en prelación pendientes de análisis documental y de igual forma se encontraba vigente el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este juzgado por el cual se afectó dicho folio. Luego, es cierto el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente, al no haber invocado las partes alguna causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. En consecuencia, procede el estudio del concepto de violación vertido por la parte quejosa en la demanda de amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Es fundado el concepto de violación esgrimido en la demanda de amparo. Ahora, la parte quejosa aduce que la responsable de forma indebida motivo el acto reclamado, en razón que únicamente refirió que no podía realizar el levantamiento del aseguramiento que obraba sobre el folio electrónico 13195, debido a que se encontraban pendientes diversas solicitudes en prelación pendientes, aunado a que se estaba vigente el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este juzgado. Por lo que al abstenerse la responsable de ejecutar la orden dada por el Fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, de cancelar las anotaciones marginales de aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, respecto del inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, afectaba su derecho fundamental de legalidad, pues en el citado juicio de amparo no se había ordenado la inmovilización del folio registral. Para demostrar lo anterior, hay que tomar en cuenta que el artículo 16, de la Constitución General de la República, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.. De la lectura de la norma constitucional en cita, se advierte que todo acto de molestia, además de emitirse por escrito y encontrarse debidamente fundado y motivado, debe provenir de autoridad competente, con la excepción de que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento al derecho fundamental de legalidad. En efecto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 constitucional, para que se cumpla el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: Emitirse por escrito salvo que se origine en juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en los que bastará que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia que a continuación se copia: No. Registro: 910,973 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN Tesis: 40 Página: 46 Genealogía: APÉNDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese orden de ideas, cuando el artículo 16 de la Constitución Federal previene que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, exige a las autoridades no que simplemente expresen, según su criterio, las razones que tomaron en consideración para emitir sus resoluciones, pues ello no constituye garantía para el particular; por el contrario, lo que dicho artículo exige es que se citen los preceptos legales en que se apoyaron y que además expresen y detallen sin dejar duda, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en consideración para la emisión de sus determinaciones, haciendo ver que no son arbitrarios; forma de justificación tanto más necesaria, en cuanto que dentro de nuestro régimen constitucional, las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente les atribuye la ley. Se afirma lo anterior, porque la motivación y fundamentación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a fin de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la arbitrariedad de tales decisiones que inciden en detrimento del gobernado y que permitan a éste impugnar la decisión de autoridad ante el órgano respectivo, a fin de determinar si son fundados o no, los motivos de inconformidad aducidos por el gobernado. Previo a entrar al estudio del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, resulta pertinente realizar un relato de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales son del tenor siguiente: 1. Por escritura pública 20,454 del protocolo de la Notaría Pública Número Dos en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, María de los Ángeles Corro Caballero y Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, celebraron contrato de transmisión de propiedad en extinción total de fideicomiso, respecto del inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. 2. Mediante escritura pública número 6,204 de treinta de mayo de dos mil doce, del protocolo de la Notaría Pública Número 22 del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, María de los Ángeles Corro Caballero y el quejoso, celebraron contrato de compraventa en relación al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, acto que quedó registrado como movimiento registral 2 en el folio electrónico 13195. 3. Por oficio FGE/QROO/PTM/UAT/11/1436/2020, librado en la carpeta de investigación FGE/QR/PTM/09/382/2020 del índice de la Fiscalía del Ministerio Público del fuero común Unidad de Atención Temprana de Puerto Morelos, iniciada con motivo del despojo cometido en agravio de Víctor Manuel Martínez y Corro, solicitó al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cancún, Quintana Roo, realizara el aseguramiento de preventivo sobre el folio electrónico 13195, relativo al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. 4. Así, en cumplimiento a lo ordenado por el fiscal, la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, informó que se había asentado en el folio mencionado el aseguramiento de bienes el cual quedó registrado con el movimiento registral 3. 5. Después, en el movimiento registral 4, quedó asentada la ampliación de aseguramiento sobre dicho folio el cual le fue solicitado por el mencionado fiscal. 6. Finalmente, por oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021, el Fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, solicitó al Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, a fin de que dentro del término de cuatro horas procediera a cancelar las anotaciones marginales de aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, respecto del inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. 7. En contestación al oficio mencionado, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, por oficio de SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, informó al fiscal del fuero común, que en relación al citado folio se encontraban actos en prelación pendientes de análisis documental y de igual forma se encontraba vigente el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este juzgado por el cual se afectó dicho folio. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora, para analizar el acto reclamado, conviene insertar el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021, emitido por la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, el cual es de contenido siguiente: Del oficio de mérito se desprende que la autoridad responsable en contestación al oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021, por el que Fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, únicamente se limitó a decir que no podía realizar el levantamiento del aseguramiento que obraba sobre el folio electrónico 13195, debido a que se encontraban pendientes diversas solicitudes en prelación, aunado a que estaba vigente el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este juzgado. Las consideraciones relacionadas evidencian la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado. En efecto, la autoridad responsable se limita a mencionar que no era posible cancelar las anotaciones marginales en el folio electrónico 13195, respecto de los aseguramientos solicitados en relación a la carpeta de investigación FGE/QR/PM/09/290/2020, lo cierto es que tal solicitud debe ser acatada. En efecto, las razones que expuso la autoridad responsable no son válidas para negarse a acatar lo que el Fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad le solicitó, pues por una parte no explica qué movimiento se encuentran pendientes de análisis. Y por otra parte, el juicio de amparo 618/2021-V del índice de este órgano jurisdiccional, que refiere la responsable de manera alguna impide que se realice la cancelación del aseguramiento preventivo inscrito en el folio 13195 en relación a la carpeta de investigación FGE/QR/PM/09/290/2020, pues en dicho amparo, se concedió la medida cautelar de forma definitiva a la sucesión testamentaria a bienes de María de los Ángeles Corro Caballero, también conocida como María de los Ángeles Corro Caballero de Martínez, representada por su albacea Faustino Martínez y Expósito y/o Faustino Martínez Expósito, quien a su vez comparece por conducto de su apoderado Víctor Miguel Martínez y Corro, para el efecto de que se realizara la anotación registral preventiva de la medida cautelar en el folio electrónico 13195, respecto del predio ubicado en predio urbano María Irene Número trece E-4, actualmente, supermanzana 12 (doce), manzana 29 (veintinueve), lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que dicha medida cautelar ordenada por este juzgador en el diverso juicio de amparo 618/2021-V del propio índice, impida acatar lo solicitado por el Fiscal del Ministerio Público del fuero común, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, a través del oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021, ya que no se decretó el citado juicio de amparo la inmovilización del folio registral. Máxime que de conformidad con los artículos 3158, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, el registro de la transmisión de derechos reales de bienes inmuebles en esta entidad federativa se verifica en Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, que tiene efectos publicitarios y efectos constitutivos de derechos tratándose de la adquisición, transmisión, modificación o extinción del dominio de bienes raíces; por lo que el registro público de la propiedad inmobiliaria tiene por objeto el registro de los acontecimientos jurídicos relativos a los inmuebles que conforme a las leyes deben registrarse, lo cual redunda en seguridad jurídica de la colectividad y la certeza del estado real de las propiedades inmobiliarias. Por tanto, al no encontrarse debidamente motivado el acto reclamado, transgrede el derecho fundamental de legalidad de la parte quejosa previsto en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, En esa tesitura, al resultar fundado el concepto de violación analizado, lo procedente es conceder a la parte quejosa Aldo Francisco Reséndiz Ruiz, por propio derecho, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto que reclama del Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, consistente en el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, en cumplimiento a esta sentencia, el Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, deberá realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se niega a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, relativo al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, tal y como le fue ordenado por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común en la carpeta de Investigación FGE/QR/PM/09/290/2020. b)Hecho lo anterior, con libertad de decisión de forma fundada y motivada y tomando en consideraciones lo analizado en este fallo, dé contestación al oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021 por el cual se le solicita levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, absteniéndose de considerar que el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este órgano jurisdiccional, impide en forma alguna el cumplimiento de la solicitud realizada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Aldo Francisco Reséndiz Ruiz, por propio derecho, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, que se encuentra precisado en el considerando tercero por los motivos expuestos en el séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Los efectos de la protección constitucional conferida a Aldo Francisco Reséndiz Ruiz, por propio derecho es para que el Delegado del Registro Público de la Propiedad y Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, realice lo siguiente: a) Dejar insubsistente el oficio SEGOB/DGRPPCQR/RPPCBJ/AJ/5639/XI/2021 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se niega a levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, relativo al inmueble identificado como predio urbano María Irene, número 13 E-4, actualmente supermanzana 12, manzana 29, lote 13 E-4, municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, tal y como le fue ordenado por el Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común en la carpeta de Investigación FGE/QR/PM/09/290/2020. b)Hecho lo anterior, con libertad de decisión de forma fundada y motivada y tomando en consideraciones lo analizado en este fallo, dé contestación al oficio FGE/CAN/FDEP/18929/2021 por el cual se le solicita levantar el aseguramiento sobre el folio electrónico 13195, absteniéndose de considerar que el juicio de amparo indirecto 618/2021-V del índice de este órgano jurisdiccional, impide en forma alguna el cumplimiento de la solicitud realizada. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Alex Humberto Ramírez Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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