Aldo Estuardo Zavala Ucha

Expediente 131/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
131/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Aldo Estuardo Zavala Ucha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ..., EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho, reclamó del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia y Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************, en el que se embargó el inmueble ubicado en ********************y su inscripción en la oficina registral. Mediante sentencia autorizada el catorce de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que previo a cualquier acto de privación en su perjuicio que se dicte sobre dicho inmueble identificado como ********************, se le otorgara su garantía de audiencia. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el acto traslativo de dominio a favor del quejoso adquirió fecha cierta el ocho de julio de dos mil ocho, en que el Notario Público Auxiliar de la Notaría 33 del Estado de Puebla, certificó que la copia compuesta de dos fojas, concordaba fielmente con su original que tuvo a la vista; en tanto que la ahora tercera interesada ******************** promovió el juicio ejecutivo mercantil, expediente ********************, hasta el dos mil nueve, cuando habían transcurrido nueve meses desde que se celebró la compraventa. De manera que se estimó que dicho documento era suficiente para acreditar el interés jurídico que ostentaba la parte quejosa, ya que se actualizaba el segundo de los supuestos para adquirir fecha cierta, en razón que el ocho de julio de dos mil ocho, dicho documento fue presentado ante el Notario Público citado, quien certificó que el documento ante él presentado, era copia fiel de su original que tuvo a la vista. Por lo que, se concluyó que el contrato de mérito era suficiente para acreditar, por lo que hacía al presente juicio de amparo, el derecho que dijo tener el quejoso sobre el inmueble que defendió, con lo cual, se satisfacía el segundo de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado en su favor (propiedad), sustentado en alguna figura jurídica (compraventa), que lo legitime a poseerlo, debido a que la copia certificada por fedatario público, le otorgó fecha cierta al acto traslativo de dominio, lo cual permitió tener certeza de su existencia, dado que su fecha de expedición fue anterior a la interposición del juicio del que derivan los actos reclamados. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio ******************** el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del proveído en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo y al no contar con domicilio para tal efecto ordenó la investigación del mismo con diversas autoridades administrativas; asimismo, mediante oficio 1408, informó las gestiones realizadas para localizar el domicilio del quejoso y poder llamarlo al juicio de origen. Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, mediante oficios 3005 y RPPC/DG/DJ/SCA/2723/2022, respectivamente, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. En consecuencia, esta juzgadora estima que la sentencia de amparo se encuentra cumplida por el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable otorgara al hoy quejoso su garantía de audiencia respecto de su derecho sobre el inmueble ubicado en ********************, previo a cualquier acto de privación, como así lo hizo en auto en el que ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo, haciendo de su conocimiento la existencia del procedimiento natural y su estado procesal; asimismo, el Actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juez responsable no lo haya emplazado al juicio de origen en virtud de que no cuenta con domicilio para tal efecto, en virtud de que con las actuaciones antes relatadas se le dio vista al quejoso en el presente juicio de amparo y no realizó manifestación alguna y es de establecerse que, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que el juez responsable previo a cualquier acto de privación en su perjuicio, que se dicte sobre dicho inmueble identificado como ********************, se le otorgara su garantía de audiencia; como se aprecia de lo apuntado en párrafos que anteceden, así lo hizo, además no se precisó en la sentencia que debía emplazarlo al juicio de origen ni correrle traslado con documento alguno por no ser parte en el mismo, sino únicamente darle garantía de audiencia; por lo que, fue suficiente para cumplir a cabalidad con la sentencia que nos ocupa; consecuentemente, debe colegirse que no se incurrió en inejecución de sentencia. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de treinta y uno de enero y resolución interlocutoria de nueve de febrero, ambas de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada y por lista al quejoso. " NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho, reclamó del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia y Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************, en el que se embargó el inmueble ubicado en ********************y su inscripción en la oficina registral. Mediante sentencia autorizada el catorce de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que previo a cualquier acto de privación en su perjuicio que se dicte sobre dicho inmueble identificado como ********************, se le otorgara su garantía de audiencia. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el acto traslativo de dominio a favor del quejoso adquirió fecha cierta el ocho de julio de dos mil ocho, en que el Notario Público Auxiliar de la Notaría 33 del Estado de Puebla, certificó que la copia compuesta de dos fojas, concordaba fielmente con su original que tuvo a la vista; en tanto que la ahora tercera interesada ******************** promovió el juicio ejecutivo mercantil, expediente ********************, hasta el dos mil nueve, cuando habían transcurrido nueve meses desde que se celebró la compraventa. De manera que se estimó que dicho documento era suficiente para acreditar el interés jurídico que ostentaba la parte quejosa, ya que se actualizaba el segundo de los supuestos para adquirir fecha cierta, en razón que el ocho de julio de dos mil ocho, dicho documento fue presentado ante el Notario Público citado, quien certificó que el documento ante él presentado, era copia fiel de su original que tuvo a la vista. Por lo que, se concluyó que el contrato de mérito era suficiente para acreditar, por lo que hacía al presente juicio de amparo, el derecho que dijo tener el quejoso sobre el inmueble que defendió, con lo cual, se satisfacía el segundo de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado en su favor (propiedad), sustentado en alguna figura jurídica (compraventa), que lo legitime a poseerlo, debido a que la copia certificada por fedatario público, le otorgó fecha cierta al acto traslativo de dominio, lo cual permitió tener certeza de su existencia, dado que su fecha de expedición fue anterior a la interposición del juicio del que derivan los actos reclamados. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio ******************** el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del proveído en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo y al no contar con domicilio para tal efecto ordenó la investigación del mismo con diversas autoridades administrativas; asimismo, mediante oficio 1408, informó las gestiones realizadas para localizar el domicilio del quejoso y poder llamarlo al juicio de origen. Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, mediante oficios 3005 y RPPC/DG/DJ/SCA/2723/2022, respectivamente, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. En consecuencia, esta juzgadora estima que la sentencia de amparo se encuentra cumplida por el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable otorgara al hoy quejoso su garantía de audiencia respecto de su derecho sobre el inmueble ubicado en ********************, previo a cualquier acto de privación, como así lo hizo en auto en el que ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo, haciendo de su conocimiento la existencia del procedimiento natural y su estado procesal; asimismo, el Actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juez responsable no lo haya emplazado al juicio de origen en virtud de que no cuenta con domicilio para tal efecto, en virtud de que con las actuaciones antes relatadas se le dio vista al quejoso en el presente juicio de amparo y no realizó manifestación alguna y es de establecerse que, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que el juez responsable previo a cualquier acto de privación en su perjuicio, que se dicte sobre dicho inmueble identificado como ********************, se le otorgara su garantía de audiencia; como se aprecia de lo apuntado en párrafos que anteceden, así lo hizo, además no se precisó en la sentencia que debía emplazarlo al juicio de origen ni correrle traslado con documento alguno por no ser parte en el mismo, sino únicamente darle garantía de audiencia; por lo que, fue suficiente para cumplir a cabalidad con la sentencia que nos ocupa; consecuentemente, debe colegirse que no se incurrió en inejecución de sentencia. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de treinta y uno de enero y resolución interlocutoria de nueve de febrero, ambas de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada y por lista al quejoso.

  3. Incidental

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa Aldo Estuardo Zavala Ucha, por propio derecho, reclamó del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia y Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio 553/2009, del índice del Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por María Elena Vázquez Rojas en contra de Baldemar Zamudio Navarrete y Leticia Pérez Navarrete, en el que se embargó el inmueble ubicado en calzada México Tulyehualco, también conocida como avenida Tláhuac 1577, vivienda 23 tipo A, colonia San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, Ciudad de México; y su inscripción en la oficina registral. Mediante sentencia autorizada el catorce de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que previo a cualquier acto de privación en su perjuicio que se dicte sobre dicho inmueble identificado como Conjunto Habitacional Tulyehualco Canal de Garay, situado en calzada México-Tulyehualco 1577, vivienda 23, tipo "A", colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se le otorgara su garantía de audiencia. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el acto traslativo de dominio a favor del quejoso adquirió fecha cierta el ocho de julio de dos mil ocho, en que el Notario Público Auxiliar de la Notaría 33 del Estado de Puebla, certificó que la copia compuesta de dos fojas, concordaba fielmente con su original que tuvo a la vista; en tanto que la ahora tercera interesada Ma. Elena Vázquez Rojas promovió el juicio ejecutivo mercantil, expediente 553/2009, hasta el dos mil nueve, cuando habían transcurrido nueve meses desde que se celebró la compraventa. De manera que se estimó que dicho documento era suficiente para acreditar el interés jurídico que ostentaba la parte quejosa, ya que se actualizaba el segundo de los supuestos para adquirir fecha cierta, en razón que el ocho de julio de dos mil ocho, dicho documento fue presentado ante el Notario Público citado, quien certificó que el documento ante él presentado, era copia fiel de su original que tuvo a la vista. Por lo que, se concluyó que el contrato de mérito era suficiente para acreditar, por lo que hacía al presente juicio de amparo, el derecho que dijo tener el quejoso sobre el inmueble que defendió, con lo cual, se satisfacía el segundo de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado en su favor (propiedad), sustentado en alguna figura jurídica (compraventa), que lo legitime a poseerlo, debido a que la copia certificada por fedatario público, le otorgó fecha cierta al acto traslativo de dominio, lo cual permitió tener certeza de su existencia, dado que su fecha de expedición fue anterior a la interposición del juicio del que derivan los actos reclamados. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 3002 el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del proveído en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo y al no contar con domicilio para tal efecto ordenó la investigación del mismo con diversas autoridades administrativas; asimismo, mediante oficio 1408, informó las gestiones realizadas para localizar el domicilio del quejoso y poder llamarlo al juicio de origen. Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, mediante oficios 3005 y RPPC/DG/DJ/SCA/2723/2022, respectivamente, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. En consecuencia, esta juzgadora estima que la sentencia de amparo se encuentra cumplida por el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable otorgara al hoy quejoso su garantía de audiencia respecto de su derecho sobre el inmueble ubicado en Conjunto Habitacional Tulyehualco Canal de Garay, situado en calzada México-Tulyehualco 1577, vivienda 23, tipo "A", colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, previo a cualquier acto de privación, como así lo hizo en auto en el que ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo, haciendo de su conocimiento la existencia del procedimiento natural y su estado procesal; asimismo, el Actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juez responsable no lo haya emplazado al juicio de origen en virtud de que no cuenta con domicilio para tal efecto, en virtud de que con las actuaciones antes relatadas se le dio vista al quejoso en el presente juicio de amparo y no realizó manifestación alguna y es de establecerse que, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que el juez responsable previo a cualquier acto de privación en su perjuicio, que se dicte sobre dicho inmueble identificado como Conjunto Habitacional Tulyehualco Canal de Garay, situado en calzada México-Tulyehualco 1577, vivienda 23, tipo "A", colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, se le otorgara su garantía de audiencia; como se aprecia de lo apuntado en párrafos que anteceden, así lo hizo, además no se precisó en la sentencia que debía emplazarlo al juicio de origen ni correrle traslado con documento alguno por no ser parte en el mismo, sino únicamente darle garantía de audiencia; por lo que, fue suficiente para cumplir a cabalidad con la sentencia que nos ocupa; consecuentemente, debe colegirse que no se incurrió en inejecución de sentencia. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de treinta y uno de enero y resolución interlocutoria de nueve de febrero, ambas de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada y por lista al quejoso.

  4. Incidental

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes en relación con el cumplimiento que dieron las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y este juzgado procede a determinar si las autoridades responsables han acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por éstas. De las actuaciones del presente sumario se advierte que la parte quejosa ********************, por propio derecho, reclamó del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia y Registro Público de la Propiedad y de Comercio, todas de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio ********************, del índice del Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ******************** en contra de ******************** y ********************, en el que se embargó el inmueble ubicado en ********************y su inscripción en la oficina registral. Mediante sentencia autorizada el catorce de julio de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se otorgó el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que previo a cualquier acto de privación en su perjuicio que se dicte sobre dicho inmueble identificado como ********************, se le otorgara su garantía de audiencia. En la sentencia de amparo se consideró sustancialmente que el acto traslativo de dominio a favor del quejoso adquirió fecha cierta el ocho de julio de dos mil ocho, en que el Notario Público Auxiliar de la Notaría 33 del Estado de Puebla, certificó que la copia compuesta de dos fojas, concordaba fielmente con su original que tuvo a la vista; en tanto que la ahora tercera interesada ******************** promovió el juicio ejecutivo mercantil, expediente ********************, hasta el dos mil nueve, cuando habían transcurrido nueve meses desde que se celebró la compraventa. De manera que se estimó que dicho documento era suficiente para acreditar el interés jurídico que ostentaba la parte quejosa, ya que se actualizaba el segundo de los supuestos para adquirir fecha cierta, en razón que el ocho de julio de dos mil ocho, dicho documento fue presentado ante el Notario Público citado, quien certificó que el documento ante él presentado, era copia fiel de su original que tuvo a la vista. Por lo que, se concluyó que el contrato de mérito era suficiente para acreditar, por lo que hacía al presente juicio de amparo, el derecho que dijo tener el quejoso sobre el inmueble que defendió, con lo cual, se satisfacía el segundo de los requisitos esenciales que condicionan la procedencia del juicio de amparo, consistente en acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado en su favor (propiedad), sustentado en alguna figura jurídica (compraventa), que lo legitime a poseerlo, debido a que la copia certificada por fedatario público, le otorgó fecha cierta al acto traslativo de dominio, lo cual permitió tener certeza de su existencia, dado que su fecha de expedición fue anterior a la interposición del juicio del que derivan los actos reclamados. Esa sentencia causó ejecutoria por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio ******************** el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, remitió copia certificada del proveído en el que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo y al no contar con domicilio para tal efecto ordenó la investigación del mismo con diversas autoridades administrativas; asimismo, mediante oficio 1408, informó las gestiones realizadas para localizar el domicilio del quejoso y poder llamarlo al juicio de origen. Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, mediante oficios 3005 y RPPC/DG/DJ/SCA/2723/2022, respectivamente, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. En consecuencia, esta juzgadora estima que la sentencia de amparo se encuentra cumplida por el Juez Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues la concesión del amparo fue para el efecto de que el juez responsable otorgara al hoy quejoso su garantía de audiencia respecto de su derecho sobre el inmueble ubicado en ********************, previo a cualquier acto de privación, como así lo hizo en auto en el que ordenó que no se dictara ningún mandamiento con efectos de ejecución sobre el bien inmueble consistente en la orden de lanzamiento, así como tampoco se formulara la escritura a favor de la adjudicación del mismo a la parte actora, hasta que el quejoso fuera oído y vencido en dicho juicio, por lo que, ordenó se emplazara al mismo, haciendo de su conocimiento la existencia del procedimiento natural y su estado procesal; asimismo, el Actuario adscrito al Juzgado Quincuagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito a la Dirección Jurídica del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, manifestaron que se adherían al cumplimiento dado por el juez responsable. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el juez responsable no lo haya emplazado al juicio de origen en virtud de que no cuenta con domicilio para tal efecto, en virtud de que con las actuaciones antes relatadas se le dio vista al quejoso en el presente juicio de amparo y no realizó manifestación alguna y es de establecerse que, la protección constitucional fue concedida para el efecto de que el juez responsable previo a cualquier acto de privación en su perjuicio, que se dicte sobre dicho inmueble identificado como ********************, se le otorgara su garantía de audiencia; como se aprecia de lo apuntado en párrafos que anteceden, así lo hizo, además no se precisó en la sentencia que debía emplazarlo al juicio de origen ni correrle traslado con documento alguno por no ser parte en el mismo, sino únicamente darle garantía de audiencia; por lo que, fue suficiente para cumplir a cabalidad con la sentencia que nos ocupa; consecuentemente, debe colegirse que no se incurrió en inejecución de sentencia. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo; por lo que, en términos del artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y toda vez que por sentencia autorizada en el presente juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, determinación que quedó firme por falta de impugnación; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la observación que el presente expediente deberá ser conservado en su integridad por este juzgado por el término de tres años, posteriores al presente acuerdo; una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a la depuración de dicho expediente, por este juzgado de distrito, debiendo conservar la demanda de amparo, la sentencia que concedió el amparo, así como el presente proveído. Asimismo, es de precisar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, ya que no tiene una especial trascendencia jurídica, social ni económica, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en el párrafo anterior, en tal virtud hágase la anotación de dicha circunstancia en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que este juzgado proceda a su depuración. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez depurado el expediente, será objeto de transferencia, remitiéndose al área de depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que por proveído de treinta y uno de enero y resolución interlocutoria de nueve de febrero, ambas de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados por la quejosa, dicha situación encuadra en el supuesto previsto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el aludido cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por este mismo juzgado, en un plazo de tres años, posteriores al dictado del presente proveído. En relación con el duplicado del incidente de suspensión, se ordena remitir al archivo por cuerda separada, y toda vez que se cuenta con el original de dicho incidente, se hace la observación que el mismo es susceptible de destrucción por este juzgado de distrito, una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de la emisión del presente proveído, en términos de la fracción II, inciso a) del acuerdo general antes aludido. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada y por lista al quejoso.

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