Aldo Contreras Sánchez
Expediente 1128/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 26 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 29/10/2019
Partes del expediente
- Aldo Contreras Sánchez
- Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal. Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1128/2018-IV, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: Se ordena el archivo de este expediente pues no existe mandato alguno por cumplimentar. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; por lo que, en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que, el presente incidente se formó por duplicado y separado; procédase a su destrucción a partir del treinta de abril de dos mil veinte, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa, se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia terminada de engrosar el trece de septiembre del año en curso, pronunciada en el asunto que nos ocupa; asimismo se reservó el pronunciamiento respecto al archivo, hasta en tanto se contara con la totalidad de los acuses de recibo de los oficios enviados a las autoridades responsables dentro de la presente contienda. Ahora bien, toda vez que ya se cuenta con dichos acuses, se desprende que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del expediente y el contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión previsto en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley, en contra de la sentencia terminada de engrosar el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo 1128/2018-IV; con fundamento en el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables foráneas, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que le fue reclamado, lo que no acontece en la especie. Finalmente, se ordena a la Secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo respectivos, y hecho que sea lo anterior, se provea sobre el archivo definitivo de este asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, diez de julio de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1128/2018-IVpromovido por Aldo Contreras Sánchez contra actos de la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad Victoria, y de otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Escrito de demanda. Por escrito recibido el doce de noviembre de dos mil dieciocho en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el quejoso Aldo Contreras Sánchez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables. Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal. Presidente de la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal. Secretario de la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal. Vocal de la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal. Todos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ACTO RECLAMADO. "LA RESOLUCIÓN DICTADA MEDIANTE EL ACTA DICTAMEN NO. 26/2018 03-X-2018 DICTADA POR LA COMISIÓN ESTATAL DICTAMINADORA DE EDUCACIÓN NORMAL DE FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2018." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos transgredidos los reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia declinada. Mediante proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, la demanda en cuestión fue registrada con el progresivo 2173/2018 ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuyo titular, sin pronunciarse sobre la admisión, declaró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, por lo cual remitió los autos a este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales. TERCERO. Recepción de la demanda y no aceptación de la competencia. Al través del proveído dictado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, tuvo por recibido el oficio 44862/2018, al través del cual el titular del Juzgado Segundo de Distrito con ese en Ciudad Victoria, Tamaulipas remitió los autos de su juicio 2173/2018 y registró la demanda con el progresivo 1128/2018; sin embargo, se determinó no aceptarse la competencia al considerarse que el acto carecía de ejecución material, por que debería conocer de ella el juez que previno. CUARTO. Conflicto competencial. El juez que previno del asunto sostuvo la declinatoria, por lo cual envió los autos al Tribunal Colegiado para la resolución del conflicto; mismo que se tramitó con el número 9/2018 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito con sede en ciudad Victoria, Tamaulipas, donde por ejecutoria correspondiente a la sesión pública de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve determinó que este órgano jurisdiccional era el competente para conocer de la demanda interpuesta por Aldo Contreras Sánchez. QUINTO. Admisión de la demanda. Una vez recibidos los autos, por auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales tuvo por recibida la demanda, la registró en el Libro de Gobierno bajo el número 1128/2018; la admitió a trámite en sus términos, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que por ley corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Lo anterior, pues así lo determinó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito al resolver el conflicto competencial 9/2018; además, como bien se determinó por la superioridad, la resolución reclamada produce un cambio en la realidad o modifica un estado de cosas existente, toda vez que es a partir del resultado del concurso de oposición, en el que se determina al concursante ganador para ocupar la plaza vacante de la Escuela Normal Lic J. Guadalupe Moreno, de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la cuestión efectivamente planteada en esta instancia lo constituye: El acta dictamen 26/2018 de tres de octubre de dos mil dieciocho, al través del cual, la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública adjudicó la clave 078519E721700.0110002 que por defunción dejó el maestro José Luis Cuéllar Ornelas, a la maestra Claudine Isabel Chávez Hernández. Dicho acto, aduce el quejoso, es violatorio de los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en su opinión, en el procedimiento de adjudicación de la plaza vacante para la cual contendió, la Comisión Estatal Dictaminadora incumplió con lo que al efecto establece el Reglamento Interior de Trabajo de Personal Académico del Subsistema de Educación Normal. Es aplicable, al caso la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Pág. 255, Novena Época, Registro electrónico 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública, el Director, Secretario y Vocal que conforman dicha comisión, al momento de rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron la existencia de los actos que les son atribuidos, por tanto, así se consideran para efectos de este juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. La certeza de dichos actos encuentra sustento con las documentales que tanto el quejoso como las autoridades responsables allegaron a este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos expedidos por dependencia facultada para ello y, en efecto, ponen de manifiesto la existencia del dictamen 26/2018 de tres de octubre de dos mil dieciocho, al través del cual se dictaminó el concurso para ocupar la clave docente 078519E721700.0110002, categoría Profesor Investigador Enseñanza Superior Tit "C", Tiempo Completo, que por defunción dejó el Maestro José Luis Cuéllar Ornelas, en la Escuela Normal Lic. J. Guadalupe Mainero, en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Cobra aplicación, en la especie, la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia 226, publicada en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del País, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. La tercera interesada Claudine Isabel Chávez Hernández, en su escrito de alegatos, así como la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública, su presidente, secretario y vocal, aducen que el juicio de amparo es improcedente en razón de que la determinación reclamada no es un acto de autoridad, y que aquellas que fueron llamadas como responsables carecen de tal carácter. Asiste razón tanto a la tercera interesada como a las autoridades que fueron llamadas a juicio con el carácter de responsables, ya que en el caso opera la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, relacionada con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la determinación reclamada no es un acto de autoridad y porque aquellas instituciones de educación señaladas como responsables por el quejoso carecen de tal carácter para efectos del juicio de amparo. En efecto, la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal, su presidente, secretario y vocal, no emitieron la determinación reclamada en su carácter de autoridad para efectos del amparo. Conforme a los preceptos legales citados en párrafos precedentes, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Es decir, congruente con la doble personalidad del Estado, solo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y de trabajo. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En ese sentido, se precisa que a los señalados como responsables no se les puede atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que en todo caso, se está ante un posible conflicto de naturaleza laboral. En efecto, el quejoso Aldo Contreras Sánchez tiene la titularidad de dos plazas de medio tiempo con las categorías de profesor investigador de enseñanza superior Tit "C" y profesor investigador de enseñanza superior Tit "A", equivalente cada una a veinte horas, y esa relación laboral es la que lo legitimó para participar el en el concurso de oposición cerrado para aspirar a diversa plaza; concurso que culminó con la determinación de tres de octubre de dos mil dieciocho que constituye el acto reclamado. Ahora, en relación al tema, debe destacarse que el concurso de oposición cerrado, se rige por lo establecido al efecto en los artículos 59, 67, 68, 69 y 78 del Reglamento Interior de Trabajo de Personal Académico del Subsistema de Educación Normal, los cuales disponen: "Artículo 59. Para la selección y promoción del personal académico se integrará una comisión dictaminadora en cada una de las escuelas normales, cuya función será la de instrumentar, valorar y dictaminar los concursos de oposición y emitir el dictamen propositivo correspondiente." "Artículo 67. La promoción del personal académico a las diferentes categorías y niveles en las escuelas normales se otorgará mediante el concurso de oposición correspondiente, según lo establecido en este Reglamento, una vez que se haya comprobado con su hoja de liberación de actividades, el cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones docentes." "Artículo 68. El concurso de oposición es el medio para el ingreso y la promoción del personal académico de las Escuelas Normales." "Artículo 69. Los concursos de oposición podrán ser:[.] b) Cerrado para promoción. [.]" "Artículo 78. Podrá solicitar que se abra un concurso de oposición cerrado para promoción: El personal docente con plaza en propiedad que haya cumplido un año de servicio ininterrumpido en una misma categoría y nivel, con el objeto de que se resuelva si procede su ascenso a la siguiente categoría o nivel." De lo anterior se puede observar que el personal docente con plaza en propiedad que haya cumplido un año de servicio ininterrumpido, en una misma categoría y nivel, podrá solicitar la apertura de un concurso de oposición cerrado, por ser el medio idóneo, con el objeto de que se resuelva si procede o no su ascenso a la siguiente categoría. Que para lo anterior, se integrará una comisión dictaminadora en cada una de las escuelas normales, cuya función será la de instrumentar, valorar y dictaminar los concursos de oposición y emitir el dictamen propositivo correspondiente. Para el caso, el quejoso se duele de la instrumentación, valoración y dictamen correspondiente al concurso de oposición cerrado en el que participó para ser promovido al ascenso de la siguiente categoría, por lo cual, evidentemente se está ante un acto de naturaleza laboral, en términos de los artículos 1, 2 y 3 del Reglamento Interior de Trabajo de Personal Académico del Subsistema de Educación Normal. Así se considera, pues dichos dispositivos reglamentarios disponen: "Artículo 1o. El presente Reglamento fija las condiciones a que se sujetará la prestación de servicios del personal académico del Subsistema de Educación Normal. Normar también las relaciones de dicho personal como consecuencia de las modalidades derivadas del establecimiento de los nuevos tabuladores y sus consiguientes categorías y niveles." "Artículo 2o. Lo no previsto en este Reglamento estará sujeto a lo establecido en el artículo 123, Apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y demás disposiciones aplicables." "Artículo 3o.Las funciones del personal académico de las Escuelas Normales son: impartir educación para formar profesionales de la Educación de Nivel Básico Superior y Medio Superior e Investigadores; organizar y realizar investigaciones sobre problemas sociopedagógicos de interés regional, nacional o internacional; desarrollar actividades orientadas a extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura, así como participar en la dirección y administración de las actividades mencionadas, que la autoridad respectiva le encomiende." Esto es, lo no previsto en dicho reglamento estará sujeto a lo dispuesto en el 123, Apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública; de ahí que, el resultado del concurso cerrado de oposición, en el cual se determinó vencedora a la aquí tercera interesada, haya sido emitido por la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública sin tener la calidad de autoridad, toda vez que carece de unilateralidad, además, la comisión no actuó en un plano de superioridad al quejoso en beneficio del orden público y el interés social. Es decir, las condiciones en que sea procedente o no el ascenso de los docentes de la Escuela Normal, son los que el Máximo Tribunal del País ha denominado "actos condición", que esencialmente constituyen los parámetros bajo los cuales debe prestarse dicho servicio público condicionado por las disposiciones vigentes que se determinen abstracta e impersonalmente, como una convocatoria cerrada de promoción. Así, las disposiciones, condiciones o reglas que se emitan para cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio público y sus determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, pues parten de una relación de coordinación. De ahí que, el acto reclamado consistente en el acta dictamen 26/2018 de tres de octubre de dos mil dieciocho, al través del cual, la Comisión Estatal Dictaminadora de Educación Normal adjudicó la clave 078519E721700.0110002 que por defunción dejó el maestro José Luis Cuéllar Ornelas, a la maestra Claudine Isabel Chávez Hernández y no al quejoso, no tiene la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al no revertirle las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de no derivar de una relación de supra a subordinación; por ende no le reviste la calidad de actos provenientes de autoridades responsables, en términos de la Ley de Amparo, ya que las mismas no actúan con el imperio de su soberanía, sino en su calidad de ente patrón. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, del tenor siguiente: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El presidente de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación Pública, al realizar actos que tienen relación directa con los procedimientos de ascenso dentro de ese plantel educativo, no colma los requisitos para considerarlo como autoridad para efectos del amparo, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen relación directa con el procedimiento laboral de ascenso y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de presidente de la comisión dictaminadora, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado. En las relatadas consideraciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, esta última relacionada con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de dicha legislación, se sobresee en el presente juicio. Ante el sobreseimiento decretado, no se analizan los conceptos de violación hechos valer contra el acto reclamado, ya que la actualización de alguna causa de improcedencia impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1128/2018-IV, promovido por Aldo Contreras Sánchez por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia constitucional, resolviendo así en definitiva el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy trece de septiembre de dos mil diecinueve, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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