Aldo Castillo González
Expediente 309/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Aldo Castillo González
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR ESTAR ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano demanda de amparo promovida por ********************, por ende, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda en el juicio de Amparo, aunado a que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente. Finalmente, se ordena la devolución de los documentos allegados con el escrito inicial de demanda, previa copia certificada y toma de razón que por su recibo se deje en autos; por lo que, de conformidad con el artículo 21, segundo párrafo del acuerdo antes mencionado, se le hace saber a la parte promovente que podrá acudir dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los originales que hubiere exhibido; apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, serán destruidos, junto con este expediente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, signada por la actuaria judicial de la adscripción, en la que hace constar que a fin de notificar al quejoso ********************, en el domicilio ubicado en calle ********************, número ******************** de la Colonia ********************, tras constituirse en dicha calle y recorrerla, tuvo ante su vista diversas nomenclaturas, sin localizar la ********************, por lo que fue imposible realizar la encomienda solicitada. En consecuencia, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso, el proveído de veintitrés de marzo del año en curso, por medio de lista publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las posteriores notificaciones, incluyendo las de carácter personal. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR ESTAR ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Aldo Castillo González, por propio derecho contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Zona Nuevo Casas Grandes, Superintendente y/o Encargado y/o Responsable de la Delegación, Encargado y/o Responsable del Área de Suministro Básico, Encargado y/o Responsable del Departamento de Medición todos de la Comisión Federal de Electricidad Zona Noroeste y con residencia en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Regístrese en el libro electrónico de gobierno con el número 309/2023-VIII y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. La disposición legal citada, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Transcripción de la que se advierte, que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y de los documentos que se anexan a tal promoción, como lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, previo el análisis del contenido integral de la demanda y sus anexos, este Órgano de Control Constitucional, considera que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a DESECHARLA DE PLANO, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 antes trascrito Así, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada contario sensu, ambos de la Ley de Amparo, dado que la Comisión Federal de Electricidad Zona Nuevo Casas Grandes, Súperintendente y/o Encargado y/o Responsable de la Delegación, Encargado y/o Responsable del Área de Suministro Básico, Encargado y/o Responsable del Departamento de Medición todos de la Comisión Federal de Electricidad Zona Noroeste y con residencia en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no les asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del Juicio de Amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse. Ahora, el más Alto Tribunal del País precisó que autoridad, tratándose del Juicio de Amparo, es la que ejerce las facultades decisorias que legalmente le han sido atribuidas y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; y abandonó el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Luego, para determinar si en el presente caso, la Comisión Federal de Electricidad es o no una entidad pública que puede tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es preciso acudir a las normas que precisan su existencia y naturaleza, sus atribuciones y alcances. En principio, se invoca lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal De lo expuesto, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad, tiene el carácter de empresa productiva del Estado, pues así lo establece el numeral 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad Bajo esa óptica, la función esencial de dicha empresa es la de prestar el servicio de energía eléctrica, en términos del ordinal 5 de la citada ley Además, es importante tener en consideración lo que disponen los preceptos 6, 7 y 8 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 8.- Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y demás aspectos de las actividades de los que sea titular, conforme a las disposiciones que al efecto emitan sus Consejos de Administración". Los preceptos antes transcritos, establecen que la actividad del Estado de generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica; se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa productiva del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios; que Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece la forma y requisitos que deben cumplir los contratos de suministro celebrados con la Comisión Federal de Electricidad. Corolario a lo anterior, resulta menester precisar que de acuerdo con la doctrina, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: i) Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados; ii) Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones, y iii) Las relaciones de supra a subordinación que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y, el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende únicamente de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos ya que si no se acatan, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese sentido, para que un acto de autoridad pueda considerarse como tal, debe reunir los siguientes requisitos: Unilateral. Para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejercita. Imperativo. Porque la voluntad del particular se encuentra supeditada, es decir sometida. Coercitivo. Puede constreñir y forzar al gobernado para hacerse respetar. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. De lo razonado y fundado se obtiene que, cuando como en el caso, se reclama la negativa de otorgar el servicio de conexión de abastecimiento de energía eléctrica aún cuando la solicitud del servicio fue aprobada; ello por parte de la Comisión Federal de Electricidad; dicho acto no puede considerarse de autoridad para efectos del Juicio de Amparo, porque si bien unilateralmente autoriza y provee el suministro de energía eléctrica, su actividad está encaminada, por una parte, a proporcionar el servicio mediante el reembolso por la prestación que se obtiene, y por otro lado, determinar el consumo de energía eléctrica, previo a la celebración de un contrato para la prestación de ese servicio y que se reúnan los requisitos necesarios para su contratación; por tanto, no se trata de un acto autoritario, sino de una relación de coordinación que emana de un vínculo de carácter convencional cuyo origen en el presente caso se contiene en la autorización del servicio para el suministro de energía eléctrica según oficios 00000304/2022 y 0579/2022, relacionados a las solicitudes de factibilidad favorables 0000281/2022 y 00000525/2022, respectivamente, para llevar a cabo el contrato para la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que indudablemente deriva de la solicitud realizada por el quejoso ante la Comisión Federal de Electricidad; de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares para la celebración de un contrato, en el que se establecen obligaciones y derechos recíprocos entre los contratantes. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad, sino que actúa con base en la facultad derivada de un contrato. Sin que por otra parte sea dable considerar que en la especie Comisión Federal de Electricidad Zona Nuevo Casas Grandes, sus encargados y/o responsables, aun en su calidad de particulares, hubiesen desplegado actos de imperio para los efectos del Juicio de Amparo, en los términos previstos en el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia; ya que de la interpretación de dicho precepto legal, desde una perspectiva de evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal y, en atención al principio de progresividad que consagra el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite concluir que los actos equivalentes a los de autoridad, para la procedencia del Juicio de Amparo contra particulares, son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que se realicen al amparo de la facultad que el Estado les haya otorgado para ejercer una función regulada en una norma general, de tal manera que se asimile al servicio que en su lugar brindaría el ente público, sin que para ello sea necesario que forme parte del Estado como tal. En otras palabras, el precepto legal del que recién se dio noticia establece que para que un particular pueda ser reconocido con la calidad de autoridad responsable dentro de un Juicio de Amparo es menester la actualización de dos supuestos legales, a saber: i) Que un particular realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten la esfera jurídica de un gobernado; y ii) Que las funciones del particular se encuentren determinadas por una norma general. Requisitos que, en el caso, no se encuentran colmados, esencialmente, porque como se dijo, la actividad desplegada por dichas responsables respecto de los actos reclamados, no derivan de la observancia de una norma general; sino que tuvieron lugar con motivo de la falta de conexión del servicio de energía eléctrica respecto de los dos pozos propiedad del quejoso, hasta en tanto se realice el pago del adeudo existente, los cuales no pueden considerarse actos administrativos de autoridad, si no que se dan en un plano de coordinación "entre iguales" , ya que tales actos son de naturaleza comercial entre particulares. Entonces, resulta válido concluir que cuando el Estado -por conducto de Comisión Federal de Electricidad-, actúa como prestador del servicio, mediante actos tendentes a la celebración de contratos suministro de energía eléctrica, no obra como autoridad para efectos del amparo, sino en función de relaciones comerciales de coordinación entre particulares, incluso tratándose de actos como conexión, requerimiento de pago y corte del suministro en términos del contrato. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Se hace saber a la parte promovente que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con fundamento en lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido.
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