Aldo Ariel Fernández Arias

Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
727/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Aldo Ariel Fernández Arias
  • ALDO ARIEL FERNÁNDEZ ARIAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIÓN Vista la demanda de garantías, promovida por Aldo Ariel Fernández Arias, Hugo Miguel Arias Quiroz, Anastacio García Espinoza De Los Monteros, por propio derecho regístrese bajo el número 727/2018-VI-A. ACTO RECLAMADO. El auto de vinculación a proceso en el Toca 101/2018, en la carpeta administrativa 2590/17, por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal Región Tlalnepantla, con residencia en Avenida del Ferrocarril S/N, Colonia los Reyes Ixtacala Tlalnepantla, Estado de México, al confirmar el auto de vinculación a proceso en contra de ALDO ARIEL FERNÁNDEZ ARIAS, ANASTACIO GARCÍA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, HUGO MIGUEL ARIAS QUIROZ por la probable participación en la comisión del delito de ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO ROBO INTERIOR A CASA HABITACIÓN Y SE UTILICE EN SU EJECUCIÓN VIOLENCIA), ilícito previsto y sancionado, ilícito previsto y sancionado en los artículos 287, 289 fracción I, 90 fracción III, INCISO b) en relación con el 6,7, 8 fracción I, III, 11, fracción I, inciso d), del Código Penal del Estado de México, en agravio de DULCE MARÍA GALÁN GARCÍA. DESECHAMIENTO. En la especie se advierte que el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto se desprende que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral, como son; cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en un plazo de hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso. En el diverso precepto legal citado, se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: I) a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; II) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o III) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Como ya se mencionó, la parte quejosa reclama del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho. En ese sentido, si los quejosos afirman que la resolución impugnada fue notificada por medio de lista el cuatro de abril del año en curso, ésta surtió sus efectos el cinco siguiente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcurriendo del seis al veintiséis de abril del año en curso sin contar los sábados y domingos por ser inhábiles, es indudable que ese término excede el de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, para la presentación de la demanda, por lo cual es evidente y notoria su extemporaneidad. En efecto, si la presentación del escrito de demanda fue el siete de mayo del año en curso, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia citada, respecto de los actos reclamados, al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en la resolución de cuatro de abril de dos mil dieciocho, que confirmó el auto de vinculación a proceso. Sin que se surta alguno de los supuestos de excepción previstos en el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no se tratan de alguno de los supuestos ahí contemplados, y que se describieron en líneas precedentes: Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), visible en la página 38 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, Mayo de 2015, tomo I, Décima Época, de rubro y texto, siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". En tales condiciones, de conformidad con los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Aldo Ariel Fernández Arias, Hugo Miguel Arias Quiroz y Anastacio García Espinoza De Los Monteros. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales, el lugar en que se encuentran recluidos. Asimismo, se tiene por autorizada a la persona que refieren en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, se solicita a la parte quejosa, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos, para que una vez que sean notificadas del presente acuerdo, manifiesten en ese acto, si es su deseo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de este Órgano, (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). Respecto al correo electrónico davidparadaive.com, y el teléfono 5537272300, que señalan para oír y recibir notificaciones, díganseles que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que estos medios no están previstos en la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Asimismo, se les faculta, de conformidad con la circular número 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el uso de las cámaras, grabadoras y lectores ópticos, para reproducir las actuaciones del presente juicio. Notifíquese, personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.

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