Aldo Álvarez Álvarez

Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
494/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
23/03/2021

Partes del expediente

  • Aldo Álvarez Álvarez
  • Secretario Actuario Adscrito Al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido y se ordena agregar a las presentes actuaciones el escrito signado por ELI PINEDA DÍAZ, en mi carácter de apoderado legal del tercero interesado*****, en el que obra la evidencia criptográfica correspondiente, mediante el cual solicita se le autorice al acceso para consultar el expediente vía electrónica, a través de los usuarios "ELI_PINEDA" y "MARITZAREA"; asimismo, solicita la devolución de los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio de amparo. En ese orden, de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que el usuario "ELI_PINEDA", corresponde a Eli Pineda Díaz, y el diverso usuario "MARITZAREA", corresponde a Maritza Santos Mendoza; por lo que, en términos de la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta de las presentes actuaciones de manera electrónica. Por otra parte, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita, por disposición expresa de su numeral 2°, como lo solicita la promovente, devuélvasele los documentos a que hace referencia, previa copia certificada de los mismos y razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, autorizando para recibirlos a cualquiera de las personas que refiere. Para lo cual, de conformidad a lo establecido en el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, deberá generar una cita mediante el sistema "Agenda OJ", visible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa a las "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó adoptar medidas especiales a partir del periodo antes citado, suspendiendo los plazos y términos, con las salvedades estipuladas. Por lo que, se determinó que las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresarían al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Sin embargo, el ocho de enero de dos mil veintiuno, se emitió la Circular SECNO/1/2021, relativa a las "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por la que se dan a conocer las medidas especiales que deben adoptarse, del que se advierte que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales pertenecientes a este vigésimo primer circuito, es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En ese tenor, toda vez que el citado acuerdo 21/2020, en su artículo 2, fracción I, señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio." En ese orden, se levanta la suspensión del procedimiento, y resulta procedente fijar las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que en este momento se estima innecesario que se practique mediante videoconferencia. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período de tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el quince de enero de dos mil veintiuno, y el diverso 37/2020 con vigencia hasta el veintiocho de febrero de dos mil veinte), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. En ese orden, resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a la audiencia constitucional. Lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el presente juicio o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior, atendiendo a las reglas previstas en diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las quince horas en la oficialía de partes común. Se reitera a las partes, que los alegatos y cualquier otra promoción pueden ser recibidas vía electrónica mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación o al correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx. En la inteligencia de que los escritos que se presenten de manera electrónica deben contar con la evidencia criptográfica, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito firmado por Mario Ríos Rivera, en su carácter de apoderado legal de Juventino Rodríguez Martínez, mediante el cual amplía la demanda de amparo en contra del nuevo acto que ahí refiere. En esa tesitura, con apoyo en los artículos 1º, fracción I, 107, 108, y 112 al 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda respecto del acto que se atribuye al Delegado Regional en Acapulco, Guerrero, del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la Jurisprudencia: P./J. 15/2003, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Julio 2003, Tomo XVIII, página 12). Así también, acorde al criterio sustentado en la tesis 2a. XLI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor es: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACION. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril 1999, Tomo IX, página 209). En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable Delegado Regional en Acapulco, Guerrero, del Registro Público de la Propiedad, del Comercio y del Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el que deberá rendir respecto del acto que en específico se le reclama, en el plazo de quince días computados a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído. Para tal efecto, se corre traslado con copia simple del escrito de ampliación de demanda. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se le requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto que se le atribuye y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, podrá multársele con cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Comuníquese que se le sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia. Hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, y dése la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en relación con la ampliación de la demanda de amparo, con el objeto de evitar nulidades innecesarias en el procedimiento y proporcionarles todos los elementos para intervenir en el juicio en relación con la ampliación de que se trata, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis X.A.T.5 K (10a.), Décima Época, Registro: 2001837, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, consultable en su página: 2370, del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR Y CORRER TRASLADO AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 120 Y 146 DE LA LEY DE LA MATERIA ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. La obligación que establecen los numerales 120 y 146 de la Ley de Amparo, que también son aplicables a la ampliación de la demanda, se refiere a la notificación a las partes del escrito de demanda, entre los que se encuentra la notificación al Ministerio Público para que, si lo desea, formule alegatos por escrito en los que puede destacar la improcedencia del amparo o de su ampliación o, en su caso, promover los recursos de revisión que sean procedentes, ya que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 66/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 43, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la intención del legislador, al establecer el artículo 120 de la invocada ley, fue prever mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a la garantía de seguridad jurídica y, dentro de ésta, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos. De ahí, que si no se le da la intervención que legalmente le compete al representante social respecto de las ampliaciones de demanda, ello evidencia que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, conforme al artículo 91, fracción IV, de la citada ley, al no haberse llamado a juicio a una de las partes, que por disposición legal debe tener conocimiento de su tramitación, ya que la prosecución del sumario es una cuestión de orden público, por lo que debe reponerse el procedimiento para ese efecto." Por otra parte, se hace saber que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta para que, de ser posible, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se le requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de marzo de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 1150/2021, por el que se le remitió el original y duplicado del toca penal X-485/2017, así como copia certificada de la causa penal 180/2013-I; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el escrito signado por Elí Pineda Díaz, apoderado legal del tercero interesado *****, a través del cual, manifiesta que tiene reconocida su personalidad en autos del expediente natural del cual emanan los actos reclamados, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando personas para tal efecto, y hace diversas manifestaciones. En atención a su contenido, dígase al ocursante que se esté a lo acordado en auto de treinta de septiembre del año en curso. Por cuanto hace a las manifestaciones que refiere, dígasele que el veintitrés de noviembre del año en curso, se dictó sentencia definitiva en el presente sumario. Notifíquese.

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