Aldo Alfonso Hernández Infante
Expediente 426/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/08/2017
Partes del expediente
- Aldo Alfonso Hernández Infante
- Aldo Alfonso Hernández Infante y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; del que en lo conducente, se desprende que aceptó la competencia declinada en el juicio de amparo 426/2017 del índice de este juzgado, avocándose al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ALDO ALFONSO HERNÁNDEZ INFANTE. En consecuencia, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido,...
- Principal
Agréguese para los efectos legales que correspondan el oficio de cuenta remite la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California, por medio del acusa recibo del exhorto remitido en auxilio de este Juzgado; no obsta a lo anterior que el mismo obra en las constancias relativas al exhorto devuelto diligenciado, agregado por auto por auto de ocho del mes y año en curso
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 48250 signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, al que anexa Exhorto Local 136/2017, número de orden 267/2017 de su índice, derivado del exhorto E177-196/17-P1, girado por este Juzgado en el presente juicio. Al respecto, téngase a la autoridad exhortante remitiendo las constancias derivadas del exhorto de mérito relativas a la comunicación oficial enviada el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, en el que se le solicitó su auxilio para notificar al quejoso Aldo Alfonso Hernández Infante el contenido del proveído de esa misma fecha, en el que este órgano se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, declinándose competencia al Juez de Distrito en turno en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California; en mérito de lo anterior, téngase debidamente diligenciada la comunicación oficial de mérito y acúsese de lo anterior para los fines legales que correspondan.
- Principal
Visto el escrito de demanda de garantías que presenta ALDO ALFONSO HERNÁNDEZ INFANTE; con copia simple de ella fórmese cuaderno de incompetencia y regístrese con el número 426/2017. Ello en razón de que esta autoridad considera que carece de competencia territorial para conocer de ella. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene las reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer párrafo transcrito, toda vez que el acto reclamado ha sido ejecutado. Se arriba a la anterior determinación, toda vez que del contenido de la demanda se advierte que el promovente reclama el traslado involuntario cometido en su contra con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, del Centro de Reinserción Social de esta ciudad a El Hongo I, en Tecate, Baja California; y, posteriormente el veinticuatro de mayo del año en curso, nuevamente, fue trasladado del Centro de Reinserción Social El Hongo I, al Centro de Reinserción Social El Hongo 3, ambos con residencia en Tecate, Baja California. En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, los actos que reclama en el presente juicio de amparo, tuvieron ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, es decir, se ejecutaron en el lugar donde se ubica el penal descrito en el que se encuentra detenido el hoy quejoso y, por tanto, es competente para conocer del juicio de garantías, el Juez de Distrito de aquélla jurisdicción. Bajo esa línea de pensamiento, se colige que las órdenes de traslado de las que se duele el impetrante, culminaron con la reclusión del reo, hoy quejoso, en el Centro de Reinserción Social del Hongo, con sede en Tecate, Baja California. Por tanto, cuando se reclama, como en el caso, en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece, se reitera, que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. Sin que represente obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. Es decir, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 37, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, empero, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. De ahí que, sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Anterior criterio que fue sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Sirve de apoyo a lo anterior, en la tesis I.15o.A.1 A (10a.), publicada en la página 4311 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 , de la Décima Época, con registro 2000066, que, a la letra, dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." Es por ello que se llega a la conclusión de que el acto reclamado se ha ejecutado en Tecate, jurisdicción del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, esta autoridad se declara carente de competencia legal en razón del territorio para conocer de la presente demanda de garantías; en consecuencia, mediante oficio con transcripción de este acuerdo, remítase el original y las cinco copias de la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California, para que determine si acepta o no la competencia declinada y se sirva informar a este juzgado lo conducente. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Por otra parte, del escrito de cuenta se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social El Hongo III, en Tecate, Baja California; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, toda notificación realícese de manera personal al aquí quejoso; por lo tanto, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California, a fin de que en auxilio de este Órgano Jurisdiccional, por conducto de personal a su cargo, se sirva ordenar notificar el presente auto al quejoso; asimismo, en la misma diligencia, de no tener inconveniente legal alguno, haga entrega de la copia certificada que al efecto se le remite del presente proveído. Se faculta al citado Juez para que tome las medidas que considere necesarias para la debida diligenciación del exhorto de mérito, de igual forma, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se remite la versión digitalizada de la presente comunicación oficial por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE); asimismo, se le solicita el acuse de recibido correspondiente en igual versión que se sirva a enviar al correo electrónico institucional 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx y correo oficial personalizado eva.duran.orozco@correo.cjf.gob.mx, previo aviso en red #660 1323. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.
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