Aldo Alba Garcia

Expediente 1043/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1043/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2017

Partes del expediente

  • Aldo Alba Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca informa que aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del juicio de amparo 1043/2017, promovido por Alejandra Díaz Alvarado en su carácter de Defensora Pública Federal a favor de Aldo Alba García, del cual deriva este cuaderno de antecedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de este cuaderno de antecedentes, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no obran documentos originales exhibidos por las partes; previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables en este asunto que los informes de suspensión de plano solicitados deberán dirigirlos al juicio de ampro 1417/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca; lo anterior para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO ALDO ALBA GÁRCÍA, REPRESENTADO POR LA DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL,EL ACUERDO QUE DICE:El Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ciudad Ayala, Morelos rinde su informe relativo a la suspensión de plano concedida en este asunto, por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado en autos. La parte promovente cumple con la prevención realizada en autos; al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Por otra parte, del escrito de demanda que se provee, se advierte que este juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto cuarto, fracción vigésima, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, ejercen jurisdicción en Ciudad Ayala. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La posible orden de traslado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ciudad Ayala, Morelos, en el que actualmente se encuentra la parte quejosa, a diverso centro de reclusión. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto, debido a que el acto que se reclama tienen ejecución material y se está llevando a cabo en un lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, debido a que de acuerdo con lo asentado bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda el directo quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ciudad Ayala, Morelos. Por lo que la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; por lo que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio; en consecuencia, remítasele al Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno, con residencia en Cuernavaca, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común y solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo. Tienen aplicación al caso, por su contenido las tesis siguientes: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Época: Novena Época Registro: 178232 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Junio de 2005 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 48/2005 Página: 5 "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Sin que lo anterior implique inobservar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO", pues en el mismo se considera que el juez que previno tiene jurisdicción en uno de los lugares en que se ejecutó o continúa ejecutando el acto reclamado, mientras que en este asunto no se precisó que el quejoso fuese trasladado a Villa Aldama, Veracruz y por lo tanto se vaya a ejecutar en la jurisdicción de este juzgado de Distrito. Similar criterio se utilizó en el juicio de amparo 1336/2016 del índice de este juzgado de Distrito. Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE PROMOVENTE ALEJANDRA DÍAZ ALVARADO EN SU CARÁCTER DE DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL EN FAVOR DE ALDO ALBA GARCÍA, EL ACUERDO QUE DICE: Alejandra Díaz Alvarado en su carácter de Defensora Pública Federal promueve juicio de amparo a favor de Aldo Alba García contra actos del Encargado y/o Comisionado y/o Responsable y/o Director y/o Director General del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, dependiente del Poder Ejecutivo Federal y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1043/2017 que le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO En primer término, dado que el acto reclamado en la demanda que se provee se hace consistir en la orden de traslado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ciudad Ayala, Estado de Morelos, en el que actualmente se encuentra el quejoso a un diverso centro de reclusión; por lo tanto, con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de la parte quejosa para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, de no haberse llevado a cabo, no sea trasladado a un lugar distinto de aquél en que se encuentra recluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011274 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: VII.2o.P.9 P (10a.) Página: 1786 "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." Se previene a las autoridades responsables para que informen a este órgano jurisdiccional en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme con lo dispuesto en el artículo 266, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse éste, enseguida se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Por otra parte, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la supuesta orden de traslado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ciudad Ayala, Estado de Morelos, en el que actualmente se encuentra el quejoso a un diverso centro de reclusión. Asimismo, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que la promovente sólo manifestó que la mamá del quejoso vía telefónica le comentó que su defendido iba a ser trasladado a un diverso centro de reclusión del que actualmente se encuentra recluido; sin embargo, omitió manifestar cómo la madre del quejoso tuvo conocimiento de ese posible acto, ni tampoco señaló los datos objetivos en que funda el temor que refiere. Tampoco señaló el motivo por el cuál el quejoso no promovió directamente la demanda. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es imprecisa e irregular, debido a que la Defensora Pública Federal no manifestó como fue que la mamá del quejoso tuvo conocimiento de la posible orden de traslado que señala como acto reclamado, así como tampoco indicó el centro del reclusión al cual posiblemente sea trasladado el quejoso, por lo que no es posible fijar la litis en los términos en que se plantea la demanda de amparo. REQUERIMIENTO Por lo tanto, para permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a la promovente para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: ? Manifieste cómo fue que la mamá del quejoso tuvo conocimiento de que su hijo iba a ser trasladado del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ciudad Ayala, Estado de Morelos, en el que actualmente se encuentra el quejoso a un diverso centro de reclusión. ? Señale el lugar del Centro de reclusión al que le indicaron que trasladarían al quejoso. ? Manifieste el impedimento que tiene el quejoso para promover el presente juicio de amparo. Del escrito mediante el cual desahogue el requerimiento contenido en este acuerdo, deberá acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes. Lo que se considera necesario para proveer respecto de la procedencia del presente asunto; es decir, que sin la aclaración solicitada por este órgano jurisdiccional no sería posible fijar la litis correctamente en este asunto, ni los efectos para los cuales solicita la suspensión. Tiene aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Página: 990 Tesis: I.7o.A.100 K Tesis Aislada Materia(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización: Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Agosto de 2014 Página: 210 Tesis: 1a./J. 50/2014 Jurisprudencia Materia(s): Común "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: ? En caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que en este juzgado se han admitido demandas similares a la que aquí se analiza; sin embargo, se considera pertinente cambiar dicho criterio, pues resulta un hecho notorio para este juzgador que en diversos asuntos, al momento de que el actuario de la adscripción se traslada al centro de reclusión donde se encuentra los directos quejosos, éstos en varios casos han manifestado que no conocen a la parte promovente respectiva y que no es su deseo ratificar la demanda de amparo, o algunos no son encontrados por haber sido trasladados a otros centros federales de readaptación social incluso en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo relativa, lo cual pudiera implicar un uso abusivo del juicio de amparo. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indicó en la demanda de amparo y como autorizadas a las personas que designó para tal efecto. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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