Aldo Alba García

Expediente 784/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
784/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Aldo Alba García

Actuaciones

  1. Principal

    ... se desechó la demanda de garantías origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto; el escrito de demanda de amparo presentada por Erika Yesenia García Martínez, en favor de Aldo Alba García, contra actos del Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 4° constitucionales. Fórmese expediente y hágase la anotación respectiva en el Libro Uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, y regístrese con el número 784/2016. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis en cuestión interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. También, se encuentra inmerso uno de los principios fundamentales del amparo, esto es, la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. En ese orden de ideas, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del quejoso. Precisado lo anterior, tenemos que la promovente señala como acto reclamado: "Acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso, mediante el que la autoridad responsable ordenadora acordó: "... Se desecha de plano el recurso de revocación que hace valer el Defensor Público Federal del procesado ALDO ALBA GARCÍA, por frívolo e improcedente, ello, por las consideraciones siguientes." Este Juzgado para proveer conforme a derecho el presente asunto, estima conveniente reproducir la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 5°y 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. (...) I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I. (.) La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los citados preceptos, se advierte que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, es el de iniciativa o instancia de parte agraviada que se encuentra previsto en el artículo 107, fracción I de la Constitución General de la República, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, mismo que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama; así, en materia penal, existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover los mismos, a nombre del directo quejoso, a saber: a) Cuando el representante legal o apoderado acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 6 de la Ley de la Materia. b) Por los defensores del inculpado, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 14 de la Ley de Amparo). c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado" para promoverlo según el artículo 15 de la ley reglamentaria. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que se encuentra signada por Erika Yesenia García Martínez, en representación de Aldo Alba García, y señala como acto reclamado el auto por el cual la responsable desecha el recurso de revocación hecho valer por el Defensor Público Federal del directo quejoso, sin embargo, dicho acto reclamado en modo alguno se encuentra en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo además, Erika Yesenia García Martínez no acredita ser representante legal o apoderada del quejoso, ni manifiesta bajo protesta de decir verdad tener el carácter de defensor del mismo, de ahí que debe considerarse que la solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, y en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6º de la Ley de la Materia. Por sus consideraciones se cita la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 272, tomo VII, enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Las jurisprudencias a que se hace mérito, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la promovente, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, por así solicitarlo expresamente la promovente en su escrito de demanda. Notifíquese por lista de acuerdos a la promovente...

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