Aldo Agustin Limon Gonzalez
Expediente 1435/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1435/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aldo Agustin Limon Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintiocho de noviembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, en cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión, y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser DEPURABLE, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda, el auto admisorio y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. ...
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio del Juez en turno, del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y un disco óptico en formato DVD, autorizado por el juez responsable; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento legal alguno, en razón de que en proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I.Agréguense para que obre como legalmente corresponda el oficio de Juez Segundo Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Segundo de Control, al que adjunta copia computarizada cotejada del acta de audiencia de Control de Detención, Imputación y Medidas Cautelares de veintidós de noviembre del año en curso y un disco óptico en formato DVD, autorizado por el juez responsable, que contiene el registro de audio y video de la audiencia realizada, en dicho proceso penal; a lo anterior, el Juez acuerda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza y sin que sea necesario una audiencia especial de conformidad con la jurisprudencia titulada ... Lo anterior, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, e informa que la situación jurídica de Aldo Agustín Limón González, venció el veintisiete de noviembre del año en curso a las veintitrés horas con diez minutos, en razón que en la audiencia inicial en contra del citado quejoso, relativa al control de detención y a la formulación de imputación, solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se resuelva la referida situación jurídica, por la probabilidad de su coautoría en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el numeral 330, con relación al 333, fracción IV, 335, párrafo primero, fracción VII y 165, denunciado por RIGEL EUGENIO PALOMINO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. Ahora bien, de los presentes autos se advierte que Aldo Agustín Limón González, reclamó la ilegal detención, malos tratos, golpes y la incomunicación a que fue objeto. Asimismo, se aprecia que el Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, la Vicefiscal Especializada para Adolescentes por suplencia del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos y del Fiscal General, todos del Estado, con residencia en esta ciudad, negaron los actos que reclamó el directo agraviado consistente en la incomunicación, que atribuye a las responsables, ya que todos negaron dichos actos, sin que exista prueba en contrario. Debe recordarse que de acuerdo con la técnica del juicio de garantías, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte quejosa debió aportar pruebas tendientes a demostrar que efectivamente las referidas autoridades responsables, mantuvo incomunicado al directo quejoso ALDO AGUSTÍN LIMÓN GONZÁLEZ, lo que en la especie no aconteció, pues omitió rendir probanza eficaz para tal efecto, a pesar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se encontró en aptitud de aportar medios convictivos para tal efecto. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 284 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 236, que textualmente dice: ... Aun cuando las autoridades responsables, hayan negado categóricamente la detención que se le reclama (foja 15, 22 y 23) y a la vez, hicieron manifestaciones respecto a su legalidad, debe tenerse por cierta la detención que se le reclama, dado que así se corrobora con las constancias que anexaron a sus informes con justificación, mismas que obran en este sumario y que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ... Por otro lado, el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en Funciones del Juez Segundo de Control, informó que el procedimiento que se inició en contra del mencionado quejoso, por la probabilidad de su coautoría en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el numeral 330, con relación al 333, fracción IV, 335, párrafo primero, fracción VII y 165, denunciado por RIGEL EUGENIO PALOMINO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander; se encuentra en la etapa de investigación complementaria de conformidad con la fracción I primera, inciso B del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo actual, el cual en su parte conducente establece: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En la especie, el acto reclamado por el peticionario del amparo es la detención que sufrió por parte de las autoridades señaladas como Fiscal General, Vicefiscal de Investigación y Procesos y Director de la Policía Ministerial, todos del Estado, con residencia en esta ciudad, respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia invocada. En efecto, se advierte que el acto reclamado consiste en la detención del quejoso Aldo Agustín Limón González, fue el veintiuno de noviembre del presente año, por elementos del Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos, puesto a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, iniciándose la carpeta de investigación número M1/2414/2017; sin embargo, mediante proveído de veintiuno de noviembre del presente año, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad ministerial, el directo agraviado fue puesto a disposición del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, para realizar la audiencia inicial. Por tanto, resulta evidente que en este caso ha operado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que éste dejó de existir, y por ende, de producir sus efectos toda vez que el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, por lo que debe decirse que cesaron sus efectos. Orienta lo anterior, las tesis números 103 y 415, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que se reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la aquí peticionaria de amparo, por lo que no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de las responsables, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. " De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, glósese a los presentes autos el oficio del Subdelegado de Control de Procesos Penales, en suplencia por ausencia del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad; en consecuencia de conformidad con el artículo 3º. de la Ley de Amparo, envíese copia certificada de las constancias conducentes a los malos tratos y golpes que a sufrió Aldo Agustín Limón González; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ...
- Principal
MESA I.Agréguense para que obre como legalmente corresponda el oficio de Juez Segundo Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Segundo de Control, al que adjunta copia computarizada cotejada del acta de audiencia de Control de Detención, Imputación y Medidas Cautelares de veintidós de noviembre del año en curso y un disco óptico en formato DVD, autorizado por el juez responsable, que contiene el registro de audio y video de la audiencia realizada, en dicho proceso penal; a lo anterior, el Juez acuerda, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas las pruebas de mérito, las que se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza y sin que sea necesario una audiencia especial de conformidad con la jurisprudencia titulada ... Lo anterior, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, e informa que la situación jurídica de Aldo Agustín Limón González, venció el veintisiete de noviembre del año en curso a las veintitrés horas con diez minutos, en razón que en la audiencia inicial en contra del citado quejoso, relativa al control de detención y a la formulación de imputación, solicitó la ampliación del plazo constitucional para que se resuelva la referida situación jurídica, por la probabilidad de su coautoría en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el numeral 330, con relación al 333, fracción IV, 335, párrafo primero, fracción VII y 165, denunciado por RIGEL EUGENIO PALOMINO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander. Ahora bien, de los presentes autos se advierte que Aldo Agustín Limón González, reclamó la ilegal detención, malos tratos, golpes y la incomunicación a que fue objeto. Asimismo, se aprecia que el Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, la Vicefiscal Especializada para Adolescentes por suplencia del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos y del Fiscal General, todos del Estado, con residencia en esta ciudad, negaron los actos que reclamó el directo agraviado consistente en la incomunicación, que atribuye a las responsables, ya que todos negaron dichos actos, sin que exista prueba en contrario. Debe recordarse que de acuerdo con la técnica del juicio de garantías, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte quejosa debió aportar pruebas tendientes a demostrar que efectivamente las referidas autoridades responsables, mantuvo incomunicado al directo quejoso ALDO AGUSTÍN LIMÓN GONZÁLEZ, lo que en la especie no aconteció, pues omitió rendir probanza eficaz para tal efecto, a pesar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se encontró en aptitud de aportar medios convictivos para tal efecto. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 284 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 236, que textualmente dice: ... Aun cuando las autoridades responsables, hayan negado categóricamente la detención que se le reclama (foja 15, 22 y 23) y a la vez, hicieron manifestaciones respecto a su legalidad, debe tenerse por cierta la detención que se le reclama, dado que así se corrobora con las constancias que anexaron a sus informes con justificación, mismas que obran en este sumario y que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: ... Por otro lado, el Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en Funciones del Juez Segundo de Control, informó que el procedimiento que se inició en contra del mencionado quejoso, por la probabilidad de su coautoría en la comisión del delito de robo calificado cometido en pandilla, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad en el numeral 330, con relación al 333, fracción IV, 335, párrafo primero, fracción VII y 165, denunciado por RIGEL EUGENIO PALOMINO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander; se encuentra en la etapa de investigación complementaria de conformidad con la fracción I primera, inciso B del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En mérito de lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo actual, el cual en su parte conducente establece: "Art. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." En la especie, el acto reclamado por el peticionario del amparo es la detención que sufrió por parte de las autoridades señaladas como Fiscal General, Vicefiscal de Investigación y Procesos y Director de la Policía Ministerial, todos del Estado, con residencia en esta ciudad, respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia invocada. En efecto, se advierte que el acto reclamado consiste en la detención del quejoso Aldo Agustín Limón González, fue el veintiuno de noviembre del presente año, por elementos del Titular de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, por la comisión de hechos posiblemente delictuosos, puesto a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, iniciándose la carpeta de investigación número M1/2414/2017; sin embargo, mediante proveído de veintiuno de noviembre del presente año, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad ministerial, el directo agraviado fue puesto a disposición del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, para realizar la audiencia inicial. Por tanto, resulta evidente que en este caso ha operado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que éste dejó de existir, y por ende, de producir sus efectos toda vez que el quejoso fue puesto a disposición del Juez de Control Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado, por lo que debe decirse que cesaron sus efectos. Orienta lo anterior, las tesis números 103 y 415, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". y "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que se reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la aquí peticionaria de amparo, por lo que no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de las responsables, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. " De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, glósese a los presentes autos el oficio del Subdelegado de Control de Procesos Penales, en suplencia por ausencia del Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad; en consecuencia de conformidad con el artículo 3º. de la Ley de Amparo, envíese copia certificada de las constancias conducentes a los malos tratos y golpes que a sufrió Aldo Agustín Limón González; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. ...
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