Alderney Ausencio Hernández Ojeda

Expediente 605/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 46 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
605/2023
Año
2023
Actuaciones
46
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Alderney Ausencio Hernández Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el escrito del quejoso al que adjunta un escrito en copia simple; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que fue presentado en forma extemporánea a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 605/2023-VI, promovido por ************, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos. Acto continuo se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las ofrecidas por las partes. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra este periodo. Periodo de alegatos. Se tienen por formulados los hechos valer en autos. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 605/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: I. ************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. II. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. III. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad responsable señalada como "Representante de la Comisión Edilica de Gobernación", por lo que se suspendió comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: - La medida del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés impuesta al quejoso Alderney Ausencio Hernández Ojeda, dentro del expediente CHJ/PA/007/2022, por la que se le suspendió temporalmente del cargo de Policía, hasta en tanto se resuelva dicho procedimiento. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México; Secretario de la Comisión de Honor y Justicia; Representante de la Unidad Operativa de Investigación; Representante de los Mandos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura; Representante de la Unidad Operativa de Prevención del Delito; Titular del Área de Administración y Finanzas, en su denominación correcta; Responsable del Agrupamiento de Servicios Facultativos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. El Titular del Área de Profesionalización Policial de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura y los Notificadores Adscritos a la Comisión de Honor y Justicia, omitieron rendir sus informes justificados; sin embargo, se les tienen por ciertos los actos que se les atribuyen dado que su existencia se advierte de las constancias de las que deriva lo reclamado en el presente juicio. CUARTO. Previamente al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía se reclaman, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Titular de la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado opuso la causal de improcedencia consistente en que no se afecta el interés jurídico al solicitante del amparo. La causal de improcedencia opuesta resulta infundada. Sin mayor estudio, se desestima la causal en comento, pues en el caso basta con que el quejoso sea parte en el procedimiento administrativo CHJ/PA/007/2022, y que se le haya impuesto la medida precautoria, por la que se le suspendió temporalmente del cargo de Policía, hasta en tanto se resuelva dicho procedimiento, para tener por acreditada la afectación al interés jurídico. Asimismo, dicha autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que a su juicio, se debió agotar el principio de definitividad, toda vez que antes del inicio del presente juicio de amparo se tenía que haber promovido el juicio contencioso administrativo local. Sin embargo, dicha causa de improcedencia es infundada toda vez que en el acto reclamado es la suspensión temporal sin goce de sueldo y demás prestaciones del quejoso, con motivo del inicio de procedimiento administrativo de separación de cargo, el cual constituye un acto de imposible reparación. Asimismo, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, porque conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento. Ahora, debe destacarse que en el caso el acto reclamado es la suspensión temporal sin goce de sueldo y demás prestaciones del quejoso, lo que evidencia la procedencia de este juicio de amparo, dado que es un acto de imposible reparación, sin necesidad de agotar medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia invocada por las partes o advertida de oficio por este Juzgador, se procede al estudio del asunto para su resolución. QUINTO. Análisis de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. El quejoso esencialmente expone en sus conceptos de violación lo siguiente. La autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo previsto en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que sin fundamentar y motivar debidamente le determinó la separación temporal de su encargo, sin goce de sueldo, poniendo en riesgo su subsistencia. Dicho argumento resulta fundado; en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. En forma previa, debe precisarse que la intensión del quejoso es demostrar que la autoridad responsable al emitir el acuerdo de suspensión de sueldo y funciones sin goce de sueldo violó el artículo 16 constitucional, pues omitió pronunciarse respecto del mínimo vital y aspectos de seguridad social, esto es, no se pronunció respecto de un ingreso que le permitiera cubrir sus necesidades básicas y servicio médico, lo cual deriva de una interpretación sistemática de los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 123, constitucionales y el principio de presunción de inocencia. En ese orden de ideas, de las constancias ofrecidas por la responsable se advierte que en el acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el expediente CHJ/PA/007/2022, el quejoso Alderney Ausencio Hernández Ojeda, fue suspendido temporalmente en el desempeño de su cargo a partir de la notificación de esa determinación y hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente; lo anterior, de conformidad con el artículo 165 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que dispone: "Artículo 165. Antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la Comisión de Honor y Justicia, podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el interés social, el interés público o el orden público derivado de las funciones que realiza, de así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de seguridad pública. La medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. Durante el período de la suspensión el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan." Ahora, resulta aplicable por analogía la contradicción de tesis 311/2015, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual es de contenido análogo al artículo 165 de la Ley de Seguridad del Estado de México, debe ser interpretado de manera conforme con el texto constitucional, por lo que las consideraciones expuestas en esa resolución resultan igualmente aplicables al presente caso, pues ambos artículos disponen esencialmente lo mismo. Las consideraciones mencionadas son del contenido que a continuación se sintetiza: La Suprema Corte sostuvo que en términos de lo previsto en el artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Federal, la suspensión de labores del servidor público como consecuencia del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, resulta razonable e idónea con la finalidad pretendida por el legislador, circunstancia que también le resulta aplicable a la suspensión de las percepciones del servidor público, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña. La suspensión temporal en el cargo y de las percepciones, es una medida cautelar que tienen por objeto facilitar el curso de las investigaciones y buscan proteger y preservar los intereses públicos fundamentales ya que por la naturaleza del cargo que desempeñan los servidores públicos, la suspensión permite garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública y a la sociedad. Bajo esas consideraciones "la separación temporal del servidor público así como la suspensión de las percepciones correspondientes, resultan constitucionalmente razonables", en tanto tienen como objeto privilegiar el correcto desempeño de los servidores públicos para que éstos no cometan actos en contra del servicio público. Ahora bien, los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan precisamente del desempeño de las funciones que le son encomendadas y tendrá derecho a aquéllos, siempre que dicha función se desarrolle efectivamente. En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte explica, cuando se ordena una suspensión del servidor público en sus labores, es inconcuso que ello necesariamente conlleva la imposibilidad de que el servidor público reciba los emolumentos que le son propios al cargo, en tanto no se está desarrollando ninguna función que los respalde, o bien del que deriven. De esa manera, la norma relacionada con la suspensión temporal en el procedimiento, así como la suspensión en el pago de los haberes al funcionario público debe interpretarse de conformidad con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en el siguiente sentido: "La autoridad administrativa deberá contemplar en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte resolución administrativa en la que determine su plena responsabilidad y la destitución del cargo." En otras palabras, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable, de ahí que en forma simultánea a la imposición de las medidas precautorias debe determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas y que no podrá ser superior al treinta por ciento de su ingreso real ni inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que labora. El monto determinado deberá cubrirse al funcionario suspendido hasta en tanto que se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo o por el contrario se le exonere y devuelva el resto de las percepciones retenidas. Los anteriores razonamientos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 2/2017 (10ª.), de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos." Sobre esas consideraciones, es claro que el artículo 165 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, debe interpretarse en el mismo sentido, es decir, el precepto legal en cita autoriza la imposición de las medidas precautorias de suspensión temporal en el empleo hasta la conclusión del procedimiento administrativo, así como la suspensión en el pago de las prestaciones económicas; pero siempre y cuando en el acuerdo en el que dicha medida sea impuesta, la autoridad instructora garantice el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del o de los presuntos responsables. De ahí que, en forma simultánea a la imposición de la medida precautoria, la autoridad debe determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al treinta por ciento (30%) de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Sin embargo, en el caso que ahora se analiza, la autoridad responsable al resolver sobre la imposición de la medida precautoria de suspensión temporal del aquí quejoso, decretó como consecuencia de ello, la suspensión del pago de salario íntegro y demás prestaciones que le correspondan, por lo que debió tomar en consideración la correcta interpretación del artículo 165 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México y fijar un monto con el cual se garantizara el mínimo vital para la subsistencia de ese servidor público por la temporalidad que durará el procedimiento administrativo, bajo los parámetros fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este tipo de casos. En consecuencia si la Comisión de Honor y Justicia responsable, en su determinación del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se limitó a suspender temporalmente al peticionario del amparo, pero no determinó cuál era el mínimo vital que se le seguiría garantizando durante la tramitación del juicio, es claro que ello resulta una aplicación errónea de la Ley de Seguridad Pública del Estado de México; es decir, que dicho acto carece de los requisitos formales de una debida fundamentación y motivación que para su legalidad exige el artículo 16 de la Constitución Federal; lo que además, deriva en una violación al derecho al mínimo vital. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 793, de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO." Por otra parte, se considera que la autoridad responsable también debió garantizar los derechos de seguridad social al que, en su caso, estuviera afiliado el quejoso, en términos de lo dispuesto en la fracción XI, inciso a), del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: . XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. ... XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes." El precepto constitucional transcrito prevé cubrir los accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, como una de las bases mínimas que deben observarse en materia de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Ahora bien, tratándose de los elementos policiales, éstos se regirán por sus propias leyes, así el artículo 100, apartado a, inciso VII, de la Ley de Seguridad del Estado de México, contempla el derecho a gozar de los beneficios y prestaciones de seguridad social. De modo que, la autoridad responsable, al emitir la determinación reclamada, además de salvaguardar un ingreso mínimo del quejoso, debió prever lo conducente a fin de que tuviera acceso a los servicios de seguridad social en la institución correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 7/2015 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1531, cuyo rubro es: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO AL MONTO DEL SALARIO DE COTIZACIÓN." Por las razones expuestas, y ante lo fundado de los conceptos de violación, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para que las autoridades responsables realicen lo siguiente: Dejen insubsistente el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente CHJ/PA/007/2022, únicamente en la parte relativa a la imposición de la medida precautoria de suspensión temporal del quejoso en el desempeño de sus funciones, sin goce de sueldo. Dicte una nueva resolución en la que reitere la imposición de la medida precautoria de suspensión temporal en el empleo, hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo; en la cual, de manera fundada y motivada, determine la cantidad que otorgará al quejoso para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, conforme a los parámetros establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el monto que se fije deberá ser el equivalente al treinta por ciento (30%) de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución correspondiente en la que laboraba el servidor público quejoso al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Al emitir la determinación reclamada, provea lo conducente en relación con el acceso del quejoso a los servicios de seguridad social en la institución correspondiente, sin que se vean mermadas las cuotas respectivas. Por lo expuesto: S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que: Que de conformidad con la circular 28/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores signado por el Coordinador de Jueces de Distrito con residencia en Naucalpan, Estado de México, se declararon como inhábiles los días dieciséis al veintisiete de octubre de la presente anualidad, razón por la cual no transcurrieron los plazos y términos judiciales en esas fechas. Ahora, visto que se encontraba señalada la audiencia constitucional para el veinticuatro de los cursantes, se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a las autoridades responsables, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Ténganse a la Jefa de Departamento de Profesionalización y Certificación adscrita a la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Naucalpan de Juárez, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Conforme a los numerales 9 y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las que remitió el Titular de la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, México, al rendir su respetivo informe justificado, las cuales hace suya la autoridad citada en el primer párrafo de este acuerdo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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