Alden Clinton Bush

Expediente 232/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
232/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Alden Clinton Bush

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el once de diciembre de dos mil veinte, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del quince al veintiocho de enero de dos mil veintiuno, descontando los días dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de los corrientes, por ser sábados y domingos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues, por un lado se negó y por el otro se concedió la medida cautelar solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúen en la Secretaría de este Juzgado los anexos remitidos por la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, en apoyo a su informe previo y justificado; por tanto, devuélvanse a la referida autoridad los anexos de referencia, sin necesidad de que acuse recibo del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se acuerda: de la lectura de la constancia levantada el catorce de los corrientes, por uno de los actuarios adscritos a este Juzgado, se advierte que no le fue posible notificar personalmente al quejoso Alden Clinton Bush, la sentencia firmada el once de diciembre del presente año, por las razones que expone en la misma. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto en el inciso a), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase al referido quejoso la notificación de la mencionada resolución, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese y cúmplase. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 232/2020-VI-A, promovido por ***, en su carácter de defensor particular de ***, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta Progreso, Yucatán, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el diez siguiente a este órgano de control constitucional, compareció ***, en su carácter de defensor particular de ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Progreso, Yucatán, como ordenadora, y en su carácter de ejecutora, al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de once de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 232/2020-VI-A; asimismo, se desechó la misma por lo que hace al acto reclamado consistente en la determinación de quince de enero de dos mil veinte, por la cual desechó diversos medios de prueba, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la resolución de diez de enero de dos mil veinte, por la cual calificó de legal la detención; el auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte; y, la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, en autos de la causa penal 3/2020, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, en su carácter de defensor particular de ALDEN CLINTON BUSH, fundamentalmente, en: a) La resolución de diez de enero de dos mil veinte, en la que se calificó de legal su detención. b) El auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal 3/2020, como probable responsable del delito VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA. c) La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Progreso, Yucatán y Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y los discos ópticos que adjuntó el primero de los nombrados a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Es infundado el concepto de violación aducido por el quejoso, con relación al acto reclamado que hizo consistir en la calificación de su detención realizada por el Juez responsable; razón por la cual debe negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, el peticionario del amparo señala que dicho acto es violatorio de sus derechos fundamentales porque no existió flagrancia delictiva que justificara su detención. Ahora bien, el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención [.]" Como se advierte del citado numeral, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales , desarrolla los supuestos en que se da la flagrancia, y del cual se advierte que se puede detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia y que ésta se presenta en dos supuestos: I. Cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, y II. Cuando la persona es detenida inmediatamente después de cometer un delito. Este último supuesto, a su vez puede presentarse en dos formas: a) la persona es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; y b) en las hipótesis siguientes: 1. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito; 2. Cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito; o 3. Cuando se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el hecho. Esta clasificación da origen a tres tipos de flagrancia, a saber: 1. Flagrancia pura, entendiéndose como aquella detención que se verifica al momento de estarse cometiendo el hecho delictivo. 2. Flagrancia por inmediata persecución, la que se origina cuando el sujeto activo es sorprendido al momento de cometer el hecho delictivo, pero no es detenido en ese momento por haber logrado escapar del lugar de los hechos, empero, es perseguido por cualquier persona que lo haya observado cometiendo el hecho imputado, es decir, después de cometerlo empieza su persecución y finalmente es detenido, y 3. Flagrancia por señalamiento, surge cuando el sujeto activo ya cometió el hecho delictivo y escapa del lugar de los hechos, sin ser perseguido de forma física, no obstante, es detenido inmediatamente después derivado de un señalamiento que realiza en su contra la víctima u ofendido, testigos o coimputados. A su vez, es de resaltar que este último tipo de flagrancia tiene dos posibles combinaciones, en atención a las circunstancias que dieron origen a la detención; la primera puede verificarse con el señalamiento y que al momento de la detención se encuentre en su rango de acción objetos o productos del delito, o bien, que además del señalamiento se cuente con información o indicios que hagan presumir que intervino en los hechos delictivos. Precisado lo anterior, también resulta trascendente destacar que el término inmediatamente que se emplea en esta última hipótesis de flagrancia, debe entenderse como el lapso comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en un periodo muy breve, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso. Tiene aplicación al caso, la tesis XXI.1o.5 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito , que dice: "FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TÉRMINO "INMEDIATAMENTE", EN LA TERCERA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 69 REFORMADO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 16 de la Constitución Federal dispone que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece que existe delito flagrante: a) cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito; b) cuando es detenida después de ejecutado pero es perseguida materialmente; o c) cuando es detenida inmediatamente después de haberlo cometido y alguien la señala y se encuentra en su poder el objeto del mismo o el instrumento con que aparezca cometido, o aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad. Ahora bien, el término inmediatamente, que se emplea en esta última hipótesis de la existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapso de tiempo comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso de tiempo que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención, permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. En otras palabras, en esta hipótesis, así como en las otras dos, por la cercanía entre ambos momentos, primero se detiene a la persona que se presume culpable y posteriormente el Ministerio Público inicia la averiguación, una vez que ha sido puesta a su disposición la persona detenida; atento a lo dispuesto por la segunda parte del segundo párrafo del citado artículo 69. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso." Ahora bien, del análisis de la resolución de diez de enero de dos mil veinte, se advierte que después de escuchar la exposición de la Fiscalía y las manifestaciones de la asesora jurídica de la víctima, el Juez responsable resolvió (11:00:45 horas), calificar de legal la detención del aquí quejoso, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución General de la República, párrafo séptimo, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectuada por los elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, Carlos Alberto Vázquez Jiménez, Kelvin Fernando de la Cruz González Lizama y Jesús Iván Cruz Landa, a solicitud de la denuncia informal realizada por la denunciante de identidad reservada de iniciales V.C.E.N.. Ello con motivo de los hechos que la progenitora de la víctima, puso en conocimiento de los elementos aprehensores, que hizo consistir en que el ocho de enero de dos mil veinte, alrededor de la una hora con cuarenta minutos, retornó al lugar de los hechos, ubicado en la calle Veintisiete (27), número doscientos, letra "A" (200-A), por Noventa y Cuatro (94), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán, sitio en el cual había dejado de manera previa a uno de sus hijos en el interior de una de las recámaras de dicha vivienda y observó que la puerta principal estaba abierta, pero estaba cerrado el miriñaque, por lo que llamó al interior a fin de que le abrieran. No obstante ello, consiguió abrir por lo que ingresó al predio y se dirigió a la habitación en la que momentos antes había dejado a su hijo menor durmiendo, la cual tenía la luz prendida; al entrar detectó que el ahora imputado, se bajó rápidamente de la cama y se encontraba semidesnudo, de la cintura para abajo, pues solamente portaba un sport de color oscuro. En la referida cama se encontraba su hijo menor de edad, el cual tenía el short que vestía bajado hasta las rodillas, y cuando se aproximó a él le dijo: "me duele"; acto seguido, al revisar al menor, detectó que entre sus glúteos se encontraba una zona enrojecida, por lo que le reclamó al ahora imputado, incluso dándole golpes en el rostro. Inmediatamente después le preguntó a su menor hijo lo que había pasado, a lo que respondió que momentos antes, se percató de que el imputado entró a la habitación en la que se encontraba, pero fingió estar dormido, que dicho sujeto le bajó el short hasta las rodillas y luego se subió sobre él y lo penetró con su miembro viril, también advirtió el menor que momentos antes de ser sometido a ese acto, el sujeto se quitó la ropa que tenía de la cintura para abajo, pudiendo percibir que su miembro viril estaba parado y duro. Luego de penetrarlo, refirió el menor que el ahora imputado se movía lentamente y gritó porque le dolía, momentos después sintió un líquido, que dicho sujeto le limpió con un fragmento de tela que dejó cerca de la cama. Al enterarse de todo lo anterior, la denunciante salió con sus dos hijos de dicha vivienda, dejándolos en el área de la terraza frontal del predio en cita, dirigiéndose a la caseta de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, de Progreso, Yucatán que se encontraba a poca distancia del referido predio para pedir el apoyo de los elementos policiacos. Mientras la madre del menor enteraba a los policías de lo ocurrido, pudieron observar que el sujeto activo salía de la vivienda y pretendía alejarse caminando rápidamente sobre una de las calles cercanas, por lo que la denunciante le indicó a los policías que era esa la persona que momentos antes había violado a su hijo, por lo que los elementos abordaron la unidad 2094, solicitándole que los acompañara, y procedieron a darle seguimiento al sujeto de que se trata, dándole alcance metros adelante. Al cerrarle el paso, nuevamente la denunciante lo señaló como la persona que había violado a su hijo, por lo que los agentes procedieron a hacer una retención inicial, indicándole la necesidad de realizar una inspección de su persona. Señalaron además los agentes que la descripción física y de vestimenta de dicho sujeto, coincidía a plenitud con la descrita previamente por la denunciante; ante tales circunstancias, procedieron a realizar la detención de dicha persona, previo señalamiento de la denunciante en este asunto. Esto es, tal como lo precisó la responsable, el aquí quejoso fue detenido inmediatamente después del señalamiento que realizó en su contra la víctima, catalogándose esta detención, como una flagrancia por señalamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, pues la denunciante acudió a solicitar el apoyo de los elementos policiacos inmediatamente después de descubrir que el imputado se encontraba en la cama con su menor hijo, siendo que el único momento que medió entre las dos acciones, esto es, el descubrimiento y la denuncia informal, lo fue el lapso en el que el menor narraba a su progenitora los hechos acabados de acontecer. Momento preciso en el que lograron observar al imputado saliendo del predio por lo que la progenitora del menor indicó a los elementos aprehensores que se trataba de la persona que cometió la conducta denunciada. Circunstancias que se tuvieron por acreditadas con el informe policial homologado rendido por el oficial de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, Carlos Alberto Vázquez Jiménez, corroborado con el diverso informe rendido por los elementos policíacos González Lizama y Vargas González; con la entrevista realizada a la madre de la víctima de iniciales V.C.E.N.; y a su hija menor de edad, así como el señalamiento realizado por el menor agraviado I.D.I.E., de la persona que ocasionó el hecho. Asimismo, refirió el Juez responsable que son de tomarse en consideración las inspecciones y procesamientos del lugar de los hechos y de la detención, pues con ellos se puede afirmar la existencia de los mismos, lo que permite brindar certidumbre periférica al dicho de la denunciante, al ubicarla en una circunstancia de lugar especifica donde se presenció el hecho criminoso y donde se realizó la detención material del ahora imputado. Lo anterior, aunado a que de la narrativa de los hechos no se desprende dato alguno que permita inferir que había alguien más dentro del predio donde ocurrieron los hechos, que pudiera crear confusión respecto a quién cometió la conducta denunciada. También señaló el Juez responsable que se cumplió con el plazo de cuarenta y ocho horas que el artículo 16, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el Ministerio Público pueda retener al indiciado y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Lo que este Juzgado Federal estima apegado a derecho, pues si los hechos fueron observados en su comisión por la denunciante el día ocho de enero de dos mil veinte, a partir de la cero una horas con cuarenta minutos, y que la detención ocurrió en la propia fecha a las dos horas con treinta minutos, solamente transcurrieron cincuenta minutos, lo que se estima justificado atendiendo a la mecánica de hechos referida. Posteriormente a la detención, los elementos aprehensores pusieron a disposición del Ministerio Público al ahora imputado a las cuatro horas con quince minutos del mismo día, esto es, ocho de enero del año en curso, transcurriendo una hora con cuarenta y cinco minutos, lo que se justifica tomando en consideración que se elaboró el informe policial homologado, la valoración médica realizada al detenido, entre otras actividades realizadas por dichos agentes; así, la representación social ratificó la detención a las cuatro horas con veinticinco minutos del mismo día, esto es, diez minutos después. Finalmente, el aquí quejoso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional cuarenta y cinco minutos antes de que feneciera el término de cuarenta y ocho horas previstas en el párrafo décimo del artículo 16 Constitucional, pues ello ocurrió a las tres horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil veinte. Razones las anteriores que ponen de manifiesto que no puede considerarse ilegal la determinación en análisis, ya que el Juez responsable valoró los datos narrados por la representación social según la información que tiene en la carpeta de investigación, y finalmente emitió su resolución declarando la legalidad de la detención; sin soslayar los plazos para que los elementos aprehensores pusieran a disposición al imputado ante la representación social. Por tanto, se considera correcta la determinación del Juez de Control responsable, pues atendió a la forma en que se desplegaron los hechos que dieron origen a la detención, los catalogó como aquellos que están contemplados en el artículo 146 fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, consistió en una privación de la libertad en flagrancia dado que sucedió inmediatamente después de cometer el ilícito, derivado del señalamiento hecho por la víctima. Sirve de sustento legal al caso, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia." En consecuencia, al haber resultado infundado el concepto de violación hecho valer, y no existir motivo manifiesto para suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo que establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que legalmente procede es negar al quejoso ALDEN CLINTON BUSH, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, por cuanto hace a este acto. SEXTO. Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, relacionados con el auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal 3/2020, como probable responsable del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, previsto y sancionado por los artículos 315, con relación al 313, párrafo segundo, y 316, párrafo primero, fracción IV, denunciado por V.C.E.N., en agravio de su hijo menor de edad de iniciales I.D.I.E. Mismo que se le atribuye en calidad de autor material directo de conformidad con la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que se vulneró en su perjuicio el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se justificaron los requisitos para el auto de vinculación a proceso, aunado a que no se acreditó su participación en los delitos imputados, pues no hay pruebas suficientes que así lo demuestren. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." . En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones del Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el diez de enero de dos mil veinte, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, a juicio de este resolutor constitucional, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que existe también, la probabilidad de que el imputado los cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de quince de julio de dos mil veinte, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado es la persona que aproximadamente a la una cuarenta de la madrugada del día ocho de enero de dos mil veinte, le impuso la cópula vía ano rectal a la víctima menor de edad de identidad reservada, mientras se encontraban en el interior del predio ubicado en la calle Veintisiete (27), número doscientos, letra "A" (200-A), por Noventa y Cuatro (94), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán, aprovechando que la progenitora del mismo, quien es su pareja sentimental, salió momentáneamente del mismo. Hechos que materializan el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, previsto y sancionado por los artículos 315, con relación al 313, párrafo segundo, y 316, párrafo primero, fracción IV del Código Penal del Estado , denunciado por V.C.E.N., en agravio de su hijo menor de edad de iniciales I.D.I.E. En efecto, para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: En primer término, la Fiscal puntualizó los elementos que conforman el delito, esto es: A) Que el sujeto activo con fines lascivos tenga cópula con el sujeto pasivo o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril. B) Que dicha conducta se ejecute en una persona menor de quince años de edad o persona privada de razón o sentido, que por enfermedad u otra causa no pudiera resistir. Refirió además la Fiscalía que el bien jurídico tutelado por la norma lo es el sano desarrollo psicosexual de las personas menores de edad, pues por dicha condición se amplía plenamente la protección del Estado restringiendo el ejercicio del derecho a consentir las relaciones sexuales. En ese sentido, señaló como datos de prueba, los siguientes: 1.- Informe policial homologado número 45293 de ocho de enero de dos mil veinte, suscrito por el elemento aprehensor Carlos Alberto Vázquez Jiménez, debidamente ratificado, en el que refiere que en la propia fecha, aproximadamente a las dos horas con cinco minutos, se encontraba parqueado con la unidad de número 2094 que se encuentra a su cargo, en la base denominada "Tambor", perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, sobre la calle Veintisiete, en el área conocida como "Playón", exactamente por la calle Noventa y Cuatro, de la colonia Juan Montalvo de dicha localidad. Señaló que se encontraba con los elementos a su cargo, policías terceros Kelvin Fernando de la Cruz González Lizama y Jesús Iván Cruz Landa, sin omitir señalar que la encargada de la base en la que se encontraban lo era Aida Fabiola Vargas González. Manifestó que se encontraba en la puerta cuando se acercó a él una persona del sexo femenino, visiblemente alterada, quien se identificó con su nombre de iniciales V.C.E.N., y señaló que aproximadamente a la primera hora de la madrugada con cuarenta minutos del referido día, al llegar a un predio que señaló como propiedad del imputado, pudo darse cuenta que la puerta de acceso principal estaba abierta, pero estaba cerrado el marco del miriñaque, por lo que tocó el marco de la puerta gritando hacia el interior el nombre del imputado para avisar que ya había llegado. Cuando trató de entrar se percató que también el marco del miriñaque estaba abierto por lo que ingresó al predio y se dirigió a una puerta que tenía la luz encendida, misma que provenía de un cuarto donde momentos antes había dejado a su hijo menor de edad, víctima directa en el presente asunto, donde logró observar que el imputado se estaba levantando de la cama semidesnudo, pues no tenía ropa interior, ya que sólo tenía puesto un sport de color negro y sobre el piso de la habitación se encontraba tirado un short de color negro. Seguidamente, se percató de que su menor hijo se encontraba acostado en la cama, en posición fetal, tembloroso y llorando, por lo que se acercó a él observando que tenía los ojos rojos y su short por debajo de las rodillas lo abrazó y comenzó a cuestionarle sobre lo ocurrido, preguntándole si el imputado le había hecho algo, a lo que éste contestó: "mamá, me duele" En ese momento, revisó al menor entre los glúteos y pudo observar que dicha zona se encontraba roja por lo que de inmediato cuestionó al imputado qué había ocurrido. Acto seguido, el menor le manifestó a su madre que se encontraba acostado en su cuarto cuando el imputado entró, por lo que se hizo el dormido y volteó su mirada, pero logró observar que el imputado se despojó de su short, logrando observar que su "pollo", estaba parado y estaba duro, señalando que se acostó a su lado y comenzó a acariciarle sus nalgas, luego le bajó su short dejándolo hasta las rodillas porque no tenía nada abajo, y es cuando se subió sobre él sintiendo que le untó algún líquido en sus nalgas, y luego sintió que metió su "pollo" dentro de sus nalgas por un buen rato porque le dolió mucho, sentía también que se movía un poquito; poco después se levantó de la cama y lo limpió con un papel, el cual colocó en un frasquito que se encontraba en una mesa al lado de la cama. En ese momento, el imputado empezó a decir que no era verdad, por lo que la madre del menor comenzó a golpearlo, logrando alcanzar su mejilla izquierda con su puño. Inmediatamente el elemento aprehensor procedió a levantar el acta de entrevista correspondiente, recabando la firma correspondiente. En ese momento la entrevistada se percató de que el imputado estaba saliendo del predio en comento, por lo que lo señaló ante el agente policiaco, siendo que éste logró percatarse de que la persona que salía del predio era una persona del sexo masculino, de tez blanca, quien portaba un short y un sport de color negro con dibujos en blanco; el cual, al salir del predio empezó a caminar rápidamente sobre la calle Veintisiete con dirección al cruce de la calle Noventa y Cuatro, de la colonia Juan Montalvo, de Progreso, Yucatán. Acto seguido, la denunciante manifestó que esa persona que señalaba era la persona que conocía con el nombre de Alden Clinton Bush y quien momentos antes había violado a su menor hijo, por lo que de inmediato los elementos policiacos, en compañía de la denunciante, abordaron la unidad dándole persecución al imputado, quien al darse cuenta de la presencia policiaca, estando en el cruce señalado intentó dar vuelta, sin embargo, el conductor logró darle alcance cerrándole el paso, obligándolo a detenerse, reiterando que las características físicas, así como la vestimenta, era coincidente al señalamiento previo realizado por la denunciante, quien realizó el señalamiento nuevamente. En ese momento, el elemento aprehensor se identificó como elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública, y solicitó al imputado sus generales, quien refirió llamarse Alden Clinton Bush, informándole que era necesario realizar una revisión en su persona, después de obtener su anuencia con el acta respectiva se percataron de que no llevaba objeto alguno consigo; posteriormente, siendo las dos horas con treinta minutos del referido día -ocho de enero de dos mil veinte- se le informó que derivado de las manifestaciones realizadas por la denunciante, así como el señalamiento directo realizado por la misma, se encontraba formalmente detenido por la posible comisión de un hecho delictuoso, procediendo a realizar la lectura de sus derechos, así como a hacerle en ese mismo momento de su conocimiento el derecho consular que le asiste. Seguidamente y una vez recabada la firma del detenido, el elemento aprehensor solicitó al policía que lo acompañaba de apellidos de la Cruz González Lizama que procediera a colocarle los ganchos de seguridad, lo abordara a la unidad y se quedara custodiándolo; acto seguido, condujo a la denunciante hasta donde se encontraban sus hijos menores de edad, informándole que era necesario que acudiera a realizar la denuncia correspondiente. Posteriormente, refiere el elemento aprehensor que se trasladó a la base "Tambor" a fin de solicitar a la encargada de la misma el apoyo necesario para resguardar el predio donde ocurrieron los hechos. Acto seguido, regresó hasta donde se encontraba el imputado, quien fue trasladado al patio de maniobras de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Progreso, a donde llegaron a las dos horas con cincuenta minutos del referido día; posteriormente, alrededor de las dos horas con cincuenta y cinco minutos se solicitó el apoyo del policía Leonel Abigael Zat Poor, para que realizara la llamada correspondiente al Instituto Nacional de Migración, sin que fuera atendida la llamada, levantando el acta correspondiente de dicha actuación. Siendo las tres horas del día señalado, se realizaron los certificados médicos del imputado, por el profesional Gilbardo Antonio Carrillo Ku y siendo las cuatro horas con diez minutos, una vez terminado el informe policial homologado, se procedió a su inmediata puesta a disposición ante la Agencia de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán. 2.- Acta de denuncia de la ciudadana de identidad reservada de iniciales V.C.E.N., progenitora del menor agraviado, en la que narró los hechos que hizo del conocimiento del elemento policiaco descritos en el informe policial homologado acabado de señalar. 3.- Acta de entrevista realizada al menor de edad de identidad reserva de iniciales I.D.I.E., en fecha ocho de enero de dos mil veinte, en la que acompañado de su madre y asistido de un psicólogo, refirió los hechos que sufrió, proporcionando las características de la persona que lo hizo y señalando que es a quien conoce como el novio de su madre de nombre Clinton. 4.- Declaración de la menor hija de la denunciante quien se condujo en los mismos términos que la declaración rendida por su progenitora de iniciales V.C.E.N. 5.- Examen proctológico de ocho de enero de dos mil veinte, realizado por el doctor Santos Alfonso Buendía Escalante, sobre la persona del sujeto pasivo en el que se pudo establecer que se trataba de una persona del sexo masculino, con aparentemente ocho años de edad, en el que se observaban pliegues interglúteos anales radiados parcialmente borrados en su circunferencia, presentando dos desgarros no cicatrizados de bordes infiltrados en las doce horas según las manecillas del reloj, presentando tono de esfínter anal disminuido, no observando secreciones, concluyendo dicho profesional que el menor de edad de iniciales I.D.I.E., efectivamente presenta huellas de penetración ano rectal reciente. 6.- Comparecencia de la denunciante ante la Agencia de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, con la que exhibió el acta de nacimiento número 152 suscrita por la Directora del Registro Civil del Estado, expedida el catorce de abril de dos mil quince, en Progreso, Yucatán, a favor del menor agraviado de iniciales I.D.I.E., de la que se desprende que su fecha de nacimiento lo es el veintiuno de octubre de dos mil once, con lo que refirió la Fiscalía, se tiene por plenamente acreditada la minoría de edad de la víctima directa. 7.- Diligencia realizada a las quince horas del ocho de enero de dos mil veinte, en la que la denunciante de iniciales V.C.E.N., acudió ante la autoridad ministerial y puso a su disposición la prenda de vestir que portaba su menor hijo el propio día de los hechos -ocho de enero de dos mil veinte-, esto es, un short estilo playero de diversos colores, con dibujos de flores; por lo que se procedió a embalar y etiquetar dicha prenda por el personal correspondiente, marcándolo como indicio número uno. 8.- Diligencia de inspección realizada por el profesional Eduardo Alberto García Marrufo, quien al dirigirse a la calle Veintisiete (27), entre Noventa y Cuatro (94) y Noventa y Seis (96), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán, pudo constatar que el lugar de los hechos se trataba de un predio, de una sola planta, sin nomenclatura a la vista, de color blanco, apreciándose en el costado Este del predio un tema marino, así como también una cochera; asimismo, observó que el predio se encontraba cerrado y el frente asegurado con una cinta amarilla, con la leyenda: ".Línea de policía, prohibido el paso". Asimismo, constató que hacia el Noreste de dicho predio se observa una caseta de policía perteneciente a la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, que se encuentra en la calle Veintisiete (27) y el andador que le pertenece al Malecón Internacional de Progreso, procediendo a medir la distancia que existe entre la casa y la caseta en comento, desde la pared hasta el punto final de la esquina externa del Este, haciendo un total de 24.20 metros. 9.- Comparecencia de Marco Mariano Vázquez Ortiz, ante la Agencia de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, el ocho de enero de dos mil veinte, quien refirió ser el legítimo propietario del predio en cuestión, acreditando su dicho con el testimonio de la escritura pública que contiene la adjudicación a título de herencia respecto del mismo, de doce de marzo de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público Número Once del Estado. Asimismo, refirió el compareciente que a finales de diciembre de dos mil diecinueve, el ahora imputado, quien es su conocido, le manifestó que estaba interesado en rentarle dicho predio, ya que su negocio se encontraba muy cerca, a lo que éste se negó pues se encontraba habitando la casa, pero ante la insistencia del imputado le prestó uno de los cuartos que se encuentran en la parte trasera del predio para que se quedara a dormir. 10.- Informe de procesamiento del lugar de intervención de nueve de enero de dos mil veinte, realizado, previa autorización del propietario del predio, por la profesional en materia de criminalística de campo Jaqueline Canto Cortés, quien al momento de apersonarse al predio en cuestión, pudo constatar que el mismo se encontraba acordonado y resguardado por elementos de la Policía Municipal; asimismo, que al momento de ingresar al predio las características del mismo eran coincidentes con lo señalado en las declaraciones de los menores y la denunciante; específicamente, la habitación en la que se encontraba una hamaca y una cama, siendo que logró recuperar los siguientes indicios:  Un fragmento de papel blanco, mismo que se aprecia doblado y pegado, que se encontraba en un cajón del buró de la habitación.  Botella de material sintético transparente con la etiqueta al frente "Mennen colonia para bebés", que en su interior contenía un líquido color amarillo que se encontraba sobre el buró.  Un rollo de papel color blanco, con fragmentos de papel que se apreciaban doblados.  Sábana de color blanco con rayas de color azul, con la leyenda "sábana plana matrimonial".  Recipiente de material sintético transparente con tapa de color azul, que en su interior contenía un fragmento de material sintético de color verde y un recipiente de color rojo, una caja de papel en color blanco y hierba seca. En ese sentido, con los datos de prueba relacionados, se acreditan el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, pues en el caso particular se genera la convicción de que siendo aproximadamente la primera hora de la madrugada con cuarenta minutos del día ocho de enero de dos mil veinte (tiempo), después de que el imputado, la denunciante de iniciales V.C.E.N., y los dos menores hijos de ésta, pasaran varias horas en un bar, se trasladaron al predio del primero de los nombrados, ubicado en la calle Veintisiete (27), número doscientos, letra "A" (200-A), por Noventa y Cuatro (94), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán (lugar), y una vez estando allí, el imputado refirió que había olvidado su celular en el establecimiento en el que se encontraban, siendo que la denunciante y su menor hija fueron a buscar dicho equipo de telefonía, dejando a su menor hijo durmiendo en una habitación; posteriormente, una vez que se retiraron, el imputado entró a la habitación en la que se encontraba durmiendo el menor, a quien le impuso la cópula vía ano rectal, valiéndose asimismo de la confianza depositada por la madre del menor con quien sostenía una relación sentimental (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado, cometió los hechos que se le imputan, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la víctima directa, así como el de la denunciante y su menor hija, quienes de manera coincidente señalaron que el día en el que ocurrieron los hechos, ocho de enero de dos mil veinte, se encontraban en compañía del ahora imputado en un bar donde comieron y pasaron algunas horas, para posteriormente trasladarse al predio del mismo a pasar la noche, sin embargo, la denunciante y su menor hija se vieron en la necesidad de abandonar el predio dejando al hijo menor de edad de la misma durmiendo en una de las habitaciones del predio, por lo que una vez habiéndose retirado éstas, el imputado entró a la habitación en cita y le impuso la cópula vía ano rectal al menor, siendo sorprendido por su progenitora semidesnudo junto a la cama donde éste se encontraba. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez de referencia. Ahora bien, en sus conceptos de violación aduce el quejoso que fueron trasgredidos los derechos fundamentales del ahora imputado, pues al ser de nacionalidad beliceña, el Juez responsable se encontraba obligado a corroborar que se le hubiere otorgado la asistencia consular, lo que refiere no ocurrió, pues no hay constancia alguna que acredite que dicho derecho le haya sido debidamente explicado para que, habiéndolo entendido a cabalidad, estuviera en aptitud de ejercerlo durante el proceso. Continúa manifestando que no pueden considerarse suficientes las actuaciones llevadas a cabo por la representación social y por el Juez responsable, pues este último no se cercioró de que el entonces defensor particular del imputado hablara el idioma inglés, o conociera los derechos especiales que le asisten por ser aquél de nacionalidad extranjera. Asimismo, refiere que cuando el Juez cuestionó a la Fiscalía respecto a la forma en que fue garantizado el derecho fundamental en cita, únicamente señaló que se le notificó al Instituto Nacional de Migración y a un cónsul honorario; sin embargo, no se especificó de qué nacionalidad era dicho cónsul o la fecha y hora en la que se llevó a cabo la notificación a la que se hizo referencia. Resultan infundados los motivos de inconformidad acabados de reseñar, pues de forma puntual la Fiscalía refirió que desde el momento de la detención, así como al momento de arribar a la Agencia de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, se hizo del conocimiento del imputado el derecho a la asistencia consular que lo asiste, siendo que éste se negó a hacer uso del mismo. No obstante ello, el propio ocho de enero de dos mil veinte, se giraron los oficios correspondientes, mismos que se recepcionaron por la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal en Yucatán, el segundo de ellos dirigido al cónsul honorario Mitchel Dutton, en los que se proporcionó la información correspondiente para que procedieran a realizar la asistencia consular. Posteriormente, en la audiencia de diez de enero del año en curso, el Juez responsable directamente le preguntó al imputado si tenía alguna duda respecto al derecho de asistencia consular que le asiste, a lo que contestó que no; asimismo, le cuestionó respecto a si le era necesaria dicha asistencia consular, a lo que de igual forma respondió en sentido negativo. Agregando el Juez que si más adelante dentro de la sustanciación del proceso requería el imputado de la asistencia consular señalada, podrá hacer la petición en la audiencia correspondiente o por escrito, directamente o por conducto de su defensa. De ahí que se tuvo por cumplido el derecho del imputado para requerir en caso de ser necesario la asistencia consular respectiva, en términos de lo que previene el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Lo anterior, se estima apegado a derecho, pues a más de que quedó acreditado que el imputado fue debidamente informado del derecho a la asistencia consular, y se llevaron a cabo las gestiones a fin de pudiera materializarse el mismo; ello, se encuentra corroborado por el dicho del propio imputado, pues en la parte final de la audiencia de diez de enero de dos mil veinte (minuto 12:49), se desprende que su entonces defensor particular realizó diversas peticiones al Juez responsable, entre ellas, la relativa a que se le hicieran llegar las instrucciones conducentes al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de que prestara las facilidades necesarias para proteger y salvaguardar la integridad física del imputado; ello, pues atendiendo a cierta información que le fue otorgada a éste por su consulado, tenía temor de que pudiera ser agredido precisamente por su nacionalidad. Solicitud que fue corroborada por el propio imputado, pues de viva voz le refirió al Juez responsable: ".la petición que pedí (sic) fue de parte de mi consulado, ahí fue que me dijeron que dijera eso.". En ese sentido, deviene incuestionable que no sólo el quejoso fue debidamente informado del derecho que le asiste, sino que efectivamente se llevó a cabo el contacto consular, pues así lo refirió expresamente ante el Juez responsable. Sin que puedan considerarse válidos los argumentos de la parte impetrante del amparo, en el sentido de que el derecho en cita se vio vulnerado toda vez que el Juez responsable no se percató de que su defensor particular hablara el idioma inglés o de que estuviera enterado de los derechos especiales que le asisten por ser aquél de nacionalidad extranjera; lo anterior, pues no existe precepto legal alguno que obligue a la autoridad jurisdiccional a corroborar tales extremos para tener por satisfecho el derecho fundamental en análisis que asiste a una persona de origen extranjero que sea detenida en este país. Se cita por ilustrativa, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página seiscientos ochenta y dos, Libro 31, junio de dos mil dieciséis, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ASISTENCIA CONSULAR. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE ENCUENTRA SUBORDINADO A LA VOLUNTAD DE LA PERSONA EXTRANJERA DETENIDA. El derecho al contacto consular está subordinado exclusivamente a la voluntad de la persona extranjera detenida, una vez que se le informa que tiene dicha prerrogativa, así como el derecho a la asistencia consular. El inciso b) del párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, señala que las autoridades encargadas de transmitir las comunicaciones de la persona extranjera detenida con la oficina consular de su país, sólo lo podrán hacer "si el interesado lo solicita". Este derecho está reconocido, asimismo, en el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone: "cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma: IV. [...] Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda [...]". Por lo tanto, la norma dispone que tras la detención de la persona extranjera, las autoridades deberán comunicarlo de inmediato a la oficina diplomática o consular que corresponda; sin embargo, debe entenderse que la disposición normativa se complementa con lo dispuesto en el inciso b), párrafo 1, del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y lo previsto en el numeral 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objeto de que la comunicación con la oficina consular del país de la persona extranjera detenida se realice, pero una vez que esta última haya sido notificada de su derecho al contacto y a la asistencia consular y haya expresado su voluntad para que se llevara a cabo dicha comunicación. En un diverso concepto de violación, refiere el quejoso que el Juez responsable dejó de analizar que el menor víctima del delito, jamás refirió en su entrevista de ocho de enero de dos mil veinte, que el directo quejoso efectivamente hubiera introducido su miembro viril en su ano, sino que únicamente refirió que lo metió "entre sus nalgas" lo que podría constituir otro delito, pero no violación equiparada; lo anterior, aunado a que no existen testigos que pudieran corroborar su dicho, pues ni la madre del menor ni los elementos aprehensores presenciaron los hechos que se le imputan. Circunstancias que refiere no fueron debidamente analizadas por la autoridad responsable, aunado a que la defensa desahogó dos datos de prueba de relevante importancia para desvirtuar dichos señalamientos, que tampoco fueron valorados por la responsable, esto es, la declaración libre y espontánea del imputado en la que negó categóricamente haber cometido el delito que se le imputa; así como la declaración del doctor William Adolfo Pantoja Ávila, en la que refirió que el dictamen proctológico ofrecido por la Fiscalía, no cumplió con los protocolos específicos para ese tipo de examen, lo que trajo como consecuencia que con los elementos que pudo obtener del mismo, no pudiera llegar a la conclusión de que efectivamente hubiere existido penetración ano rectal en la persona del menor. Devienen infundadas los referidos motivos de inconformidad, pues en el caso, se aprecia que el Juez responsable acertadamente estableció que se justificó el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, lo que determinó con base en el análisis lógico de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, como se verá a continuación. En efecto, a fin de tener por acreditado el primer elemento integrador del hecho delictivo, el Juez responsable fue puntual al referir que otorgó valor preponderante a la declaración de la víctima directa del delito que nos ocupa, la cual se encuentra debidamente corroborada con la denuncia realizada por la madre de la menor víctima, y el examen proctológico que se le practicó al referido menor, de los cuales pudo colegir de manera razonable que se acreditó la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Así, fue correcto que el Juez responsable tomara en consideración el dato de prueba consistente en la comparecencia del menor, porque no resulta un dato aislado, ni inverosímil, ya que se encuentra concatenada con el examen proctocológico que se le practicó, que refirió que el menor presentó datos de penetración ano rectal reciente. Además de que también se encuentra sustentado de manera indirecta, con la denuncia formulada por la madre de iniciales V.C.E.N., pues aun cuando a ella no les consta que el sujeto activo haya sigo quien lo agredió sexualmente, sí eran de tomarse en cuenta esas manifestaciones, ya que otorgan credibilidad a lo manifestado por el menor, pues a ella le consta que cuando abandonó el predio en compañía de su menor hija de identidad reservada a buscar el celular del ahora imputado, fue éste quien permaneció en el citado predio donde también se encontraba el menor, así como que al regresar, lo sorprendió semidesnudo en la habitación en la que se quedó durmiendo el mismo; manifestaciones que tomó en consideración ya que provienen de una persona mayor de edad, quien se trata de la madre del propia menor que presenció los hechos por sí y no por inducciones de terceras personas. Aunado a lo anterior, tal como adecuadamente refirió el Juez responsable, tratándose de los delitos de índole sexual, como en el caso nos ocupa, es menester señalar que por su naturaleza, los mismos se consuman generalmente en ausencia de testigos, de ahí que el señalamiento de la víctima, tal y como acontece en el presente asunto, debe considerarse un dato de prueba fundamental. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 436, con número de registro 1005814, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." De igual forma, la jurisprudencia XXI.1o. J/23, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito , cuyo rubro y texto señalan: "OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél." Lo que este Juzgado Federal estima ajustado a derecho, pues aun cuando el menor hubiere utilizado una terminología distinta a la palabra "penetración", o si bien no señaló expresamente que el ahora quejosa introdujo su miembro viril en su ano; lo cierto es que no es jurídicamente factible exigirle a un menor de edad la cronología de los hechos, o que exprese los mismos de una forma precisa, como se le exigiría a un adulto, pues precisamente, al tratarse de menores, su narrativa de los hechos puede ser desordenada, a partir de los recuerdos que le sean relevantes. Apoya la anterior consideración, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y siete, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2010615, de rubro y texto: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias". Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y nueve, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "MENORES VÍCTIMAS DEL DELITO. DIRECTRICES EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL, ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR. Es deber del juzgador penal orientar su actividad decisoria, procurando cumplir los objetivos del enjuiciamiento penal, con absoluto respeto no sólo de los derechos del imputado, sino también del infante como víctima del delito. En este sentido, la particular situación y condiciones no sólo biológicas sino también psicológicas del menor, así como el entorno y las circunstancias específicas del caso, exigirán la toma de medidas encaminadas a garantizar el pleno respeto de sus derechos con acciones concretas para hacer cesar o disminuir los efectos de la experiencia traumática, brindar al menor la atención médica y/o psicológica necesaria para superar esos eventos, evitar colocarlo en situaciones de riesgo, como sería una victimización secundaria, así como dar aviso a la autoridad investigadora cuando tenga conocimiento sobre la posible comisión de un delito distinto al que motive la causa penal o la participación de otra u otras personas en la comisión del que se investiga. De acuerdo con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los procedimientos judiciales en que intervengan menores como víctimas, deberán aplicarse las medidas suficientes con el fin de: a) reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, para lo cual deben participar personas capacitadas en el trato de menores de edad que logren establecer con mayor facilidad una comunicación efectiva con el infante. En virtud de lo anterior, contrario a lo señalado por la parte quejosa, y como correctamente refirió el Juez responsable, no fue aportado por la defensa del imputado dato alguno capaz de desvirtuar, por el momento, los datos de prueba ofrecidos por la representación social. Ello, pues de la declaración del médico William Adolfo Pantoja Ávila, perito de la defensa, se desprende que refirió que, a su consideración, el dictamen proctológico practicado por el perito de la Fiscalía Santos Alonso Buendía Escalante, adolecía de diversas irregularidades relativas a la forma en la que deben ser realizados los exámenes de dicha índole. Sin embargo, correctamente concluyó el Juez responsable, que en la declaración del mismo, en forma alguna se puso en tela de duda la existencia de las lesiones descritas en la persona del menor, o el lugar en el que fueron localizadas las mismas. Tan es así, que el referido experto Pantoja Ávila, a pregunta expresa de la representación social, manifestó que no contaba con los elementos suficientes para afirmar o negar la existencia de la penetración debido a defectos que refirió existían en el dictamen en comento. De ahí que acertadamente refirió el Juez responsable, aun cuando pudieran existir las deficiencias señaladas por el citado Pantoja Ávila, en el protocolo seguido por el perito adscrito a la representación social, ello no resulta suficiente, atendiendo al estado procesal en que se encuentra la investigación, para desvirtuar los datos de penetración ano rectal que obtuvo al realizar el examen al menor. Misma aseveración deberá realizarse respecto a la declaración del imputado, pues en la misma, éste se limitó a señalar que no había cometido la conducta que se le imputa, refiriendo que en el lapso en que la denunciante y su hija menor de edad abandonaron el predio a fin trasladarse al establecimiento en el que estuvieron previamente, lo único que era importante para él era localizar su celular, por lo que no tenía interés alguno en el menor que permaneció en el predio mientras ellas no se encontraban. Aunado a que en repetidas ocasiones, pero especialmente al responder la pregunta directa de la Fiscalía en el sentido de que especificara el imputado dónde se encontraba el menor víctima del delito en el momento en que su progenitora y su hermana salieron del predio en que ocurrieron los hechos, el imputado manifestó que se encontraba demasiado borracho para contestar dicho cuestionamiento, sin embargo, sí podía asegurar que el menor entró al predio cuando llegaron al mismo. De ahí que deviene incuestionable que dicha declaración en forma alguna puede considerarse suficiente para desvirtuar los datos de prueba aportados por la representación social y analizados por el Juez responsable para determinar que se justificó el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Cabe precisar que en la etapa procesal en que se encuentra la carpeta administrativa, para el acreditamiento del hecho delictuoso, sólo son exigibles datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para su comprobación, más no una prueba plena. Resulta oportuno recordar que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Datos de prueba que sólo serán útiles para evidenciar una verdad provisional, susceptible de ser desvirtuada o modificada durante el proceso penal, esto es, elementos que permitan evidenciar en grado de aproximación y no pleno, la existencia de un hecho delictuoso y la participación del imputado en su comisión, sobre todo porque la plenitud probatoria exclusivamente atiende a casos de sentencia. Por todo lo anterior, se estima que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que se estimen infundados los conceptos de violación que respecto al acto reclamado formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ALDEN CLINTON BUSH el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMO. Por otro lado, se procederá al análisis del diverso acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero de dos mil veinte, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Al respecto, es menester señalar que el artículo 19 de la Carta Magna , prevé la procedencia de medidas cautelares durante el proceso penal, con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; también en los supuestos en que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, previendo la prisión preventiva para los casos en los que el resto de las medidas cautelares resulten insuficientes para lograr el desarrollo normal del proceso y, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como por delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En tanto, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamentó los casos de procedencia y requisitos a cumplir para el dictado de medidas cautelares dentro del proceso penal, entre los que se encuentran los numerales 155, 156, 157, 159 y 168 del citado ordenamiento legal, en los que se establece: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código." "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales." De la interpretación de las disposiciones legales transcritas se obtiene, como regla general para la imposición de medidas cautelares, la observancia del principio de proporcionalidad, que se traduce en que la medida que al efecto se imponga debe ser idónea para el fin que se pretenda, sea para evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia o en los casos en que represente un riesgo para la víctima, los testigos o el normal desarrollo del proceso. En ese sentido, si lo que se pretende es evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, el juez de la causa debe tomar en cuenta el arraigo del indiciado en el lugar en que se celebrará el juicio, la importancia del daño a resarcir, el comportamiento del imputado durante la investigación y el proceso, debiendo también considerar la pena a imponer y la existencia de procesos pendientes contra el imputado de que se trate. En la especie, de la audiencia de diez de enero de dos mil veinte, se aprecia que al fallar sobre la imposición de las medidas cautelares, el Juez responsable tomó en cuenta las siguientes consideraciones expuestas por la fiscalía. a. Que el quejoso cometió en perjuicio de un menor de edad, un acto de índole sexual, como lo es el delito de violación equiparada agravada; b. Que con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debía imponer al quejoso la prisión preventiva oficiosa, al prever dichos dispositivos que el delito de violación merece la misma. Así las cosas, es dable considerar que la determinación del Juez de Control es respetuosa del principio de proporcionalidad y de mínima intervención a los que toda persona imputada tiene derecho; en virtud que, como correctamente lo consideró, se actualizaba la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, al establecer de manera probable, que el quejoso había cometido el delito de violación equiparada agravada. Por tanto, se estima jurídicamente correcto que el Juez responsable decretara al hoy quejoso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, pues la misma se encuentra ajustada a lo dispuesto por el referido artículo 19 Constitucional. En ese sentido, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ALDEN CLINTON BUSH el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados respecto al acto reclamado consistente en la audiencia de diez de marzo de dos mil veinte, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. OCTAVO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto de su defensor particular, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto de su defensor particular, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado sexto de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto de su defensor particular, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado séptimo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 232/2020-VI-A, promovido por ***, en su carácter de defensor particular de ***, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta Progreso, Yucatán, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el diez siguiente a este órgano de control constitucional, compareció ***, en su carácter de defensor particular de ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Progreso, Yucatán, como ordenadora, y en su carácter de ejecutora, al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de once de febrero de dos mil veinte, se registró la demanda de que se trata con el número 232/2020-VI-A; asimismo, se desechó la misma por lo que hace al acto reclamado consistente en la determinación de quince de enero de dos mil veinte, por la cual desechó diversos medios de prueba, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la resolución de diez de enero de dos mil veinte, por la cual calificó de legal la detención; el auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte; y, la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, en autos de la causa penal 3/2020, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, en su carácter de defensor particular de ALDEN CLINTON BUSH, fundamentalmente, en: a) La resolución de diez de enero de dos mil veinte, en la que se calificó de legal su detención. b) El auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal 3/2020, como probable responsable del delito VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA. c) La imposición de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, residente en Progreso, Yucatán y Director del Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio, lo que se corrobora con las constancias y los discos ópticos que adjuntó el primero de los nombrados a su informe, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que respecto del primero, resulta ser un documento expedido por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el segundo, constituye la videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que la contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Es infundado el concepto de violación aducido por el quejoso, con relación al acto reclamado que hizo consistir en la calificación de su detención realizada por el Juez responsable; razón por la cual debe negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En efecto, el peticionario del amparo señala que dicho acto es violatorio de sus derechos fundamentales porque no existió flagrancia delictiva que justificara su detención. Ahora bien, el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención [.]" Como se advierte del citado numeral, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales , desarrolla los supuestos en que se da la flagrancia, y del cual se advierte que se puede detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia y que ésta se presenta en dos supuestos: I. Cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, y II. Cuando la persona es detenida inmediatamente después de cometer un delito. Este último supuesto, a su vez puede presentarse en dos formas: a) la persona es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; y b) en las hipótesis siguientes: 1. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito; 2. Cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito; o 3. Cuando se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el hecho. Esta clasificación da origen a tres tipos de flagrancia, a saber: 1. Flagrancia pura, entendiéndose como aquella detención que se verifica al momento de estarse cometiendo el hecho delictivo. 2. Flagrancia por inmediata persecución, la que se origina cuando el sujeto activo es sorprendido al momento de cometer el hecho delictivo, pero no es detenido en ese momento por haber logrado escapar del lugar de los hechos, empero, es perseguido por cualquier persona que lo haya observado cometiendo el hecho imputado, es decir, después de cometerlo empieza su persecución y finalmente es detenido, y 3. Flagrancia por señalamiento, surge cuando el sujeto activo ya cometió el hecho delictivo y escapa del lugar de los hechos, sin ser perseguido de forma física, no obstante, es detenido inmediatamente después derivado de un señalamiento que realiza en su contra la víctima u ofendido, testigos o coimputados. A su vez, es de resaltar que este último tipo de flagrancia tiene dos posibles combinaciones, en atención a las circunstancias que dieron origen a la detención; la primera puede verificarse con el señalamiento y que al momento de la detención se encuentre en su rango de acción objetos o productos del delito, o bien, que además del señalamiento se cuente con información o indicios que hagan presumir que intervino en los hechos delictivos. Precisado lo anterior, también resulta trascendente destacar que el término inmediatamente que se emplea en esta última hipótesis de flagrancia, debe entenderse como el lapso comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en un periodo muy breve, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso. Tiene aplicación al caso, la tesis XXI.1o.5 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito , que dice: "FLAGRANTE DELITO. CONCEPTO DEL TÉRMINO "INMEDIATAMENTE", EN LA TERCERA HIPÓTESIS PREVISTA POR EL ARTÍCULO 69 REFORMADO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 16 de la Constitución Federal dispone que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por su parte, el precepto 69, vigente a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, establece que existe delito flagrante: a) cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito; b) cuando es detenida después de ejecutado pero es perseguida materialmente; o c) cuando es detenida inmediatamente después de haberlo cometido y alguien la señala y se encuentra en su poder el objeto del mismo o el instrumento con que aparezca cometido, o aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabilidad. Ahora bien, el término inmediatamente, que se emplea en esta última hipótesis de la existencia de delito flagrante, debe entenderse, como el lapso de tiempo comprendido entre el momento de la ejecución del delito y el momento de la detención (cuando no aconteció persecución material); lapso de tiempo que debe ser continuo y breve, que casi no haga necesaria la investigación, ya que la cercanía en el tiempo entre el momento en el que se comete el ilícito y el momento en que ocurre la detención, permiten a cualquier persona presumir, en base al señalamiento y a los hechos que tiene a la vista, que la persona que se detiene es la culpable. En otras palabras, en esta hipótesis, así como en las otras dos, por la cercanía entre ambos momentos, primero se detiene a la persona que se presume culpable y posteriormente el Ministerio Público inicia la averiguación, una vez que ha sido puesta a su disposición la persona detenida; atento a lo dispuesto por la segunda parte del segundo párrafo del citado artículo 69. Cabe observar, que no es factible definir el término "inmediatamente" en minutos, horas o incluso días, porque en cada caso en particular debe apreciarse en conciencia, el tiempo en que ocurrieron los hechos, el lugar y las circunstancias del caso." Ahora bien, del análisis de la resolución de diez de enero de dos mil veinte, se advierte que después de escuchar la exposición de la Fiscalía y las manifestaciones de la asesora jurídica de la víctima, el Juez responsable resolvió (11:00:45 horas), calificar de legal la detención del aquí quejoso, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución General de la República, párrafo séptimo, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectuada por los elementos de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, Carlos Alberto Vázquez Jiménez, Kelvin Fernando de la Cruz González Lizama y Jesús Iván Cruz Landa, a solicitud de la denuncia informal realizada por la denunciante de identidad reservada de iniciales V.C.E.N.. Ello con motivo de los hechos que la progenitora de la víctima, puso en conocimiento de los elementos aprehensores, que hizo consistir en que el ocho de enero de dos mil veinte, alrededor de la una hora con cuarenta minutos, retornó al lugar de los hechos, ubicado en la calle Veintisiete (27), número doscientos, letra "A" (200-A), por Noventa y Cuatro (94), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán, sitio en el cual había dejado de manera previa a uno de sus hijos en el interior de una de las recámaras de dicha vivienda y observó que la puerta principal estaba abierta, pero estaba cerrado el miriñaque, por lo que llamó al interior a fin de que le abrieran. No obstante ello, consiguió abrir por lo que ingresó al predio y se dirigió a la habitación en la que momentos antes había dejado a su hijo menor durmiendo, la cual tenía la luz prendida; al entrar detectó que el ahora imputado, se bajó rápidamente de la cama y se encontraba semidesnudo, de la cintura para abajo, pues solamente portaba un sport de color oscuro. En la referida cama se encontraba su hijo menor de edad, el cual tenía el short que vestía bajado hasta las rodillas, y cuando se aproximó a él le dijo: "me duele"; acto seguido, al revisar al menor, detectó que entre sus glúteos se encontraba una zona enrojecida, por lo que le reclamó al ahora imputado, incluso dándole golpes en el rostro. Inmediatamente después le preguntó a su menor hijo lo que había pasado, a lo que respondió que momentos antes, se percató de que el imputado entró a la habitación en la que se encontraba, pero fingió estar dormido, que dicho sujeto le bajó el short hasta las rodillas y luego se subió sobre él y lo penetró con su miembro viril, también advirtió el menor que momentos antes de ser sometido a ese acto, el sujeto se quitó la ropa que tenía de la cintura para abajo, pudiendo percibir que su miembro viril estaba parado y duro. Luego de penetrarlo, refirió el menor que el ahora imputado se movía lentamente y gritó porque le dolía, momentos después sintió un líquido, que dicho sujeto le limpió con un fragmento de tela que dejó cerca de la cama. Al enterarse de todo lo anterior, la denunciante salió con sus dos hijos de dicha vivienda, dejándolos en el área de la terraza frontal del predio en cita, dirigiéndose a la caseta de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, de Progreso, Yucatán que se encontraba a poca distancia del referido predio para pedir el apoyo de los elementos policiacos. Mientras la madre del menor enteraba a los policías de lo ocurrido, pudieron observar que el sujeto activo salía de la vivienda y pretendía alejarse caminando rápidamente sobre una de las calles cercanas, por lo que la denunciante le indicó a los policías que era esa la persona que momentos antes había violado a su hijo, por lo que los elementos abordaron la unidad 2094, solicitándole que los acompañara, y procedieron a darle seguimiento al sujeto de que se trata, dándole alcance metros adelante. Al cerrarle el paso, nuevamente la denunciante lo señaló como la persona que había violado a su hijo, por lo que los agentes procedieron a hacer una retención inicial, indicándole la necesidad de realizar una inspección de su persona. Señalaron además los agentes que la descripción física y de vestimenta de dicho sujeto, coincidía a plenitud con la descrita previamente por la denunciante; ante tales circunstancias, procedieron a realizar la detención de dicha persona, previo señalamiento de la denunciante en este asunto. Esto es, tal como lo precisó la responsable, el aquí quejoso fue detenido inmediatamente después del señalamiento que realizó en su contra la víctima, catalogándose esta detención, como una flagrancia por señalamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, pues la denunciante acudió a solicitar el apoyo de los elementos policiacos inmediatamente después de descubrir que el imputado se encontraba en la cama con su menor hijo, siendo que el único momento que medió entre las dos acciones, esto es, el descubrimiento y la denuncia informal, lo fue el lapso en el que el menor narraba a su progenitora los hechos acabados de acontecer. Momento preciso en el que lograron observar al imputado saliendo del predio por lo que la progenitora del menor indicó a los elementos aprehensores que se trataba de la persona que cometió la conducta denunciada. Circunstancias que se tuvieron por acreditadas con el informe policial homologado rendido por el oficial de la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, Carlos Alberto Vázquez Jiménez, corroborado con el diverso informe rendido por los elementos policíacos González Lizama y Vargas González; con la entrevista realizada a la madre de la víctima de iniciales V.C.E.N.; y a su hija menor de edad, así como el señalamiento realizado por el menor agraviado I.D.I.E., de la persona que ocasionó el hecho. Asimismo, refirió el Juez responsable que son de tomarse en consideración las inspecciones y procesamientos del lugar de los hechos y de la detención, pues con ellos se puede afirmar la existencia de los mismos, lo que permite brindar certidumbre periférica al dicho de la denunciante, al ubicarla en una circunstancia de lugar especifica donde se presenció el hecho criminoso y donde se realizó la detención material del ahora imputado. Lo anterior, aunado a que de la narrativa de los hechos no se desprende dato alguno que permita inferir que había alguien más dentro del predio donde ocurrieron los hechos, que pudiera crear confusión respecto a quién cometió la conducta denunciada. También señaló el Juez responsable que se cumplió con el plazo de cuarenta y ocho horas que el artículo 16, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el Ministerio Público pueda retener al indiciado y ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Lo que este Juzgado Federal estima apegado a derecho, pues si los hechos fueron observados en su comisión por la denunciante el día ocho de enero de dos mil veinte, a partir de la cero una horas con cuarenta minutos, y que la detención ocurrió en la propia fecha a las dos horas con treinta minutos, solamente transcurrieron cincuenta minutos, lo que se estima justificado atendiendo a la mecánica de hechos referida. Posteriormente a la detención, los elementos aprehensores pusieron a disposición del Ministerio Público al ahora imputado a las cuatro horas con quince minutos del mismo día, esto es, ocho de enero del año en curso, transcurriendo una hora con cuarenta y cinco minutos, lo que se justifica tomando en consideración que se elaboró el informe policial homologado, la valoración médica realizada al detenido, entre otras actividades realizadas por dichos agentes; así, la representación social ratificó la detención a las cuatro horas con veinticinco minutos del mismo día, esto es, diez minutos después. Finalmente, el aquí quejoso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional cuarenta y cinco minutos antes de que feneciera el término de cuarenta y ocho horas previstas en el párrafo décimo del artículo 16 Constitucional, pues ello ocurrió a las tres horas con treinta minutos del diez de enero de dos mil veinte. Razones las anteriores que ponen de manifiesto que no puede considerarse ilegal la determinación en análisis, ya que el Juez responsable valoró los datos narrados por la representación social según la información que tiene en la carpeta de investigación, y finalmente emitió su resolución declarando la legalidad de la detención; sin soslayar los plazos para que los elementos aprehensores pusieran a disposición al imputado ante la representación social. Por tanto, se considera correcta la determinación del Juez de Control responsable, pues atendió a la forma en que se desplegaron los hechos que dieron origen a la detención, los catalogó como aquellos que están contemplados en el artículo 146 fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, consistió en una privación de la libertad en flagrancia dado que sucedió inmediatamente después de cometer el ilícito, derivado del señalamiento hecho por la víctima. Sirve de sustento legal al caso, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el procedimiento que debe seguirse para efectuar una detención cuando la autoridad tiene conocimiento por medio de una denuncia informal sobre un delito cometido en flagrancia; y para que aquélla pueda ser válida (por guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía) tiene que ceñirse al concepto constitucional estricto de flagrancia, es decir, debe actualizarse alguno de los supuestos siguientes: 1. La autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se comete en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; o, 2. La autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito. Ahora bien, tratándose de la detención en flagrancia en el supuesto de denuncia informal (aquella que no se rinde ante el Ministerio Público en las condiciones de regularidad formal que deben operar ordinariamente), al evaluar la validez constitucional, el juez debe ponderar si la autoridad aprehensora contaba con datos suficientes que le permitieran identificar con certeza a la persona acusada y evaluar el margen de error que pudo haberse producido tomando como base la exactitud y la precisión de los datos aportados en la denuncia." En consecuencia, al haber resultado infundado el concepto de violación hecho valer, y no existir motivo manifiesto para suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo que establece el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que legalmente procede es negar al quejoso ALDEN CLINTON BUSH, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, por cuanto hace a este acto. SEXTO. Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, relacionados con el auto de vinculación a proceso de quince de enero de dos mil veinte, dictado en su contra en la causa penal 3/2020, como probable responsable del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, previsto y sancionado por los artículos 315, con relación al 313, párrafo segundo, y 316, párrafo primero, fracción IV, denunciado por V.C.E.N., en agravio de su hijo menor de edad de iniciales I.D.I.E. Mismo que se le atribuye en calidad de autor material directo de conformidad con la fracción I del artículo 15 del Código Penal del Estado. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que se vulneró en su perjuicio el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se justificaron los requisitos para el auto de vinculación a proceso, aunado a que no se acreditó su participación en los delitos imputados, pues no hay pruebas suficientes que así lo demuestren. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aun y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicado en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160331, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." . En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte el solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones del Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos devienen infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó el Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el diez de enero de dos mil veinte, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales del imputado, aquí quejoso, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, a juicio de este resolutor constitucional, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, permiten establecer que tal como lo consideró el Juez responsable, se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que existe también, la probabilidad de que el imputado los cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de quince de julio de dos mil veinte, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que el imputado es la persona que aproximadamente a la una cuarenta de la madrugada del día ocho de enero de dos mil veinte, le impuso la cópula vía ano rectal a la víctima menor de edad de identidad reservada, mientras se encontraban en el interior del predio ubicado en la calle Veintisiete (27), número doscientos, letra "A" (200-A), por Noventa y Cuatro (94), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán, aprovechando que la progenitora del mismo, quien es su pareja sentimental, salió momentáneamente del mismo. Hechos que materializan el delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, previsto y sancionado por los artículos 315, con relación al 313, párrafo segundo, y 316, párrafo primero, fracción IV del Código Penal del Estado , denunciado por V.C.E.N., en agravio de su hijo menor de edad de iniciales I.D.I.E. En efecto, para llegar a esa conclusión, el Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: En primer término, la Fiscal puntualizó los elementos que conforman el delito, esto es: A) Que el sujeto activo con fines lascivos tenga cópula con el sujeto pasivo o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril. B) Que dicha conducta se ejecute en una persona menor de quince años de edad o persona privada de razón o sentido, que por enfermedad u otra causa no pudiera resistir. Refirió además la Fiscalía que el bien jurídico tutelado por la norma lo es el sano desarrollo psicosexual de las personas menores de edad, pues por dicha condición se amplía plenamente la protección del Estado restringiendo el ejercicio del derecho a consentir las relaciones sexuales. En ese sentido, señaló como datos de prueba, los siguientes: 1.- Informe policial homologado número 45293 de ocho de enero de dos mil veinte, suscrito por el elemento aprehensor Carlos Alberto Vázquez Jiménez, debidamente ratificado, en el que refiere que en la propia fecha, aproximadamente a las dos horas con cinco minutos, se encontraba parqueado con la unidad de número 2094 que se encuentra a su cargo, en la base denominada "Tambor", perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, Yucatán, sobre la calle Veintisiete, en el área conocida como "Playón", exactamente por la calle Noventa y Cuatro, de la colonia Juan Montalvo de dicha localidad. Señaló que se encontraba con los elementos a su cargo, policías terceros Kelvin Fernando de la Cruz González Lizama y Jesús Iván Cruz Landa, sin omitir señalar que la encargada de la base en la que se encontraban lo era Aida Fabiola Vargas González. Manifestó que se encontraba en la puerta cuando se acercó a él una persona del sexo femenino, visiblemente alterada, quien se identificó con su nombre de iniciales V.C.E.N., y señaló que aproximadamente a la primera hora de la madrugada con cuarenta minutos del referido día, al llegar a un predio que señaló como propiedad del imputado, pudo darse cuenta que la puerta de acceso principal estaba abierta, pero estaba cerrado el marco del miriñaque, por lo que tocó el marco de la puerta gritando hacia el interior el nombre del imputado para avisar que ya había llegado. Cuando trató de entrar se percató que también el marco del miriñaque estaba abierto por lo que ingresó al predio y se dirigió a una puerta que tenía la luz encendida, misma que provenía de un cuarto donde momentos antes había dejado a su hijo menor de edad, víctima directa en el presente asunto, donde logró observar que el imputado se estaba levantando de la cama semidesnudo, pues no tenía ropa interior, ya que sólo tenía puesto un sport de color negro y sobre el piso de la habitación se encontraba tirado un short de color negro. Seguidamente, se percató de que su menor hijo se encontraba acostado en la cama, en posición fetal, tembloroso y llorando, por lo que se acercó a él observando que tenía los ojos rojos y su short por debajo de las rodillas lo abrazó y comenzó a cuestionarle sobre lo ocurrido, preguntándole si el imputado le había hecho algo, a lo que éste contestó: "mamá, me duele" En ese momento, revisó al menor entre los glúteos y pudo observar que dicha zona se encontraba roja por lo que de inmediato cuestionó al imputado qué había ocurrido. Acto seguido, el menor le manifestó a su madre que se encontraba acostado en su cuarto cuando el imputado entró, por lo que se hizo el dormido y volteó su mirada, pero logró observar que el imputado se despojó de su short, logrando observar que su "pollo", estaba parado y estaba duro, señalando que se acostó a su lado y comenzó a acariciarle sus nalgas, luego le bajó su short dejándolo hasta las rodillas porque no tenía nada abajo, y es cuando se subió sobre él sintiendo que le untó algún líquido en sus nalgas, y luego sintió que metió su "pollo" dentro de sus nalgas por un buen rato porque le dolió mucho, sentía también que se movía un poquito; poco después se levantó de la cama y lo limpió con un papel, el cual colocó en un frasquito que se encontraba en una mesa al lado de la cama. En ese momento, el imputado empezó a decir que no era verdad, por lo que la madre del menor comenzó a golpearlo, logrando alcanzar su mejilla izquierda con su puño. Inmediatamente el elemento aprehensor procedió a levantar el acta de entrevista correspondiente, recabando la firma correspondiente. En ese momento la entrevistada se percató de que el imputado estaba saliendo del predio en comento, por lo que lo señaló ante el agente policiaco, siendo que éste logró percatarse de que la persona que salía del predio era una persona del sexo masculino, de tez blanca, quien portaba un short y un sport de color negro con dibujos en blanco; el cual, al salir del predio empezó a caminar rápidamente sobre la calle Veintisiete con dirección al cruce de la calle Noventa y Cuatro, de la colonia Juan Montalvo, de Progreso, Yucatán. Acto seguido, la denunciante manifestó que esa persona que señalaba era la persona que conocía con el nombre de Alden Clinton Bush y quien momentos antes había violado a su menor hijo, por lo que de inmediato los elementos policiacos, en compañía de la denunciante, abordaron la unidad dándole persecución al imputado, quien al darse cuenta de la presencia policiaca, estando en el cruce señalado intentó dar vuelta, sin embargo, el conductor logró darle alcance cerrándole el paso, obligándolo a detenerse, reiterando que las características físicas, así como la vestimenta, era coincidente al señalamiento previo realizado por la denunciante, quien realizó el señalamiento nuevamente. En ese momento, el elemento aprehensor se identificó como elemento activo de la Secretaría de Seguridad Pública, y solicitó al imputado sus generales, quien refirió llamarse Alden Clinton Bush, informándole que era necesario realizar una revisión en su persona, después de obtener su anuencia con el acta respectiva se percataron de que no llevaba objeto alguno consigo; posteriormente, siendo las dos horas con treinta minutos del referido día -ocho de enero de dos mil veinte- se le informó que derivado de las manifestaciones realizadas por la denunciante, así como el señalamiento directo realizado por la misma, se encontraba formalmente detenido por la posible comisión de un hecho delictuoso, procediendo a realizar la lectura de sus derechos, así como a hacerle en ese mismo momento de su conocimiento el derecho consular que le asiste. Seguidamente y una vez recabada la firma del detenido, el elemento aprehensor solicitó al policía que lo acompañaba de apellidos de la Cruz González Lizama que procediera a colocarle los ganchos de seguridad, lo abordara a la unidad y se quedara custodiándolo; acto seguido, condujo a la denunciante hasta donde se encontraban sus hijos menores de edad, informándole que era necesario que acudiera a realizar la denuncia correspondiente. Posteriormente, refiere el elemento aprehensor que se trasladó a la base "Tambor" a fin de solicitar a la encargada de la misma el apoyo necesario para resguardar el predio donde ocurrieron los hechos. Acto seguido, regresó hasta donde se encontraba el imputado, quien fue trasladado al patio de maniobras de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Progreso, a donde llegaron a las dos horas con cincuenta minutos del referido día; posteriormente, alrededor de las dos horas con cincuenta y cinco minutos se solicitó el apoyo del policía Leonel Abigael Zat Poor, para que realizara la llamada correspondiente al Instituto Nacional de Migración, sin que fuera atendida la llamada, levantando el acta correspondiente de dicha actuación. Siendo las tres horas del día señalado, se realizaron los certificados médicos del imputado, por el profesional Gilbardo Antonio Carrillo Ku y siendo las cuatro horas con diez minutos, una vez terminado el informe policial homologado, se procedió a su inmediata puesta a disposición ante la Agencia de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán. 2.- Acta de denuncia de la ciudadana de identidad reservada de iniciales V.C.E.N., progenitora del menor agraviado, en la que narró los hechos que hizo del conocimiento del elemento policiaco descritos en el informe policial homologado acabado de señalar. 3.- Acta de entrevista realizada al menor de edad de identidad reserva de iniciales I.D.I.E., en fecha ocho de enero de dos mil veinte, en la que acompañado de su madre y asistido de un psicólogo, refirió los hechos que sufrió, proporcionando las características de la persona que lo hizo y señalando que es a quien conoce como el novio de su madre de nombre Clinton. 4.- Declaración de la menor hija de la denunciante quien se condujo en los mismos términos que la declaración rendida por su progenitora de iniciales V.C.E.N. 5.- Examen proctológico de ocho de enero de dos mil veinte, realizado por el doctor Santos Alfonso Buendía Escalante, sobre la persona del sujeto pasivo en el que se pudo establecer que se trataba de una persona del sexo masculino, con aparentemente ocho años de edad, en el que se observaban pliegues interglúteos anales radiados parcialmente borrados en su circunferencia, presentando dos desgarros no cicatrizados de bordes infiltrados en las doce horas según las manecillas del reloj, presentando tono de esfínter anal disminuido, no observando secreciones, concluyendo dicho profesional que el menor de edad de iniciales I.D.I.E., efectivamente presenta huellas de penetración ano rectal reciente. 6.- Comparecencia de la denunciante ante la Agencia de Investigación y Litigación con sede en Progreso, Yucatán, con la que exhibió el acta de nacimiento número 152 suscrita por la Directora del Registro Civil del Estado, expedida el catorce de abril de dos mil quince, en Progreso, Yucatán, a favor del menor agraviado de iniciales I.D.I.E., de la que se desprende que su fecha de nacimiento lo es el veintiuno de octubre de dos mil once, con lo que refirió la Fiscalía, se tiene por plenamente acreditada la minoría de edad de la víctima directa. 7.- Diligencia realizada a las quince horas del ocho de enero de dos mil veinte, en la que la denunciante de iniciales V.C.E.N., acudió ante la autoridad ministerial y puso a su disposición la prenda de vestir que portaba su menor hijo el propio día de los hechos -ocho de enero de dos mil veinte-, esto es, un short estilo playero de diversos colores, con dibujos de flores; por lo que se procedió a embalar y etiquetar dicha prenda por el personal correspondiente, marcándolo como indicio número uno. 8.- Diligencia de inspección realizada por el profesional Eduardo Alberto García Marrufo, quien al dirigirse a la calle Veintisiete (27), entre Noventa y Cuatro (94) y Noventa y Seis (96), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán, pudo constatar que el lugar de los hechos se trataba de un predio, de una sola planta, sin nomenclatura a la vista, de color blanco, apreciándose en el costado Este del predio un tema marino, así como también una cochera; asimismo, observó que el predio se encontraba cerrado y el frente asegurado con una cinta amarilla, con la leyenda: ".Línea de policía, prohibido el paso". Asimismo, constató que hacia el Noreste de dicho predio se observa una caseta de policía perteneciente a la Policía Municipal de Progreso, Yucatán, que se encuentra en la calle Veintisiete (27) y el andador que le pertenece al Malecón Internacional de Progreso, procediendo a medir la distancia que existe entre la casa y la caseta en comento, desde la pared hasta el punto final de la esquina externa del Este, haciendo un total de 24.20 metros. 9.- Comparecencia de Marco Mariano Vázquez Ortiz, ante la Agencia de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, el ocho de enero de dos mil veinte, quien refirió ser el legítimo propietario del predio en cuestión, acreditando su dicho con el testimonio de la escritura pública que contiene la adjudicación a título de herencia respecto del mismo, de doce de marzo de dos mil doce, pasada ante la fe del Notario Público Número Once del Estado. Asimismo, refirió el compareciente que a finales de diciembre de dos mil diecinueve, el ahora imputado, quien es su conocido, le manifestó que estaba interesado en rentarle dicho predio, ya que su negocio se encontraba muy cerca, a lo que éste se negó pues se encontraba habitando la casa, pero ante la insistencia del imputado le prestó uno de los cuartos que se encuentran en la parte trasera del predio para que se quedara a dormir. 10.- Informe de procesamiento del lugar de intervención de nueve de enero de dos mil veinte, realizado, previa autorización del propietario del predio, por la profesional en materia de criminalística de campo Jaqueline Canto Cortés, quien al momento de apersonarse al predio en cuestión, pudo constatar que el mismo se encontraba acordonado y resguardado por elementos de la Policía Municipal; asimismo, que al momento de ingresar al predio las características del mismo eran coincidentes con lo señalado en las declaraciones de los menores y la denunciante; específicamente, la habitación en la que se encontraba una hamaca y una cama, siendo que logró recuperar los siguientes indicios:  Un fragmento de papel blanco, mismo que se aprecia doblado y pegado, que se encontraba en un cajón del buró de la habitación.  Botella de material sintético transparente con la etiqueta al frente "Mennen colonia para bebés", que en su interior contenía un líquido color amarillo que se encontraba sobre el buró.  Un rollo de papel color blanco, con fragmentos de papel que se apreciaban doblados.  Sábana de color blanco con rayas de color azul, con la leyenda "sábana plana matrimonial".  Recipiente de material sintético transparente con tapa de color azul, que en su interior contenía un fragmento de material sintético de color verde y un recipiente de color rojo, una caja de papel en color blanco y hierba seca. En ese sentido, con los datos de prueba relacionados, se acreditan el hecho que la ley señala como ilícito, esto es, VIOLACIÓN EQUIPARADA AGRAVADA, pues en el caso particular se genera la convicción de que siendo aproximadamente la primera hora de la madrugada con cuarenta minutos del día ocho de enero de dos mil veinte (tiempo), después de que el imputado, la denunciante de iniciales V.C.E.N., y los dos menores hijos de ésta, pasaran varias horas en un bar, se trasladaron al predio del primero de los nombrados, ubicado en la calle Veintisiete (27), número doscientos, letra "A" (200-A), por Noventa y Cuatro (94), de la colonia Juan Montalvo, en Progreso, Yucatán (lugar), y una vez estando allí, el imputado refirió que había olvidado su celular en el establecimiento en el que se encontraban, siendo que la denunciante y su menor hija fueron a buscar dicho equipo de telefonía, dejando a su menor hijo durmiendo en una habitación; posteriormente, una vez que se retiraron, el imputado entró a la habitación en la que se encontraba durmiendo el menor, a quien le impuso la cópula vía ano rectal, valiéndose asimismo de la confianza depositada por la madre del menor con quien sostenía una relación sentimental (circunstancias de ejecución). Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación de la parte promovente, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado, cometió los hechos que se le imputan, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la víctima directa, así como el de la denunciante y su menor hija, quienes de manera coincidente señalaron que el día en el que ocurrieron los hechos, ocho de enero de dos mil veinte, se encontraban en compañía del ahora imputado en un bar donde comieron y pasaron algunas horas, para posteriormente trasladarse al predio del mismo a pasar la noche, sin embargo, la denunciante y su menor hija se vieron en la necesidad de abandonar el predio dejando al hijo menor de edad de la misma durmiendo en una de las habitaciones del predio, por lo que una vez habiéndose retirado éstas, el imputado entró a la habitación en cita y le impuso la cópula vía ano rectal al menor, siendo sorprendido por su progenitora semidesnudo junto a la cama donde éste se encontraba. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifican los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez de referencia. Ahora bien, en sus conceptos de violación aduce el quejoso que fueron trasgredidos los derechos fundamentales del ahora imputado, pues al ser de nacionalidad beliceña, el Juez responsable se encontraba obligado a corroborar que se le hubiere otorgado la asistencia consular, lo que refiere no ocurrió, pues no hay constancia alguna que acredite que dicho derecho le haya sido debidamente explicado para que, habiéndolo entendido a cabalidad, estuviera en aptitud de ejercerlo durante el proceso. Continúa manifestando que no pueden considerarse suficientes las actuaciones llevadas a cabo por la representación social y por el Juez responsable, pues este último no se cercioró de que el entonces defensor particular del imputado hablara el idioma inglés, o conociera los derechos especiales que le asisten por ser aquél de nacionalidad extranjera. Asimismo, refiere que cuando el Juez cuestionó a la Fiscalía respecto a la forma en que fue garantizado el derecho fundamental en cita, únicamente señaló que se le notificó al Instituto Nacional de Migración y a un cónsul honorario; sin embargo, no se especificó de qué nacionalidad era dicho cónsul o la fecha y hora en la que se llevó a cabo la notificación a la que se hizo referencia. Resultan infundados los motivos de inconformidad acabados de reseñar, pues de forma puntual la Fiscalía refirió que desde el momento de la detención, así como al momento de arribar a la Agencia de Investigación y Litigación, con sede en Progreso, Yucatán, se hizo del conocimiento del imputado el derecho a la asistencia consular que lo asiste, siendo que éste se negó a hacer uso del mismo. No obstante ello, el propio ocho de enero de dos mil veinte, se giraron los oficios correspondientes, mismos que se recepcionaron por la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal en Yucatán, el segundo de ellos dirigido al cónsul honorario Mitchel Dutton, en los que se proporcionó la información correspondiente para que procedieran a realizar la asistencia consular. Posteriormente, en la audiencia de diez de enero del año en curso, el Juez responsable directamente le preguntó al imputado si tenía alguna duda respecto al derecho de asistencia consular que le asiste, a lo que contestó que no; asimismo, le cuestionó respecto a si le era necesaria dicha asistencia consular, a lo que de igual forma respondió en sentido negativo. Agregando el Juez que si más adelante dentro de la sustanciación del proceso requería el imputado de la asistencia consular señalada, podrá hacer la petición en la audiencia correspondiente o por escrito, directamente o por conducto de su defensa. De ahí que se tuvo por cumplido el derecho del imputado para requerir en caso de ser necesario la asistencia consular respectiva, en términos de lo que previene el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Lo anterior, se estima apegado a derecho, pues a más de que quedó acreditado que el imputado fue debidamente informado del derecho a la asistencia consular, y se llevaron a cabo las gestiones a fin de pudiera materializarse el mismo; ello, se encuentra corroborado por el dicho del propio imputado, pues en la parte final de la audiencia de diez de enero de dos mil veinte (minuto 12:49), se desprende que su entonces defensor particular realizó diversas peticiones al Juez responsable, entre ellas, la relativa a que se le hicieran llegar las instrucciones conducentes al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, a fin de que prestara las facilidades necesarias para proteger y salvaguardar la integridad física del imputado; ello, pues atendiendo a cierta información que le fue otorgada a éste por su consulado, tenía temor de que pudiera ser agredido precisamente por su nacionalidad. Solicitud que fue corroborada por el propio imputado, pues de viva voz le refirió al Juez responsable: ".la petición que pedí (sic) fue de parte de mi consulado, ahí fue que me dijeron que dijera eso.". En ese sentido, deviene incuestionable que no sólo el quejoso fue debidamente informado del derecho que le asiste, sino que efectivamente se llevó a cabo el contacto consular, pues así lo refirió expresamente ante el Juez responsable. Sin que puedan considerarse válidos los argumentos de la parte impetrante del amparo, en el sentido de que el derecho en cita se vio vulnerado toda vez que el Juez responsable no se percató de que su defensor particular hablara el idioma inglés o de que estuviera enterado de los derechos especiales que le asisten por ser aquél de nacionalidad extranjera; lo anterior, pues no existe precepto legal alguno que obligue a la autoridad jurisdiccional a corroborar tales extremos para tener por satisfecho el derecho fundamental en análisis que asiste a una persona de origen extranjero que sea detenida en este país. Se cita por ilustrativa, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página seiscientos ochenta y dos, Libro 31, junio de dos mil dieciséis, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ASISTENCIA CONSULAR. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL SE ENCUENTRA SUBORDINADO A LA VOLUNTAD DE LA PERSONA EXTRANJERA DETENIDA. El derecho al contacto consular está subordinado exclusivamente a la voluntad de la persona extranjera detenida, una vez que se le informa que tiene dicha prerrogativa, así como el derecho a la asistencia consular. El inciso b) del párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, señala que las autoridades encargadas de transmitir las comunicaciones de la persona extranjera detenida con la oficina consular de su país, sólo lo podrán hacer "si el interesado lo solicita". Este derecho está reconocido, asimismo, en el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, que dispone: "cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma: IV. [...] Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda [...]". Por lo tanto, la norma dispone que tras la detención de la persona extranjera, las autoridades deberán comunicarlo de inmediato a la oficina diplomática o consular que corresponda; sin embargo, debe entenderse que la disposición normativa se complementa con lo dispuesto en el inciso b), párrafo 1, del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y lo previsto en el numeral 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objeto de que la comunicación con la oficina consular del país de la persona extranjera detenida se realice, pero una vez que esta última haya sido notificada de su derecho al contacto y a la asistencia consular y haya expresado su voluntad para que se llevara a cabo dicha comunicación. En un diverso concepto de violación, refiere el quejoso que el Juez responsable dejó de analizar que el menor víctima del delito, jamás refirió en su entrevista de ocho de enero de dos mil veinte, que el directo quejoso efectivamente hubiera introducido su miembro viril en su ano, sino que únicamente refirió que lo metió "entre sus nalgas" lo que podría constituir otro delito, pero no violación equiparada; lo anterior, aunado a que no existen testigos que pudieran corroborar su dicho, pues ni la madre del menor ni los elementos aprehensores presenciaron los hechos que se le imputan. Circunstancias que refiere no fueron debidamente analizadas por la autoridad responsable, aunado a que la defensa desahogó dos datos de prueba de relevante importancia para desvirtuar dichos señalamientos, que tampoco fueron valorados por la responsable, esto es, la declaración libre y espontánea del imputado en la que negó categóricamente haber cometido el delito que se le imputa; así como la declaración del doctor William Adolfo Pantoja Ávila, en la que refirió que el dictamen proctológico ofrecido por la Fiscalía, no cumplió con los protocolos específicos para ese tipo de examen, lo que trajo como consecuencia que con los elementos que pudo obtener del mismo, no pudiera llegar a la conclusión de que efectivamente hubiere existido penetración ano rectal en la persona del menor. Devienen infundadas los referidos motivos de inconformidad, pues en el caso, se aprecia que el Juez responsable acertadamente estableció que se justificó el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, lo que determinó con base en el análisis lógico de los datos de prueba expuestos por la fiscalía, como se verá a continuación. En efecto, a fin de tener por acreditado el primer elemento integrador del hecho delictivo, el Juez responsable fue puntual al referir que otorgó valor preponderante a la declaración de la víctima directa del delito que nos ocupa, la cual se encuentra debidamente corroborada con la denuncia realizada por la madre de la menor víctima, y el examen proctológico que se le practicó al referido menor, de los cuales pudo colegir de manera razonable que se acreditó la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo. Así, fue correcto que el Juez responsable tomara en consideración el dato de prueba consistente en la comparecencia del menor, porque no resulta un dato aislado, ni inverosímil, ya que se encuentra concatenada con el examen proctocológico que se le practicó, que refirió que el menor presentó datos de penetración ano rectal reciente. Además de que también se encuentra sustentado de manera indirecta, con la denuncia formulada por la madre de iniciales V.C.E.N., pues aun cuando a ella no les consta que el sujeto activo haya sigo quien lo agredió sexualmente, sí eran de tomarse en cuenta esas manifestaciones, ya que otorgan credibilidad a lo manifestado por el menor, pues a ella le consta que cuando abandonó el predio en compañía de su menor hija de identidad reservada a buscar el celular del ahora imputado, fue éste quien permaneció en el citado predio donde también se encontraba el menor, así como que al regresar, lo sorprendió semidesnudo en la habitación en la que se quedó durmiendo el mismo; manifestaciones que tomó en consideración ya que provienen de una persona mayor de edad, quien se trata de la madre del propia menor que presenció los hechos por sí y no por inducciones de terceras personas. Aunado a lo anterior, tal como adecuadamente refirió el Juez responsable, tratándose de los delitos de índole sexual, como en el caso nos ocupa, es menester señalar que por su naturaleza, los mismos se consuman generalmente en ausencia de testigos, de ahí que el señalamiento de la víctima, tal y como acontece en el presente asunto, debe considerarse un dato de prueba fundamental. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 436, con número de registro 1005814, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE. Tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la persona ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa." De igual forma, la jurisprudencia XXI.1o. J/23, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito , cuyo rubro y texto señalan: "OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA. Tratándose de delitos de naturaleza sexual la declaración imputativa de la ofendida tiene destacada importancia, pues en esta clase de delitos ordinariamente no es posible allegarse numerosos datos, en virtud de que se procuran cometer sin la presencia de testigos, buscando impunidad; por lo que si el relato de la ofendida es creíble, más cuando está saturado de detalles que no pueden ser materia de su invención, además de que el propio inculpado corrobora en parte el dicho de aquélla al admitir haber estado en el recinto que ella menciona, debe aceptarse aquél." Lo que este Juzgado Federal estima ajustado a derecho, pues aun cuando el menor hubiere utilizado una terminología distinta a la palabra "penetración", o si bien no señaló expresamente que el ahora quejosa introdujo su miembro viril en su ano; lo cierto es que no es jurídicamente factible exigirle a un menor de edad la cronología de los hechos, o que exprese los mismos de una forma precisa, como se le exigiría a un adulto, pues precisamente, al tratarse de menores, su narrativa de los hechos puede ser desordenada, a partir de los recuerdos que le sean relevantes. Apoya la anterior consideración, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y siete, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2010615, de rubro y texto: "MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias". Así como la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y nueve, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "MENORES VÍCTIMAS DEL DELITO. DIRECTRICES EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL, ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR. Es deber del juzgador penal orientar su actividad decisoria, procurando cumplir los objetivos del enjuiciamiento penal, con absoluto respeto no sólo de los derechos del imputado, sino también del infante como víctima del delito. En este sentido, la particular situación y condiciones no sólo biológicas sino también psicológicas del menor, así como el entorno y las circunstancias específicas del caso, exigirán la toma de medidas encaminadas a garantizar el pleno respeto de sus derechos con acciones concretas para hacer cesar o disminuir los efectos de la experiencia traumática, brindar al menor la atención médica y/o psicológica necesaria para superar esos eventos, evitar colocarlo en situaciones de riesgo, como sería una victimización secundaria, así como dar aviso a la autoridad investigadora cuando tenga conocimiento sobre la posible comisión de un delito distinto al que motive la causa penal o la participación de otra u otras personas en la comisión del que se investiga. De acuerdo con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los procedimientos judiciales en que intervengan menores como víctimas, deberán aplicarse las medidas suficientes con el fin de: a) reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, para lo cual deben participar personas capacitadas en el trato de menores de edad que logren establecer con mayor facilidad una comunicación efectiva con el infante. En virtud de lo anterior, contrario a lo señalado por la parte quejosa, y como correctamente refirió el Juez responsable, no fue aportado por la defensa del imputado dato alguno capaz de desvirtuar, por el momento, los datos de prueba ofrecidos por la representación social. Ello, pues de la declaración del médico William Adolfo Pantoja Ávila, perito de la defensa, se desprende que refirió que, a su consideración, el dictamen proctológico practicado por el perito de la Fiscalía Santos Alonso Buendía Escalante, adolecía de diversas irregularidades relativas a la forma en la que deben ser realizados los exámenes de dicha índole. Sin embargo, correctamente concluyó el Juez responsable, que en la declaración del mismo, en forma alguna se puso en tela de duda la existencia de las lesiones descritas en la persona del menor, o el lugar en el que fueron localizadas las mismas. Tan es así, que el referido experto Pantoja Ávila, a pregunta expresa de la representación social, manifestó que no contaba con los elementos suficientes para afirmar o negar la existencia de la penetración debido a defectos que refirió existían en el dictamen en comento. De ahí que acertadamente refirió el Juez responsable, aun cuando pudieran existir las deficiencias señaladas por el citado Pantoja Ávila, en el protocolo seguido por el perito adscrito a la representación social, ello no resulta suficiente, atendiendo al estado procesal en que se encuentra la investigación, para desvirtuar los datos de penetración ano rectal que obtuvo al realizar el examen al menor. Misma aseveración deberá realizarse respecto a la declaración del imputado, pues en la misma, éste se limitó a señalar que no había cometido la conducta que se le imputa, refiriendo que en el lapso en que la denunciante y su hija menor de edad abandonaron el predio a fin trasladarse al establecimiento en el que estuvieron previamente, lo único que era importante para él era localizar su celular, por lo que no tenía interés alguno en el menor que permaneció en el predio mientras ellas no se encontraban. Aunado a que en repetidas ocasiones, pero especialmente al responder la pregunta directa de la Fiscalía en el sentido de que especificara el imputado dónde se encontraba el menor víctima del delito en el momento en que su progenitora y su hermana salieron del predio en que ocurrieron los hechos, el imputado manifestó que se encontraba demasiado borracho para contestar dicho cuestionamiento, sin embargo, sí podía asegurar que el menor entró al predio cuando llegaron al mismo. De ahí que deviene incuestionable que dicha declaración en forma alguna puede considerarse suficiente para desvirtuar los datos de prueba aportados por la representación social y analizados por el Juez responsable para determinar que se justificó el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Cabe precisar que en la etapa procesal en que se encuentra la carpeta administrativa, para el acreditamiento del hecho delictuoso, sólo son exigibles datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para su comprobación, más no una prueba plena. Resulta oportuno recordar que el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aun no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Datos de prueba que sólo serán útiles para evidenciar una verdad provisional, susceptible de ser desvirtuada o modificada durante el proceso penal, esto es, elementos que permitan evidenciar en grado de aproximación y no pleno, la existencia de un hecho delictuoso y la participación del imputado en su comisión, sobre todo porque la plenitud probatoria exclusivamente atiende a casos de sentencia. Por todo lo anterior, se estima que la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que se estimen infundados los conceptos de violación que respecto al acto reclamado formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ALDEN CLINTON BUSH el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SÉPTIMO. Por otro lado, se procederá al análisis del diverso acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero de dos mil veinte, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Al respecto, es menester señalar que el artículo 19 de la Carta Magna , prevé la procedencia de medidas cautelares durante el proceso penal, con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; también en los supuestos en que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, previendo la prisión preventiva para los casos en los que el resto de las medidas cautelares resulten insuficientes para lograr el desarrollo normal del proceso y, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como por delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. En tanto, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamentó los casos de procedencia y requisitos a cumplir para el dictado de medidas cautelares dentro del proceso penal, entre los que se encuentran los numerales 155, 156, 157, 159 y 168 del citado ordenamiento legal, en los que se establece: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código." "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida." "Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales." De la interpretación de las disposiciones legales transcritas se obtiene, como regla general para la imposición de medidas cautelares, la observancia del principio de proporcionalidad, que se traduce en que la medida que al efecto se imponga debe ser idónea para el fin que se pretenda, sea para evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia o en los casos en que represente un riesgo para la víctima, los testigos o el normal desarrollo del proceso. En ese sentido, si lo que se pretende es evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, el juez de la causa debe tomar en cuenta el arraigo del indiciado en el lugar en que se celebrará el juicio, la importancia del daño a resarcir, el comportamiento del imputado durante la investigación y el proceso, debiendo también considerar la pena a imponer y la existencia de procesos pendientes contra el imputado de que se trate. En la especie, de la audiencia de diez de enero de dos mil veinte, se aprecia que al fallar sobre la imposición de las medidas cautelares, el Juez responsable tomó en cuenta las siguientes consideraciones expuestas por la fiscalía. a. Que el quejoso cometió en perjuicio de un menor de edad, un acto de índole sexual, como lo es el delito de violación equiparada agravada; b. Que con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debía imponer al quejoso la prisión preventiva oficiosa, al prever dichos dispositivos que el delito de violación merece la misma. Así las cosas, es dable considerar que la determinación del Juez de Control es respetuosa del principio de proporcionalidad y de mínima intervención a los que toda persona imputada tiene derecho; en virtud que, como correctamente lo consideró, se actualizaba la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, al establecer de manera probable, que el quejoso había cometido el delito de violación equiparada agravada. Por tanto, se estima jurídicamente correcto que el Juez responsable decretara al hoy quejoso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, pues la misma se encuentra ajustada a lo dispuesto por el referido artículo 19 Constitucional. En ese sentido, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar a ALDEN CLINTON BUSH el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados respecto al acto reclamado consistente en la audiencia de diez de marzo de dos mil veinte, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. OCTAVO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto de su defensor particular, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto de su defensor particular, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado sexto de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por conducto de su defensor particular, en contra del acto atribuido al Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, y Director del Centro de Reinserción Social del Estado, ambos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerado séptimo de este fallo. CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 232/2020-VI-A, el oficio signado por la Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, residente en Progreso, Yucatán, formado con motivo de la presentación del mismo. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, en proveído de treinta de octubre pasado, se tuvo por recibida la misiva a la que hace referencia la autoridad oficiante, con sus respectivos anexos, respecto de la cual se acordó lo legalmente conducente. Finalmente, en el momento procesal oportuno, agréguese este cuaderno de antecedentes al expediente principal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

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