Aldemar Moron Macehual

Expediente 955/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
955/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
04/08/2017

Partes del expediente

  • Aldemar Moron Macehual

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve el expediente de amparo 955/2016-E en que se actúa, así como un tomo de pruebas, y remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado el seis de julio del año en curso, en el toca de revisión R-2/2017 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías, promovido por Aldemar Morón Macehual o Aldemar Morón Nacehual, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro orden, devuélvanse las copias certificadas relativas a la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0001194/2016, exhibidas por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Sexta Investigadora Puebla, de la Unidad de Investigación y Litigación Oral (anexo I); requiriéndola para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no cumplir, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso ALDEMAR MORON MACEHUAL, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, autoriza a diversas personas para recibir todo tipo de notificaciones e imponerse de autos; es decir, únicamente quedan autorizados en los términos restringidos previstos en el citado numeral, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a tenerlos por autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, ni proporcionan los datos correspondientes en el escrito de cuenta, de conformidad con el artículo 12 del citado cuerpo normativo (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis), sin perjuicio de que con posterioridad puedan acreditar contar con tal calidad. De igual forma, respecto a la petición de la parte quejosa para que sus autorizados tomen fotografías de las constancias que integran el presente expediente, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse al quejoso, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, deberá recaer acuerdo con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, intégrese a sus autos el oficio del Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, visto su contenido, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el catorce de diciembre pasado, se remitieron los autos originales del juicio de amparo 955/2016-II-B y el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en dicho juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, para la substanciación de éste. Hágase saber lo anterior a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado el cuatro de enero de dos mil diecisiete, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ALDEMAR MORON MACEHUAL o ALDEMAR MORON NACEHUAL, en contra de la sentencia dictada en autos del juicio de amparo 955/2016-II-B, del que deriva este cuaderno, de lo que queda enterada la suscrita Jueza para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio del Delegado de la autoridad responsable 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, y al efecto hace del conocimiento que los oficios 944-2 y 994-2, por los cuales se le notificaron el auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, por el cual, se ordenó la notificación de dicho acuerdo y de la sentencia engrosada el catorce de octubre de dos mil dieciséis emitida en autos, y se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva; fueron recibidos el siete de noviembre y el uno de diciembre, ambos de dos mil dieciséis, respectivamente.

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