Aldebaran Flores Valenzuela

Expediente 955/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
955/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California
  • Aldebaran Flores Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    S E N T E N C I A Visto para dictar sentencia en el juicio de amparo 955/2023-4; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, recibido posteriormente en este órgano jurisdiccional el veintiséis de julio de dos mil veintitrés; Aldebaran Flores Valenzuela, por conducto de su apoderado legal, formuló demanda de amparo en la que solicitó la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por el acto que enseguida se precisa: ".III. La Autoridad Responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California. IV. Acto reclamado: 1.- Respecto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral 1740/2021-2B al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas." SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y por proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 955/2023-4; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época correspondiente al mes de abril de dos mil, página treinta y dos, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se revela que la parte quejosa reclama: La omisión de agotar la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 1740/2021-2B. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que, por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante haber sido requerida para ello, como se demuestra con la constancia de notificación que obra en el presente juicio de amparo, ya que fue notificada del auto de admisión el siete de agosto del presente año, por ello, se tiene como cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora, con la copia certificada de las diversas constancias del juicio laboral 1740/2021-2B; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma, por haber sido expedido por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, las partes no invocaron causal de improcedencia, ni se advierte de oficio que opere alguna de las establecidas en la Ley de Amparo, en consecuencia, lo procedente es entrar a analizar el fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar, ya que de cualquier manera se analizarán conforme a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo del acto reclamado. Se procede al estudio del concepto de violación, el cual es fundado y suficiente para conceder el amparo. Resulta esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, respecto al retardo en la impartición de justicia cometido por la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, en el trámite del juicio laboral 1740/2021-2B de su índice, ya que se vulnera en perjuicio del impetrante el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar lo anterior, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales... " El contenido del numeral en comento se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Es aplicable, en la especie, la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 299, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil dos, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Se considera conveniente destacar el contenido del artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se dispone lo siguiente: "Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." (Énfasis añadido) De la transcripción de los preceptos anteriores, se obtiene -en lo que interesa- que al concluir la etapa de ofrecimientos de pruebas, la Junta las admitirá o se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. Precepto que no fue debidamente atendido, en virtud de que la autoridad responsable ha incumplido con lo estipulado en el artículo transcrito, ya que de las constancias que remitió relativas al juicio laboral 1740/2021-2B, se advierte que en auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se reservó un término prudente para dictar auto donde admita o deseche las pruebas ofrecidas por las partes y hasta el dictado de la presente resolución NO lo ha efectuado, ya que ésta es la última actuación que remitió la autoridad responsable; lo que pone de manifiesto que ha pasado más de seis meses y la autoridad no ha dictado auto donde admita o deseche las pruebas ofrecidas por las partes, por tanto, fuera del término de cinco días que establece la porción normativa de la legislación laboral antes invocada. Por lo anterior, se concluye que en el caso particular la responsable trasgredió en perjuicio del peticionario de amparo del derecho humano de prontitud en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional, en las anteriores etapas del proceso laboral sometido a su conocimiento, al no haberlo substanciado y decidido en los términos que señala la normatividad aplicable. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.5o.T. J/22, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 625, Tomo VII, del Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDENCIA DEL, SI PARA LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA O RECEPCIÓN DE PRUEBAS SE FIJA UNA FECHA EXCESIVAMENTE POSTERIOR, DE MODO QUE NO SE CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE PRONTITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El señalamiento de fecha excesivamente posterior para continuar con la prosecución del juicio, verbigracia la celebración de una audiencia o la recepción de alguna prueba (casos de naturaleza adjetiva), sí tiene el carácter de un acto dentro del procedimiento, cuya realización es de imposible reparación, pues de consentirse tal disposición, no sería factible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada (impartición de justicia pronta y expedita), dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo. A mayor abundamiento, la probable infracción no puede ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, porque para entonces ya habría transcurrido inexorablemente el término fijado por la autoridad, y ningún fin práctico tendría conceder la medida solicitada, pues sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme. Cabe destacar, en apoyo al argumento de lo plasmado, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.').", en lo conducente, señala: "... para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales ...", y como en el caso la transgresión resulta esencialmente adjetiva, es de estimarse que la misma debe ser impugnada a través del amparo biinstancial". En mérito de tales consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación que se hace valer, con fundamento en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. OCTAVO. Efectos. De conformidad con el ordinal 77, fracción II, de la Ley de Amparo los efectos constitucionales son para que la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, en el juicio laboral 1740/2021-2B: Dicte auto en el cual se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, y en caso de ser admisibles señale día y hora para la audiencia de desahogo de las mismas, dentro del término que establecen los numerales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo. Notifique a las partes las actuaciones en el juicio de origen, dentro de los plazos legales establecidos. La anterior concesión se delimita en función del acto reclamado y el estado procesal que guarda el expediente de origen, ello en atención a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Es de exacta aplicación, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro I, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de dos mil trece, Décima Época, de título y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo expuesto, y fundado, además en lo establecido por los numerales 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2, y 124, de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aldebaran Flores Valenzuela, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno de esta resolución. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se gira el oficio correspondiente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza, da fe y certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico del Juicio de Amparo 955/2023-4. Doy fe

  2. Principal

    ..SE AGREGA A AUTOS EL OFICIO QUE REMITE AUTORIDAD RESPONSABLE CON EL QUE INFORMA LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA A EFECTO DE QUE DÉ CUMPLIMIENTO CABAL A LA EJECUTORIA DE MÉRITO..

  3. Principal

    se aprecia que se encuentra transcurriendo el término de ocho días de la vista concedida a las partes mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de que se impongan del contenido de las diversas constancias que integran el expediente 1740/2021-2B, remitidas por la Junta Responsable. -Diferimiento- En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexo provenientes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual se acompaña copia de constancias del expediente laboral ********************de su índice, entre las que destaca el envío del exhorto recordatorio de veintisiete de septiembre en curso, enviado en la misma fecha por correo electrónico, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Querétaro, Querétaro, dentro del expediente laboral ********************de su índice, a fin de emplazar a la parte demandada. De igual modo, y tomando en consideración que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público, sin que deba quedar al arbitrio de la autoridad obligada a su cumplimiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali,

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