Alday Madrid Angelita
Expediente 569/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alday Madrid Angelita
- Maestro Zoe Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depurase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva . Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinticuatro minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, la declaró abierta en el juicio de amparo 569/2022-A-I, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de constancias que obran en el expediente y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su lectura, con las constancias de notificación a las partes, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se hace constar que en el auto inicial se estableció que en el caso no existe parte tercera interesada y que transcurrió el plazo de ocho días, para que las partes pudiera imponerse de los informes justificados en este sumario. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por visto el contenido de la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en relación a la inexistencia de terceros interesados, se ratifica lo determinado en el auto admisorio, toda vez que en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con la prueba documental exhibida por la parte quejosa y las diversas constancias que en copia certificada aportaron las autoridades responsables director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y el titular de la División de Prestaciones al Personal de dicho instituto, con sede en Ciudad de México, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones ofertadas por el titular de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las constancias referidas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se les tiene por perdido el derecho de formular alegatos de los que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 569/2022-A-I. R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el dos de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Alday Madrid Angelita, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por su director general, con residencia en Ciudad de México y de otras autoridades, por actos que habrán de precisarse en el considerando II, de esta resolución. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda con el número de expediente 569/2022-A-I; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las diez horas con veinticuatro minutos de hoy, al tenor del acta que antecede y culmina con la emisión de la sentencia en términos de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el domicilio de la quejosa se encuentra en esta localidad donde recibe su pensión la quejosa y en donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del reclamo constitucional Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis integral de la demanda de amparo. En esa virtud, se acota que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por su director general; al titular de la División al Personal -cuya denominación correcta resultó ser titular de la División de Prestaciones al Personal-; titular de la Dirección de Administración; titular de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y titular de la Coordinación Técnica de Dotación y Planeación de Recursos Humanos, todos del instituto mencionado, con residencia en Ciudad de México, precisándose al respecto que, de la lectura integral de la demanda y demás constancias existentes en autos, el reclamo constitucional se hace consistir en lo siguiente: El descuento efectuado, con "clavo 322", en la pensión mensual del quejoso, sin haberle notificado de un procedimiento antes de realizar tal descuento. La emisión y aplicación del procedimiento para la retención a cuenta de terceros, derivado del otorgamiento de créditos en efectivo, concepto 122, 322 y 922, clave A72-003-015, mediante el cual se le retiene un descuento denominado clave 322, que fue emitido por las autoridades responsables La emisión y aplicación del manual de organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-002-001 autorizado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, por el titular de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social; y, La inaplicación de contenido de los artículos 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya convención fue adoptada por el presidente de México, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno. Lo anteriormente precisado, con base en lo expuesto por la quejosa en la integridad de la demanda, de la que se advierte que su reclamo se origina en razón del descuento que se le realiza a su pensión, bajo la clave 322. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Instituto Mexicano del Seguro Social, representado por su director general; titular de la División de Prestaciones al Personal-; titular de la Dirección de Administración; titular de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y titular de la Coordinación Técnica de Dotación y Planeación de Recursos Humanos, todos del instituto mencionado, con residencia en Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa. Lo anterior, lo efectuaron bajo el argumento de que carecen de facultades para efectuar descuento relativo a la clave 322, con aplicación del manual de organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, tales negativas se tienen por desvirtuadas. Es así, dado que de la constancia exhibida por la quejosa, obtenida a través de medios electrónicos, relativa al recibo de pago de su pensión del mes de abril de dos mil veintidós, expedido a su nombre, se advierte el descuento bajo la "clave 322" que origina el reclamo constitucional, por el importe de $15,911.42 (quince mil novecientos once pesos 42/100 moneda nacional). En esa medida, a dicha documental se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, más aún que no fue controvertida por las responsables. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis I.1o.A.211 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2723, Décima Época, con registro digital: 2019886, de rubro y texto siguientes: "RECIBOS O COMPROBANTES DE PAGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA. SU IMPRESIÓN OBTENIDA DE LA PÁGINA OFICIAL DE INTERNET DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL GOZA DE UN ALTO VALOR PROBATORIO QUE, NO OBSTANTE, ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO. De acuerdo con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos o tecnológicos se le dará valor probatorio dependiendo, entre otros factores, de la fiabilidad del método en que se hubiera generado, comunicado, recibido o, en su caso, almacenado, esto es, no es posible valorar un documento obtenido de un sitio web, como si se tratara de una copia simple. Por su parte, las distintas páginas de Internet oficiales ofrecen cierta garantía de la veracidad de la información que alojan, en tanto que, además de estar protegidas por una serie de filtros de seguridad que limitan la manipulación por personas ajenas, son constantemente revisadas y, en su caso, actualizadas por personal calificado para esas tareas. Por tanto, si existen diversos datos que conduzcan a reconocer que la información fue generada u obtenida de medios electrónicos, y que proviene de un sitio que arroje suficiente certeza sobre su fiabilidad, se presume que el hecho que pretende demostrarse con la constancia que así se genere, como lo son los recibos o comprobantes de pago de una pensión jubilatoria obtenidos de la página oficial de Internet de la institución de seguridad social es cierto y, por ende, la impresión que de éstos se recabe, goza de un alto valor probatorio, salvo prueba en contrario, puesto que ese tipo de prueba tiene un considerable grado de seguridad en cuanto a su autenticidad." De ahí, que se tenga por cierto el reclamo de la parte impetrante. Análisis de causales de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". No se procederá al análisis de los conceptos de violación, toda vez que en relación con los actos que la quejosa reclamó a las autoridades responsables, consistentes substancialmente en el descuento efectuado en la pensión mensual de la quejosa, bajo la clave 322, sin haberle notificado de un procedimiento antes de realizar tal descuento, quien resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, relacionada con la diversa fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, de esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. El principio de cosa juzgada en el juicio de amparo, a que se alude en líneas anteriores, consiste en que los actos que se reclamen en un juicio de amparo hayan sido materia de otro, el cual se encuentre concluido por sentencia ejecutoriada, por lo cual esos actos no pueden ser objeto de un nuevo juicio de amparo. En lo tocante al presente asunto, como se precisó con anticipación, el reclamo de la parte quejosa se hace consistir substancialmente en el descuento que le realizan a su pensión, que se identifica en el recibo de pago bajo la "clave 322". Al respecto, la quejosa expone que dicho descuento se le viene efectuando por la cantidad de $15,911.42 (quince mil novecientos once pesos 42/100 moneda nacional) de tres descuentos de empresas que dijo desconocer por las cantidades de $4,268.89 (cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 89/100 moneda nacional); $5,739.70 (cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 70/100 moneda nacional); y, $5,902.83 (cinco mil novecientos dos pesos 83/100 moneda nacional); derivado de lo cual hace valer el resto de actos reclamados y de los cuales refiere haberse hecho conocedora desde el día seis de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, obran glosadas en este expediente las constancias que en copia certificada remitió la jueza Octava de Distrito en el Estado de Sonora, a requerimiento expreso de este órgano de control constitucional, consistentes en diversas actuaciones relativas al juicio de amparo 1387/2021-VII, promovido también por la propia quejosa; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Pues bien, de las documentales referidas, se evidencia que con anterioridad a la presentación de este biinstancial, la parte quejosa promovió aquél juicio de amparo, en el que reclamó también el descuento efectuado bajo la clave "322" que se le realiza a su pensión; por la misma cantidad de $15,911.42 (quince mil novecientos once pesos 42/100 moneda nacional) por tres descuentos de empresas que dijo desconocer por los importes de $4,268.89 (cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 89/100 moneda nacional); $5,739.70 (cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 70/100 moneda nacional); y, $5,902.83 (cinco mil novecientos dos pesos 83/100 moneda nacional). Asimismo, el referido juicio de amparo quedó completamente concluido, lo que se traduce en una ejecutoria de amparo y, por tanto, es inconcuso que con ello se actualiza la hipótesis que contiene la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al quedar demostrado -como ya se dijo- que la ahora quejosa promovió demanda de amparo, substancialmente contra el mismo acto que origina esta demanda, contra autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social; esto es, el reclamo ya fue materia de otro juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis aislada V. 2º.215 K, que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución". Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis aislada I.60.C.45 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE LA MATERIA. Una recta interpretación del artículo 73, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales al expresar los vocablos: "materia de una ejecutoria", debe entenderse que la ley se refiere a las sentencias lato sensu, que emiten los órganos jurisdiccionales de amparo, sin importar el sentido de las mismas, pues de la lectura de dicho precepto, no se infiere que el legislador hubiese hecho distinción alguna, por lo que tiene aplicación el aforismo jurídico que establece que cuando el legislador no distingue, el juzgador no puede distinguir." No se inadvierte que en la demanda que originó ese asunto, la aquí quejosa refirió distintos actos; sin embargo, los mismos, son resultantes del descuento a su pensión, con "clave 322", que origina su agravio. Tampoco se soslaye que en el diverso juicio la impetrante refiere que se hizo conocedora de los actos reclamados desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en tanto que en este sumario expresa que se hizo conocedora de los actos desde el seis de abril de dos mil veintidós; lo cual no contradice lo determinado, pues de tales argumentos se infiere que la intención de la agraviada es la actualización de la fecha de conocimiento del reclamo (descuentos), a través de la mención de la fecha de expedición del recibo de pago relativo al mes de abril de este año, empero, la sola expedición de ese recibo de pago no es apta para que se proceda en la forma que pretende la impetrante y que derivado de ello, se considere como nuevos actos los que aquí opone, pues el origen de los diversos actos que delata distintos al descuento que refiere con "clave 322" son derivados de este. Así las cosas, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia que deriva de las fracciones X y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que conforme con la fracción V del artículo 63 de la misma ley, se impone sobreseer en el presente juicio de garantías. Ahora bien, aún asumiendo que el conocimiento de los actos que impugna, se efectúo con motivo de la expedición del recibo de nómina expedido en abril de dos mil veintidós, en el caso particular, se actualiza la diversa causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, ésta a contrario sensu, de la propia legislación. En efecto, los numerales en mención, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le anteceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causales de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Así, de la interpretación en sentido contrario del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De modo que, de la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Por tanto, se considera que, autoridad para efectos del juicio de amparo, es aquélla que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Lo anterior tiene sustento en la Tesis XXXVI/99, 5 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 307, con número de registro digital 194367, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P. XXVII/97, que puede ser consultada en la página 118, del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199459, en la que definió lo que en la corriente institucional administrativa debe considerarse, para efectos del amparo, como autoridad, en los términos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: a). La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b). Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. c). Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. d). Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 161133, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Expuesto lo anterior, es preciso destacar que la parte quejosa recibe el pago de su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien señala como autoridad responsable, entre otras que son parte del propio instituto responsable, de quienes, con base en lo expuesto por la quejosa en la integridad de la demanda, se advierte que su reclamo se origina en razón del descuento que se le realiza a su pensión, bajo la "clave 322", por lo que reclama también la emisión y aplicación del procedimiento para la retención a cuenta de terceros, derivado del otorgamiento de créditos en efectivo, concepto 122, 322 y 922, clave A72-003-015, mediante el cual se le retiene un descuento denominado clave 322, que fue emitido por las autoridades responsables; y, la emisión y aplicación del manual de organización de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-002-001 autorizado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, por el titular de la Dirección de Administración del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otra parte, como se dejó establecido se tuvieron por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables pues resultó evidente que se le realizó el descuento que propició la presentación de la demanda. Sin embargo, quien resuelve advierte que en relación con el reclamo planteado por la parte quejosa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste, actúa como ente asegurador, dado que la relación con la quejosa es de naturaleza laboral; es decir, de coordinación, regulada por el derecho laboral, no así, de supra a subordinación. Ello es así, pues como se aprecia, el acto reclamado se relaciona con lo relativo al ingreso que obtiene como pensionada respecto del cual se le efectuó el descuento reclamado, lo que hace evidente que no se trata de actos de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. En efecto, el acto reclamado no reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. No es unilateral, pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal de la quejosa, esto es, la autoridad responsable, en el particular, no ejerce facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley y que por ende, constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, y que por tanto, se traduzca en verdaderos actos de autoridad; por el contrario, el conflicto nació en el ejercicio de un derecho surgido con motivo de la relación laboral existente entre la parte quejosa y la autoridad responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente, el actuar de las autoridades responsables en relación con los actos tildados de inconstitucionales, tampoco reviste el carácter de imperativo, ya que su ejecución sería, en todo caso, una consecuencia de la relación laboral a que está sujeto la quejosa como pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que cualquier controversia que se suscite tendrá que dirimirla en la vía ordinaria ante las autoridades competentes, a través de los medios legales correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Así las cosas, no hay duda que las cuestiones que la impetrante de amparo somete a la consideración constitucional de esta Juzgador, no puede ser ventilada a través del juicio de amparo, dado que al tenor de las consideraciones antes sustentadas, se concluye que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene tal carácter para los efectos del amparo. Se cita como apoyo la tesis 2a./J. 134/201, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, Novena Época, con registro 160995, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Asimismo, se cita la diversa tesis VIII.2o.P.A. J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2032, Novena Época, con registro de localización 164027, de rubro y texto son: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, la tesis I.6o.T.26 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad de Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Y, por último, se cita la tesis IV.1o.14 L del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 667, Novena Época, con registro 197332, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN QUE AFECTA SU CUANTÍA, POR ERROR DEL INSTITUTO, EN PERJUICIO DEL ASEGURADO, DEBE REALIZARSE DESDE QUE SE DICTE EL ACUERDO RESPECTIVO. Si el actor reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social la nulidad de los descuentos efectuados a su pensión por invalidez y la consecuente devolución con base en el artículo 273, fracción II, de la Ley del Seguro Social (vigente en la época de los hechos), que prevenía que en los casos en que una pensión se hubiere concedido por error que afectase su cuantía, la modificación entraría en vigor, si era en perjuicio del asegurado, desde la fecha en que se dictó el acuerdo modificatorio si la imprecisión fue del instituto, y si en la especie el Seguro Social efectuó descuentos en forma retroactiva de la pensión del asegurado, sin cumplir con el requisito de procedibilidad previsto en la hipótesis antes relacionada, la Junta responsable estuvo en lo correcto al condenar al instituto a nulificar las deducciones que realizó en perjuicio del actor sin dictar el acuerdo de modificación que exige la ley de la materia, en virtud de que fue un error del instituto en perjuicio del asegurado, y así, la modificación en la pensión debe surtir efectos desde que se dicte el acuerdo correspondiente." Conforme a lo expuesto, el juicio de amparo no es el medio para reclamar descuentos al salario pensionario de la parte quejosa, dado que la quejosa tiene a su alcance la vía ordinaria para hacer valer su reclamo ante las autoridades de trabajo competentes, de acuerdo al vínculo trabajador-patrón, que existe entre la agraviada y las señaladas como responsables. En esa medida, el instituto responsable no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que los cobros o descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio de amparo, sino que resultan actos que tienen que ver con la relación laboral existente entre el ente asegurador y la pensionada quejosa; de modo que al actuar como ente patronal, en un plano de igualdad, sin la posibilidad de imperio, sus actos pueden controvertirse ante las autoridades comunes de la materia. Lo que se constata del contenido del artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que dispone: "Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa". En conclusión, en el caso que nos ocupa, al tratarse el reclamo de un descuento al pago pensionario, por parte del instituto responsable, se está ante actos entre particulares, de donde deviene la improcedencia de este biinstancial. Se cita al respecto, la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, página 1943, Décima Época, con registro 2009420, de contenido siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Decisión: En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia que deriva de las fracciones X y XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y sucedáneo a ello, la diversa, prevista en la fracción XXIII, del propio numeral en mención, en relación con la fracción II del artículo 5, ésta, a contrario sensu, de la ley de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio de garantías, conforme con la fracción V del artículo 63 de la misma ley. En consecuencia, no se realiza pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación, ni sobre el material probatorio en lo que no guarda relación con las causas de improcedencia estudiadas; lo anterior, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto y pronunciarse sobre tales aspectos. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Alday Madrid Angelita, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando II, por los fundamentos, argumentos y motivos expuestos en el diverso apartado V, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.
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